Los grupos criminales no solo no han perdido terreno, sino que amplían sus portafolios de negocios y consolidan su poder social y político, señala un informe elaborado por Crisis Group
Patricia Monreal
En octubre próximo, cuando una mujer asuma por primera vez la presidencia de la República, la encrucijada que habrá de resolver será sobre el papel de las fuerzas armadas tanto en materia de seguridad como en otras tareas que se les ha conferido durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El análisis de los escenarios fue realizado por la organización internacional Crisis Group a partir del diagnóstico que realiza sobre la realidad que impera tras la militarización de la seguridad pública promovida por el presidente en turno.
En el informe se reporta cómo en las áreas más afectadas por enfrentamientos entre los grupos criminales como Michoacán, Veracruz, Colima y Guerrero, se han producido grandes despliegues militares, pero una limitada lucha contra el crimen.
Tamaulipas (328) y Michoacán (103) concentran más de la mitad de todos los enfrentamientos entre el Ejército y los grupos criminales del 2020 al 2022 conforme al reporte, además que, los grupos criminales también han emprendido una campaña para tomar el control total de los mercados legales en áreas como Michoacán y Guerrero con anuencia de integrantes de las fuerzas armadas.
El informe se centra fundamentalmente en los estados de Michoacán y Veracruz “donde hay grandes despliegues de fuerzas militares, al igual que arraigadas economías ilícitas y conflictos armados”. En estos estados, así como en Colima y la Ciudad de México, Crisis Group reporta haber realizado más de 80 entrevistas con comandantes militares, policías, funcionarios estatales de todos los niveles, activistas de la sociedad civil, civiles, periodistas y académicos, además de líderes criminales, intermediarios y combatientes.
Acuerdos
En el informe se consigna que integrantes de las fuerzas de seguridad y líderes criminales han establecido una serie de reglas, en gran medida tácitas, que alientan a los grupos ilegales a reducir y ocultar la violencia que perpetran. A cambio, las autoridades aparentan no enterarse de que hay acciones ilegales hasta cierto punto, lo que les ha permitido a estas organizaciones diversificar sus operaciones de tráfico (incluyendo drogas más nuevas como el fentanilo), ampliar sus redes de extorsión, expandir su control de negocios legales y asumir un mayor control sobre las comunidades y los gobiernos locales.
Se agrega además que cuando el Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó una gran ofensiva en Michoacán, los comandantes militares idearon acuerdos con otras organizaciones criminales para enfrentar al grupo, incluida una campaña para asesinar a múltiples miembros del CJNG. En otros lugares, oficiales militares confabulados con grupos criminales específicos presuntamente han abusado de su autoridad para proteger a sus socios.
“El abuso de autoridad en México no es exclusivo de los militares. Pero la magnitud de los poderes políticos, presupuestarios y de seguridad de las fuerzas armadas, combinada con la falta de una supervisión civil independiente, refuerza los riesgos de que los integrantes de las fuerzas armadas se involucren en actos de corrupción y colusión”.
Consigna que actualmente, un total de 281 mil 209 militares están desplegados en las calles mexicanas, más que en cualquier otro momento de la historia reciente del país. Los esfuerzos por crear fuerzas de policía civil más transparentes y funcionales han quedado en gran medida desahuciados.
“Al 2023, un centenar de acuerdos habían reasignado al ejército funciones estatales, incluyendo la construcción de infraestructura, salud pública, aviación y el control migratorio”.
De manera particular en el informe se destaca la preocupación sobre la veracidad de las estadísticas oficiales. Ahí observadores de la sociedad civil, trabajadores de morgues y funcionarios estatales hablaron de asesinatos que se registran bajo otras causas de muerte o que no se registran, presuntamente por presiones políticas para reducir los índices registrados de violencia letal.
“Aunque los homicidios han comenzado oficialmente a tener una tendencia a la baja durante el gobierno actual, las desapariciones (que muy probablemente han resultado en la muerte de las víctimas) han aumentado”. Especifica que, ocultar a las víctimas de homicidios se ha convertido en una forma cada vez más popular para que los grupos criminales eviten una reacción violenta de las autoridades.
Al respecto se consigna que en Sinaloa, la tasa de desapariciones ha superado a la de homicidios por primera vez en la historia. En Ciudad de México, la fuerte caída oficial de los homicidios en los últimos años estuvo acompañada por un aumento en las desapariciones, lo que llevó a algunos a cuestionar si las estadísticas oficiales eran realmente precisas.
