Frente a la omisión de las autoridades para evitar la muerte de jornaleros y menores por esos artefactos, MAPAS emitió un posicionamiento para sumar firmas
Redacción
“El 18 de febrero de 2022 un niño y un jornalero murieron por la explosión de una mina terrestre en El Aguaje, municipio de Aguililla: desde entonces hasta la fecha se han registrado al menos 14 muertes ocasionadas por estos artefactos explosivos”.
Así lo refiere la Colectiva Feminista Mapas en la convocatoria que formula a la ciudadanía para suscribir un pronunciamiento en el que se exige un alto a las muertes por explosiones de minas terrestres en Tierra Caliente, Michoacán.
«Distintos grupos del crimen organizado han diseminado las minas terrestres, que se presumen son para evitar operativos contra ellos y proteger sus campamentos», alerta la Colectiva, en una serie de imágenes compartidas en su cuenta de Facebook.
El posicionamiento tiene tres destinatarios, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, el fiscal general del Estado, Adrián López Solís, y la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de Michoacán (SIPINNA), Daniela De los Santos, titular de SIPINNA Michoacán.
Ahí MAPAS manifiesta su profunda indignación ante las muertes ocasionadas por la explosión de minas terrestres, ocurridas en la zona de Tierra Caliente, Michoacán; así como su preocupación y solidaridad con las familias y comunidades rurales afectadas ante estas muertes, tratándose, en varios de estos casos, de trabajadores del campo, entre ellos un adolescente jornalero.
Recuerdan que el pasado 8 de febrero, un adolescente de 15 años llamado Pablo y su padre fallecieron a causa de la detonación de una mina terrestre, mientras trabajaban en una parcela de limón, ubicada en la comunidad de Santa Ana Amatlán, perteneciente al municipio de Buena Vista Tomatlán.
“El caso de Pablo no es aislado, ya que el 13 de enero un maestro rural de Telesecundaria perdió la vida manejando en sus trayectos cotidianos y en marzo de 2024 otros tres trabajadores del campo fallecieron mientras circulaban en su camioneta entre las comunidades de El Caulote y Las Cruces, del municipio de Tumbiscatio. Las muertes antes mencionadas fueron a causa de detonaciones de minas terrestres, armas explosivas que se encuentran ocultas bajo tierra, en la vía pública y espacios laborales de jornaleras/os, lo que significa que es un problema y un riesgo latente para las comunidades cercanas, que muchas veces se ven obligadas a huir, convirtiéndose en víctimas de desplazamiento forzado”.
Destacan que la crisis de inseguridad que se vive sigue escalando a niveles cada vez más violentos para las comunidades que viven y/o trabajan en la zona de Tierra Caliente, y consideran insostenible que los espacios de trabajo y vías públicas signifiquen un peligro que atenta contra la vida de adolescentes, trabajadores del campo, docentes de las zonas rurales y población en general.
Consideran desesperanzador que la vida de un adolescente jornalero termine por las nulas medidas de seguridad y ante una gran ausencia de los gobiernos estatal y locales, quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar el Derecho a la Vida, a la Paz, a la Supervivencia y al Desarrollo, como lo estipulan los artículos 14,15 y 16 del Capítulo Primero de la Ley General De los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
“Recalcamos que, el trabajo en el campo sostiene la economía y la alimentación de las familias michoacanas, también aporta al desarrollo económico del estado y el país y aún así, es un trabajo precarizado, sin seguridad social o programas gubernamentales destinados al desarrollo social y económico de las jornaleras, jornaleros y sus familias. Por eso exigimos a las autoridades e instituciones correspondientes una atención y medidas inmediatas para evitar que se sigan vulnerando más los derechos de las y los trabajadores del campo y zonas rurales de Tierra Caliente”.
Son dos las exigencias que plantea MAPAS en el posicionamiento:
- “Exigimos al gobernador del estado de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla y al Fiscal General del estado de Michoacán, Adrián López Solís, esclarecimiento de los hechos, justicia y reparación para las familias y comunidades afectadas. A Daniela De los Santos el garantizar el cumplimiento de los derechos de las niñas, niños y adolescentes de las familias jornaleras agrícolas migrantes en nuestro estado.
- “Exigimos se tomen las acciones y responsabilidades correspondientes y, sobre todo, estrategias que estén a la altura de la gravedad en cuanto a tema de violencia y violaciones a DDHH que se viven en la zona de Tierra Caliente, para garantizar la seguridad de la población en los territorios donde viven, transitan y trabajan”.
Finalmente hacen un llamado a la sociedad organizada y población en general “para que se solidaricen y se sumen a la exigencia de justicia, seguridad y condiciones laborales dignas para trabajadorxs del campo y el respeto a los derechos de las niñeces y adolescencias de las zonas rurales”.
Imagen portada: PhotosByTim | Unsplash