El maltrato en los servicios de salud obstaculiza en Michoacán el derecho a acceder a la interrupción legal del embarazo, el caso de Carla es un ejemplo
Patricia Monreal
Al cumplirse 28 días de su última menstruación, Carla confirmó que estaba embarazada. No dudó en tomar la decisión de ejercer su derecho al aborto, estaba en tiempo y sabía que la ley en Michoacán ya le permite acudir a solicitarlo en el sistema de salud del estado.
Su determinación fue flaqueando al cruzar el umbral del Hospital Civil “Dr. Miguel Silva” y tener contacto con el personal que la atendió. No bien informó que iba a ejercer su derecho a la interrupción legal del embarazo, cuando empezó sentirse violentada, primero por una enfermera quien, sin preguntarle siquiera cuándo había menstruado por última vez, le advirtió que se podía desangrar, insinuándole riesgo de muerte.
El 10 de octubre de 2024, el Congreso del Estado aprobó la despenalización parcial del aborto en Michoacán, determinando que ya no será punible durante las 12 primeras semanas de gestación.
Cuatro meses después –el 28 de febrero de 2025-, la Cámara reformaría la Ley de Salud del Estado para garantizar la prestación de los servicios de interrupción legal y voluntaria del embarazo de manera digna, segura, gratuita y de calidad en los hospitales públicos del estado.
A más de un mes de aprobadas las referidas reformas, el decreto respectivo no ha sido publicado por el Ejecutivo en el Periódico Oficial del Estado. La norma lo obliga a que lo haga de manera inmediata y en caso de que decida hacer observaciones, sólo tiene 15 días hábiles para hacerlo, mismos que ya vencieron.
El artículo 274 de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso establece: “Se considera aprobada por el Titular del Poder Ejecutivo del Estado, toda Minuta con proyecto de Ley o Decreto que no sea devuelta con observaciones al Congreso, dentro de los quince días hábiles siguientes a su recepción”.
En febrero pasado, el secretario de Salud del estado, Lázaro Cortés Rangel, informó en entrevista con medios de comunicación, que entre noviembre de 2024 y el día de su declaración, se habían realizado 28 abortos voluntarios a mujeres que lo habían solicitado. “Hemos hablado con el personal para que esa atención también sea libre de estigma, con calidad y de manera integral, porque no es únicamente atender la interrupción, sino la parte emocional, psicológica y tenemos que brindar una atención expedita”, aseguró.
Luego de la despenalización parcial del aborto, Red ASALEAS ha continuado su labor de acompañamiento para abortos seguros a quienes deciden ejercer su derecho. La organización reporta que durante este tiempo, ha registrado situaciones de omisión, falta de información y abierta desinformación por parte del personal médico y de enfermería, así como del administrativo y del que atiende en la caja o en la farmacia.
El miedo
Carla es de la región de Infiernillo. Sabedora de que en su tierra aplica aquello de “pueblo chico, infierno grande”, optó acudir a la capital del estado para abortar y así evitar riesgos de habladurías en su localidad.
A sus 39 años de edad y madre de una niña, Carla tenía clara su falta de posibilidades para sostener a un hijo más: “Yo tengo una hija y depende totalmente de mí, tengo que trabajar, esa es la verdad. O sea, no me puedo dar el lujo de tener otro niño o ver si me ayudan”.
Le pidió apoyo a una amiga que radica en Morelia y mediante una conocida que labora en la Secretaría de Salud fueron orientadas sobre la documentación que debía llevarse para acudir al consultorio 53 del Hospital Civil, lugar al que son canalizadas quienes deciden ejercer su derecho al aborto.
Al llegar al hospital, lo primero que Carla padeció fue la burocracia. La amiga que la acompañó cuenta: “Primero fue decirle ‘ve al archivo para tu carnet’: luego, la mujer del archivo le metió un cagadón diciéndole que tenía que ir a su municipio y sacarlo allá, que así no se le podía atender. Ella le explicó que ya había hablado por teléfono y que la habían canalizado al Civil, fue esa la forma en que le armaron su expediente. Luego subimos a planificación familiar y nos recibió una enfermera como de 70 años a la que le llamaban Solecito. Ella fue la peor, la que asustó a Carla, le dijo, ¡que no traía los signos vitales!, que el trámite iba a ser tardado, que no era de un ratito”.
Carla recuerda que lo primero que le reclamó Solecito es que viniera acompañada: “Ya me estaba como rajando, porque me dijeron muchas cosas que me dieron miedo. Esa enfermera me dijo que no esperara que todo fuera muy fácil, que podía tener cólicos muy, muy fuertes, como dolores de parto, un desgarre, incluso desangrarme y yo preguntándome ‘¿me va a ir así de mal?, pues mejor no me hago nada. Si me va mal, yo tengo a mi hija y si me muero la dejo a la deriva’. O sea, ¿qué hace mi hija sola en este mundo?, yo soy la única persona que está para ella y con ella”.
