Lucro sobre recintos culturales

Con lineamientos reformados, el bedollismo desatiende su protección, y mantiene una política de opacidad sobre los ingresos generados por su renta

Patricia Monreal

“Se renta para bodas”, fue la frase plasmada a modo de protesta en las baldosas del piso frente al Centro Cultural Clavijero el pasado 11 de agosto. La intervención que realizó el artista urbano Juan Maíz, le valió ser detenido por la Policía Municipal de Morelia, permanecer unas horas tras las rejas, y pagar una multa. El hecho dio pie para que reviviera el debate y la visibilización sobre la mercantilización que el Gobierno del Estado realiza de los recintos culturales en Michoacán.

La renta de este tipo de inmuebles no es nueva, empezó a cobrar auge a partir del gobierno de Lázaro Cárdenas Batel y se ha venido intensificando paulatinamente.

El propio gobernador Alfredo Ramírez Bedolla ha sido partícipe de “los bodorrios” que se realizan en el Centro Cultural Clavijero, en donde la bebida, la música, las torretas de luces, y la fiesta, se brindan copiosas a los invitados al convite.

Hoy día, con la administración bedollista, los lineamientos que norman la renta de estos espacios, han sido modificados para suprimir controles, medidas de seguridad y obligaciones para la reparación de afectaciones, simplificando trámites para que quien quiera tener un festín y tenga suficiente dinero, cuente con las facilidades para hacerlo.

La falta de transparencia en los ingresos que la renta de estos espacios generan es la permanente, los montos consignados por las autoridades en los magros reportes a los que se puede tener acceso, están por debajo de las rentas para bodas por 200 mil pesos –en el caso del Centro Cultural Clavijero- que activistas y organizaciones sociales acusan se efectúan por este tipo de eventos, privando a la sociedad de espacios públicos.

Los recintos culturales bajo la tutela de la Secretaría de Cultura del Estado son siete, ello conforme a los Lineamientos para la Administración y Fortalecimiento de los Espacios, Museos y Centros Culturales asignados a dicha dependencia que estuvieron vigentes hasta el 14 de julio de 2025, pues al día siguiente se publicó en el Periódico Oficial del Estado un nuevo ordenamiento en el que se omite enlistar cuáles son los inmuebles que regula.

La Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural de la Secretaría de Cultura tiene bajo su responsabilidad los centros: Cultural Clavijero, Antiguo Colegio Jesuita de Pátzcuaro, y Regional de las Artes de Michoacán. Bajo la responsabilidad de la Dirección de Formación y Educación está la Casa de la Cultura de Morelia. En tanto, la Dirección de Vinculación e Integración Cultural se encarga de los museos del Estado y Casa Anexa,  de Arte Colonial, y de Arte Contemporáneo Alfredo Zalce.

Otros recintos no mencionados en los lineamientos, pero que también son responsabilidad de la Secretaría de Cultura son los teatros Obrero en Zamora, y Melchor Ocampo en Morelia, conforme a los reportes financieros de ingresos de la dependencia.

Opacidad financiera

La opacidad es la lógica imperante sobre el dinero obtenido por la renta de los recintos culturales en Michoacán. Los recursos que anualmente se prevén recaudar por este concepto, no son contemplados por la Ley de Ingresos estatal de cada año.

En la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2025, la única alusión a los recursos generados en la Secretaría de Cultura (Secum) son unas líneas que dicen: “Se incluyen las inscripciones a talleres culturales en la Casa de la Cultura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 39 de los Lineamientos para la Administración y Fortalecimiento de los Espacios, Museos y Centros Culturales Asignados a la Secretaría de Cultura”.

Sobre el concepto de rentas, el Ejecutivo y el Legislativo son omisos año con año en incorporar en la referida Ley las estimaciones de los recursos a obtener por los recintos culturales, por tanto, ese dinero no es contemplado dentro de Presupuesto de Egresos del Estado para ser etiquetado a los propios recintos o bien a la Secum.

Tampoco existe una tarifa fija y pública sobre el costo para la renta de dichos inmuebles.

El secretario de Administración y Finanzas del Estado, Luis Navarro García, refirió en entrevista en agosto pasado que las rentas del Centro Cultural Clavijero generan cuatro millones de pesos al año. En 2023, el funcionario había manejado la misma cifra en declaraciones a la prensa, especificando para entonces que se había abierto una cuenta específica a cargo de la Secretaría de Cultura para tal efecto.

