La federalización de la nómina educativa es uno de los grandes pendientes de cumplir por parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador con Michoacán
Patricia Monreal
Cuatro meses después de rendir protesta como presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador anunció –en el municipio de Zacapu- que el Gobierno de México asumiría la responsabilidad del sistema educativo de Michoacán e iniciaría una revisión de la nómina para evitar diversas prácticas de corrupción.
A casi cuatro años del anuncio, la federalización de la nómina educativa es uno de los grandes pendientes de cumplir en Michoacán por el lopezobradorismo, sin que exista perspectiva alguna que cristalice en los términos inicialmente comprometidos por el Ejecutivo Federal.
Tras politizarse el tema entre la federación y el estado durante la administración de Silvano Aureoles Conejo, en el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se ha buscado salvar la imagen de la palabra empeñada por el presidente, con un modelo que dista del compromiso anunciado en 2019 y que busca un incremento de la participación federal en el pago al magisterio michoacano.
En tanto, los recursos anuales de la Secretaría de Educación del Estado continúan absorbiendo la mayor parte del presupuesto del estado: el 30.8 por ciento del total, con un monto de 28 mil 76.8 millones de pesos en este 2023.
El desmarque
El contrapunteo entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y el de Silvano Aureoles Conejo, arrancó públicamente a iniciativa del michoacano cuando, cinco días antes de que el tabasqueño asumiera la presidencia de la República, el Gobierno de Michoacán dio por concluidos los convenios de coordinación en materia educativa signados en 1992 y 2014 con la federación.
El anuncio fue hecho en la Ciudad de México, e incluyó un ultimátum al Gobierno Federal con un plazo de 30 días, para el l finiquito de los convenios derivados del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica signado en 1992, así como del Convenio de Coordinación para la Conclusión del Proceso de Conciliación de las Plazas Transferidas del 2014, del cual derivó la operación del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE).
“Las diversas modificaciones al acuerdo original, tanto en la distribución de recursos como en la operación de los mismos, impuestas de manera unilateral por las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Educación Pública, han generado un grave perjuicio a las finanzas públicas estatales, que le hace imposible continuar con los servicios a su cargo”, aseguraría para entonces Silvano Aureoles.
Los datos expuestos por el mandatario consignaban la existencia de 11 mil planteles educativos en Michoacán, cuatro mil 685 de sostenimiento federal y seis mil 315 con sostenimiento estatal, para la atención de un millón 358 mil alumnos.
En el caso de las plazas laborales, reportaría que 50 mil 944 era federales (63 por ciento), y 29 mil 267 estatales (37 por ciento); éstas últimas, con un costo anual para el estado por 6 mil 764 millones de pesos.
Adicional al costo de la nómina salarial, estaban también los 23 bonos anuales a los trabajadores, con un costo global de mil 21 millones de pesos.
En 1992 cuando se firma el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, la aportación estatal en educación representaba el 9.6 por ciento y el de la federación el 90.4 por ciento. En 2012, la participación estatal subió a un 36.59 por ciento y la federal bajó 63.41 por ciento según los datos expuestos entonces por Aureoles.
Militantes de Morena como Antonio Madriz, quien entonces presidía la Comisión de Educación del Congreso local, acusaron al gobernador de haberse “plagiado” la idea que ya se venía analizando en foros a nivel federal, uno de ellos en el Congreso de la Unión.
Transcurrido el plazo de 30 días que se puso a la federación como ultimátum, en enero de 2019 el Gobierno del Estado promovió una controversia constitucional contra el federal por “diversos actos, omisiones y normas generales expedidas en materia educativa”.
El juicio promovido por el silvanismo no era novedoso, el propio Andrés Manuel López Obrador tenía en su haber uno simular que presentó en 2004 como jefe de Gobierno del Distrito Federal por los costos de la educación básica.
Mutación
En abril de 2019 Andrés Manuel López Obrador en gira por Michoacán, anunció que la federalización de la nómina educativa se cristalizaría en Michoacán.
“En el caso de la federalización de la educación, vamos primero a hacer un censo, a ver quién es maestro federal, cómo está inscrito, en dónde trabaja, quién es maestro estatal, dónde está inscrito, en dónde trabaja, cuál es su escuela, en qué preescolar, en qué primaria, en qué secundaria. ¿Aviador? Lo que diga mi dedito”, refirió el mandatario durante su anuncio.
Las diferencias de la federación con el gobierno de Silvano Aureoles postergarían los trabajos, y tras meses de negociaciones finalmente el 23 de enero de 2020 en una reunión privada en la Ciudad de México, el mandatario michoacano junto con el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, y el de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, firmarían el Convenio de Coordinación para Establecer el Mecanismo de Pago de Nómina de los Trabajadores del Sector Educativo al Servicio del Estado.
Dicho convenio no significó la federalización de la nómina, ni representó alivio alguno al gasto educativo a nivel estatal.
En él se estableció que el Estado aportaría el 65.4 por ciento del total de la nómina de los trabajadores al servicio de la educación básica, incluyendo la indígena y especial, mientras que la Federación el 34.6 por ciento.
Además Michoacán se comprometió a mantener “en todo momento” su calidad de patrón con los trabajadores del sector educativo, en donde para garantizar que el Gobierno del Estado cumpliera con su parte del Convenio, Silvano Aureoles aceptó afectar “irrevocablemente” las participaciones federales que le correspondan del Ramo 28 «Participaciones a Entidades Federativas y Municipios» y garantizar así el pago oportuno.
Pese a que inicialmente se pretendió promocionar el convenio como la cristalización de la nómina educativa, esto resultó insostenible debido a las condiciones poco ventajosas que el estado asumió con dicho acuerdo.
Sin final feliz
Como candidato y en sus primeros meses como gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla se comprometió a concretar el proceso de federalización de la nómina educativa en Michoacán. Al paso del tiempo su compromiso se fue modificando al toparse con la pared federal.
“Con el respaldo del Gobierno de la República, lograremos la federalización de la nómina magisterial”, aseguró durante su toma de protesta como gobernador en octubre de 2021.
En enero de 2022 la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolvió desechar la controversia constitucional que en materia educativa promovió Silvano Aureoles Conejo, estableciendo que los estados no pueden renunciar a su obligación de prestar los servicios de educación básica.
A través de un comunicado de prensa Alfredo Ramírez aseguró que “la resolución no afectará el proceso de federalización de la nómina educativa que se trabaja conjuntamente con la Federación y con el presidente, Andrés Manuel López Obrador”.
Pero el gobierno bedollista acabaría por renunciar a la idea de lograr la federalización de la nómina, modificando su postura a finales de 2022. Ahora el planteamiento camina en la búsqueda de que la federación asuma una mayor participación económica que el estado.
La experiencia vivida por más de cuatro años, evidencian que la historia de la federalización de la nómina educativa en Michoacán, no tendrá el final feliz comprometido por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