Asustada le dijo a su amiga que mejor se fueran, que ya se había arrepentido; su acompañante la calmó y le dijo que todo lo que le había dicho Solecito era para infundirle miedo, que no le pasaría nada y que esperaran a que la revisara una doctora.
En el consultorio 53 fue atendida por una doctora de nombre Nelly, que no se caracterizaba por el trato humanizado. Seca y mal encarada, le requirió de inicio entregarle “la referencia”, sin explicarle a qué se refería con eso, finalmente Carla supo que «la exigencia» era que estuviera dada de alta en el sistema, trámite que tardó algún tiempo luego del papeleo inicial. También pidió a la amiga de Carla esperar afuera.
“Era un poquito prepotente, muy a secas contestando las preguntas que le hacía. Yo la verdad no pensé que fuera así el proceso para que nada más me dieran unas pastillas. En realidad fue un medio chequeo, muy a grandes rasgos”.
Durante el ultrasonido, la doctora le dijo a Carla que veía cosas que no le gustaban, que traía problemas ginecológicos, posibles miomas o una endometriosis sin explicarle si ello representaba o no algún tipo de riesgo al momento de abortar. “Yo ya no me animaba a preguntarle más porque se molestaba y me dejó con mucha incertidumbre, sólo diciendo ‘no me gusta este detalle’ y yo, bueno, sin saber ni qué pensar”.
La entrevista de Carla con esta reportera se da por la tarde del día en que acudió al Hospital Civil, ya con las pastillas del tratamiento para interrumpir su embarazo en mano (misoprostol, tres tomas en intervalos de cuatro horas), pero aún sin tomarlas, dudosa de los efectos que le dijeron le podían provocar.
La amiga de Carla señala: “Tiene miedo de tomarse las pastillas y que sea aborto espontaneo estando sola, le da terror que se venga el desgarre que la enfermera le dijo, que sea en su casa con su mamá y le tenga que decir qué fue lo que pasó. Sí se ocupa bien que en el hospital den información de qué va a pasar en cuanto se tomen las pastillas y no generarles tanto terror”.
Carla confiesa su miedo frente a las consecuencias que Solecito le auguró y las complicaciones que la doctora le insinuó sin darle mayores explicaciones. “Con todos esos detalles que me dijeron pues también me la pienso. Si traigo miomas y si traigo esto y si me pasa alguna cosa, me da miedo. No sé estas pastillas qué te hacen en el cuerpo, si te generan más problemas, ¿qué riesgos tengo si doy por finalizado el embarazo con lo que vieron en el ultrasonido?”
El único trato cortés que Carla encontró en el hospital fue el de la psicóloga Rosalinda, con la que la hicieron pasar luego de ser atendida por la doctora. Ella le aplicó un cuestionario y le dejó en claro que abortar era su decisión y de nadie más, también le aconsejó se relajara.
La intervención de la psicóloga la calmó, pero no lo suficiente para disipar el temor que le infundieron previamente poniendo en vilo el derecho que tiene a elegir sobre su cuerpo.
Obstáculos
Omisión, falta de información y abierta desinformación por parte del personal en los hospitales Civil y de la Mujer en Morelia, es lo que ha detectado Red ASALEAS (Amigas Sororarias que Acompañamos la Libertad de Elegir un Aborto Seguro) en el acompañamiento que ha seguido dando a quienes deciden ejercer su derecho al aborto, luego de que éste fuera despenalizado de manera parcial en octubre pasado en Michoacán.
Yannick Castro apunta que han identificado la falta de actualización conforme a los ordenamientos federales y de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en los procesos de aborto seguro con medicamentos y quirúrgico, como dar recetas para el proceso con medicamentos sin las dosis completas lo que advierte, podría llevar a abortos incompletos, que las usuarias requieran un nuevo procedimiento y la posibilidad de exponerse a más revictimizaciones.
“Es algo innecesario si se usan las dosis correctas de acuerdo al número de semanas de gestación, así como métodos de medicamentos combinados como el misoprostol y mifepristona que tienen mayor efectividad juntos, a diferencia de cuando se utiliza el misoprostol solo”.
La activista apunta también que impera la falta de sensibilización y estrategias para reducir el estigma sobre el aborto, que se ve reflejado en el maltrato, revictimización y violencias que el personal ejerce al brindar estos servicios esenciales de salud, tales como infundir miedo a través de la desinformación, “por ejemplo, decirles falsamente que es un proceso peligroso o que se van a desangrar, incluso no explicarles como a cualquier paciente que ingiere un medicamento, qué es lo que va a pasar de forma normal, cuáles son efectos esperados, efectos secundarios y diferenciarlos de efectos adversos, en qué momento regresar a consulta, etcétera”.
