Parece existir la intención de reducir la cantidad de personas desaparecidas de los registros oficiales antes que continuar con las diversas estrategias de búsqueda que ayuden a dar su paradero
Sandra Odeth Gerardo Pérez
Del proyecto A dónde van los desaparecidos
El antropólogo, sociólogo y médico Didier Fassin, ha definido el “negacionismo” como una posición ideológica en la que sistemáticamente los sujetos reaccionan contra la realidad y la verdad” [1]. Es decir, cuando hablamos de negacionismo, no solo nos referimos a acciones aisladas que niegan determinado hecho social, sino que nos enfrentamos a una forma de pensamiento que busca no reconocer la existencia de ese hecho como parte de un programa que intenta legitimar o justificar determinadas acciones políticas o ideologías.
En el ámbito de los derechos humanos y del análisis de las graves violaciones a los mismos, aquello que llamamos negacionismo se refiere a las posturas ideológicas que niegan –banalizan o relativizan– sucesos de violencia extrema –como genocidios o desapariciones masivas– que han devenido en sufrimiento para poblaciones enteras. Reflexionar sobre el negacionismo en el contexto de lo que diversos colectivos han denunciado en México como una estrategia estatal para desaparecer a los desaparecidos a través de la reducción de cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), es un ejercicio necesario.
Negacionismo y cifras oficiales
El abiertamente derechista Javier Milei, hoy presidente de Argentina, dijo en uno de los debates presidenciales en octubre del año pasado: “No fueron 30 mil los desaparecidos, fueron 8 mil 753” [2] las personas desaparecidas en el contexto de la dictadura de los años setenta. Para sostener esta postura, Milei se apoyó en las denuncias oficiales de desaparición de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP).
Sin embargo, como han señalado organizaciones de defensoría de derechos humanos y colectivos de búsqueda en Argentina, los treinta mil desaparecidos responden a una aproximación, a un estimado que se ha hecho a lo largo de los años a partir no sólo de denuncias oficiales, sino de denuncias hechas ante tribunales internacionales, así como en registros desclasificados de Estados Unidos, indagaciones académicas y testimonios de quienes estuvieron presos los centros de detención clandestinos durante la dictadura.
El mismo carácter clandestino e ilegal del accionar del Estado ha hecho casi imposible conocer la cifra real de todas las personas desaparecidas en el contexto de dictadura en Argentina. Pero reducir la cifra únicamente a los números reconocidos por un organismo oficial a partir de las denuncias que alcanzaron a realizarse, es una forma de negar los hechos y a las víctimas, es una manera de negar un pasado de violencias contra una población específica y de empujarles al olvido no sólo a ellas, sino a toda la sociedad que ha reclamado tanto la verdad de los hechos como la justicia ante los crímenes cometidos.
En diciembre del año pasado, el gobierno mexicano dio a conocer el resultado de la Estrategia nacional de actualización del RNPDNO, impulsada desde mayo de 2023: de las más de 110 mil 964, personas desaparecidas que habían sido registradas desde 1961 hasta agosto de 2023, 16 mil 681 fueron localizadas. Sin embargo, como han dejado ver testimonios de familiares de víctimas de desaparición, estas localizaciones, y otras clasificaciones que se desprenden de dicha estrategia, como “se busca reportante” o “con identidad sin datos adicionales”, no devolvieron a las y los desaparecidos a casa. Por el contrario, ahondaron la herida de la ausencia, causando incertidumbre, sufrimiento y enojo entre diversos colectivos que han denunciado públicamente que esta estrategia es una forma de desaparecer a los desaparecidos [3].
Con las distinciones ideológicas entre el régimen gubernamental en Argentina y el mexicano, vale la pena reflexionar sobre la relación que existe entre “baile o jaloneo de las cifras”, como le llamó Guadalupe Fernández, madre de José Antonio Robledo Fernández, desaparecido el 25 de enero de 2009 en Monclova, Coahuila, y el negacionismo.
Nadie pone en tela de juicio la importancia de contar con un censo completo y veraz sobre las desapariciones en México. Sin embargo, lo que se ha señalado constantemente desde el inicio de esta estrategia, es que pareciera existir una intención de reducir la cantidad de personas desaparecidas de los registros oficiales antes que continuar con las diversas estrategias de búsqueda que ayuden a dar con el paradero de las personas desaparecidas y conocer la verdad sobre lo sucedido. La misma Guadalupe Fernández, señaló en el marco del acto de memoria por el quinceavo aniversario de la desaparición de su hijo, que más allá de la visita que recibió por parte de policías para confirmar si su hijo “seguía desaparecido” –en la que además se percató que en los registros habían confundido los datos de su hijo con los de su esposo– no ha tenido otras noticias de acciones de búsqueda.
