Familiares de víctimas de feminicidio alertan de candidatos en la elección del Poder Judicial que han afectado el acceso a la justicia para las mujeres
Patricia Monreal
“Todo ha sido una avalancha de corrupción, el caso de mi hija ya lleva prácticamente tres años que han sido estar luchando contra las instituciones”, señala Eduardo Santamaría, padre de Frida, asesinada a sus 24 años de edad el 18 de junio de 2022 en el municipio de Sahuayo.
“Con el juez vemos ahora esta parte que ya no es tan neutral, y nos deja a nosotros como víctimas desamparadas en el tiempo que nos corresponde para la ampliación de la investigación”, apunta Liz Rangel, madre de la niña Sofía Paque, de dos años y medio, víctima de feminicidio en el municipio de Tarímbaro.
Es jueves y los familiares de Frida y Sofía dan una rueda de prensa acompañados de Sofía Blanco, de la Colectiva Feminista MAPAS. Lo hacen para visibilizar los nombres de jueces y ministerios públicos que han intervenido en ambos casos afectando su acceso a la justicia, esos que hoy se han postulado en la elección extraordinaria del Poder Judicial y que buscarán el voto popular para ser jueces o magistrados.
La indignación y rabia tras conocer los listados de candidatos elaborados por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Michoacán es mayúscula al encontrar en ellos a quienes consideran responsables de negligencia y corrupción en los casos de Frida y Sofía.
Eduardo Santamaría y Patricia García, padres de Frida, y Liz y Francisco Rangel, madre y tío de Sofía, vestidos de negro, exigen una revisión y remoción de los candidatos a jueces y magistrados que han afectado ambos casos.
“Recordamos que en el caso de Frida Santamaría García, el juez de Jiquilpan Mario Sotelo y el magistrado Armando Pérez Gálvez, aceptaron el juicio abreviado con varias irregularidades, entre ellas reclasificar el caso de feminicidio a homicidio culposo sin justificación y dejar en libertad condicional a Juan Paulo N, presunto feminicida; suceso que anteriormente hemos señalado fue orquestado por el ahora exfiscal Jorge Alberto Camacho, quien intervino en el caso de manera abrupta y quien ahora se investiga por presunta corrupción y fraude”, señalan en un comunicado.
Y agregan: “En el caso del feminicidio de la niña Sofía Paque, el juez Félix Francisco Cortés, no ha garantizado el debido proceso ni a un juicio con perspectiva de género, ya que ha negado al asesor victimal y a la propia Fiscalía los tres meses de extensión de la investigación complementaria, lo que deja en desventaja a la familia víctima indirecta del feminicidio frente a la presentación de nuevas pruebas que permitan conocer las causas que dieron lugar al asesinato de la pequeña Sofy”.
Otro nombre que se incorpora a la lista de servidores públicos que hoy son candidatos y que estuvieron involucrados en estos casos, es el de Mario Basurto que quiere ser juez. Él intervino como Ministerio Público en Sahuayo en el caso de Frida y también es señalado por las víctimas indirectas.
“Ha sido bastante complicado, puesto que hemos topado con un corrupto desde el Ministerio Público de Sahuayo, luego el juez de Sahuayo, luego el fiscal en Morelia, luego el magistrado en Morelia”, apunta Eduardo Santamaría quien reconoce sentir rabia e impotencia de que esas personas estén postuladas para cargos públicos.
“Eso nos dice el tipo de gobierno que estamos teniendo, la corrupción que está ahorita y que va a estar más adelante, porque al final se van a prestar para que sigan siendo corruptos”, agrega.
Francisco Rangel apunta que en el caso de su sobrina Sofy, pareciera que el juez Félix Francisco Cortés tiene prisa por irse de campaña, por lo que se ha negado a la ampliación para la investigación complementaria.
“Se solicita que nos dé tres meses más a los que tenemos derecho y ahí es donde el juez dice ‘no’, y considera la cantidad de pruebas insuficientes para ampliar el plazo. La defensoría de la persona que está involucrada (como presunto responsable) cambió, es un exministerio público, y mágicamente ahora todo cambia, el juez nos niega esta parte, pareciera más apresurado para terminar el proceso en tres meses, parece que quiere irse de campaña de manera libre y tranquila”.
Aunque el llamado es para que se revisen los listados de candidaturas y se quite a quienes han afectado los procesos de acceso a la justicia, las perspectivas son pocas, los familiares de Frida y Sofía saben que los intereses políticos y las complicidades son una realidad que atenta contra las víctimas.
Cuestionan también la indolencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, particularmente en el caso de Frida Santamaría. Patricia García recuerda la única reunión que sostuvieron con el mandatario en donde hubo promesas pero ningún resultado.
“Nada más nos hizo decepcionarnos más, habló y prometió como todo mundo promete, ahí Sofía (Blanco) comentó algo del campo algodonero (en Chihuahua, icónico en México sobre desapariciones de mujeres y feminicidios) y él no tenía ni idea del tema. Me preguntó cuántos años le daría yo al presunto asesino de mi hija, y le dije ¿cuántos años le daría usted si fuera su hija?, inmediatamente se volteó y no dijo nada”.
Eduardo Santamaría abunda: “El gobernador Bedolla dio de largo… le dio carpetazo al caso de Frida respecto a que le pudieras pedir apoyo, incluso lo enfrentamos una vez que vino a Jiquilpan, lo enfrentamos otra vez que vino a la Universidad de Sahuayo, y ahora la última vez que acaba de venir a Sahuayo un día antes borraron el mural que le habíamos hecho a Frida”.
Imagen portada: Mural en memoria de Frida Santamaría que fue borrado el día previo a la última visita del gobernador a ese lugar | Fotografía: Cortesía MAPAS
