Contaminación, exclusión y encarecimiento se perfilan para Michoacán de cristalizarse la iniciativa del gobernador debido a las condiciones que privan en el estado
Patricia Monreal
Una reforma constitucional para la que Michoacán carece de las condiciones de infraestructura necesarias que hagan posible los objetivos que dice perseguir es la que promueve el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla sobre el llamado Gobierno Digital.
Se trata de un tema que el mandatario ha tenido en mira desde que fue diputado local en la LXXIV Legislatura, cuando promovió -en 2019- la Ley de Gobierno Digital del Estado. La norma no fue aprobada sino hasta dos años después, cuando Ramírez Bedolla ya era gobernador electo y el Congreso del Estado empezó atender y avalar todas sus iniciativas.
Como ha ocurrido con el resto de las reformas que el mandatario ha turnado al Congreso local y que forman parte de lo que ha denominado “Plan Morelos”, se prevé que la del Gobierno Digital se apruebe al “fast track”, es decir, a la brevedad, sin diálogo con los sectores involucrados.
En esta ocasión, se suma al panorama el ingrediente de la represión, en donde fueron los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (STASPE) quienes la sufrieron, luego de manifestarse contra la iniciativa el pasado 27 de febrero y ser golpeados por elementos de seguridad del estado.
La reforma prevé incorporar un párrafo al artículo 129 de la Constitución Política del Estado: “Todas las autoridades estatales y municipales, de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, las Universidades e Institutos Tecnológicos Públicos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos; así como cualquier persona física o moral que ejecute y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el Estado, implementarán el Gobierno Digital mediante el uso obligatorio de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como de internet, en la realización de los trámites y servicios que presta el Gobierno; a fin de fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas, promover la participación ciudadana, optimizar la eficiencia en el uso de los recursos públicos y garantizar la protección de los datos personales, así como la seguridad de la información”.
La propuesta no prevé ni anticipa el costo que tendrá su implementación tanto para el estado como para los municipios y los organismos autónomos. Tampoco da margen de tiempo para que ésta sea instrumentada.
El pasado 19 de febrero en rueda de prensa, Alfredo Ramírez firmó la iniciativa para ser enviada al Congreso, su intención –como se establece en los artículos transitorios- es que la disposición constitucional entre en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
Costos ambientales
En la exposición de motivos de la propuesta, el gobernador señala que el desarrollo sostenible en el estado “se compone de tres pilares fundamentales, los cuales funcionan de manera equilibrada para garantizar el desarrollo social, el desarrollo económico y la protección al medio ambiente”.
En esa tesitura abunda que los avances tecnológicos “son esenciales para encontrar soluciones permanentes a los desafíos económicos y ambientales. Para esto se requiere de un impulso decidido al uso masivo de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el ámbito gubernamental, así como el acceso universal al internet y al Gobierno Digital”.
Lo que omite señalar el Ejecutivo es que el mundo digital también contamina y en el caso de Michoacán, los sitios de las instituciones públicas generan por cada visita altos niveles de dióxido de carbono en comparación con la mayoría de los sitios del planeta.
En la exposición de motivos de su propuesta, no esboza ninguna medida o acción a instrumentar para menguar los costos ambientales de su gobierno digital, o aquellos que generen los de los municipios en el estado.
Para estimar las emisiones de carbono que generan las páginas web del gobierno del estado y de ayuntamientos michoacanos, este trabajo periodístico echó mano de la herramienta websitecarbon.com desarrollada por la firma inglesa Wholegrain Digital, enfocada a la sostenibilidad digital.
El sistema de clasificación de emisiones de carbono de sitios web se diseñó por Wholegrain Digital para medir y simplificar la comprensión del impacto ambiental de las páginas web. En la herramienta que desarrolló se califican los sitios en una escala de A+ a F, lo que facilita ver su consumo energético.
En el caso de la página de la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, su clasificación se coloca en el rango F de la escala, es decir, entre los que más gramos de dióxido de carbono (CO2) genera en cada visita. Esto significa que es más sucia que el 93 por ciento de todas las páginas web a nivel mundial.
Cada visita al portal de la Secretaría de Finanzas produce 2.74 gramos de dióxido de carbono, pues esta página utiliza energía eléctrica estándar. Si este sitio utilizara hosting ecológico, emitiría un nueve por ciento menos de CO2.
Además, cada diez mil visitas a dicho sitio, representan 328.21 kilos de dióxido de carbono, lo que equivale al CO2 generado por hervir el agua de 44 mil 472 tazas de té; cargar completamente 61 mil 879 celulares; y emplear 743 kilovatios para que un coche eléctrico recorra cuatro mil 852 kilómetros.