Además de la intención de reducir el número de personas desaparecidas, se vuelve importante considerar el llamado de atención que la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina y otros organismos de sociedad civil hicieron ante los dichos negacionistas de Milei, sobre considerar la cifra negra de la desaparición, es decir, la que abarca a todas aquellas personas que, por cualquier motivo, no alcanzaron a ser denunciadas como desaparecidas. Para el caso mexicano, una estrategia de actualización de los registros estatales habría de considerar no sólo lo necesario para depurar las bases de datos, sino para enfrentar el subregistro y la falta de denuncias de desaparición que existe, ya sea por la desconfianza en el sistema judicial o porque, como el caso de personas de origen extranjero, los mecanismos son insuficientes o porque el delito de desaparición sigue diluyéndose con otros como el secuestro.
Negacionismo: impunidad y olvido
El negacionismo en materia de graves violaciones a derechos humanos tiene varios despliegues; quizá uno de los más conocidos es el que niega el Holocausto judío [4], o aquel que se deja ver en las posturas ideológicas que hoy señalan que lo que ocurre con el pueblo palestino es un conflicto o una guerra y no un genocidio con raíces de ocupación colonial [5].
De igual manera, el negacionismo puede identificarse en la España posfranquista a partir de un “pacto del olvido” apoyado en la Ley de Amnistía de 1977. Como deja ver el documental de Almudena Carracedo, “El silencio de otros”, la Ley de Amnistía que proponía el perdón como una forma de transitar a la democracia, pacto posibilitó la impunidad de los crímenes del franquismo de la mano de una amnesia colectiva institucionalizada de lo sucedido durante el franquismo: “los colegios no nos los enseñaron, nuestros padres no nos lo contaron” [6]. En ese contexto, el negacionismo como política estatal ha sido garante de la falta de justicia para aquellos que fueron asesinados, desaparecidos o torturados durante la Guerra Civil Española. Por otro lado, este olvido institucionalizado ha atentado contra la memoria colectiva y contra aquellos que requieren mantenerla viva, esperando encontrar a los que faltan o resarcir la dignidad arrebatada a sus seres queridos en la tortura o el asesinato.
Pero también el negacionismo puede desplegarse en otras acciones y expresiones estatales que se vuelven cotidianas y que pueden manifestarse desde fórmulas que conocemos bien en México, como el “en algo andaban”, hasta el “son menos de los que dicen que son”. Discursos que responden a aquella necesidad de negar sistemáticamente que determinadas atrocidades sucedieron y continúan sucediendo.
En un escenario como el mexicano, donde las noticias sobre desapariciones y otras violaciones a derechos humanos no cesan, ahí en donde a las familias en búsqueda son víctimas ellas mismas de desaparición o muerte violenta, la estrategia nacional que parece tener como fin principal reducir las cifras o al menos no clarificar la vía en que se están realizando los ajustes de las bases de datos, debe pensarse como una forma de negar la desaparición y a sus víctimas.
La apuesta que el gobierno mexicano ha hecho con la Estrategia nacional de actualización del RNPDNO es un paso que relativiza la dimensión real de la desaparición en México. El jaloneo de las cifras con metodologías e intenciones poco claras para las víctimas y el resto de la sociedad es un atentado contra la búsqueda incansable de la verdad, pero también puede volverse un atentado para la memoria y una forma de perpetuar la impunidad.
Negar que la cifra de personas desaparecidas va en aumento, o que quizá existan más personas desaparecidas de las que siquiera están denunciadas oficialmente es negar las violencias que atraviesan a nuestro país, las subjetividades de las y los desaparecidos y la lucha de sus familiares que constantemente nos invitan, de manera urgente, a la memoria y nombrarles a todas y todos.
Imagen portada: El 11 de enero familiares de personas desaparecidas protestaron fuera de las instalaciones de la Segob para pedir explicaciones acerca del llamado censo de personas desaparecidas | Fotografía: Ulises Martínez/ObturadorMX
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Referencias
[1] Fassin, Didier, When bodies remember: experiences and politics of AIDS in South Africa, Universidad de California, 2007, p. 115.
[2] Milei: “No son 30.000 los desaparecidos, son 8753″
[3] Tzuc, Efraín, “Tiene censo de AMLO otros datos…equivocados”, en ¿A dónde van los desaparecidos?, 22 de enero de 2024.
[4] De este movimiento formó parte un grupo de historiadores que en los años setenta del siglo pasado pusieron en tela de juicio el genocidio del pueblo judío, negando la existencia de campos de concentración o disminuyendo las cifras de personas asesinadas en ellos, así como desmintiendo el programa político nazi que buscaba el exterminio. Mayor Ferrándiz, Teresa Ma., “Los negacionistas del holocausto”, Revista de clases de historia, artículo 293, 15 de abril de 2012.
[5] Pappé, Ilan, “El origen de la violencia en Gaza está en la ideología racista de la eliminación del nativo”, [Transcripción de la intervención del historiador Ilan Pappé en la Universidad de Berkeley] 19 de octubre de 2023.
[6] Carracedo, Almudena, “El silencio de otros”, documental, 2018.
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Sandra Odeth Gerardo Pérez es tesista de doctorado en antropología social, estudiante asociada del GIASF y colaboradora solidaria con colectivos de búsqueda de personas migrantes desaparecidas en México.
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El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador, estudiantes asociados a los proyectos del Grupo y personas columnistas invitadas
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