Comunicadores destacan que se vive un momento “grave” para el ejercicio del periodismo en Michoacán al solidarizarse con Dalia Villegas
Raúl López Téllez
Con la advertencia de que es latente la posibilidad de que el gobierno estatal elimine las evidencias que prueban los ataques en su contra el pasado 2 de noviembre, cuando registraba las manifestaciones en Palacio de Gobierno y fue despojada de su celular por el entonces secretario de Seguridad Pública, la periodista Dalia Villegas Moreno destacó que la Fiscalía General de la República no ha emitido observación alguna respecto al resguardo del material a la administración que encabeza en Michoacán el morenista Alfredo Ramírez Bedolla.
En una rueda de prensa realizada este 24 de noviembre, Villegas reiteró que el entonces secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera Cortés, violó sus derechos humanos como periodista al arrebatarle su celular, ser retenida a la fuerza por elementos e intentar confiscarle el material grabado durante los incidentes registrados en la fecha con la incursión a Palacio de Gobierno de parte de seguidores del alcalde ejecutado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez.
De acuerdo con la comunicadora, más allá de que Ramírez Bedolla tardó dos semanas en despedir al titular de la SSP, las medidas que anunció también días después de los hechos el gobernador en cuanto a capacitar a su personal en relación a los periodistas, son medidas que le restan credibilidad y propuso que en cambio se realice una reforma para elegir a funcionarios públicos con perfiles acordes, tolerantes y respetuosos de los derechos humanos además de capacitación constante en materia de medios de comunicación.
“Si un secretario de Seguridad Pública no tiene claro el papel de un periodista en una zona crítica, ¿qué podemos esperar de elementos que traen el garrote y el escudo en la mano y que ya vimos que hacen gala ofensiva, incluso burlarse de personas detenidas?”, cuestionó la comunicadora. “Si tiene tanto compromiso (Ramírez Bedolla) con la libertad de expresión, hay que demostrarlo con hechos, que entregue los videos, que no permita que esto quede en la impunidad, que no entorpezca las investigaciones”.
Finalmente, la reportera de la agencia Quadratín y de Contramuro, señaló que “nuestra expectativa es clara y legítima: que se garantice el acceso a la justicia. Esto implica que el Gobierno del Estado entregue los videos sin demora, que la FGR adopte las medidas necesarias para recuperar o asegurar la evidencia y que se avance hacia la audiencia judicial correspondiente, donde se determinarán responsabilidades conforme a derecho.”
De acuerdo con el periodista Javier Favela, se debe exigir al gobernador que se exhiban los videos en una sala de audiencia pública del sistema de justicia penal acusatorio, por lo que debe hacerse a un lado el argumento oficial de los videos que se borran, ya que marcos legales a nivel internacional así lo permiten en resguardo de memoria y justicia reparatorias. “El estado tiene la obligación convencional de garantizar el acceso a los archivos públicos y tiene la obligación de garantizar el derecho a la verdad para combatir la impunidad; la autoridad no puede negar información inexistente o que ha sido destruida, esos son criterios de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al investigar 20 años después las dictaduras militares en Sudamérica”, refirió.
Escenarios de riesgo
Varios de los periodistas presentes y que se manifestaron, señalaron que los actuales momentos que vive el periodismo estatal son graves e implican riesgos para la libertad de expresión en aras de un discurso único, complaciente, tendiente al ocultamiento de la realidad, como lo fueron los hechos ocurridos el 2 y el 15 de noviembre pasados, durante las movilizaciones de simpatizantes del alcalde ejecutado de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, y en cuyo desarrollo fueron agredidos comunicadores, en el primer caso concretamente en contra de Dalia Villegas y en el segundo contra un grupo de comunicadores donde se registró una agresión física hacia la reportera Liliana Jiménez, quien presente en la rueda de prensa señaló que presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal en contra de los elementos antimotines que resulten responsables por el golpe que recibió en la cara con un escudo, cuando el personal de la SSP trató de impedir el registro de detenciones de manifestantes con uso excesivo de la fuerza.
Patricia Monreal, vocera del colectivo #NiUnoMás Michoacán, señaló al inicio del acto realizado en la Plaza de la Paz frente al mural grafiteado dedicado a comunicadores desaparecidos de Michoacán, reiteró el estado de agresión que viven los comunicadores y donde el caso de Villegas Moreno demuestra que no se tiene voluntad de cambiar por parte del gobierno estatal. “Dalia no está sola, ante cualquier situación de violencia que vive o que siga viviendo o pueda sufrir a futuro, vamos a alzar la voz, dejarlo claro para que todo mundo lo tenga presente”.
“La situación es grave porque el agresor fue un funcionario de primer nivel y se ha guardado silencio por parte de la administración pública estatal, ni siquiera los organismos autónomos como la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han pronunciado ni la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas”, refirió el periodista Andrés Resillas Mejía. “No hay v9oluntads política ni humanitaria para respetar la libertad de expresión en Michoacán y eso es muy grave”, destacó.
Jiménez planteó la posibilidad de que se invite al secretario de Seguridad Pública federal, Omar García Harfuch, a una reunión con periodistas de la entidad para que conozca directamente la situación de riesgos que implica el no contar con garantías adecuadas para un ejercicio de la libertad de expresión. Otra propuesta de parte de los periodistas, fue la de hacer un emplazamiento público al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla para que atienda a una comisión de periodistas, no obstante que, se hizo notar por parte de integrantes del colectivo #NiUnoMás, que la petición ya se ha hecho en ocasiones anteriores sin tener ninguna respuesta.
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