Red ASALEAS ha observado además que una parte del personal médico y de enfermería aún cree que el método de preferencia es el legrado, aun cuando ya no está recomendado por la OMS, o que desconocen los regímenes de medicamentos combinados o los métodos actualizados y menos invasivos de dilatación y evacuación como la Aspiración Manual Endouterina (AMEU).
“Asimismo, se han hecho revisiones innecesarias para el diagnóstico del embarazo como tactos vaginales, que además de no ser necesarios se practican de forma hostil, sin explicación ni consentimiento informado y agresivamente, siendo por estas razones violencia obstétrica y violencia institucional”.
Refiere además que por parte del personal de psicología han observado que si bien, en general, tienen menor estigma hacia al aborto, no están lo suficientemente informados para dar atención con enfoque de derechos y no revictimizante, incluso para hacerles saber que la atención psicológica es un derecho y no es obligatoria. “Y en el caso del personal de Trabajo Social, hemos registrado que sí existen algunas trabajadoras mucho más sensibilizadas e informadas que canalizan el acceso de mejor forma”.
La brecha de acceso a la información y acceso a los servicios es aún más grande en el resto de los municipios del estado, apunta Yannick Castro: “Hemos sabido que en algunos municipios como en Pátzcuaro y Zamora no se cuenta con los Módulos MUSA (Mujer Salud) de Seimujer (Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres del Estado) o no tienen la información y capacitación para que les orienten para ejercer su derecho a decidir.
“Tampoco hay claridad sobre cómo las mujeres privadas de su libertad pueden seguir una ruta de acceso a los servicios. Respecto a la línea telefónica de atención por parte de Seimujer, aún estamos recabando información para tener un panorama más claro de cómo está operando”.
Es así como la Red ha observado que estas acciones han impactado de forma negativa en las mujeres michoacanas, ya que se ve obstaculizado el derecho acceder a la interrupción legal del embarazo y otros servicios de aborto seguro, “por ejemplo, en el caso de querer solicitar la interrupción apelando a las causales vigentes en nuestro Código Penal, los casos que hemos acompañado han recibido negativas por falta de conocimiento de las recientes reformas al Código y al decreto de acceso a los servicios de aborto seguro, por falta de claridad sobre las instancias o personas responsables de darle seguimiento y resolución a las solicitudes de aborto, además de que el estigma hacia los abortos en etapas que superan la semana 12 de gestación también es una problemática que es necesario señalar y atender para crear nuevos paradigmas de salud sexual y reproductiva que permitan garantizar el acceso real y digno a los servicios de aborto.
“Reiteramos que los abortos que ocurren después de la semana 12 de gestación existen, si bien suceden por múltiples factores como violencia sexual, socioeconómicos, de salud, por negativa del servicio, etcétera, continúan siendo necesarios aunque sea un tabú hablar de ello y son situaciones que el Estado tampoco está atendiendo y no sólo eso, sino que desinforman desde estas instancias”.
A partir de estas experiencias, Yannick Castro señala que pueden afirmar que la mayoría de las mujeres que han solicitado los servicios con su acompañamiento han decidido mejor llevar a cabo el proceso en casa con medicamentos o buscar otras alternativas de interrupción legal del embarazo en la Ciudad de México y con la asesoría de otras organizaciones como Fondo María.
“Al final del día, después de dar muchas vueltas en diferentes ventanillas donde el personal solicita nueva y diferente documentación en cada ocasión, donde la atención es hostil y bajo la mirada estigmatizante y ante la negativa de recibir atención por la falta de médicos no objetores de conciencia sanitaria en turno, diferentes mujeres han vuelto a casa llenas de cansancio, frustradas, tristes y enojadas ante la injusticia de no poder ejercer su derecho a decidir”.
Por último, agrega que desde el año pasado quedó pendiente retomar mesas de trabajo entre las instituciones del Estado y colectivas que son expertas en el tema, para hacer un lineamiento estatal para los servicios de aborto, así como observaciones y retroalimentación de cómo están ocurriendo en la práctica, que pueda complementarse con la reforma a la Ley de Salud aprobada a finales de febrero de este año.
“Sabemos que este tipo de procesos pasan por curvas de aprendizaje pero con toda la información y expertise que existe desde por lo menos los últimos 20 años sobre el aborto seguro en toda América Latina (conocimiento generado, producido y difundido por las redes de acompañantes), así como información obtenida a partir de los servicios de interrupción legal del embarazo en distintos países con sus distintas experiencias, no es necesario repetir los mismos errores. Por el contrario, en Michoacán podríamos tener una curva de aprendizaje de mayor calidad y más breve con la finalidad de que todos los servicios de interrupción del embarazo sean no sólo legales, sino seguros y dignos para las mujeres y personas gestantes”, remata.
Consulta:
A toda prisa, es ley
16 años… y aborto parcial