“El verdadero alcance de las desapariciones en México sigue siendo un enigma y un tema de controversia política. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas de la Secretaría de Gobernación estima el total de personas desaparecidas y no encontradas vivas o muertas en 116 mil 305. Alrededor del 65 por ciento de estos casos han sido registrados desde 2019. También se cree que el número de desapariciones no denunciadas es grande: los colectivos de búsqueda (es decir, grupos que intentan localizar a seres queridos desaparecidos) afirman que podría ser tan alto como la cifra oficial”.
Crisis Group consigna que los grupos criminales no solo no han perdido terreno, sino que parecen estar ampliando sus portafolios de negocios mientras consolidan su poder social y político.
Apunta que los líderes de tres grupos criminales que compiten por el control de Michoacán afirmaron que las operaciones militares en su contra habían disminuido y, en algunas zonas, se detuvieron por completo. “Aquí”, dijo un comandante de los Caballeros Templarios al referirse a su bastión rural en Michoacán, “no los hemos visto en un par de años”.
En zonas donde los militares mantienen presencia, señala el informe, se ha forjado una especie de coexistencia, en la que las fuerzas armadas se abstienen de intervenir en los asuntos de los grupos criminales siempre que se respeten ciertas reglas informales. “Fuentes de organizaciones ilícitas dicen que los miembros de las fuerzas armadas, así como los enviados del gobierno federal, que llegaron poco después de que López Obrador asumiera el cargo, ponen de manifiesto directa y tácitamente el alcance de la violencia que tolerarán. ´[El gobierno] puede y quiere echarse a un ladito´, dijo a Crisis Group un miembro de los Caballeros Templarios. ´Hay muchas maneras de trabajar, de hacer dinero, de que coman ellos y que comamos nosotros, pero que no haiga [sic] tanto muerto´.
“El líder de una banda criminal rival dijo que su fórmula para ´que te deje en paz [el gobierno]´ consistía en respetar ciertos límites: ´Todos somos puercos, y esta es una vida de violencia, todo el tiempo … pero no puedes pasarte de verga no más. Es inevitable sonar cuando traes movimiento [grupo armado]. Pero no puedes hacer demasiado ruido´”.
Asimismo se apunta que líderes criminales y combatientes, al igual que funcionarios estatales, confirmaron que las fuerzas especiales del ejército asesinaron a centenares de combatientes del Cartel de Jalisco en Taixtán y sus alrededores, en el municipio de Tepalcatepec, y en El Terrero, en el municipio de Buenavista. Sin embargo, el Cartel de Jalisco estuvo lejos de ser derrotado, lo que ilustra que los logros generados por operaciones coercitivas puntuales pueden ser fugaces. El Cartel de Jalisco pudo reagruparse y ha revigorizado sus ataques en múltiples frentes en Michoacán, incluyendo a soldados. “Relleno humano siempre hay”, dijo un líder criminal sobre la capacidad de los grupos criminales para reponer sus filas.
A medida que la estrategia ha cambiado con López Obrador para permitir un mayor margen de maniobra a los grupos criminales a cambio de una reducción en la violencia visible, estos grupos han aprovechado la oportunidad para fortalecerse o “amacizar”, en palabras de un líder.
Refiere así, que los chantajes o la adquisición de empresas originalmente legales se han convertido en algo común, y las extorsiones se han disparado en los últimos años hasta alcanzar en 2022 los índices más altos jamás registrados.
El desvío de dinero de empresas involucradas en la producción legal de bienes se ha convertido en una importante fuente de crecimiento para el crimen organizado. El informe agrega que los grupos criminales también han emprendido una campaña para tomar el control total de los mercados legales en áreas como Michoacán y Guerrero. En algunos casos, controlan el suministro de productos básicos como tortillas, arroz, huevos y carne, así como bebidas alcohólicas y refrescos. “Funciona así”, dijo un líder criminal, “identifico quién es la competencia que viene de afuera. Envío algunos de mis muchachos y les digo que ya no los quiero ver aquí. Luego busco las fábricas, las materias primas, y hago un trato que sólo me vendan a mí. Ahora yo soy el único proveedor”.
