El gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla se ha posicionado en la historia de Michoacán como el que mayor monto de compromisos financieros ha adquirido para la entidad
Patricia Monreal
“No gastaremos más de lo que no tenemos en ningún momento”, “no generaremos más deuda para Michoacán”, aseguraba el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en 2021, cuando su administración entregó al Congreso del Estado su primera propuesta de presupuesto anual para la entidad.
Dos años y medio después, la administración bedollista ha adquirido compromisos financieros por 13.7 mil millones de pesos, colocándose como la de mayor monto comprometido en la historia de Michoacán.
El pasado nueve de julio de 2024 el secretario de finanzas del estado, Luis Navarro, reconoció ante cuestionamientos de la prensa que el monto de los compromisos financieros del bedollismo es el más alto de la historia de Michoacán, aunque acotó que la diferencia radica en que ésta administración los pagará antes de irse.
Las declaraciones del funcionario se dieron momentos después de una reunión con diputados locales, para explicar una nueva solicitud de financiamientos presentada por el Ejecutivo Estatal.
La de la deuda pública estatal ha sido a lo largo de este siglo, una historia de complicidades y corrupción protagonizada por las últimas cinco administraciones del Gobierno del Estado, en donde los recursos públicos comprometidos se han disparado a niveles inimaginables para Michoacán en el año 2000.
Desde el gobierno de Lázaro Cárdenas Batel, el discurso de los gobernantes en turno ha buscado evitar el término “deuda” para eludir el cuestionamiento de la sociedad que no ve con buenos ojos que sus gobiernos se endeuden.
Cárdenas Batel en su momento aseguró que la contratación de certificados bursátiles fiduciarios en su gobierno (la llamada bursatilización), no correspondía a deuda pública. Los años demostraron que la disposición de 3.5 mil millones bursatilizados (de los 5.5 mil millones autorizados) no sólo era deuda, sino que representó una pesada losa financiera para el estado de la que sólo era posible pagar amortizaciones a los intereses generados, no al capital.
Fausto Vallejo y Silvano Aureoles Conejo, al igual que Alfredo Ramírez, aseguraron que los procesos de reestructuración de la deuda pública que realizaron, no implicaban alza a los compromisos financieros del estado, pese a que todas ellas implicaron incrementos por gastos y costos, y en el caso de los dos primeros, la suma de más empréstitos.
Con la administración de Alfredo Ramírez Bedolla, se asegura que los financiamientos autorizados por el Congreso no corresponden a deuda pública, porque no se inscriben como tal en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y serán pagados antes de que concluya su gestión.
No obstante, al igual que la deuda pública, se tratan de compromisos financieros por los que se paga interés y para los que el presupuesto de egresos del estado debe etiquetar cada año recursos específicos para su pago.
A diferencia de lo asegurado por Alfredo Ramírez en 2021, su administración ha venido gastando más recursos de los que tiene, todo a través de financiamientos que le son autorizados por el Congreso del Estado.
Mediante cinco autorizaciones del Poder Legislativo, la actual administración ha comprometido 13 mil 759.3 millones de pesos adicionales del erario público; con el gobierno del Silvano Aureoles, fueron diez mil 254.1 millones con cinco autorizaciones; con Salvador Jara, fueron mil 340 millones en una autorización; con Fausto Vallejo, cinco mil 291.2 millones en una autorización; con Leonel Godoy, seis mil millones, en dos autorizaciones; y con Lázaro Cárdenas Batel, ocho mil 69.7 millones en dos autorizaciones.
La carga del bedollismo
No bien había cumplido dos meses como gobernador del estado, Alfredo Ramírez Bedolla incorporó dentro de la Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2022 la contratación de un “financiamiento” por 470 millones de pesos para obras, acciones sociales básicas e inversiones “que beneficien directamente a población en pobreza extrema, localidades con alto o muy alto nivel de rezago social”.
