En 2009, Baltazar Gaona fue inhabilitado por la ASM, pero siguió como alcalde por vacíos legales, generando disputa política y jaloneos jurídicos
Redacción
Entre febrero y septiembre de 2009, la LXXI Legislatura de Michoacán analizó el caso del alcalde de Tarímbaro, Baltazar Gaona Sánchez, nombrado por sus seguidores como “El Lobo de Cotzio”, quien fue inhabilitado por la Auditoría Superior de Michoacán (ASM) por irregularidades financieras cometidas durante su primera administración municipal (2002–2004). El asunto derivó en una intensa controversia política y jurídica al interior del Congreso.
Desde el inicio, PAN y PRI coincidieron en que el caso debía resolverse conforme a la ley y sin politización, mientras que legisladores del PRD manifestaron abiertamente su respaldo al munícipe y cuestionaron el actuar de la Auditoría. El entonces diputado perredista, Iván Madero Naranjo, acusó a la ASM de haber hecho público el caso antes de notificar a la Comisión Inspectora, señalando una posible fuga de información y falta de ética profesional.
En respuesta, la titular de la Auditoría, Verónica Mendoza Torres, negó cualquier irregularidad y sostuvo que el procedimiento ya estaba firme, por lo que la información dejó de ser reservada. Defendió el carácter técnico y legal del expediente y rechazó que existieran motivaciones políticas en la actuación del órgano fiscalizador.
El Congreso descartó un juicio político contra Gaona al no existir elementos legales para ello. El presidente de la Comisión Inspectora, Eduardo Villaseñor Meza, aclaró que se trataba únicamente de una inhabilitación administrativa y explicó que la Ley de Fiscalización no contempla el supuesto de que un alcalde en funciones sea sancionado por hechos de una gestión anterior. Esta laguna legal permitió que Gaona continuara en el cargo, protegido por el fuero constitucional, aunque impedido para ocupar cualquier otro puesto público.
La resolución incluyó un crédito fiscal superior a cuatro millones de pesos, la obligación de resarcir cerca de dos millones, sanciones económicas adicionales y una inhabilitación por tres años. Tanto Gaona como otros exfuncionarios debían cubrir pagos que iban de los 53 mil a los 168 mil pesos. El ayuntamiento tenía como plazo hasta mayo para iniciar el trámite administrativo correspondiente e informar a la ASM.
Gaona promovió diversos recursos legales, entre ellos un juicio de nulidad que perdió y una inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Tanto la Auditoría como el Congreso cuestionaron la intervención de dicho Tribunal al considerar que carecía de competencia y que su actuación sólo buscaba dilatar el proceso, advirtiendo que el caso podría prolongarse varios años si llegaba a instancias federales.
Finalmente, pese a las impugnaciones y al respaldo político del PRD —que calificó el caso como motivado por el contexto preelectoral—, la Auditoría y el Congreso insistieron en la obligación de resarcir el daño patrimonial. El caso se mantuvo como una situación inédita, al ser el propio alcalde en funciones el sancionado y, al mismo tiempo, la autoridad responsable de ejecutar la restitución, colocándolo en una condición de juez y parte.
Como integrante de la LXX Legislatura, destacó por una frase que emitió durante un debate parlamentario, al señalar: “Si hubiera una ley que castigara con la muerte la corrupción, todos estaríamos muertos»
En diciembre de 2018, poco después que su hijo Baltazar Gaona García asumiera por primera vez funciones de diputado local, “El Lobo de Cotzio” con sus seguidores, irrumpió en el Salón de Sesiones del Congreso para arrojar dinero a los diputados mientras los tildaban de corruptos.