La estadística
Diversos son los números que se consignan en el informe de Crisis Group, en donde se apunta que a pesar de la modesta disminución reciente, se han registrado oficialmente más de 30 mil homicidios por año y más de 185 mil asesinatos en total desde que López Obrador asumió el cargo, una cifra mayor a la de cualquier administración anterior.
Los índices de impunidad por delitos graves apenas han cambiado, alcanzando el 95.7 por ciento en el caso de los homicidios en todo el país
“El papel de los militares en ciertas regiones, incluidas algunas donde grandes organizaciones ilegales libran batallas constantes, no parece muy alejado del de su predecesor, Enrique Peña Nieto. El promedio mensual de enfrentamientos entre las fuerzas armadas y los grupos criminales durante el gobierno de López Obrador sólo ha disminuido ligeramente”.
Por lo que toca al número de grupos armados ilegales, Crisis Group consigna que se duplicó entre 2010 y 2020, hasta alcanzar unos 200. Además de enfrentarse entre sí en violentas disputas, que a menudo implicaban enfrentamientos por mínimos avances territoriales, muchos de estos pequeños grupos también reforzaron su control sobre la población civil y las empresas legales en sus zonas de influencia.
Más de cien mil personas han desaparecido desde 1969. Los homicidios se cuadriplicaron entre 2007 y 2018. A finales de 2022, había 386 mil desplazados internos en México, lo que de acuerdo a la organización refleja que el costo humano ha sido enorme.
Para abril de 2024 cerca de 300 mil oficiales de la Guardia Nacional, el ejército y la marina estaban desplegados en tareas de lucha contra el crimen en las calles mexicanas, superando por primera vez el número de policías civiles. Los altos cargos en las fuerzas policiales estatales y municipales han sido ocupados por oficiales militares activos o retirados.
Agrega además que la Guardia Nacional asumió el control fronterizo y detuvo a 177 mil 166 migrantes en 2022, un aumento del 432.5 por ciento con respecto a 2021.
Las estadísticas oficiales apuntan a una caída de los homicidios del 9.2 por ciento entre 2019 y 2022, de 36 mil 661 a 33 mil 287, sin embargo, “la idea de que México es un país en paz no resiste una inspección minuciosa. En lo que va de mandato de López Obrador se han registrado más de 185 mil asesinatos, un récord para un mandato presidencial. Los asesinatos siguen muy concentrados a nivel regional, el 16 por ciento del total de 2022 se produjo solo en cinco municipios: Tijuana, Juárez, León, Celaya y Cajeme”.
“La proporción total de homicidios que se consideran relacionados con el crimen organizado ha tendido a aumentar. Los llamados crímenes atroces, incluidos homicidios múltiples y violencia extrema como mutilaciones, aumentaron un 19 por ciento entre 2021 y 2023”.
Señala que es en las regiones donde los grupos criminales se enfrentan por el control donde se encuentran los picos más altos de violencia. Los índices de crímenes violentos son excepcionalmente altos en un corredor que va desde la costa sur y centro del Pacífico, pasando por la parte centro-occidental del país (incluidos los estados de Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, Guanajuato y Zacatecas), así como las zonas próximas a la frontera con EE.UU., en Baja California, Sonora y Tamaulipas.
Se calcula que la lucha desenfrenada entre las dos mayores organizaciones delictivas de México, el Cartel Jalisco Nueva Generación y el Cartel de Sinaloa, representó aproximadamente el 26 por ciento de todos los asesinatos relacionados con el crimen organizado en 2021.
La pifia del Plan Nacional
Crisis Group reporta en su informe que al menos en el papel, el Plan Nacional de Paz y Seguridad de 2018, esbozaba un enfoque progresista y holístico para abordar la inseguridad. Sus objetivos reflejaban los reparos del gobierno hacia la “guerra contra las drogas” y las políticas coercitivas de seguridad
“Como era de esperar, el gobierno ha avanzado poco en muchas de las reformas propuestas y ha abandonado otras por completo”.
Al respecto señala que la política de drogas no ha sufrido grandes cambios, y aunque el presidente había prometido un enfoque basado en la salud pública, incluida la prevención del uso indebido de drogas de la mano con tratamiento y rehabilitación para las personas que sufren de adicción, la estrategia del gobierno se redujo en gran medida a una campaña mediática que predica contra el consumo. Crisis Group recuerda que las mayorías pertenecientes a Morena en el Congreso no han logrado aprobar la legalización de la marihuana, a pesar de la exigencia de la Suprema Corte para que se lleve a cabo.