El mandatario rechazó entonces que se tratara de deuda, argumentó que era un adelanto del Fondo de Infraestructura Social para los Estados (FISE).
A través de su portal oficial, la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado reportó el 10 de diciembre de 2021 que los 470 millones “es una adquisición de recursos que ‘se asienta en el Registro Público Único de la SHCP’ y que, al ser un monto con fuente de pago con fondos etiquetados, como lo son las aportaciones federales del Ramo 33, no se consideran en el cálculo de endeudamiento de la entidad del sistema de alertas de Hacienda”.
Como lo hiciera su antecesor Silvano Aureoles Conejo, contraviniendo la norma Alfredo Ramírez incluyó su solicitud de financiamiento dentro de la iniciativa de Ley de Ingresos, para con ello lograr su aprobación sólo con mayoría simple, es decir, la mitad más uno de los diputados presentes en la sesión celebrada para su autorización, y no con la mayoría calificada que establece la Ley.
El propio Alfredo Ramírez Bedolla, cuando fue diputado en la LXXIV Legislatura local, había cuestionado en 2019 la maniobra de Silvano Aureoles como gobernador para incorporar dentro de la Ley de Ingresos del Estado del ejercicio fiscal 2020 la reestructuración de la deuda y la contratación de un empréstito por 4.09 mil millones de pesos a fin de lograr su aprobación con mayoría simple.
Ramírez Bedolla planteó para entonces desindexar la reestructura y la nueva deuda del dictamen de la Ley de Ingresos, es decir, sacar los temas de ahí y elaborar un dictamen específico al respecto, pero su propuesta no prosperó.
Incluso a iniciativa del hoy mandatario, se promovió la Acción de Inconstitucionalidad 99/2020 y su acumulada 100/2020 por Morena y el PT contra la acción silvanista aprobada por la Cámara.
Ya como gobernador, la postura de Alfredo Ramírez daría un giro de 180 grados.
Reestructura
El 8 de julio de 2022 -con la LXXV Legislatura- arribó al Congreso la iniciativa presentada por el Ejecutivo Estatal para la reestructuración de la deuda pública de largo plazo.
Anteriormente el Poder Legislativo ya había aprobado reestructuraciones a los gobiernos de Leonel Godoy, Fausto Vallejo, Salvador Jara y Silvano Aureoles para disminuir los pagos anuales de la deuda a costa de incrementar su monto total y extender más años su pago.
En 2011, Leonel Godoy argumentó en su iniciativa de reestructuración la necesidad de brindar certeza a las finanzas estatales y permitir al próximo Gobierno del Estado (el de Fausto Vallejo) “continuar impulsando la línea de desarrollo económico que demanda nuestra entidad, sin tener que enfrentar presiones”.
Un año después, en 2012, Fausto Vallejo señalaba en su iniciativa de reestructura que ésta permitiría lograr una liberación de flujo en la Hacienda Pública Estatal y generar las condiciones de liquidez necesarias para cumplir con las funciones básicas del Gobierno Estatal y reactivar la economía local.
Luego vino la reestructuración promovida por Salvador Jara en 2014, en la que se argumentaba que se mejoraría el perfil financiero y obligacional del estado, “asimismo, se pretende que la medida permita hacer un uso más eficiente de las participaciones federales, preservando el flujo de éstas, aún en la eventualidad de que llegasen a hacerse efectivas para el pago de los créditos”.
A su vez, Silvano Aureoles promovió dos reestructuraciones, la primera en 2017, en donde destacaba la necesidad de “buscar mejores condiciones para el Estado por lo que no implica incrementar el saldo de la deuda pública de nuestra entidad”.
En su segunda reestructura, la incluida en la Ley de Ingresos para el ejercicio 2020, señaló que mientras se mantuviera la tendencia de las condiciones de reducción de las tasas de interés por parte de Banco de México, “lo cual es exógeno al Estado, no afectará el resultado del Estado en la evaluación del Sistema de Alertas de la SHCP y se continuará con indicadores de la deuda en niveles prudenciales, acorde a su capacidad financiera”.
