El gasto gubernamental que se destina a educación no sólo no se incrementó durante la covid, sino que hace años que no está acorde con lo que establece la ley
Beatriz Rojas
Abundan los discursos políticos en el sentido de que sólo con educación se alcanzará la paz, se erradicará la pobreza y se tendrá en términos generales una mejor sociedad, la práctica se aleja de esa utopía, ya que el presupuesto que el gobierno federal destina a este rubro no sólo es menor que el recomendado por organismos internacionales, sino que incluso es más bajo de lo que marca la propia ley.
Una educación de calidad, definida como: «Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos», es el cuarto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas que componen la Agenda 2030, una agenda a la que el gobierno de México y los de otros 192 países se comprometieron en 2015.
Un año crucial para todo el mundo en materia educativa -y en prácticamente todos los aspectos del desarrollo sostenible- fue el 2020, ya que se detonó la pandemia de covid.
Las cuarentenas obligatorias llevaron a los estudiantes a pausar sus cursos o, en el mejor de los casos, a continuarlos a distancia con clases en línea, tareas y en México, programas de televisión abierta que buscaban suplir a los docentes. Hubo también maestros que se aventuraron y repartieron fotocopias de casa en casa a sus alumnos o idearon maneras de seguir impartiendo clases adaptando espacios al aire libre, en cajones de camionetas o en sus propios hogares. También hubo altos niveles de deserción.
Vale la pena revisar cuál fue el presupuesto que destinaron los gobiernos de distintos países ese año, así como durante la recuperación, en 2021, para garantizar ya no digamos la educación de calidad que promete la Agenda 2030, sino el derecho a la educación contenido en la Convención americana de los derechos humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Si se observa el gasto gubernamental para educación en proporción al Producto Interno Bruto (PIB) de cada país, de acuerdo con datos del Banco Mundial se obtiene que los gobiernos de los países que más recursos destinaron en 2020 fueron los de: Islas Marshal, Islas Salomón, Bolivia, Dinamarca y Sierra Leona, en ese orden.
En contraste, los países que menos recursos destinaron en proporción con su PIB fueron Bermudas, Líbano, Haití, Papua, Nueva Guinea y Cuba.
La inversión del gobierno mexicano de un 3.5 por ciento del PIB pareciera mucho en comparación con lo que destinan los últimos países de la lista, el triple en comparación con Cuba; sin embargo, es poco si se compara con la recomendación de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la (UNESCO) de destinar del cuatro al seis por ciento o con el promedio de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de 4.4 por ciento.
Resulta todavía más bajo si se contrasta con lo que establece la Ley General de Educación, que en su artículo 119 señala que el gasto en educación «no podrá ser menor al equivalente del 8% del producto interno bruto del país». Es decir, México incumple no sólo con las recomendaciones de organismos internacionales, sino con su propia ley.
Por otro lado, se sabe que a pesar de que una buena parte del recurso que se destina a educación en México se emplea en el pago de la nómina magisterial, no hubo un incremento ni en el año 2020 ni en el 2021, más bien si acaso una disminución, aún cuando el programa «Aprende en casa» fue un fracaso, se incrementó el presupuesto para otros rubros, como los programas sociales -las pensiones para adultos mayores obtuvieron el doble que lo que se destinó a educación en 2022-, y el Tren Maya.
El presupuesto para educación en México ha incrementado en términos absolutos. Esto es, cada año se invierte una mayor cantidad de dinero, pero a partir de 2018 disminuyó la proporción del PIB que representa, que en 2017 era de 3.7 por ciento. Desde entonces, se ha mantenido entre un 3.1 y un 3.5 por ciento. Así lo ha documentado el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP).
En 2022, cuando se reanudarían las clases presenciales, el gasto gubernamental no sólo no se incrementó, sino que disminuyó. De acuerdo con el CIEP, fue el más bajo con respecto al PIB de los últimos 12 años y se ha ido disminuyendo desde 2014.
Ahora bien, la Ley General de Educación no especifica cuáles son las partidas presupuestales o los ramos que tendrían que equivaler en su conjunto al ocho por ciento del PIB del país, aunque el PEF cuenta con un presupuesto directo y gasto federalizado.
El primero es el que se tomó en cuenta en este caso, corresponde al Ramo 11 y es el que ejerce la federación a través de la Secretaría de Educación Pública (SEP); el segundo comprende los ramos 23 y 28, convenios, excedentes petroleros y otros. No obstante, la normativa en cuestión únicamente alude al «monto anual en términos de la ley que el Estado destine al financiamiento en educación pública y en los servicios educativos garantizando la accesibilidad y la gratuidad en la educación».
De este supuesto monto, sólo una octava parte, es decir, el equivalente, al uno por ciento del PIB, se canalizará a instituciones públicas de educación superior.
