La CIDH reveló que recursos de bancos de desarrollo europeos y centroamericanos se vincularon a la estructura criminal que la ejecutó
Leonor Solís
Ecodepresión
En enero de 2026, un nuevo capítulo de uno de los casos más emblemáticos de violencia contra defensoras ambientales en América Latina dio un vuelco significativo: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a través del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), presentó un informe que documenta con detalle la financiación detrás del asesinato de la activista hondureña Berta Cáceres, ocurrido el 3 de marzo de 2016. El hallazgo es inquietante: parte de esa estructura se sostuvo con recursos de la banca de desarrollo internacional, es decir, con fondos destinados -al menos en el discurso-, a promover crecimiento y bienestar.
Según el reporte, la estructura criminal que planificó y ejecutó su asesinato -hoy con varios condenados por la justicia hondureña-, no fue un acto aislado de violencia, sino parte de un entramado empresarial y financiero profundamente vinculado a la imposición del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca, en el río Gualcarque, territorio ancestral del pueblo Lenca.
El informe documenta que fondos provenientes de instituciones de crédito al desarrollo, entre ellas el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el banco de desarrollo neerlandés FMO, fueron desviados para financiar actividades ilegales que incluyeron vigilancia, intimidación y pagos vinculados a la estructura que terminó ejecutando el crimen. Dinero destinado a infraestructura y desarrollo terminó alimentando una red de violencia.
¿Quién fue Berta Cáceres?
Berta Isabel Cáceres Flores fue una reconocida lideresa indígena lenca y cofundadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH). Durante décadas defendió el derecho de las comunidades a decidir sobre sus territorios y denunció los impactos sociales y ambientales de proyectos extractivos e hidroeléctricos impuestos sin consulta previa.
Su oposición al proyecto Agua Zarca la convirtió en blanco de amenazas constantes. En 2015 recibió el Premio Goldman, uno de los reconocimientos internacionales más importantes para defensores ambientales. Un año después fue asesinada en su vivienda en La Esperanza, Honduras. Su muerte provocó condena internacional y abrió un proceso judicial que ha derivado en varias sentencias, aunque las responsabilidades estructurales siguen bajo escrutinio.
Bancos de desarrollo bajo cuestionamiento
Lo que el informe del GIEI expone no es únicamente una cadena de responsabilidades individuales, sino un patrón de fallas institucionales: mecanismos de supervisión débiles, advertencias ignoradas y financiamiento que continuó fluyendo pese a denuncias reiteradas de las comunidades.
El caso obliga a revisar el papel de la banca de desarrollo internacional. Estas instituciones se presentan como promotoras de crecimiento sostenible y reducción de pobreza. Pero cuando sus recursos pueden terminar vinculados a estructuras de violencia, la discusión deja de ser técnica. Se vuelve política.
La lucha de Berta Cáceres no fue una historia trunca de hace diez años, sino una alerta permanente sobre los costos humanos de los modelos de desarrollo extractivos. Su asesinato no pertenece únicamente al archivo judicial de Honduras: sigue interpelando la manera en que se financian, supervisan y legitiman proyectos en nombre del progreso.
El caso de Cáceres no es solo la historia de un crimen atroz, sino la evidencia de un modelo donde el riesgo no lo asumen quienes financian los proyectos, sino quienes los enfrentan. En América Latina se ha normalizado llamar “defensores ambientales” a personas que, en realidad, están cubriendo con sus cuerpos las fallas del Estado y del sistema financiero: no deberían ser héroes, sino ciudadanos protegidos por la ley. La región, sin embargo, sigue siendo la más peligrosa del mundo para defender la naturaleza.
El asesinato de Berta deja una pregunta que trasciende Honduras: ¿qué significa hablar de banca de desarrollo cuando sus recursos pueden alimentar estructuras de violencia? La discusión ya no es solo judicial, sino política y financiera. Obliga a preguntarnos quién asume realmente los costos del llamado desarrollo.