El sitio de la Secretaría de Finanzas es uno de los muchos que integran el mundo digital del gobierno del estado. Otro ejemplo más, el portal michoacan.gob.mx, genera por cada diez mil visitas 316.27 kilos de CO2; mientras que el del satmich.michoacan.gob.mx genera 264.3 kilos.
En cuanto a los ayuntamientos, tomando como referencia las páginas web de los gobiernos de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, al ser analizadas con la herramienta de Wholegrain Digital, puede observarse que sólo en el primer caso se utiliza energía sostenible, lo que hace que el nivel de CO2 generado en cada visita se reduzca.
Es así como el sitio morelia.gob.mx genera por cada diez mil visitas 44.87 kilos de CO2, es decir, el 13.67 por ciento de lo que genera el sitio secfinanzas.michoacan.gob.mx por la misma cantidad de visitas.
Caso opuesto es el sitio del ayuntamiento de Zamora, que se posiciona como el más contaminante con 360.6 kilogramos de CO2 por cada diez mil visitas. El de Uruapan genera 135.56 kilos, y el de Lázaro Cárdenas 132.54 kilos.
Otro factor contaminante que conlleva el mundo digital son los residuos electrónicos. Cada persona en Michoacán genera al año diez kilos conforme a declaraciones del secretario del Medio Ambiente del Estado, Alejandro Méndez López.
A partir de la cifra consignada por el funcionario y tomando en cuenta el número de personas que habitan el estado, en Michoacán se estarían generando en promedio 47.4 mil toneladas anuales de residuos electrónicos. De éstas se desconoce el volumen que es reciclado en la entidad.
El Gobierno de Michoacán carece de reportes sobre la generación de residuos electrónicos que produce anualmente y su destino final. En la administración pública estatal cada año se invierten millones de pesos para la adquisición y renovación de equipos de cómputo y otro tipo de bienes electrónicos.
De acuerdo con el Informe Mundial de Residuos Electrónicos de Naciones Unidas, los desechos eléctricos y electrónicos son los residuos sólidos que más aumentan en el mundo, en 2022 la humanidad generó 62 millones de toneladas, equivalente a un millón y medio de camiones que, puestos en fila, darían la vuelta al mundo por el Ecuador.
Menos de una cuarta parte (22,3%) de los residuos electrónicos fueron reciclados adecuadamente, dejando 62 millones de toneladas de recursos naturales recuperables sin contabilizar y aumentando los riesgos de contaminación.
Discriminación
El 25 de julio de 2023, el Gobierno de Michoacán, a través de la Secretaría de Finanzas y Administración, firmó un convenio con la cadena Oxxo para que la ciudadanía pueda realizar más de 450 pagos por concepto de impuestos estatales, refrendos digitales y servicios.
El secretario de Finanzas, Luis Navarro, destacó entonces que con las oficinas de recaudación, los módulos y las instituciones bancarias, la administración estatal contaba con 700 puntos alternos en la entidad para que la población realice sus pagos.
El funcionario omitió señalar que la mayoría de esos puntos se concentran en las zonas urbanas del estado, lo que segrega a localidades rurales y grandes franjas de la población a tener acceso a ellos.
Son 113 municipios los que conforman Michoacán, que a su vez comprenden 8 mil 644 localidades, la mayoría de éstas son rurales (8 mil 423), y el resto urbanas (221).
Partiendo de los datos contenidos en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE) del INEGI, en Michoacán existen 505 tiendas Oxxo. Ese total se concentra en 131 localidades, es decir, en el 1.52 por ciento de las que existen en el estado.
Tan sólo Morelia, concentra 160 de las 505 tiendas de esta firma comercial.
Son 58 municipios los que tienen tiendas Oxxo, principalmente en sus zonas urbanas, los 55 restantes carecen de un establecimiento de este tipo para que sus habitantes puedan realizar ahí sus pagos.
Cabe apuntar que por cada pago de servicio, estas tiendas cobran una comisión de 17 pesos, lo que implica un costo adicional para los contribuyentes en el pago de sus impuestos, derechos y servicios.
Las tiendas de conveniencia Oxxo son operadas por FEMSA, la mayor embotelladora de Coca-Cola en América Latina. En Michoacán no existen reportes públicos sobre la cantidad de pagos que se realizan en esta firma comercial y las ganancias que esto le representa.
Por lo que toca a los mil 457 establecimientos de banca múltiple que hay en Michoacán y en los que los ciudadanos también pueden realizar sus pagos, éstos se encuentran concentrados en 155 localidades del estado, es decir, en el 1.79 por ciento del total conforme a la información del DENUE.
Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas y Zamora, concentran el 59.57 por ciento del total de establecimientos de banca múltiple en la entidad: Morelia con 547 (37.5%), Uruapan 120 (8.24%), Lázaro Cárdenas 115 (7.89%), y Zamora 86 (5.9%).
