Adrián López adquirió el mote en febrero de 2019, por su cercanía con Silvano Aureoles y ser designado como Fiscal General en Michoacán
Patricia Monreal
En Michoacán, la historia de los fiscales ‘carnales’ comenzó a escribirse en 2019, cuando la LXXIV Legislatura local designó a Adrián López Solís como el primer Fiscal General del Estado. Esto ocurrió tras aprobar, días antes, la Ley Orgánica de la institución, que puso fin a la Procuraduría de Justicia del Estado y que, en teoría, pretendía su autonomía.
Adrián López Solís no solo formaba parte del equipo político del entonces gobernador Silvano Aureoles Conejo, sino también de su círculo más cercano. Después de desempeñarse como secretario de Gobierno en la primera mitad de la administración de Aureoles, fue postulado por la vía plurinominal –en la primera posición de la lista del PRD– a una diputación local.
Fue coordinador parlamentario de la bancada amarilla durante cuatro meses, pues el 16 de enero presentó su licencia al cargo para –ese mismo día- registrarse en el proceso de selección del primer fiscal del estado.
No bien se registró el perredista, el primer diputado que salió en su defensa fue Javier Paredes Andrade de Movimiento Ciudadano: “Aunque pudiera parecer que hay la intención de un fiscal carnal, Adrián López Solís si cuenta con el perfil y conocimiento para desempeñar el cargo”, decía.
Postura opuesta era la del entonces coordinador parlamentario de Morena, Alfredo Ramírez Bedolla, quien alertaba sobre el riesgo de un fiscal ‘carnal’: “Hay dos nombres que saltan a la vista por esa cercanía (con Silvano Aureoles), Martín Godoy que es el procurador del Estado y aún forma parte del gabinete actual del gobernador, y el diputado con licencia Adrián López Solís exsecretario de Gobierno de esta administración.
“La intención es que sea un perfil autónomo para una Fiscalía autónoma, así que con esta situación que ahora observamos se estaría hablando de la posibilidad de un fiscal carnal, un fiscal del círculo cercano al actual Ejecutivo Estatal”, argumentaba Alfredo Ramírez quien, seis años después y ya como gobernador del estado, emularía a Silvano Aureoles al promover a su secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña, para Fiscal General.
Decía entonces el morenista: “Lo que se está buscando es un órgano autónomo porque ese es el espíritu de la reforma constitucional y de la Ley que se está trabajando, por supuesto que lo deseable es que quien encabece la Fiscalía tenga una sana distancia del círculo cercano al gobernador”.
En el marco de la discusión de la Ley Orgánica de la institución insistía: “La Fiscalía General del Estado debe permanecer alejada del círculo de influencia del Poder Ejecutivo”.
El mote de fiscal ‘carnal’ no le sentó bien a Adrián López incluso desde antes de ser designado: “Desde mi punto de vista es peyorativo, es excluyente, es discriminatorio y en mi condición es inadmisible. Alguien que tiene antecedentes, méritos y las capacidades para estar participando en un proceso no puede darse por descontado en función de una apreciación que se ha ido corriendo a lo largo de los meses en diferentes escenarios”, señalaba.
En total fueron 35 los aspirantes que se registraron en el proceso de selección. El procurador del estado, José Martín Godoy Castro determinó bajarse de la carrera en vísperas de las comparecencias, lo que definió a Adrián López como “el fuerte” del Ejecutivo para el cargo.
Entre los inscritos existían nombres señalados –ya sea en procesos penales o reportes periodísticos- por sus presuntos vínculos con la delincuencia organizada, otros más con quejas en contra por violación de derechos humanos, y un par más estuvieron en prisión al ser víctimas del llamado “michoacanazo” operado por el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa en Michoacán.
Entre acarreados, porras y espontáneos que rompieron en ocasiones el protocolo previsto por las comisiones unidas de Justicia y Gobernación, transcurrían las comparecencias de los aspirantes.
