Aunque el Gobierno ya reconoce desplazamientos por causas climáticas, su apuesta por los combustibles fósiles y los recortes ambientales ponen en duda su ambición
Leonor Solís
Ecodepresión
En la Conferencia de las Partes (COP30), celebrada en noviembre de 2025 en Belém do Pará, Brasil, México finalmente presentó su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), marcando el retorno del país a la conversación climática global tras años de silencio e inmovilidad.
El anuncio de una nueva meta de reducción de emisiones fue, sin duda, el eje más visible de su participación. Sin embargo, debajo de este compromiso renovado se mantienen viejas fracturas: retrasos, contradicciones, y una brecha persistente entre el discurso internacional y la política interna.
Compromiso central: reducir emisiones para 2035
La nueva NDC 3.0 plantea como objetivo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de México a un rango de 364 a 404 millones de toneladas de CO₂ equivalente para el año 2035, en un escenario no condicionado, es decir, sin depender de apoyo externo. Esto implicaría una reducción significativa con respecto al escenario tendencial, y representa una mejora importante en comparación con los compromisos previos, que habían quedado prácticamente congelados durante el sexenio anterior. También se mantiene el compromiso de alcanzar emisiones netas cero a mediados de siglo, en línea con los objetivos globales del Acuerdo de París.
Un documento más amplio e inclusivo
A diferencia de sus versiones anteriores, la NDC 3.0 incorpora de manera más clara una visión integral de la acción climática. Uno de los avances más notables es el reconocimiento del desplazamiento climático como prioridad nacional, al incluirlo como una línea de trabajo dentro de la adaptación. Esto representa un cambio de paradigma: México comienza a visibilizar las consecuencias humanas del cambio climático, no solo sus efectos ambientales o económicos.
También se integran acciones en mitigación (transporte, energía, agricultura), así como una futura Política Nacional de Adaptación, orientada a proteger a las poblaciones más vulnerables. La estrategia abarca sectores críticos como salud, agua, seguridad alimentaria y gestión del riesgo, lo que sugiere una mayor conciencia de los impactos ya visibles del cambio climático en el país.
El precio del retraso: una semana de vacío climático
A pesar del contenido más robusto de su NDC, México fue objeto de duras críticas por presentarla hasta la mitad de la COP30. Durante los primeros días de negociaciones, el país llegó sin un documento, lo que provocó una semana de vacío en su representación climática. Esta demora no solo afectó su protagonismo en las discusiones multilaterales, sino que envió una señal preocupante sobre la falta de preparación institucional.
El retraso no fue un hecho aislado. Refleja un deterioro más profundo en la trayectoria climática del país. De haber sido pionero en 2015 -al convertirse en el primer país en desarrollo en presentar su NDC-, México pasó a tener un papel marginal y pasivo durante el sexenio 2018-2024, en tanto que países como Chile, Colombia y Costa Rica avanzaron en políticas más ambiciosas y ocuparon espacios de liderazgo regional.
Una calificación alarmante: “críticamente insuficiente”
La falta de actualización ambiciosa durante años tuvo costos concretos. Organismos internacionales como Climate Action Tracker calificaron las políticas climáticas de México como “críticamente insuficientes”, lo que significa que, de mantenerse, el país no contribuiría de forma significativa a limitar el calentamiento global a 1.5 °C.
Esta evaluación tiene implicaciones directas para el acceso a financiamiento climático internacional, uno de los pilares que México menciona en su NDC 3.0 como necesario para escalar acciones de mitigación y adaptación. La comunidad internacional suele priorizar recursos para países que demuestran coherencia entre compromisos y acción, algo que México no ha logrado consolidar.
Las consecuencias de una política climática débil
El costo de esta inercia ha sido alto. En el plano internacional, México perdió influencia diplomática y quedó relegado como actor secundario en las negociaciones multilaterales. Se debilitaron sus posibilidades de acceder a fondos verdes, transferencia tecnológica o cooperación técnica especializada.
En el plano nacional, la ausencia de una NDC ambiciosa entre 2020 y 2025 dejó sin rumbo a la política ambiental y climática interna. La narrativa de “soberanía energética” impulsada en el sexenio anterior favoreció a los combustibles fósiles y redujo el impulso a las energías renovables. Esta visión atrasada tuvo impactos reales: recortes al presupuesto ambiental, abandono de programas de eficiencia energética, y ausencia de una política de adaptación integral.
Los efectos ya se sienten. Sequías más prolongadas, inundaciones más destructivas y eventos extremos afectan con mayor frecuencia a comunidades rurales, costeras e indígenas, sin que existan planes de respuesta adecuados.
El problema de fondo: una contradicción estructural
Si bien la NDC 3.0 representa un avance en el papel, no ofrece garantías de cumplimiento. El país no logró alcanzar las metas de su NDC original de 2015, y su desempeño climático durante los últimos seis años ha sido deficiente. La brecha entre lo prometido y lo implementado sigue siendo el principal obstáculo.
A esto se suma la inconsistencia estructural: mientras se anuncian compromisos internacionales, las políticas internas continúan privilegiando el uso de combustibles fósiles, las inversiones en refinerías, y la centralización del sistema energético. Esta contradicción pone en duda no solo la viabilidad técnica de los compromisos, sino su voluntad política.
¿Un nuevo comienzo?
La presentación de la NDC 3.0 podría representar un punto de inflexión para México, si va acompañada de reformas profundas, recuperación del presupuesto ambiental, fortalecimiento institucional y un giro real hacia la transición energética. De lo contrario, será solo otro documento bien intencionado que engrosa las estanterías de compromisos incumplidos.
En última instancia, si el gobierno —como muchos temen— vuelve a postergar la acción real, la voz de la sociedad civil debe convertirse en el motor que traduzca promesas en resultados. Las organizaciones ambientales, comunidades indígenas, juventudes, pueblos marginados, colectividades afectadas por desastres climáticos, académicos y defensores del territorio no pueden limitarse a acompañar. Deben exigir: monitoreo riguroso, transparencia, rendición de cuentas, y sobre todo, persistencia. Tal como se ha señalado en foros recientes sobre la COP30, será la fuerza organizada de la sociedad la que marque la diferencia entre compromisos escritos y avances reales.
Ilustración portada: Pity
