Las dudas sobre la deuda contratada por Silvano Aureoles para la construcción del C5i persisten aún y cuando la actual administración anunció en 2022 que se había logrado cancelar el empréstito.
Patricia Monreal
En Michoacán las dudas sobre la deuda contratada en el gobierno de Silvano Aureoles Conejo para la construcción del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5i) persisten aún y cuando la actual administración estatal anunció en 2022 que se había logrado cancelar el empréstito.
El anuncio hecho por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla el abril del año pasado, no se vería reflejado en los estados financieros del estado, en donde no existieron variaciones en el monto de la deuda estatal de largo plazo entre 2021 y 2022.
En el caso permanece también pendiente la resolución que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha tardado en emitir sobre una controversia constitucional promovida por el Silvano Aureoles por la deuda que el Congreso le aprobó a modo el día en que la LXXIII Legislatura concluyó funciones.
La construcción del C5i es uno de los casos emblemáticos de presunta corrupción en el gobierno de Silvano Aureoles, en donde a través de una empresa fantasma se dio vida a una obra que ha sido calificado como “un elefante blanco” por el actual gobernador.
La controversia
La controversia 112/2021 fue presentada en 2021 por Silvano Aureoles, es contra la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por negarse a inscribir en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de las Entidades Federativas y Municipios, la deuda de 1.6 mil millones del silvanismo.
El entonces titular del Ejecutivo Estatal determinó controvertir el oficio 351-A-PFV-01249 del 24 de agosto de 2021 de la Secretaría de Hacienda por el que se determinó el desechamiento del trámite de inscripción en el Registro de la asociación público-privada conformada por el Gobierno del Estado y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. hasta por la cantidad de mil 621 millones 967 mil 364.46 pesos para la construcción del C5.
También controvirtió el Decreto por el que se emitió la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016, en específico sus artículos 13, concerniente al Reglamento del referido Registro.
Año y medio ha transcurrido desde la querella promovida, sin que la Corte emita un fallo al respecto, lo que deja en una situación de indefinición la que fuera una polémica deuda contratada por el silvanismo, que a la larga derivaría en observaciones de los órganos de fiscalización por las irregularidades detectadas en la obra realizada con los recursos contratados.
Deuda de último momento
A la mitad de su sexenio, y en víspera de que concluyera labores la LXXIII Legislatura del Congreso del Estado, Silvano Aureoles turnó al Congreso una iniciativa para que los diputados le autorizaran contratar un empréstito por mil 740 millones 725 mil pesos.
Debido a que Morena había logrado mayoría para la siguiente legislatura, el entonces mandatario quiso asegurar con la saliente la autorización. Tiempo después comprobaría que la mayoría guinda no era impedimento para continuar endeudando al estado.
Entre protestas contra más endeudamiento, la LXXIII Legislatura celebró su última sesión de Pleno el 13 de septiembre de 2018, en donde aprobó la deuda solicitada por el Ejecutivo.
La autorización fue para que ese dinero se destinara a la construcción del C5 a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, así como su equipamiento.
El decreto 653 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado al día siguiente de su aprobación, en él se autorizaba la contratación de los 1.7 mil millones de pesos para “gastos y costos relacionados con la contratación del proyecto, para la contratación del servicio de conectividad, monitoreo de seguridad y de radiocomunicación como solución integral de enlace para el Estado de Michoacán de Ocampo, bajo la modalidad de asociación público-privada”.
Para 2019 el Gobierno del Estado contrató los servicios de la SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. a través del convenio CAPP-SSP-LP-APP01/2019 con el que se constituía una Asociación Público Privada para la realización de la obra.
SPE Michoacán Seguro, es una empresa fantasma de la que no existía referencia alguna, hoy día incluso su sitio web oficial se encuentra vacío, sólo con la carátula de presentación.
En los documentos firmados con la administración estatal consignaba su dirección en Bosques de Alisos, 45B, en Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México, edificio que alberga oficinas del Banco Finterra, de ING Banco, Bracsa de México, entre otras.
Los datos de SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. dentro del Registro Federal de Contribuyentes de la Secretaría de Hacienda, refieren su inicio de operaciones el 11 de diciembre de 2019, es decir, el mismo año que firmó contrato con el Gobierno del Estado.
Las irregularidades sobre la obra del C5, salieron a relucir en el informe sobre la fiscalización de la cuenta pública estatal de 2019 realizada por la Auditoría Superior de Michoacán, en donde efectuó una auditoría especial a la partida presupuestal 61212 de la Secretaría de Seguridad, referente a edificaciones para la Seguridad Pública, Policía y Tránsito, respecto a la Asociación Público Privada (APP) contratada para el C5.
En total fueron tres las observaciones preliminares de las que dos fueron ratificadas, determinando la falta de cumplimiento de la inscripción en el Sistema del Registro Público Único, del contrato celebrado por el Gobierno Estatal y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V. Asimismo la auditoría determinó incumplimiento por la construcción del C5.
En su primer informe semestral de 2021, en su apartado sobre presuntas irregularidades, la ASM reiteró el señalamiento de la omisión en el Registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios, “del contrato número CAPP-SSP-LP-APP01/2019, celebrado Bajo la Modalidad de Asociación Público-Privada por el Gobierno del Estado de Michoacán de Ocampo y SPE Michoacán Seguro, S.A. de C.V., Incumplimiento por la Construcción del C5”.
Elefante blanco
Cuando en 2021 inició funciones el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, uno de los primeros puntos de revisión se enfocó al C5, en donde se detectó que la inversión realizada para su construcción, en realidad sumó cinco mil 600 millones de pesos.
“Tienen mil 160 cámaras de vigilancia sin operar y 744 pendientes de instalar. Además, en algunos municipios fueron instaladas, a pesar de no existir fibra óptica para su conectividad”, reportaba el gobierno bedollista.
Las irregularidades iban más allá, casi la mitad de los arcos carreteros instalados en Michoacán para tomar fotografías de placas vehiculares eran infuncionales debido a que las pantallas se encontraban dañadas o apagadas impidiendo la visibilidad.
Además, el edificio central carecía de aire acondicionado, y en temporada de lluvias se formaban goteras y con ello, riesgo de afectación a los sistemas de cómputo.
