A 17 años del ataque del 15 de septiembre en Morelia, persiste la omisión de justicia del Estado Mexicano, y los responsables continúan sin ser llamados a cuentas
Patricia Monreal
Ese lunes pasaban de las 23 horas cuando desde el balcón de Palacio de Gobierno, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel, tocaba la campana tras haber emitido el tradicional grito de independencia. Fue entonces que las explosiones sobrevinieron confundidas con el tronar de los juegos pirotécnicos.
Las 30 mil personas congregadas en el centro moreliano no cayeron en cuenta de la tragedia tras la primera explosión en la plaza Melchor Ocampo, fue hasta la detonación sobre la avenida Madero contra esquina de la calle Quintana Roo cuando el desconcierto, caos y terror sobrevino en la mayoría.
A 17 años de lo que se consideró el primer atentado terrorista del México contemporáneo, la justicia es la gran ausente. Hoy la impunidad es la única certeza sobre razones y responsables del hecho ocurrido en el corazón de Morelia el 15 de septiembre de 2008. El Estado Mexicano ha sido omiso para esclarecer lo ocurrido.
Los mil 500 elementos de seguridad -incluidos castrenses- que había en el lugar, no fueron suficientes para evitar el hecho, ni para lograr la detención expedita de alguno de los ejecutores. Los reportes acerca de la detención inmediata de los responsables, quienes habrían sido liberados minutos después, jamás se investigaron, y el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa optó por la construcción de su verdad histórica, inculpando a tres hombres que, con el paso de los años y luego de batallas legales, obtuvieron su libertad al demostrar ser víctimas de un montaje, sujetos a tortura y obligados a inculparse con una versión construida por el Estado Mexicano.
El acceso a la justicia por los atentados del 2008 en Morelia, no ha estado en el radar de las autoridades mexicanas, mismas que a través de la Comisión federal Ejecutiva de Atención a Víctimas, hasta el 2020 reconocieron como víctimas a algunas de las personas afectadas por los hechos, sólo a aquellas que inicialmente estaban incluidas en la averiguación penal que se levantó.
María de Jesús Vázquez Silva tuvo que dar batalla legal -luego de años de procedimientos quirúrgicos y padecer la amputación de su pierna- para ser reconocida como víctima, ya que su nombre fue omitido por el Ministerio Público en la carpeta de investigación sobre los hechos del 15-S debido a que fue trasladada a un hospital privado, pues las autoridades se concentraron sólo en las víctimas que fueron ingresadas en los nosocomios públicos.
A diferencia de otros casos emblemáticos de violencia ocurridos en México, éste no ha sido prioritario en la agenda Federal, no se ha generado ninguna comisión especial para su esclarecimiento.
Fue hasta el 2022 cuando la Comisión Ejecutiva Estatal de Víctimas (CEEAV) solicitó a la Fiscalía General de la República, la reactivación de las investigaciones del proceso penal 254/2008.
El documento dirigido al Fiscal General, Alejandro Gertz Manero, recordaba que derivado de los atentados con granadas de fragmentación, se inició la Averiguación Previa número AP/PGR/MICH/M-1/637/08, instruida en contra de quien resulte responsable por la comisión del delito de Violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.
Días antes de los atentados las autoridades estatales habían recibido amenazas de bomba para la ceremonia del grito de independencia y para el desfile del 16 de septiembre, pero como el 80 por ciento de las llamadas a los números de emergencia son falsas, simplemente decidieron incrementar un poco el número de policías.
El primero, ocho y 12 de septiembre a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado se comunicaron presuntos sicarios para advertir de diversos atentados y pedir que se protegiera a civiles, especialmente niños, sin embargo el comunicado oficial para poner en alerta a todo el estado se envió después del mediodía del 15 de septiembre, diez horas antes del hecho.
En el oficio SPM2572008 remitido por Froylán León Martínez, secretario particular del procurador, a los subprocuradores de Lázaro Cárdenas, Zitácuaro, Apatzingán, Zamora, Uruapan y Morelia, se giraron instrucciones no para que se protegiera a la población de las amenazas, sino al personal de la procuraduría y los edificios.
Por los atentados fallecieron Elisa Guerrero García, Leticia Tapia Guerrero, María del Pilar Navarro Mendoza, Gloria Álvarez Bautista, Alfredo Sánchez Torres, Martha Elena Quintero Brambilia, Juan Antonio Ríos Pescador y el niño Ángel Uriel Herrera García; mientras que más de un centenar de personas resultaron heridas. Algunas de ellas, debido a las secuelas han sufrido complicaciones por las que tras años de afectaciones acabaron perdiendo la vida, el caso más reciente, el de Rita Alvarado Trejo.
Ese 15 de septiembre los integrantes de Antorcha Campesina que mantenían un plantón permanente en la plaza Melchor Ocampo se habían ido a descansar para que los festejos del grito se realizaran sin contratiempos, ese día, los trabajadores de la Secretaría de Salud que permanecían en huelga, trabajaron para atender a los heridos que llegaban a los hospitales dependientes del gobierno estatal.
