En la lista de operaciones perpetradas por el Ejército Mexicano y la extinta Policía Federal está la masacre en enero del 2015 en Apatzingán
Ivonne Monreal
En la ya larga lista de cuestionables y criminales operaciones perpetradas por el Ejército Mexicano y la extinta Policía Federal (absorbida en 2019 por la Guardia Nacional), está la masacre de 16 civiles y la detención arbitraria de 44 personas en Apatzingán, municipio de Michoacán, en dos hechos acaecidos el 6 de enero del 2015.
Todo comenzó la madrugada del 6 de enero con una manifestación de civiles en las inmediaciones de la Presidencia Municipal de Apatzingán. Se trataba de miembros del G-250, un grupo de personas que a iniciativa del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto dieron la caza al narcotraficante Servando Gómez Martínez, alias “La Tuta”, líder del cártel de Los Caballeros Templarios.
El Gobierno Federal a través de Alfredo Castillo Cervantes, ex Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán y hombre de confianza de Peña Nieto, informaba al G-250 que ya no los necesitaban, que no les pagarían por la tan peligrosa misión que les encomendaron -a la que dedicaron 8 meses- y que debían entregar las armas que les habían autorizado a utilizar.
Los integrantes del G-250 no estaban de acuerdo con aquellas instrucciones, por obvias razones en el caso de la compensación económica, y por su integridad en el caso de la deposición de las armas debido a que habían dado la caza a un despiadado criminal pero su organización no estaba extinta, de ahí que podían ser víctimas de las represalias de Los Caballeros Templarios.
Los detalles, la cronología y la vista con lupa a los hechos de aquel fatídico Día de Reyes, los debemos a la periodista Laura Castellanos cuya profundización en el tema le valió el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de Periodismo de Investigación en 2016 por el trabajo “Fueron los federales”, que ese año divulgaron de manera simultánea el portal Aristegui Noticias y el semanario Proceso.
Aquella madrugada del Día de Reyes los inconformes acordaron ir desarmados a la protesta y no responder a provocaciones para que no los señalaran como delincuentes, de ahí que solo llevaban palos a excepción de 6 guardias del G-250 que portaban armas registradas pero que sostuvieron no haberlas utilizado.
Todo indica que adoptar la postura opuesta fue la instrucción recibida por parte de Fausto Eduardo Arenas Castillo y Miguel Ángel Patiño Canchola, entonces comandantes de la Policía Federal el primero, el segundo del 30/o Batallón de infantería de la 43 Zona Militar de Apatzingán.
A las 2:30 horas un primer convoy de la ex Policía Federal habría aparecido por el flanco sur del Palacio Municipal de Apatzingán, un segundo convoy ahora de militares lo habría hecho poco después por el costado norte; paso seguido iniciaría el tiroteo contra alrededor de 70 manifestantes, su persecución, golpizas y detenciones arbitrarias.
La versión gubernamental sobre el accionar policial de aquella madrugada que que los participantes del plantón dispararon sin más a los policías federales y por ende ellos reaccionaron, dicho que jamás probaron al igual que la supuesta emboscada y asalto que, sostuvieron, el mismo grupo de quejosos les habría tendido horas más tarde en lo que fue el segundo episodio de la masacre.
A la luz de los hechos
Sin el telón protector que la oscura madrugada del 6 de enero le brindaría impunidad a las maniobras de las fuerzas policiales y militares (quienes controlaron la sesgada difusión de los filmados que captaron las cámaras de video activas en torno a la alcaldía y la plaza central del municipio), el segundo hecho se desarrolló a plena luz del día, a la vista de numerosos testigos que guardaron en su memoria y en sus celulares videos e imágenes de lo acontecido.
Alrededor de las 7:20 de esa mañana del 6 de enero, por la Avenida Constitución de 1814 de Apatzingán, militares y policías federales escoltaron a las grúas que portaban los vehículos que fueron dañados por el tiroteo de la madrugada; sobrevivientes de aquel hecho sostenían que las fuerzas armadas transportaban en sus vehículos a heridos y detenidos, por lo que convocaron a familiares y amigos para intentar rescatarlos.
En los videos que se filmaron esa fecha se ve a jornaleros agrícolas, autodefensas y guardias rurales -entre ellos jóvenes y mujeres- que armados solo con palos intentaban alcanzar el convoy policial cuando fueron repelidos a tiros; se supo que la ráfaga mortífera procedía de balas expansivas y la ametralladora M-60, tras las investigaciones de Laura Castellanos.
