Los incendios en la Patagonia argentina no son un hecho aislado: reflejan la convergencia entre varios factores
Leonor Solís
Ecodepresión
Mientras en el Hemisferio Norte atravesamos el invierno, en el cono sur es pleno verano, y con él vuelve una escena tristemente recurrente: los incendios forestales en la Patagonia norte de Argentina. Cada año, la historia se repite en versión más dramática: más hectáreas arrasadas, más comunidades afectadas, más silencio institucional. Lo que arde no es solo un paisaje: es una advertencia sobre un colapso sistémico en curso. La combinación entre crisis climática, desfinanciamiento estatal, extractivismo, presiones inmobiliarias y discursos de odio configura un escenario que no es excepcional, sino estructural.
Desde el 9 de diciembre de 2025, cuando comenzaron los primeros incendios, científicos, habitantes y organizaciones ya alertaban sobre el alto riesgo de que el fuego se expandiera. En menos de un mes, más de 25 mil hectáreas fueron consumidas en Chubut, Río Negro, Neuquén y Santa Cruz. Dentro del Parque Nacional Los Alerces, el fuego avanza sobre bosques milenarios. Son incendios de sexta generación: tan intensos que generan su propia meteorología, imposibles de predecir y contener.
El investigador Thomas Kitzberger, del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), entrevistado por El País, lo resume así: “Inviernos con menos nieve, temperaturas más altas y más tormentas eléctricas generan condiciones más propicias para incendios grandes”. En este nuevo régimen climático, los lengales, que antes resistían por su humedad, ya no logran regenerarse. La lenga, árbol nativo del sur andino, es hoy una de las grandes perdedoras del cambio climático.
Pero el fuego no es solo un fenómeno natural. En lugar de asumir responsabilidades, sectores del gobierno nacional optaron por criminalizar. Según The Guardian, autoridades como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich encabezaron una campaña contra activistas mapuche, llamándolos “terroristas” en el contexto de los incendios. También circularon versiones que apuntaban a intereses israelíes. Ambas hipótesis fueron desmentidas por la fiscalía de Chubut. La criminalización no es nueva. Forma parte de una campaña sistemática contra pueblos originarios, impulsada desde sectores políticos y mediáticos.
Más allá de estas maniobras, organizaciones sociales y ambientales alertan sobre un patrón conocido: la especulación inmobiliaria. Tras los incendios, muchos territorios quedan expuestos a intereses que presionan por el cambio de uso del suelo para emprendimientos turísticos. Como parte del llamado «Pacto de Mayo», el gobierno ha propuesto modificar la Ley de Manejo del Fuego, que actualmente impide por 30 a 60 años el cambio de uso en áreas incendiadas. De aprobarse, permitiría la venta de esos territorios a inmobiliarias y compradores extranjeros, lo que abre un escenario preocupante de mercantilización del territorio.
La respuesta del Estado ha sido represiva y negacionista. Bajo un gobierno de extrema derecha que niega la crisis ecológica, se desmantelan políticas ambientales, se criminaliza la protesta y se refuerzan alianzas con sectores concentrados de poder económico.
Según la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), mientras se recortan políticas ambientales, el Estado aumentó los subsidios a combustibles fósiles en más de un 6% respecto a 2025. Se financia la causa de la crisis mientras se desfinancia su mitigación. Todo esto ocurre con el aval de legisladores de provincias afectadas.
Además, brigadistas y sindicatos denuncian que el sistema está desbordado: solo hay 400 brigadistas para más de cinco millones de hectáreas, sin los recursos, equipos ni personal suficientes para enfrentar incendios de esta magnitud. La falta de inversión se refleja en la escasez de aviones hidrantes, infraestructura y condiciones laborales adecuadas.
Frente a este abandono, emerge una respuesta desde abajo. Cientos de vecinos se están organizando en tareas de prevención y combate del fuego. Una cultura del cuidado del bosque comienza a tomar forma, aún en la adversidad, como defensa concreta del territorio.
La Comarca Andina ya no es solo un paraíso deseado. Es una región que revela, con crudeza, las tensiones sociales y ambientales de un país que arde. Los megaincendios no son fenómenos aislados, sino expresiones de un modelo que erosiona sus propias bases. Lo que ocurre allí, visto desde nuestra geografía, es también una forma de comprender los efectos transversales de las crisis climáticas y cómo se entrelazan con gobiernos autoritarios y proyectos que avanzan sobre los territorios. La Patagonia no es una excepción: es un anticipo.
Ilustración portada: Reco