Las notas informativas consignaron entonces que la renta de Clavijero era de 150 mil pesos por el patio chico, y 250 mil pesos por el patio central.

Mario Alberto Ceja Morales, enlace jurídico de la Secum, declaró al periodista Francisco Valenzuela el pasado 30 de agosto, que “el patio principal de Clavijero se arrenda en 250 mil pesos y el segundo patio en 90 mil pesos, en tanto que el patio principal de la Casa de la Cultura cuesta a los particulares 150 mil pesos”, además de recibir donativos en especie.

En los reportes oficiales del Departamento de Recursos Financieros de la Secum sobre los ingresos, los números consignados van muy por debajo de la cifra dada a conocer por Luis Navarro, por lo que es una incógnita si el resto del recurso generado por ese concepto se notifica y es ingresado a las arcas públicas.

Durante el primer semestre de 2025, los informes de ingresos del Programa Fondo de Cultura, consignan montos que dan un total de 282 mil 270 pesos por el concepto de “Cuota de recuperación por uso de espacios culturales (Centro Cultural Clavijero y Casa de la Cultura Morelia)”. En enero fueron 227.2 mil pesos, en febrero y marzo 20 mil respectivamente, y en los meses de abril, mayo y junio, cinco mil pesos  en cada uno.

El monto es aún más bajo por la renta de los teatros Obrero, en Zamora, y Melchor Ocampo, en Morelia. Por ambos, durante el primer semestre del año, sólo se consignan ingresos por 55 mil 500 pesos. Se reporta más dinero por el uso de las cafeterías de la Casa de la Cultura y el Teatro Melchor Ocampo, con un total de 156 mil un pesos.

De 2024 sólo está disponible la información de los ingresos correspondientes al segundo semestre, ya que de los documentos de meses y años anteriores que la Secum está obligada por ley a publicar, los links son inservibles en el sitio para la transparencia de la dependencia.

Los cuatro millones de pesos que Luis Navarro señala se obtienen por la renta del Centro Cultural Clavijero, no aparecen en los reportes oficiales sobre los ingresos.

Los documentos oficiales del Departamento de Recursos Financieros de la Secum consignan en el segundo semestre de 2024, ingresos por tan sólo 123 mil 650 pesos en Clavijero. En julio no se consiga ingreso; en agosto y septiembre, cinco mil pesos respectivamente; en octubre, 40 mil; en noviembre, 53 mil 550; y en diciembre, 20 mil cien pesos.

En la Cuenta Pública Estatal correspondiente al ejercicio 2024, no existe alusión alguna sobre los ingresos generados por la renta de recintos culturales, la Secretaría de Administración y Finanzas la única alusión que hace sobre Clavijero, es que se le asignó un millón de pesos para una obra en la bodega.

En tanto, en el desglosado de las asignaciones presupuestales por dependencia, entregado por el Ejecutivo del Estado al Poder Legislativo durante la discusión del presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal 2024, resulta mínimo el monto de recursos destinados a la conservación de todos los inmuebles bajo la responsabilidad de la Secum.

Sin especificar el dinero destinado por edificio o recinto, a la Dirección de Producción Artística y Desarrollo Cultural se le etiquetaron 39 mil pesos para el mantenimiento y la conservación de inmuebles; a la Dirección de Formación y Educación, 366 mil 321 pesos; y a la Orquesta Sinfónica de Michoacán, 18 mil 920 pesos. Así, en 2024 el total etiquetado para la conservación de inmuebles –incluidos los recintos culturales- fue de tan sólo 424 mil 241 pesos en la Secum.

Lineamientos para el negocio

Durante la administración de Alfredo Ramírez Bedolla los Lineamientos para la Administración y Fortalecimiento de los Recintos Culturales asignados a la Secum han sido modificados en dos ocasiones, una en 2022 con Gabriela Molina Aguilar como titular de Cultura (bajo el nombre de Lineamientos para la Administración y Fortalecimiento de los Espacios, Museos y Centros Culturales), y otro en 2025, ya con Tamara Sosa Alanís al frente de la dependencia. En ambas ocasiones fueron firmados también por el secretario de Fianzas, Luis Navarro García.

En 2022 el bedollismo incluyó criterios para la mercantilización de los recintos y espacios culturales, cosa que no preveían los lineamientos que estaban vigentes anteriormente.

