La iniciativa para tipificar la apología del delito podría votarse esta semana, busca sancionar hasta por hacer calcomanías
Beatriz Rojas
Tras la firma de un decreto para prohibir corridos bélicos,progresivos y tumbados en espectáculos, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, presentó una iniciativa al Congreso local para tipificar la apología del delito.
La propuesta de reforma va más allá de la apología, y propone castigar con entre tres y seis meses de prisión a quien simplemente haga alusión a actos o grupos delictivos o consumo de sustancias “por cualquier medio”, entre los que menciona imágenes, volantes, mantas y «calcas».
Establece también una pena adicional “si el delito se acredita”. Esto es, si una persona comete un delito después de oír una canción o ver una calcomanía, en cuyo caso, al parecer, el autor del objeto cultural recibirá la misma pena que el delincuente. A la letra, la propuesta de reforma al Código Penal, dice:
“Al que provoque públicamente a cometer un delito, incite al consumo de sustancias ilícitas, o haga apología de éstos, se le impondrán de tres a seis meses de prisión y de ochenta a ciento cincuenta UMAS, si el delito no se ejecutare; en caso contrario, se le impondrá la pena que corresponda por su participación en el delito cometido.
“Se aplicará la misma sanción a quien por medio de mantas, calcas, volantes, imágenes plasmadas, o cualquier otro medio u objeto haga alusión o promoción de grupos delictivos o personas vinculadas a los mismos”.
El colectivo de periodistas #NiUnoMás Michoacán y la Asociación Michoacana de Periodistas A.C. (Amipac) alzaron la voz en contra de la aprobación de esta reforma en los términos que está planteada, al considerar que la redacción es ambigua y se presta a persecución de periodistas que informen sobre temas de seguridad.
«Consideramos que la redacción es ambigua y peligrosa, pues podría ser utilizada para perseguir periodistas que realizan coberturas, generan investigaciones y reportan hechos sobre inseguridad, delincuencia y crimen organizado», advirtió el colectivo #NiUnoMás en su pronunciamiento.
Puntualizó que esta propuesta «abre la puerta a criminalizar el ejercicio periodístico» y también legitimará la violencia contra periodistas, pues la redacción es ambigua y además no establece qué se considera «incentivar la criminalidad», pero sí establece en el artículo 24 que se castigará a “los que expresen ideas, promocionen o expongan argumentos por cualquier medio que incentiven la criminalidad”.
La Amipac pide una «revisión profunda» de la iniciativa, mientras que #NiUnoMás Michoacán exige un ejercicio de parlamento abierto. Al respecto, tanto el dirigente y la coordinadora parlamentaria de Morena, Jesús Mora y Fabiola Alanis, declararon que respaldan la iniciativa y que de ninguna manera constituye censura, pero la diputada declaró que el Congreso estaría dispuesto a trabajar en comisiones el dictamen en conjunto con periodistas.
No obstante, la misma Fabiola Alanís había declarado dos días antes, cuando se recibió la iniciativa y todavía no conocía el contenido, que la expectativa era estarla aprobando en sesión ordinaria el próximo miércoles 21 de mayo. Es decir, al igual que las otras iniciativas que ha presentado el Ejecutivo, que a pesar de la oposición social -como en el caso de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo o los miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) o los transportistas-, se dictaminaron en cuestión de días sin modificaciones sustantivas a la propuesta original.
