La presencia innegable y el control de grupos delincuenciales requieren de una actitud más realista y congruente de los gobiernos estatal y federal
Regla de Tres
El pasado 23 de abril Michoacán fue el escenario de una jornada violenta generada por presuntas diferencias entre grupos rivales del narcotráfico.
Bloqueos carreteros que alcanzaron a 26 municipios, con 43 unidades incendiadas e interrupción de servicios de transporte foráneo, dan cuenta de esa jornada en la que prácticamente las autoridades quedaron borradas como elemento de contención, jornada en la que además una parte de elementos de la Guardia Civil en tres municipios -Lázaro Cárdenas, Uruapan y Morelia-, estaban en paro para protestar contra el “raquítico” aumento a sus salarios de apenas un 5 por ciento.
Como en otros escenarios donde mientras transcurren los hechos, la administración del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla guardó un hermetismo en todo el día ante las escenas de violencia que coptaban la atención y la incertidumbre de la sociedad al ver el avance sin control de los acontecimientos, aludidos en el contexto de confrontación con la policía local por parte de funcionarios que declararon que los hechos eran una “reacción” al ataque o detención de objetivos delincuenciales, mientras que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo un día después en su mañanera señaló que no había habido tales detenciones sino que lo vivido era por pugnas entre carteles del narcotráfico. Vaya alivio saberlo.
Los hechos de inseguridad son una constante, no una excepción. Lo que se vio el pasado miércoles deja entre la población la percepción de quienes son los que mandan en el estado y el país ante un discurso del poder -local y federal- donde “todo está bajo control”, “no pasa nada” o simplemente se pondera que en el país de Morena todo viene de ataques infundados de conservadores o derechistas furibundos.
Lástima que la realidad sea muy otra y lástima del discurso de Sheinbaum Pardo ante los acontecimientos, que recuerdan a cierto jefe militar en Sinaloa que cuando fue cuestionado respecto a cuándo terminaría la pugna que vive aquella entidad bajo el azote de los carteles, señaló que cuando éstos terminaran sus diferencias. ¿Y la autoridad -si hay-, dónde está o de qué lado?
Del saldo que reportaron sobre los hechos del 23 de abril, cabe señalar que las “pugnas” se dieron en Michoacán, Jalisco y Guanajuato. De esas entidades, en Michoacán es en donde se generaron los mayores daños, en razón de la presunta presencia de bastiones importantes de esos dos grupos en pugna, podemos sospechar, ya que en Jalisco solo se tuvieron confrontaciones en un municipio y en Guanajuato en cinco mientras que en la entidad fueron en 26, lo que habla de la capacidad de movilización de tales bandas y del abandono de las autoridades estatales en materia de seguridad en un número significativo de los 113 municipios de la geografía michoacana, de los que sectores en un buen número de estos han denunciado la inacción oficial ante la presencia de grupos criminales que controlan movilidad y explotación a su modo de recursos naturales mientras se siembras minas, se cantan narcocorridos y hasta se pasean impunemente.
Es reiterativo pero necesario decirlo, es urgente cambiar una estrategia de seguridad que no varía la correlación de fuerzas y que ante los ojos de la sociedad está bien visto quién tiene la sartén por el mango y obvio que no es el gobierno estatal, ocupado en atender pugnas creadas en sus propios cuerpos policiacos y en hacer convenios con el Atlético Morelia, que fue lo que concretó Ramírez Bedolla con directivos de ese club el 23 de abril por la tarde noche, cuando todavía en las carreteras de la entidad el fuego apenas se apagaba.