Ante su incapacidad de fincar responsabilidades por las vías legales a las irregularidades del silvanismo el bedollismo ha optado por la guerra sucia
Patricia Monreal
En Michoacán el martes 24 de enero pasadas las seis de la tarde, a los celulares de jefes de información de medios de comunicación locales –y a algunos reporteros- llegaba un mensaje alertando que en el municipio de Lagunillas elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaban un cateo en un rancho propiedad del exgobernador Silvano Aureoles Conejo.
La alerta proveniente de las oficinas del Gobierno del Estado, fue acompañada por un video. Ambos serían replicados de manera inmediata: “Ejército Mexicano catea mansión de Silvano Aureoles. Información preliminar apunta a que los elementos castrenses arribaron a la propiedad ubicada en la localidad de ‘Las Joyitas’. En las primeras inspecciones se encontraron bóvedas blindadas llenas de dinero”.
La maquinaria para la guerra sucia del gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se había echado a andar.
Ante la incapacidad de fincar responsabilidades por las vías legales al cúmulo de irregularidades registradas durante la administración de Silvano Aureoles Conejo –de las que han dado cuenta investigaciones periodísticas y los propios órganos de fiscalización y control-, el bedollismo optaría por la guerra sucia y con ello robustecería el discurso del Aureoles como perseguido político.
La información empezó a correr en medios de comunicación operados desde el Gobierno bedollista, uno de ellos Infórmate Michoacán, que fue el primero en dar a conocer la noticia, incluyendo fotografías del lugar.
Al amparo de los convenios de publicidad con el Gobierno del Estado, bajo la promesa de pago a futuro o incluso en la perspectiva de obtener likes, sin verificación de por medio portales informativos y medios de comunicación replicarían la noticia atribuyendo de inicio a Aureoles la posesión del referido rancho.
La narrativa pretendida por el Ejecutivo Estatal resultaba por decir lo menos, bizarra: En un rancho relacionado con Silvano Aureoles, que en realidad sería propiedad del auditor Superior del Estado se operarían secuestros y hay bóvedas llenas de dinero, con lo que se evidenciaría el enriquecimiento ilícito de ambos personajes.
La información proveída por Gobierno del Estado la tarde-noche del martes, era que a partir de un reporte al C5i sobre un secuestro, personal de la Sedena y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública acudieron al rancho Las Joyitas, en donde se detectaron bóvedas llenas de dinero.
Por la mañana del 25 de enero el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó el cateo al rancho: “Hubo reporte en el C5i por un presunto hecho delictivo, se ingresó a la propiedad y lo que llamó la atención fue un vehículo con presunto hecho ilícito”.
Cabe apuntar que la orden de cateo expedida por un juez se emitió el miércoles por la noche, es decir, horas después de la declaración dada por el mandatario y luego de un día de efectuado el operativo.
Fue hasta el jueves 26 cuando legalmente se realizó el cateo al rancho a partir del referido mandato judicial.
Tras estallar la noticia, el martes por la noche al rancho Las Joyitas se apersonó Valentín Rodríguez Gutiérrez -empresario aguacatero y político de larga data en Michoacán- quien confirmó que el inmueble era de su propiedad, acusó un allanamiento ilegal y adelantó que promovería una denuncia al respecto.
Como empresario, Valentín Rodríguez ha procurado su cercanía con los grupos de poder en Michoacán, en noviembre de 2021 recibió a Alfredo Ramírez Bedolla en Lagunillas para inaugurar la planta El Romeral Pro Avocado
Silvano Aureoles Conejo ese mismo martes se deslindaría de la propiedad del inmueble, primero a través de un post en sus redes sociales y luego con un video en el que acusó persecución política, prodigando al mandatario michoacano el mote de “Juanito Bedolla”.
Por la noche de ese mismo día, otros mensajes fueron enviados por Gobierno del Estado a periodistas. El formato era de nota informativa para su publicación inmediata: “Escoltas de Silvano resguardaban Rancho Las Joyitas. La propiedad del Rancho Las Joyitas, en el municipio de Lagunillas, estaba resguardada por tres escoltas de la Secretaria de Seguridad Pública de Michoacán (SSP), adscritos al mando del ex gobernador de Michoacán Silvano Aureoles Conejo. De acuerdo a la información proporcionada, los elementos de nombre Juan Carlos H. Humberto T y Lourdes G, se encontraban en la propiedad al momento del operativo”.
La información iba acompañada del oficio de asignación, fechado el 14 de febrero de 2022.
Con ello el Gobierno del Estado involucraba a personal de su Secretaría de Seguridad Pública en presuntas actividades delincuenciales, sin aclarar la falta de control y supervisión de la dependencia sobre sus propios elementos.
Para el miércoles 25 la narrativa gubernamental continuaría, el propio Alfredo Ramírez desestimó lo dicho por Valentín Rodríguez sobre su propiedad del rancho, asegurando que aún no estaba claro de quién era el inmueble.
La razón se conoció minutos después, nuevamente de chats de whatsapp provenientes de Gobierno del Estado se recibieron mensajes para su publicación: “Esposa de Auditor de Michoacán, dueña del Rancho Las Joyitas. El Rancho Ojo de Agua Las Joyitas, que fue involucrado en un operativo y presunto cateo la tarde de este martes, es propiedad de Patricia Orozco Cortés, esposa del actual auditor Superior de Michoacán, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda”.
Los mensajes eran acompañados por la copia de un documento de la Secretaría de Finanzas del Estado, de la declaración del impuesto sobre adquisición de inmuebles a nombre de Patricia Orozco Cortés, esposa de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, titular de la Auditoría Superior de Michoacán.
Asimismo de distribuyó un certificado de registro catastral emitido el mismo día en que se difundió -25 de enero de 2023- a fin de posicionar la versión de que el rancho Las Joyitas era propiedad de Aguirre Abellaneda.
Una vez más desatendiendo todo rigor periodístico, la información se replicaría en los términos planteados por el Ejecutivo Estatal.
A partir de los documentos circulados por el propio Gobierno del Estado, puede verificarse que el inmueble propiedad de Patricia Orozco y el rancho cateado son sitios diferentes, a 844.05 metros uno del otro en el municipio de Lagunillas.
El certificado del registro catastral, consigna que en la propiedad de Patricia Orozco es rústica, tiene un valor de ocho mil 47 pesos, y carece de construcción.
Ese mismo miércoles Miguel Ángel Aguirre Abellaneda en compañía de reporteros realizó una visita al terreno propiedad de su esposa para mostrar que se trataban de un inmueble diferente al rancho cateado. Ahí anunció que promovería una demanda por difamación.
En la guerra sucia instrumentada, la pretendida implicación de Miguel Ángel Aguirre Abellaneda con el rancho cateado no es inocente.
La titularidad de la Auditoría Superior de Michoacán es un espacio de interés para Alfredo Ramírez Bedolla quien busca que ese espacio sea ocupado por un amigo de infancia a quien logró colar como auditor Especial de Normatividad en el órgano fiscalizador cuando él aún era gobernador electo: Marco Antonio Bravo Pantoja.
Ante la imposibilidad de remover del cargo a Aguirre Abellaneda por las vías legales, la Auditoría Superior de Michoacán ha sido objeto en los últimos meses de una embestida política para presionar la salida de su titular.
En diciembre pasado Michoacán se convirtió en el primer estado de la República en retroceder al retirarle la autonomía financiera a la Auditoría.
El siguiente paso en la estrategia gubernamental, sería la guerra sucia.