Las comisiones aprobaron el 21 de febrero el listado de diez perfiles a ocupar el cargo de Fiscal General para turnarlo al Ejecutivo y que de ahí propusiera la terna prevista por ley. Los seleccionados fueron Adrián López Solís, Eduardo Martínez Altamirano, Ignacio Mendoza Jiménez, Miguel García Hurtado, Juan Antonio Magaña de la Mora, Luis Carlos García Estefan, María Guadalupe Morales Corona, Miguel Ángel Arellano Pulido, Saúl Aguirre Hinojosa y Víctor Manuel Serrato Lozano.
El dictamen fue avalado con los votos de los diputados Antonio Salas Valencia y David Cortés Mendoza del PAN, Omar Carreón Abud y Adriana Hernández Íñiguez del PRI, Araceli Saucedo Reyes del PRD, Sergio Báez Torres de Morena, y Brenda Fraga Gutiérrez del PT, en tanto que, Fermín Bernabé Bahena votó en abstención. Éste último cuestionó la inclusión de Adrián López Solís en el listado pues consideró que existía conflicto de interés debido a que aún era diputado local ya que su licencia no había sido autorizada todavía por el Pleno.
Ese mismo jueves, los diputados de Morena, Partido del Trabajo y tres independientes anunciaron la conformación de la Alianza por la Cuarta Transformación en el Congreso del Estado, la que –aclararon- no era para bloquear ni para golpear a nadie.
La Alianza quedó conformada por 18 legisladores, de los que once eran de Morena, cuatro del Partido del Trabajo, y tres perredistas que se habían separado de la bancada de su partido para declararse como independientes: Erik Juárez, Miriam Tinoco y Humberto González.
La expectativa entonces fue que la Alianza frenara el arribo de Adrián López Solís a la Fiscalía, pues se precisaba mayoría calificada para su designación.
Pese a ello, al día siguiente el Pleno aprobó sin mayores contratiempos el listado con los diez nombres de los aspirantes seleccionados y se lo envió al Ejecutivo. A Silvano Aureoles sólo le llevó seis horas elaborar la terna y enviarla al Congreso para la votación final.
Las comisiones unidas operaron velozmente y ese mismo día elaboraron el dictamen que, horas después –el 24 de febrero de 2019- fue sometido a consideración del Pleno en sesión.
Así, a tres días de anunciar la conformación de la Alianza por la 4T, Adrián López Solís fue designado con 29 votos a favor como Fiscal General del Estado. Los diputados del PT optaron por votar por él, al igual que los ocho legisladores del PAN, cinco del PRI, cuatro del PRD, dos del Partido Verde, uno de Movimiento Ciudadano, Francisco Cedillo de Jesús de Morena, además de los independientes Wilma Zavala, Erik Juárez, Miriam Tinoco y Humberto González.
La votación generaría sisma al interior de la bancada guinda al ver roto el pacto asumido por la Alianza. El acuerdo era recopilar las cédulas con el nombre de Adrián López de los diputados de Morena, PT e independientes para verificar que no se habían usado para votar por él.
El PT no entregó las papeletas pues votó por su excompañero de Legislatura, mientras que el diputado Francisco Cedillo de Jesús, luego de dos días de polémica por su retorno a la Legislatura y su reincorporación a la bancada de Morena, llegó para votar por el llamado fiscal ‘carnal’.
Pero el hecho es que para la sesión hubo tres cédulas de más impresas por la presidencia de la Mesa Directiva -que ocupaba el panista Antonio Salas Valencia- con el nombre de Adrián López Solís, fueron para que los diputados perredistas independientes Erik Juárez, Miriam Tinoco y Humberto Suárez simularan que habían cumplido con el acuerdo tomado por la Alianza, aunque en los hechos habían votado por el candidato de Silvano Aureoles.
El acuerdo para apoyar a Adrián López se dio con la corriente política a la que pertenecían los perredistas independientes: Alternativa Democrática Nacional, liderada por Carlos Torres Piña, quien al día siguiente de la definición del Fiscal, en rueda de prensa con sus legisladores, sostendría la versión de que habían cumplido con el compromiso asumido con la Alianza por la 4T.
Imagen portada: Adrián López Solís al rendir protesta como fiscal General del Estado en febrero de 2019 | Fotografía: Congreso del Estado
