La sombra de Trump sobre México en el tema migratorio tiene efectos directos en Michoacán. ¿Hay condiciones para recibirlos “con los brazos abiertos”?
Regla de Tres
A tambor batiente, el republicano Donald Trump en su arribo por segunda ocasión a la Casa Blanca de inmediato arremetió contra los migrantes, uno de los ejes de más impacto en su campaña contra México.
Más allá de que designó “terroristas” a las organizaciones criminales, otra de sus cartas sobre los carteles mexicanos y que hasta el momento no se sabe cómo ejecutaría, la deportación de miles de mexicanos de vuelta a su terruño no es tan halagador más allá del impacto de ser víctima de la política migratoria del vecino norteño y con quien se comparte la frontera más grande del mundo.
En este fenómeno hay un impacto directo en Michoacán, uno de los principales estados expulsores de mano de obra a los EU, donde las remesas juegan un papel importante como el subsidio real que permite a una amplia franja de familias subsistir y nutrir a economías locales y regionales.
La verdad es que ni el país ni el estado han cambiado como lo pregonan los morenistas, al pretender que hay un operativo especial –“México te abraza”, incluidos dos mil pesos-, para apoyar a los connacionales deportados, y que existen condiciones para que se inserten en el mercado laboral y social casi que de inmediato.
Aún y cuando no se percibe en flujos que se esperarían más numerosos, lo cierto es que si hay mexicanos deportados ya por Trump y seguirán llegando. De michoacanos se estima que en EU radican más de cuatro millones, y a sabiendas de que un buen número cuentan con estancia legal incluso a través de generaciones, el promedio de expulsión sería de varios miles, lo que mínimamente representará una presión a los esquemas laborales, educativos y de seguridad social de las localidades o comunidades de origen.
Ante un amenazante gobierno estadounidense, habrá que esperar que sean las organizaciones de los propios migrantes los que saquen la casta y enfrenten el desafío, y porque así han tenido que organizarse ante gobiernos que históricamente los han ignorado o solo los considera como botín político electoral, sin más ánimo de establecer una política pública sobre migración y que hoy, no se circunscribe sólo a los nacionales, sino que se nutre con vertientes de Centroamérica que también persiguen el mentado sueño americano y que han vivido el atropello de los agentes migratorios y el Ejército Mexicano, además del riesgo de los carteles que controlan las rutas.
La migración a los EU también va ligada en estos días con el desplazamiento forzado derivado del clima de inseguridad que obliga a solicitar el asilo político. O el de los integrantes de la comunidad LGBTIQ+, ante la intolerancia y ultrafanatismo en el vecino país, luego de huir de sus comunidades de riesgos similares que llegan a los crímenes de odio. Qué destino tan ingrato el de quienes se encuentren ante la disyuntiva de regresar a donde han sido amenazados, discriminados.
Del gobierno estatal, cabe señalar que ha sido más que pasivo con el tema, no obstante que existe una secretaría específica. Además de que el tema no es objeto de difusión oficial, la administración del morenista Alfredo Ramírez Bedolla se ha limitado a decir que su administración solamente administrará el programa federal basado en los programas de la Secretaría del Bienestar.
Esas caras de una migración cambiante y con causas económicas y de sobrevivencia, son las que requieren de respuestas, de soluciones específicas y concretas. No discursos sobre un supuesto cambio de país desde la visión hegemónica de la 4T -y sin olvidar que AMLO le cubrió con militares la frontera sur a Trump precisamente-, o al menos no en los rubros citados para ameritar un regreso “con los brazos abiertos”.