Familiares de desaparecidos y colectivos acusan desconocimiento de Claudia Sheinbaum sobre mecanismos existentes para la búsqueda de personas
Redacción
La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum a la jornada sabatina de Luto Nacional por el caso Teuchitlán y la crisis de desaparición de personas en México resulta para buscadoras, familiares y colectivos un asunto de profunda preocupación.
Así lo pusieron de manifiesto este martes 18 de marzo, a través de un comunicado dirigido a la presidenta de la República, signado por 110 familiares de personas desaparecidas, 188 colectivos y organizaciones de familiares y buscadoras, así como 38 acompañantes solidarios, todos ellos de diferentes estados de la República.
En el comunicado refieren: “Las familias de personas desaparecidas vimos y escuchamos su respuesta frente a la crisis de desapariciones que cada día se agrava más. Nos preocupa profundamente la propuesta que hace, pues refleja un desconocimiento de los mecanismos y procedimientos institucionales que ya existen en el país en materia de búsqueda e investigación”.
Luego se enlistan una serie de puntos en donde se aborda lo planteado por la presidencia, los que a la letra señalan:
- Fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas. Es positivo que revierta la mala decisión del año pasado, con la que se redujo el presupuesto a la Comisión Nacional; sin embargo, no se puede esperar que el aumento en el presupuesto y las capacidades logren algo efectivo con una titular como Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, quien, a pesar de no contar con el aval de las familias por su clara incapacidad técnica para ocupar el puesto, no ha demostrado estar abierta al diálogo con las víctimas de este país. Una acción contundente es corregir el error de nombrar a la titular de la Comisión Nacional y después convocar a un proceso de elección que cumpla con lo que estipula la Ley General y en donde se garantiza el derecho de las familias a participar en el mismo. Seguiremos buscando el decreto que anunció, dado que no lo hemos encontrado.
- Reformas legislativas. Consideramos que revivir la iniciativa de Felipe Calderón de contar con una cédula de identidad no resuelve en lo inmediato la crisis de desapariciones que se agudiza cada día. Las propuestas a la reforma a la Ley General en materia de Desaparición de Personas (Ley General) son preocupantes por el nivel de desconocimiento que muestran: ya existe desde 2017 la obligación de crear el Banco Nacional de Datos Forenses (art. 119), mismo que la Fiscalía General de la República (FGR) se ha negado a implementar. En el artículo 111 se señala la obligación de crear el Registro Nacional de Personas Fallecidas.
Todo lo anterior como parte de las herramientas del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que fueron propuestas construidas desde las familias y las cuales quedaron en la Ley General, sin embargo, ha faltado voluntad política para llevarlas a cabo.
- Nuevos protocolos. Reiteramos que el problema de las desapariciones y de las faltas en la búsqueda e investigación no deviene de la ausencia de leyes y protocolos, sino de la falta de voluntad política para romper los pactos de impunidad que persisten en el país. Son los operadores del sistema, los Ministerios Públicos, Fiscalías, el primer obstáculo para iniciar las búsquedas. La Ley General ya contempla que la búsqueda debe de ser inmediata, incluso pone como plazo máximo las 72 horas para que, en los casos en los que no se tengan indicios de la comisión de un delito, el Ministerio Público inicie las investigaciones. Lo mismo está marcado ya en el Protocolo Homologado de Búsqueda.
- Equiparar el delito de desaparición al de secuestro. Una de las luchas más grandes que dimos como familias fue que se lograra establecer en la Ley General el delito de desaparición forzada, ya que desde hace mucho tiempo entendimos que la búsqueda de nuestros familiares responde a dinámicas distintas al delito de secuestro, hacer esta propuesta es una clara muestra de no entender las dinámicas criminales, así como un claro retroceso en cuanto a su investigación. No se puede resolver el problema de las desapariciones si se investiga como si fuera un delito cualquiera, y nos preocupa que la desaparición quede invisibilizada, y sus víctimas atendidas de manera incorrecta. Por lo que rechazamos enérgicamente la propuesta.
- Estadística mensual. Esperemos que se consolide esta propuesta, que nos permita ver el nivel del trabajo de las fiscalías. No solo como un indicador de cuántas personas desaparecen al día, sino de cuántas logran encontrar, así como ver cuántas investigaciones logran llegar ante un juez (al día de hoy solo lo hacen el 1%). Solicitamos que en ese reporte se sume la información del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), del cual, a la fecha, no hay certeza de que la información que se encuentra en ese registro sea confiable.
- Fortalecer la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. Desde enero de 2014, se instaló el Sistema Nacional de Atención a Víctimas y a la fecha nunca se ha convocado. Al igual que la CNB esperamos que el fortalecimiento institucional de la CEAV no sea solo en aumentar el presupuesto, sino asumir que las personas titulares deben tener conocimiento del tema, se convoque a funcionar el Sistema Nacional y, sobre todo, sensibilidad para atender a las víctimas, no solo una cercanía personal con quienes las designan. Por lo que reiteramos nuestra exigencia para que sean separadas del cargo.
En la misiva apuntan que, como todos los gobiernos en México, “este no ha mostrado interés real y serio en consultarnos y establecer un diálogo constructivo, sin embargo, ejercemos nuestro derecho no solo a expresarnos, sino a la participación en temas relacionados con la búsqueda de nuestros familiares”, y reiteran la disposición de las familias de dialogar cuando el gobierno tenga la seriedad de abordar realmente el problema.
A los asesores de Claudia Sheinbaum les hacen un llamado para que le ayuden a informarse sobre los mecanismos, instituciones, procedimientos y leyes que ya existen en materia de desaparición de personas, “lo que en este momento han presentado solo exhiben ignorancia en el tema y o su intención de engañar al pueblo”.
Finalmente recalcan que la responsabilidad de buscar y encontrar sigue siendo del gobierno y destacan que son los servidores públicos uno de los principales obstáculos para encontrar a sus familiares desaparecidos, “si se sigue tolerando eso, el problema no se resolverá. Porque mientras los edificios de gobierno están cerrados y envallados, las familias estamos encontrando a nuestros familiares que fueron desaparecidos y abandonados por el Estado Mexicano”.
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