El asesinato de dos precandidatos confirman el riesgo para las campañas, pese a ello autoridades se resisten a una Mesa de Seguridad apegada a los protocolos del INE
Patricia Monreal
El asesinato el lunes 26 de febrero de los precandidatos a la presidencia municipal de Maravatío, Ángel Reyes Zavala de Morena, y Armando Pérez Luna del PAN, dejó en claro que en Michoacán la mayor certeza durante el proceso electoral es el riesgo y la inseguridad para los participantes.
Desde que en septiembre pasado arrancó el proceso electoral tanto en lo local como en lo federal, los llamados de los partidos políticos a las autoridades para generar condiciones mínimas para la participación han sido continuos, peso a ello, fueron asesinados dos candidatos a menos de un mes que la Secretaría de Gobierno del Estado presentó su protocolo de seguridad para la contienda.
Homicidios, amenazas, secuestros, tortura y agresiones han salpicado los procesos electorales en Michoacán, en donde las medidas asumidas por las autoridades para blindarlos son siempre precarias.
El Gobierno del Estado se ha resistido a la instalación de la Mesa de Seguridad bajo los protocolos establecidos por el Instituto Nacional Electoral (INE), ha defendido que los trabajos sean a través de la Mesa de Gobernabilidad que se instaló en septiembre de 2023, sobre la cual, partidos políticos han cuestionado su eficacia por considerar que sus fines son más políticos que preventivos.
Entre 2011 y 2024 en Michoacán han sido asesinados ocho aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular.
Además, en el contexto electoral se han registrado los homicidios de dos alcaldes (Ricardo Guzmán Romero en 2011 y Javier Ureña Contreras en 2018), un exalcalde (Juan Hernández Ramírez en 2021) y dos militantes activas de partido (Flora Reséndiz González en 2018 y Miriam Ríos Ríos en 2024).
El 26 de enero pasado, Víctor Serrato Lozano fue designado como Fiscal Especializado en Delitos Electorales. Desde ese día y hasta el 28 de febrero, el área a su cargo recibió siete denuncias: cuatro por violencia política en razón de género y tres más por agresiones verbales e intimidación.
El fiscal en entrevista, aseguró que se han dictado ya medidas de protección en algunos casos, uno de ellos a un dirigente de partido del que no proporcionó mayores datos.
Revictimización
Mientras estaba a bordo de su automóvil estacionado frente a la clínica San Ángel, en el fraccionamiento Rancho La Huerta de Maravatío, Ángel Reyes Zavala fue sorprendido por dos sujetos armados que bajaron de un automóvil blanco, con un arma corta le dispararon a quemarropa provocándole la muerte.
Horas después, ya entrada la noche, Armando Pérez Luna conducía su automóvil por la calle Jesús Romero Flores, en la colonia Infonavit rumbo a un negocio familiar. Un hombre en una motocicleta le dio alcance para dispararle y luego huir del lugar.
Ángel y Armando tenían en común ser precandidatos para la alcaldía por el municipio de Maravatío, el primero por Morena, el segundo por el PAN.
Frente a los hechos, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla reaccionó como suele hacerlo en estos casos (uno de ellos por el asesinato de Hipólito Mora en junio de 2023): con la revictimización y la mofa.
La mañana siguiente de la muerte de Ángel y Armando, durante una de las ruedas de prensa matutinas que suele realizar para hablar de acciones en su gobierno, cuestionado sobre el tema refirió: “Yo quiero comentar que cualquier aspirante de cualquier partido o independiente que requiera que le brindemos seguridad, que nos lo informe, que tenga la confianza de hacerlo.
“Y también, a los que aspiran a cargos de elección popular que no busquen… porque es luego vox populi, que para ganar una elección… cosa que es falsa, este… hay que pedirle permiso a algún maloso, no, porque terminan secuestrados, extorsionados. Entonces que no busquen la salida errónea de querer ser candidatos porque también se da el caso y buscan el respaldo de algún grupo de delincuentes, eso es totalmente… aparte de ignorancia, es una salida totalmente errónea y falsa…”.
La injerencia de la delincuencia organizada en los procesos electorales no es nueva en Michoacán, incluso ha sido reconocida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Fue en 2021, a propósito de la elección a gobernador por la que Alfredo Ramírez Bedolla resultó electo.