La incertidumbre y sensación de desamparo se apropiaría entonces de la ciudad; las autoridades se verían rebasadas por los hechos, y la ciudadanía empezaría a transitar por escenarios en donde las amenazas, la certeza de la vulnerabilidad, la convivencia con elementos de seguridad por avenidas y calles, y los atentados a mano armada se volverían hechos comunes.
Tras conocerse que en la tierra natal del presidente, se había suscitado un ataque a la población civil con granadas de fragmentación, en la Ciudad de México fue convocada una reunión urgente en Los Pinos; ahí el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa aseguró categórico que los culpables serían castigados.
La Procuraduría General de la República atraería el caso a través de la delegación en Michoacán, en la que con pocas semanas en el cargo, su titular Rolando López Villaseñor sería cesado once días después, el 26 de septiembre, un día después que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) presentó a los presuntos responsables, «integrantes de la organización criminal de Los Zetas».
Se trató de Juan Carlos Castro Galeana, Julio César Mondragón Mendoza y Alfredo Rosas Elicea, que según las autoridades, fueron capturados por un comando especial enviado desde la Ciudad de México por la Subprocuraduría, directamente a Apatzingán.
La autoridad federal distribuiría videos con las confesiones de los presuntos responsables, con evidentes signos de tortura.
Dentro del juicio de amparo indirecto 73/2015 y su acumulado 75/2015 promovido por Alfredo Rosas Elicea promovido contra su detención arbitraria y la tortura a la que fue sujeto junto con Galeana y Mondragón para implicarlos por el Gobierno Federal como responsables de lo ocurrido, se da cuenta de la intervención del general de división retirado, Mario Arturo Acosta Chaparro para armar la trama que permitiera a la federación argumentar resultados en la investigación.
Entre los elementos presentados dentro del juicio de amparo, se consignan pasajes de la investigación periodística realizada por Anabel Hernández, y que publicara vía Grijalbo en 2013 bajo el título México en llamas, el legado de Calderón.
La periodista consigna cómo tras los atentados, el entonces secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, encomendó a Acosta Chaparro hacerse cargo del asunto. Al llegar a Morelia el 16 de septiembre, el general “se entrevistó rápidamente con un soldado que era miembro de la secta Luz del Mundo. Gracias a él dieron rápidamente con los dos hombres más buscados del momento: Nazario Moreno González, a quien el gobierno federal identifica como ‘El Chayo’, aunque sus seguidores lo llaman ‘El Pastor,’ y José de Jesús el Chango Méndez”.
Ignacio Mendoza Jiménez, quien para 2008 se desempeñaba como subprocurador de Morelia en Michoacán, ha señalado que las granadas lanzadas ese 15 de septiembre, las fabricó el Ejército Mexicano y fueron robadas por un cabo del 27 batallón, en Iguala, Guerrero, un mes antes de los atentados, línea de investigación que no ha sido explorada.
Hubo otros sujetos que inicialmente fueron detenidos, eso ocurrió de manera inmediata tras los atentados, pero fueron liberados también de forma inmediata en la propia plaza Melchor Ocampo, mientras prevalecía el caos. El reporte confidencial 08MEXICO2808_a, elaborado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA por sus siglas en inglés) y que forma parte de los miles de documentos internos del gobierno estadounidense, hechos públicos por WikiLeaks da cuenta de ello.
El informe fue turnado a la Secretaria de Estado norteamericano, concretamente al Comando Sur de los Estados Unidos en Miami y está fechado el 17 de septiembre de 2008, a las 19:57 horas.
“Los elementos de aplicación de la ley de la embajada informan que varias personas arrestadas inmediatamente después de los ataques ya han sido puestos en libertad y que los contactos de la policía no reportan pistas sólidas. Mientras que los líderes políticos de todo el país han cerrado filas por el momento, condenando los ataques y pidiendo una acción rápida contra los perpetradores, es probable que se produzcan señalamientos en los próximos días”.
La versión oficial fue que, mediante una llamada anónima, que se recibió a las dos de la tarde del 24 de septiembre de 2008 recibida en la Unidad contra el Terrorismo, una persona con voz masculina con acento norteño, informó que quería denunciar a las personas “que aventaron las granadas en Morelia el 15 de septiembre, porque lo que hicieron no tiene madre”, dando los pormenores del lugar en que los tres hombres fueron localizados amarrados y golpeados presuntamente por compañeros delincuentes.
Dos meses después, las esposas de los detenidos hicieron público que “fueron levantados en Lázaro Cárdenas, en diferentes domicilios y días”, y que después “de varios días de torturarlos los entregaron a las autoridades”. Ninguno de ellos estuvo en Morelia el día que ocurrieron los atentados.
Luego de casi siete años en prisión, tras comprobarse que Juan Carlos Castro, Julio César Mondragón y Alfredo Rosas fueron objeto de detención arbitraria y víctimas de tortura para autoincriminarse, fueron liberados, y las omisiones y abusos de las autoridades para fabricar culpables quedaron evidenciadas.