Apunta que a pesar de sus promesas para reformar la política de seguridad, existe una continuidad entre López Obrador y sus predecesores en lo que respecta a su dependencia de las fuerzas armadas. De hecho, el ejército se ha convertido en un pilar de la “Cuarta Transformación”, ocupando un papel preeminente tanto en la seguridad pública como en otras áreas del gobierno.
“Una serie de disposiciones legales que aparentemente establecen límites al papel de las fuerzas armadas han hecho poco para impedir que se profundice el control militar de la seguridad pública mexicana. En la práctica, se ha permitido a las fuerzas armadas eludir las normas de rendición de cuentas que son vinculantes para todas las instituciones públicas”.
Y detalla: “El presupuesto federal de 2024 asigna a los militares una proporción del gasto público 8.6 veces mayor que en 2018, equivalente al veinte por ciento del gasto total. Los fideicomisos militares (fondos discrecionales con supervisión fiscal limitada o nula) han crecido un mil 700 por ciento bajo el gobierno actual.
Las fuerzas militares también se han utilizado para abordar otros problemas urgentes. A principios de 2023, por ejemplo, casi el 19 por ciento de los oficiales de la Guardia Nacional estaban asignados a tareas de control migratorio, predominantemente a lo largo de las fronteras sur y norte de México.
“El ejército está a cargo de proyectos de infraestructura como el Tren Maya, un ferrocarril de casi 1610 km a través de la Península de Yucatán. Las fuerzas armadas también han construido nuevos aeropuertos y administran la aerolínea estatal Mexicana. El efecto neto ha sido convertir al ejército en la mayor empresa constructora de México”.
Se destaca que ni las autoridades civiles ni las militares han explicado en términos concretos qué están haciendo los soldados de manera diferente a las administraciones anteriores, o si sus acciones siguen alguna estrategia o plan operativo específico.
Candidatas ¿qué han dicho?
En su informe Crisis Group apunta que las dos principales candidatas a la presidencia, Claudia Sheinbaum (Coalición Sigamos Haciendo Historia) y Xóchitl Gálvez (Coalición Fuerza y Corazón por México), han identificado algunas fallas en la actual estrategia de seguridad mexicana, particularmente la falta de coordinación entre los distintos niveles de poder del Estado y la insuficiente atención prestada a las zonas más conflictivas del país.
“Los planes de las dos principales candidatas presidenciales identifican graves deficiencias en la política de seguridad que han plagado la lucha contra el crimen en México. Sus campañas han sido claras al señalar algunas de las principales fallas en la estrategia de seguridad, ya sea la corrupción y colusión criminal, la falta de coordinación entre instituciones y niveles del gobierno o la falta de concentración de recursos en las regiones donde más se necesitan”.
En ese sentido considera que independientemente de la candidata que gane, por el momento la dependencia en las fuerzas armadas y sus soldados en materia de seguridad pública permanecerá intacta.
“Una nueva administración tendrá la oportunidad de reorganizar la cúpula militar y promover a comandantes que apoyen a restringir las tareas a un mandato central acorde a las fortalezas de las fuerzas armadas”, y subraya que reducir la corrupción y la colusión dentro de éstas será esencial, pero no será nada fácil. “Exponer abiertamente a los militares al sistema de justicia civil probablemente indignaría a los oficiales de alto rango. Además, es casi seguro que el nuevo gobierno consideraría políticamente riesgoso hacerlo”.
Además Crisis Group considera que mientras enfrenta la corrupción militar, el nuevo gobierno “debe esforzarse por modernizar los órganos judiciales y de seguridad civil existentes, incluidas las fuerzas policiales y la fiscalía pues, han demostrado ser incapaces de enfrentar la impunidad, en particular por la corrupción de los funcionarios.
“La próxima presidenta de México, la cual será elegida en junio y asumirá el cargo en octubre, tendrá que decidir qué tanto del legado de López Obrador quiere preservar. Es poco probable y potencialmente peligroso que se tomen medidas bruscas para devolver a las tropas a sus cuarteles”, considera el informe, en el cual se remata: “el mejor punto de partida sería admitir con franqueza que el Estado necesita una limpieza”.
Consulta:
Ejército y derechos humanos, polos opuestos