En vísperas que el morenista asumiera la titularidad del Ejecutivo Estatal, la Sala Superior resolvió en la madrugada del 30 de septiembre de 2021 los juicios promovidos por el bloque del PRD, PAN y PRI, así como por Morena sobre la contienda a gobernador. Los magistrados reconocieron la presencia de grupos delincuenciales en cuatro municipios (Múgica, Gabriel Zamora, La Huacana y Nuevo Urecho), pero desestimaron que hubiera existido violencia generalizada en la elección por lo que no declararon su nulidad.
Ahí, a propuesta del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, se ordenó al INE generar protocolos para combatir la intervención de grupos delincuenciales en los procesos electorales.
En la actual contienda comicial, autoridades locales reconocen abiertamente la operación delictiva para incidir en la contienda.
Tras los asesinatos de los dos precandidatos en Maravatío, el fiscal General del Estado, Adrián López Solís, en entrevista colectiva el pasado 28 de febrero apuntó: “nosotros lo que identificamos son sujetos de bandas de delincuentes que tienen intereses en la región para mantener el control territorial, someter a la población y realizar sus actividades delincuenciales”.
Abundó: “En determinadas regiones, aquellas que por sus antecedentes, por su historia criminal, muy identificadas y caracterizadas en el estado, podemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de esos municipios, porque ha sido una práctica ya reiterada, acreditada, producto de los informes de nuestras investigaciones (sabemos) que desean los integrantes de los grupos criminales influir sobre quién deba ser o pueda ser la candidata o candidato y con ello, propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio gubernamental cobrar esos compromisos, permitiéndoles tener control principalmente de las áreas de seguridad, y tener acceso a los recursos de manera ilícita.
“Estas cuestiones que se dan o se han dado en determinados procesos, no están ajenas el día de hoy, y no se puede en este momento ni estigmatizar a alguien por estar en esa condición de candidato y en esa posibilidad de ser compelido a tomar un acuerdo con criminales, como tampoco se puede estigmatizar a una región o a un municipio donde podamos nosotros decir que invariablemente eso está pasando”, dijo.
Ignacio Hurtado Gómez, presidente del Instituto Electoral de Michoacán (IEM), declaró al portal de noticias Post Data, que la injerencia del crimen organizado “tiene añales”, pese a ello, el consejero se ha resistido a señalar focos rojos para los comicios en el estado.
Doce días después que 112 alcaldes asumieron funciones en Michoacán en septiembre de 2021, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró un informe que forma parte de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya. Ahí la Sedena consignó que 29 de los ediles tenían vínculos con la delincuencia organizada: 18 con el Cártel Jalisco Nueva Generación, nueve con La Familia Michoacana, y dos con Cárteles Unidos.
Resistencia
El 12 de septiembre de 2023 fue instalada en Michoacán la Mesa de Gobernabilidad y Seguimiento del Proceso Electoral, la cual está integrada por los titulares de los tres Poderes del Estado, el INE, el IEM, el Tribunal Electoral del Estado y los dirigentes de los partidos políticos.
Ahí se da seguimiento tanto a los comicios federales como a los locales en el estado para elegir presidente de la República, tres senadurías, 11 diputaciones federales, 112 presidencias municipales, 112 sindicaturas, 874 regidurías, 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación personal.
La de Gobernabilidad es una Mesa que no atiende al protocolo de seguridad generado por el INE, el gobierno del estado se ha resistido a ello por considerar suficiente su formato, esto pese a su poca efectividad: cuatro asesinatos en esta contienda, una desaparición, un secuestro, un atentado y un despojo.
Además del homicidio de Ángel Reyes y Armando Pérez, también fue ultimado en Maravatío otro aspirante de Morena, Dagoberto García Reyes en octubre de 2023; a Miriam Ríos Ríos de Movimiento Ciudadano la asesinaron el once de enero de 2024; Israel Vargas Jerónimo de Más Michoacán permanece desaparecido desde el pasado tres de enero; la alcaldesa panista de Cotija, Yolanda Sánchez Figueroa (hoy con licencia y precandidata a una diputación local), fue secuestrada y liberada en septiembre de 2023.
Los diputados federales Mauricio Prieto Gómez y Enrique Godínez del Río, también han sido objeto de agresiones. El primero en un atentado el 21 de diciembre de 2023, y el segundo, al ser privado de su libertad por varias horas y despojado de su camioneta el 15 de enero de 2024.
En este contexto y a seis meses de iniciado el proceso electoral, el mandatario Alfredo Ramírez Bedolla reconoció -el primero de marzo pasado- que se tienen que tomar medidas específicas de seguridad para la contienda, aunque dejó entrever que la falta de eficacia obedece a los partidos políticos a los que conminó asistir a la Mesa de Gobernabilidad.