Frente a los cuestionamientos por la renta de los recintos culturales tras la intervención artística de Juan Maíz, y en vísperas de realizarse una protesta en el Centro Cultural Clavijero convocada para el día 30 de agosto por la Coordinadora de Colectivos, Activistas y Organizaciones Sociales de Michoacán (CCAOS), el 26 de agosto la Secretaría de Cultura respondió con un comunicado oficial y publicaciones en sus redes sociales, asegurando: “Cuidamos nuestro patrimonio cultural con responsabilidad y transparencia”.

La dependencia aludía en su comunicado a los nuevos lineamientos para “priorizar las actividades culturales y académicas sobre eventos privados, así como la protección del patrimonio histórico y arquitectónico”.

La realidad es otra, según evidencia el propio contenido de los nuevos lineamientos.

En el ordenamiento publicado el 15 de julio de 2025 en el Periódico Oficial del Estado, las autoridades dejan en claro que los cambios separan “el uso de los espacios culturales, estableciendo únicamente la regulación de los ingresos económicos y el destino de los mismos”, lo que implicó que todo lo relacionado a las responsabilidades de conservación, seguridad y cuidado de los particulares que los renten fueran suprimidos.

A diferencia de los Lineamientos publicados en 2022, los nuevos carecen de claridad sobre los inmuebles y espacios que regulan, ya que el listado de los siete recintos culturales que se enlistaban anteriormente fue borrado. En el nuevo documento no se consigna por nombre ninguno.

La definición de qué es un recinto cultural y la responsabilidad pública y social para mantener y preservar en óptimo estado todos los elementos arquitectónicos que lo conforman también fue eliminada de los nuevos lineamientos.

El Gobierno del Estado optó en el ordenamiento vigente, suprimir todos los criterios aplicables a las solicitudes de uso, como el área específica que se solicita, la justificación, la descripción del tipo de actividad que se realizará, la fecha, el horario, el público al que va dirigida la actividad, de ser el caso; el estimado de asistentes al evento o actividad; el nombre de la persona responsable de la actividad; y la presentación de identificación oficial y datos de contacto. Todos ellos previstos en los Lineamientos que fueron derogados.

También se eliminaron todos los trámites internos en la Secretaría de Cultura para la autorización de las solicitudes de uso.

Otro aspecto que fue eliminado fue la disponibilidad de uso que preveían los lineamientos del 2022 y que a la letra establecían: “La cantidad de eventos sociales de particulares tipo matrimonio, quince años o semejantes estará sujeta a la disponibilidad del espacio de acuerdo a la programación cultural del recinto”.

Además se elimina el derecho que tenía el titular de la Secum para cancelar cualquier evento, por razones de interés general para el Estado, “determinado así por el Titular del Ejecutivo, o bien si durante el desarrollo del mismo se violan las normas que regulan el recinto cultural”.

Los once artículos que regulaban las medidas de seguridad en los recintos culturales durante su uso por particulares, también fueron eliminados. Entre ellos, el uso de materiales, elementos o sustancias inflamables; la prohibición de clavar, pegar, pintar, taladrar, o realizar cualquier tipo de alteración al edificio, y la obligación de cubrir el costo total por la reparación de las afectaciones.

Aunado a lo anterior, se suprimió la prohibición de la obstrucción, con material bibliográfico, cajas vacías, mobiliario o cualquier otro tipo de elemento decorativo y/o publicitario, pasillos, áreas de descanso, salidas de emergencia, así como elementos de señalización del recinto cultural.

La protesta

El sábado 30 de agosto activistas, organizaciones, artistas y ciudadanía acudieron a la convocatoria formulada por CCAOS para una protesta artística en el Centro Cultural Clavijero contra la mercantilización de los recintos culturales.

Ahí los asistentes parodiaron con “bodorrios”, los eventos para los que suele rentarse el lugar, tocaron música, realizaron intervenciones artísticas y hablaron sobre el uso que se hace de los recintos culturales en Michoacán.

A través de un posicionamiento que fue leído durante una rueda de prensa que ofrecieron, demandaron en los recintos prioridad a la cultura y a las artes con acceso a la población en general.

Exigieron también que el uso de los espacios públicos como el Clavijero sea gestionado con un enfoque social, cultural y políticamente crítico, con accesibilidad para personas con discapacidades que incluya adecuación de infraestructura y capacitación del personal, priorizando el beneficio colectivo y libre de discriminación, así como que los creadores artísticos locales participen en la gestión de estos espacios y en la elaboración de la política cultural.

Exigieron también para el manejo y uso de los recintos culturales, transparencia.

Imagen portada: Publicación que promociona bodas en el Centro Cultural Clavijero | Fotografía: fb.com/visitmichoacan