Inclusión electoral, el derecho regateado

Ante el incumplimiento del Congreso de Michoacán, el Instituto Electoral de Michoacán prácticamente deberá hacer la tarea de los diputados y emitir medidas antidiscriminación aplicables al proceso electoral

Dalia Villegas Moreno

No importó la prolongada exigencia de inclusión electoral; el derecho a ser votade, votada, votado una vez más fue soslayado, y, sin recato, el pasado cinco de junio la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán alzó hombros y entregó una página en blanco a grupos vulnerables que demandaban una reforma electoral inclusiva, aplicable para el 2024.

El hecho agregó un nudo a la red cultural de discriminación institucionalizada: las aspiraciones electorales de personas indígenas, con discapacidad, migrantes, así como Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero, Intersexuales y Queer y más (LGBTIQ+) otra vez fueron dejadas a la buena voluntad de los partidos políticos a la hora de postular candidaturas.

Y es que, la plena inclusión electoral de grupos de atención prioritaria debería de haberse asegurado por los diputados al menos tres meses antes del inicio del proceso electoral 2023-2024, en una reforma al Código Electoral de Michoacán, que estableciera reglas claras y porcentajes específicos de candidaturas que los partidos políticos deberían de reservar para estos sectores de la población.

Ante el incumplimiento del Congreso de Michoacán, por mandato del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) prácticamente deberá hacer la tarea de los diputados y emitir medidas antidiscriminación aplicables al proceso electoral.

En entrevista con Regla de Tres, el consejero del IEM, Juan Adolfo Montiel Hernández, precisó que estas medidas son conocidas como acciones afirmativas, una especie de reglas temporales, correctivas y compensatorias que, a falta de una ley adecuada, buscan garantizar la igualdad y plena inclusión en el ejercicio de los derechos político-electorales de todas las personas, en este caso, de todos los michoacanos.

Ante la deliberada omisión de los legisladores, el IEM tuvo que entrar pues en acción, por lo que tuvo que diseñar un plan para emitir acciones afirmativas en las que también se blindara de los usurpadores, personas ajenas a estos grupos vulnerables que, colgados de la autoadscripción y al amparo del oportunismo y las lagunas legales, han llegado a ocupar cargos de representación.

A decir de Montiel Hernández, el reto ha sido mayúsculo. Entre agosto, septiembre y octubre, el IEM llevó a cabo 27 consultas: ocho a personas con discapacidad, 11 a los pueblos indígenas de Michoacán, seis a 19 colectivos LGBTIQ+ y dos a grupos de personas migrantes, en las que participaron 46 líderes migrantes y 22 clubes; en total mil 95 cuestionarios con interrogantes en torno a una idea central, qué requisitos se deberían de pedir para reconocer la autoadscripción y validar la candidatura de las personas pertenecientes a estos grupos.

Pero ya es la segunda semana de diciembre y el IEM sigue atorado, no ha logrado concretar el borrador de lineamientos que esperaba tener listo en octubre.

Al terminar las consultas y recogida la opinión de las personas identificadas como parte de los referidos grupos de atención prioritaria, la autoridad electoral se sentó frente a centenares de documentos apilados que expresaban perspectivas en diferentes sentidos, por lo que ahora el reto es establecer criterios de inclusión si se considera que al interior de los propios grupos no hay una mirada homogénea de las cosas, sino que también hay diversidad, diferentes formas de pensamiento y ponderación de criterios: ¿cómo garantizar la inclusión de todes, todas y todos?

Con el tiempo encima, bajo la presión de los 11 partidos políticos, que, para poder emitir sus convocatorias para renovar diputaciones y gobiernos municipales en 2024, urgen al IEM a definir las reglas de postulación, el tema de lineamientos de registro de candidaturas y acciones afirmativas permanece en análisis en la mesa del Consejo General.

Cabe recordar que en las elecciones de 2021, sin ningún tipo de consulta y mediante un acto de buena fe, el IEM obligó a los partidos políticos a postular al menos una candidatura al Congreso de Michoacán, de cada uno de los grupos de atención prioritaria, tanto para mayoría relativa como para la lista de representación proporcional, y en el caso de los ayuntamientos una candidatura en cada bloque de alta, media y baja competitividad.

De acuerdo con el IEM, en la elección de 2021 ganaron, vía acciones afirmativas: de la comunidad LGBTIQ+, dos fórmulas al Congreso de Michoacán; 11 regidurías y dos fórmulas de sindicaturas; de grupos indígenas se ganó una diputación y dos presidencias municipales, una sindicatura y cuatro regidurías; de jóvenes, una diputación, una presidencia municipal, una sindicatura y 11 regidurías; por autoadscripción como personas con discapacidad se ganaron dos diputaciones, una presidencia municipal, una sindicatura y ocho regidurías.

Sobre el asunto, la consejera del IEM, Araceli Gutiérrez Cortés, adelantó que para 2024 no se considerarán en la obligatoriedad a jóvenes ni adultos mayores, aunque sí se emitirán lineamientos para garantizar la paridad, no sólo en la postulación -lo cual ya es un derecho constitucional-, sino para lograr la paridad en la integración de las mujeres al poder público, es decir, el órgano electoral podría marcar reglas para que, desde los criterios de postulación se empuje a que más mujeres ganen alcaldías, pues en 2021 sólo 26 de 112 gobiernos municipales los ganaron mujeres.

Comentó que el resultado de las consultas puso al IEM a estudiar mucho y a tener larguísimas mesas de trabajo, para tomar decisiones que no han resultado sencillas, que atiendan los resultados de las consultas y se traduzcan en un instrumento accesible y útil para los grupos vulnerables y para los partidos políticos.

Entre las ideas sustantivas recogidas en las consultas y que aún analiza el IEM, destacan la petición que en la postulación de migrantes se acredite residencia extranjera de entre seis meses y cinco años; que en el caso de las comunidades indígenas la máxima autoridad tradicional acredite la pertenencia del aspirante a candidato; en el caso de las personas de la diversidad, trabajo acreditado por la inclusión y la diversidad, y en el caso de las personas con discapacidad, un dictamen médico.

“La idea es que podamos terminarlo esta misma semana, porque nuestro límite, nuestro plan es que no pase del 20 de diciembre, para que los partidos políticos tengan la tranquilidad de qué criterios deberán seguir; estamos en el último tirón, pero no me atrevo a precisarte detalles porque las cosas podrían cambiar”, dijo Gutiérrez Cortés.

Habrá que ver si las acciones afirmativas que emita el IEM para 2024, ponen los candados suficientes para evitar simulaciones como las que se detectaron en 2021, en que la diputada del PT, Brenda Fraga Gutiérrez, y su colega Fidel Calderón Torreblanca, de Morena, utilizaron la figura para autoadscribirse parte de la comunidad LGBTIQ+ y garantizar su candidatura a la LXXV Legislatura.