Acceso
Alfredo Ramírez Bedolla sostiene en su iniciativa que “el gobierno se elige por y para el pueblo” y explica que ello implica una responsabilidad “inherente de responder a las necesidades y expectativas de los ciudadanos, facilitando su vida cotidiana a través de servicios públicos eficientes y accesibles”.
Del mismo modo, abunda que el Gobierno Digital permite minimizar el tiempo y esfuerzo requeridos para acceder a servicios esenciales, “garantizando que todos, independientemente de su situación económica o geográfica, tengan acceso a los mismos recursos y oportunidades”.
El uso y disponibilidad de tecnologías de la información no es generalizada en los hogares michoacanos, por lo que franjas poblacionales en la entidad quedan fuera de la garantía de acceso a la que alude el mandatario en su iniciativa.
Los datos de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2023 del INEGI, consignan que en el estado el 65.02 por ciento de los hogares en Michoacán cuenta con acceso a internet, frente a un 34.98 que carece de ello.
Asimismo, sólo el 38.7 por ciento de los hogares michoacanos (547 mil 478 hogares), cuenta con una computadora. En contraste, el 95.5 por ciento cuentan con telefonía, principalmente por el uso de celulares.
La mayoría de los 3.5 millones de usuarios de internet en Michoacán no lo usan para interactuar con el gobierno o hacer pagos. El 91.12 por ciento lo emplea para poder acceder a las redes sociales.
Es así que el 90.81 por ciento lo emplea para comunicarse y el 85.23 por ciento para entretenerse. Sólo el 24.46 por ciento lo utiliza para interactuar con el gobierno, y el 21.78 por ciento para realizar operaciones bancarias en línea.
Estigma
En la promoción de su proyecto de Gobierno Digital, el discurso del Ejecutivo Estatal ha enfocado baterías al combate a la corrupción, endosando a los trabajadores del estado la responsabilidad de cobros indebidos a la población cuando realiza el pago de servicios, impuestos y derechos.
En su iniciativa de reforma constitucional retoma el tema: “Los problemas de burocracia, corrupción y pésimo servicio a los ciudadanos en las instituciones públicas eran evidentes y consecuencia directa de un sistema administrativo que no respondía a las necesidades y demandas de la sociedad.
“Con la implementación del Gobierno Digital en la administración pública se han erradicado vicios de corrupción en ventanillas, trámites engorrosos a la ciudadanía y se ha eficientando la contabilidad de documentos generados, por ejemplo, en el Registro Público de la Propiedad se han duplicado los ingresos por trámites digitales logrando que en un año se multiplicara la recaudación, al pasar de 110 millones a 240 millones de pesos”.
Los señalamientos del mandatario han encontrado respuesta del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, que en este 2025 ha realizado diversas movilizaciones en contra de la referida reforma.
El pasado 21 de enero, el STASPE hizo su primera movilización del año tomando las oficinas centrales de la Secretaría de Finanzas, las del Registro Civil, Catastro y del Registro Público de la Propiedad para denunciar fallas en el cobro por tarjeta bancaria y exigir se permita que continúen los pagos en ventanilla.
Dos semanas después se movilizó frente a las instalaciones de la Casa de las Artesanías, en donde se tenía prevista la asistencia de Alfredo Ramírez Bedolla para el evento por el aniversario de dicha institución. La manifestación de los sindicalistas ahuyentaría al mandatario, quien finalmente no se presentó.
El 27 de febrero para la sesión del Pleno de la LXXVI Legislatura, la orden del día incluyó la presentación de la reforma constitucional para ser turnada a comisiones.
Los integrantes del STASPE hicieron acto de presencia frente a Palacio Legislativo, lo que hizo huir a los diputados, que habilitaron una sede alterna en Altozano -zona residencial de alta gama en el noroeste de Morelia- buscando sesionar sin ser molestados, para lo cual echaron mano de elementos de seguridad estatal para que acordonaran el lugar.
Hasta ahí se desplazaron los sindicalistas, quienes fueron recibidos a punta de toletazos por los uniformados.
El STASPE desactivó la movilización por la promesa de diálogo de los diputados, los que si bien se reunieron con los trabajadores, no asumieron compromiso más allá de otras mesas “de diálogo” posteriores, cuando la iniciativa esté en proceso de dictaminación.
Al final, la propuesta de reforma de Ramírez Bedolla fue presentada ante el Pleno y turnada a la Comisión de Puntos Constitucionales, la que –de mantener la práctica que ha tenido con otras reformas constitucionales del Plan Morelos- tardará una semana en dictaminar el “ha lugar”, y otra más para dictaminar “de fondo” el asunto y que sea aprobado por la Cámara local.