La ausencia de los dirigentes de partido obedecería a la falta de eficacia de la Mesa y al uso político y mediático que el Gobierno del Estado le ha dado para promocionarse. Las reuniones han sido a puerta cerrada por lo que el control informativo de lo que ahí ocurre ha estado en manos de las autoridades estatales.
En la reunión de la Mesa celebrada el 31 de enero de 2024, Antonio Plaza Urbina –dirigente de Michoacán Primero- acusó que la finalidad de ésta se ha desviado y es usada para promoción de Gobierno. Minutos antes el mandatario michoacano y las autoridades electorales habían firmado ahí el acuerdo para la instalación de casillas en escuelas, la información de ese hecho, fue lo boletinado por las autoridades sobre la reunión.
Antonio Plaza -que difundió un video con su intervención- cuestionó la violencia en el proceso pese a la Mesa, “tampoco ha servido para detener el activismo del Gobierno, para moderarlo o modularlo, tampoco ha servido para que haya condiciones democráticas en los medios de comunicación y no existan presiones sobre éstos para difundir o no las actividades de un partido político o las posturas que puedan ser críticas o incómodas para el gobierno”.
Michoacán no es la única entidad que se ha resistido a la instalación de Mesas de Seguridad apegadas al protocolo del INE. Los estados que las han instrumentado son los menos, sólo ocho con corte a enero pasado.
En el Tercer Informe rendido por la Secretaría Ejecutiva del INE sobre las acciones de coordinación interinstitucional para el acompañamiento en materia de seguridad del Proceso Electoral 2023-2024, no se enlistan acciones en Michoacán.
Lo que sí se consigna es que los Consejos Distritales en el estado “advirtieron incidencias que ya se encuentran en atención”, esto para la ubicación, integración y funcionamiento de casillas electorales.
También se informa que está la Mesa de Gobernabilidad instalada, y que INE e IEM han solicitado a la Secretaría de Gobierno ser recibidos en la Mesa de Seguridad Estatal.
Protocolos
Los protocolos elaborados por el INE y la Secretaría de Gobierno de Michoacán, tienen diferencias de fondo, el primero parte de la lógica preventiva, el segundo de la reactiva, es decir, mientras el Instituto plantea acciones para prevenir situaciones de riesgo en la contienda y dotar de seguridad al proceso en su organización y desarrollo, el de la Segob estatal es la ruta para dar medidas de protección a candidatos en caso de agresión.
El “Protocolo para prevenir factores de riesgo en los procesos electorales” del INE, busca garantizar la seguridad y eficacia del cumplimiento de las atribuciones del Instituto, al mismo tiempo, se documentarán las acciones realizadas y así contar con elementos necesarios para una toma de decisiones informada o en su caso, para demostrar la debida diligencia por parte de las autoridades involucradas.
El documento de entrada prevé la identificación de situaciones que puedan representar alguna situación de riesgo: problemáticas de inseguridad, sociales y aquellas producto de la presencia del crimen organizado. Establece tres niveles de actuación: identificación, mediación e intervención, y puntualiza medidas, pasos y rutas tanto en las tareas de organización de la elección como en las campañas, la jornada electoral y la etapa posterior a ésta con la recolección y resguardo del material electoral y el cómputo de las elecciones.
En total enlista 16 actividades con igual número de medidas de acción, previendo diversos escenarios y problemáticas. Cuenta con un apartado específico para la custodia solicitada a las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina de la documentación y materiales electorales.
Por lo que toca al “Protocolo de protección y seguridad a candidatos en el desarrollo de las campañas electorales en el proceso electoral local y federal 2023-2024” de la Secretaría de Gobierno del Estado, su objetivo es brindar medidas de protección preventiva a candidatos que así lo soliciten por encontrarse bajo riesgo o amenaza directa debido a su participación en la elección o por su condición de género.
El documento es enfático en amordazar a los candidatos al establecer continuamente prohibiciones para evitar que hablen de los riesgos que enfrentan. Incluye el concepto de “abstención de divulgación”, como la limitante que tendrán éstos de manifestarse públicamente sobre las amenazas que reciban, o bien, si reciben medidas de protección.
No todos los candidatos que soliciten apoyo lo recibirán, para contar con medidas de protección deberán entregar diversos documentos y probar que se encuentran en riesgo.
El Protocolo establece como reservada toda la información que por éste se genere argumentando “motivos de seguridad en los términos dispuestos por la Ley en la materia”.
Imagen de portada: Funeral de Armando Pérez Luna el 28 de febrero de 2024 en Maravatío