Los civiles muertos habrían sido acribillados en la ráfaga, ejecutados a sangre fría o simplemente dejados morir desangrándose en el pavimento ya que los elementos de ambas corporaciones no habrían llamado ambulancias para socorrerlos. Una estampa de las más crudas que circularon de aquella jornada, fue la de una familia ultimada que murió abrazada entre charcos de sangre, vísceras y piel desgarrada por los proyectiles.
Otra tercera fase de irregularidades en el proceder de los cuerpos de seguridad, habría sido el traslado de víctimas a nosocomios fuera del municipio, lo mismo sucedería con heridos y detenidos, estos últimos incluso remitidos en algunos casos a penales fuera de la entidad. En una cuarta etapa de anomalías, los policías fueron señalados por alterar la escena del crimen, testigos y sobrevivientes declararon que sembraron armas largas y cartuchos junto a los cadáveres y que incluso movieron algunos de los cuerpos para dar credibilidad a su versión.
Alfredo Castillo, por toda versión oficial, atribuyó las muertes del segundo incidente al “fuego amigo”, es decir que los ciudadanos se asesinaron entre sí en el denominado “fuego cruzado” ya que la autoridad sostenía que estaban armados y que dispararon. Sin embargo, reportes médicos y necropsias revelarían que algunos heridos y muertos fueron baleados a corta distancia, es decir ejecutados.
El número total de víctimas se desconoce ya que por temor mucha gente no quiso denunciar, solo se constató el caso de 16 decesos y decenas de heridos, aunado a los 44 detenidos consignados por la supuesta portación de armas de uso exclusivo del Ejército, 43 de los cuales fueron liberados por falta de elementos 8 días después de los hechos.
¿Quién dio la orden?
A ocho años de la matanza y como se ha vuelto norma en México, no se ha fincado ninguna responsabilidad a la cadena de mandos superiores que comandaron el desproporcionado proceder de policías federales y la inexcusable inoperancia de los efectivos militares del 30/o. Batallón de infantería de la 43 Zona militar de Apatzingán.
Hasta el momento solo seis policías federales (de más de 100 que participaron en el operativo) enfrentan cargos por la probable comisión de los delitos de homicidio y, en cuatro de dichos casos también por homicidio en grado de tentativa, los cuales fueron detenidos en agosto de 2019 por la Policía Federal Ministerial dependiente de la Fiscalía General de la República, en coordinación con la extinta Policía Federal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió ese año la recomendación 3VG/2015 por violaciones graves a los derechos humanos y por uso excesivo de la fuerza por parte de la Policía Federal, lo que derivó en la muerte de seis personas -una de ellas se específica que fue una ejecución extrajudicial-. Tampoco pudo develar todo lo que ahí sucedió ya que descubrió imprecisiones en los informes policiales que recibió sobre los hechos, al igual develó que no se preservó la escena donde todo aconteció, ni la cadena de custodia de indicios, evidencias o medios probatorios; además señaló inconsistencias en los dictámenes de las necropsias y dilación en la solicitud de atención médica para los heridos.
¿Qué fue de los mandos superiores?
A solo un año de haber sido nombrado con toda pompa Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo dejó el cargo a 16 días de la masacre de Apatzingán. Tres meses después tomaba protesta como comisionado pero de Cultura Física y Deporte. Hoy está inhabilitado a desempeñar cargos públicos hasta 2031, ya que no declaró la posesión de 18.3 millones de pesos en 6 cuentas bancarias suyas y de su esposa; así lo dio a conocer la Secretaría de la Función Pública en enero de 2021.
Por su parte quien era el comandante de la Policía Federal en Apatzingán, Fausto Eduardo Arenas Castillo, tras los hechos habría sido movido al estado de Guerrero; entre los cargos que posteriormente desempeñó, fue comandante del Agrupamiento 20 adscrito a la División de Fuerzas Federales de la ex Policía Federal. En la actualidad es inspector para la Guardia Nacional.
Miguel Ángel Patiño Canchola, comandante de la 43 Zona Militar de Apatzingán se fue después de los hechos a Nuevo León, Monterrey con el cargo de comandante de la IV Región y a un año de lo ocurrido habría subido de rango a general de División Diplomado de Estado Mayor. Fue condecorado en su retiro del servicio militar en 2019.
Fuentes: Aristegui Noticias / Proceso / Reforma / CNDH
Imágenes: Patricia Monreal
