No se puede decir que el ahora rebautizado “Jalo por la lectura” constituya una política pública, para ello, hay múltiples razones
Según el Gobierno del Estado, el “Jalo Fest” es una política pública, y así se ha plasmado en uno o dos de los múltiples comunicados que se distribuyen prácticamente a diario desde la oficina de comunicación social.
Dejando de lado que el término Jalofest se acuñó en Puebla en 2019 para un «festival neón de música urbano pop» organizado por particulares y que en un principio el gobierno trató de denominar su actividad como “Festival Jalo”, pero ese nombre no jaló, lo que llama la atención es la falta de conocimiento que tiene el Ejecutivo de lo que es una política pública y lo que no.
Más que una política pública, diera la impresión de que se trata más bien de una ocurrencia que se ha ido improvisando en el camino, un poco como la ruta del Tren Maya, pero peor, ya que no existe un diseño que se pueda consultar públicamente de esta “política”, su costo no está incluido en el presupuesto de egresos del gobierno ni de la dependencia que lo organiza y mucho menos se ha transparentado. Los conciertos se han ido anunciando paulatinamente, como si no existiera la certeza de cuántos serán en total y cuál será la dinámica en cada caso.
Esto quedó en evidencia desde el principio, cuando se solicitaron artículos de despensa a cambio de los boletos, que más tarde se entregarían a damnificados del huracán Otis en Guerrero, pero se pidieron antes de que el huracán ocurriera ¿Tenemos un gobierno tan visionario que está enterado de los fenómenos naturales que depara el futuro o fue solo un golpe de suerte?
Independientemente de ello, no se puede decir que el ahora rebautizado “Jalo por la lectura” constituya una política pública, y entre múltiples razones, podemos destacar las más evidentes:
1. Las políticas públicas deben ser consultadas con la población; si no, no son públicas
El concepto de política pública va de mano con el de democracia, se compone de una serie de acciones encaminadas a resolver un problema de la agenda pública y en ella interviene el gobierno, pero también la sociedad civil, ya sea a través de grupos de ciudadanos -activistas, religiosos, académicos, vecinales, o de cualquier otro tipo-, o como individuos. De otro modo no sería política pública, sino gubernamental.
No son decisiones que toma una sola persona, sino que provienen de la acción de múltiples actores, y particularmente tiene que estar involucrada la población destino de esta política. En este caso, los “jóvenes”, tanto los asistentes a los conciertos -que van por ahí de su segunda o tercera juventud-, como los supuestos individuos violentos que se busca apaciguar con un libro, aunque no queda muy claro a cuál de estos dos grupos poblacionales se dirige la supuesta política, pero independientemente de ello, no se consultó a ninguno de los dos.
2. Las políticas públicas se componen de etapas
En la década de los 50, Harold D. Lasswell, un politólogo estadounidense, publicó The policy sciences: recent developments in scope and method (Las ciencias de la política: desarrollos recientes en alcance y método), donde define este ciclo, que se iría nutriendo por especialistas a lo largo de los años.
El ciclo de la política pública se compone por: determinación de la agenda-diseño-implementación y evaluación. Al ser un ciclo, de la evaluación se vuelve a la agenda, para seguir su ruta hacia el diseño y la implementación, en un continuo.
Es difícil imaginarse que el Jalofest pasó por este proceso, pues aparentemente se diseña al tiempo que se implementa, no ha sido evaluado y tampoco partió de una agenda pública, lo que nos lleva al siguiente punto.
3. Una política pública atiende un problema público
¿Cuál es el problema público que se espera atender? ¿Será la necesidad de un grupo poblacional de ir a conciertos gratis? Se intenta hacer creer, en este punto, que lo que se busca remediar con esta actividad es la violencia, aunque el presupuesto para este festival emana, supuestamente, del Instituto de la Juventud, por lo que en teoría tendría que atender algún problema que afecte particularmente a los michoacanos de este sector, al que pertenecen por cierto los músicos que se presentaron gratuitamente antes del concierto de Caifanes, a los que no se les pagó ni un peso, o los que conformaron lo que el gobierno llamó “flashmob” (también erróneamente, pero esa es otra historia).
Para que un problema pueda considerarse público, de acuerdo con Luis Aguilar Villanueva, debe afectar a la sociedad en su conjunto o bien a un sector considerable de ella, pero además la propia sociedad debe concebirlo como tal.
¿Realmente genera un problema a la sociedad que los jóvenes no lean? ¿Que no lean qué? ¿Ellos lo conciben así? ¿La violencia en Michoacán es una consecuencia de que los jóvenes no tengan libros o de que no vayan a conciertos, o de que la gente necesitada no tenga cobijas, o de que haya huracanes en estados vecinos?
4. Carece de objetivos y metas medibles
En México, desde 2013 el Sistema de Evaluación de Desempeño (SED) emitió los lineamientos para el empleo de la Metodología del Marco Lógico (MML) para las etapas de diseño, implementación y evaluación de las políticas públicas, aunque ya venía empleándose desde antes, pues la Administración Pública Federal (APF) implementó el Presupuesto basado en Resultados (PbR) en 2006.
Los gobiernos estatales fueron adoptando poco a poco esta metodología. El de Michoacán no lo ha logrado con éxito.
Entre otras cosas, la MML permite visualizar claramente cuál es el problema público que se quiere atender, cuáles son sus posibles causas y sus consecuencias y cuáles de estas causas atenderá la política pública en cuestión. Se establece un fin, que va alineado al Plan Nacional de Desarrollo, en el caso de las políticas federales y al estatal, en caso de las locales, así como objetivos y metas concretos y también las líneas de acción que comprende cada una de las etapas de la política.
De sobra estaría decir que el Jalofest no tiene ni un objetivo, ni una meta, ni un fin y que no se deriva del Plan Estatal de Desarrollo (ese que se presentó medio año tarde). Así que mejor no digamos nada.
5 ¿Quién dijo que leer un libro random convierte mágicamente a una persona en un ente no violento?
Ahora bien, digamos que se le da el beneficio de la duda a esta “política pública”, se asume que el problema que se atenderá es la violencia entre los jóvenes. La meta es alcanzar un estado de paz en, digamos, un 80 por ciento de la población y supongamos que existe un archivo en alguna parte con un diseño de esta política en donde se empleó la MML, que eventualmente se evaluarán el diseño e implementación del Jalofest, que se dará a conocer el origen y destino de los recursos públicos empleados y que se consultó a los beneficiarios de la política antes de diseñarla.
Aun dando todo esto por sentado, permanece la duda de dónde están las estadísticas, investigaciones, experimentos, teorías, pruebas, que demuestren que una persona violenta que lee un libro -cualquier libro, siempre y cuando sea nuevo-, va a convertirse en un embajador de la paz.
Para empezar, se habla de alrededor de 35 mil libros, cuando la población de jóvenes en Michoacán es de un millón, 166 mil jóvenes (de entre 15 y 29 años, según el INEGI). No alcanza ni de medio libro por joven. No es siquiera un programa de acercamiento a la poesía o apreciación literaria.
En segundo lugar, la única restricción para los libros que se canjearán por boletos es que sean nuevos -porque al parecer los libros usados no son lo suficientemente potentes para pacificar a una persona-, pero, ¿qué tipo de libros? Podrían ser guías telefónicas, recetarios, biblias, panfletos de superación personal, novelas, poesía, tratados de medicina, sopas de letras, antologías, instructivos ¿Cuáles son los libros que construyen paz o te quitan lo delincuente?
Tal vez Bukowski, Ryū Murakami, Anthony Burgess o el marqués de Sade sean la respuesta.