En 2022, Alfredo Ramírez en su iniciativa aseguró que la suya sería la primera reestructura y/o refinanciamiento de la deuda pública de Michoacán “donde exista una estrategia integral, considerando incluso que las acciones que se lleven a cabo para reducir la presión de las finanzas públicas, sin dejar de cumplir con ninguna de las obligaciones que el Estado haya asumido, tienen por objeto incrementar el margen fiscal del gobierno para permitir se invierta en proyectos que impulsen el crecimiento económico de nuestro Estado”.
En los promocionales bedollistas y los powerpoint que se distribuyeron entre diputados y medios de comunicación, se aseguraba que el proceso no implicaría la contratación de recursos adicionales o incremento de la deuda existente.
Pero no fue así, la reestructuración de la actual administración implicó un monto adicional de compromisos financieros para el estado por 29 millones 344 mil 184.24 pesos por gastos y costos derivados de la contratación de los financiamientos, incluyendo los instrumentos derivados y garantías de pago.
Las multianuales
En noviembre de 2022, Alfredo Ramírez incluyó en su propuesta de presupuesto para el estado de 2023 su esquema de obras multianuales.
Para no llamarlo deuda pública, el Ejecutivo Estatal optó por convenir un financiamiento triangulado vía constructoras con sobrecostos al incluir interés, para lo cual, el estado etiqueta anualmente recursos para su pago.
El esquema denominado Programa de Obra Pública Multianual, previó en esa primera autorización comprometer nueve mil millones de pesos del erario, que –según se estableció- deben acabar de pagarse a más tardar el 30 de junio de 2007.
Con este esquema el Ejecutivo evita contratar de manera directa empréstitos con los bancos para inversión pública y afectar sus calificaciones crediticias. Son las constructoras las que vía acuerdo con el Gobierno Estatal contratan directamente el financiamiento con la banca para construir las obras y el Estado deberá pagar por ellas en lo que resta del sexenio.
El compromiso con los legisladores fue que las obras multianuales a realizar con dichos recursos quedarían concluidas en un plazo de 18 meses -junio de 2024-, aunque esto no fue incluido en el dictamen aprobado evitando así obligación legal al respecto.
Lo que sí se incluyó en el dictamen fueron las obras realizar: el Sistema Integrado de Transporte de la Zona Metropolitana de Morelia, conocido como el metrobús del que no han iniciado los trabajos; el Sistema Integrado de Transporte para la ciudad de Uruapan, el teleférico, del que el gobernador aseguró el primero de julio se lleva un avance del 43 por ciento; la modernización del Boulevard Jiquilpan–Sahuayo, que ya fue concluida; el distribuidor del Mercado Abastos en Morelia, del que apenas en febrero pasado fue presentado el proyecto; el mercado de Pátzcuaro, que lleva un avance del 50 por ciento; el Segundo Anillo Periférico de Morelia, que no se realizará en su totalidad sino por tramos, de los que apenas está en proceso el primero; la carretera “Brecha Central” en los municipios de Tepalcatepec, Buenavista y Apatzingán de las que se desconoce su avance; la línea de conducción hidroagrícola PTAR Atapaneo al Distrito de riego 020 Morelia–Queréndaro, sobre la cual no se ha informado el porcentaje de avance; y la reconstrucción de la red carretera estatal, de la que ya se han concluido diversos tramos.
También se incluyó la construcción de diversas plantas de tratamiento y colectores de aguas residuales.
Con obras multianuales pendientes y otras sin iniciar, Alfredo Ramírez replicaría la medida en su iniciativa de presupuesto de egresos del estado para el ejercicio fiscal 2024, en esta ocasión por dos mil 560 millones de pesos adicionales de financiamientos triangulados.
A diferencia del decreto aprobado para el ejercicio fiscal de 2023, en el de 2024 no se incluyó el listado de obras a las que se destinarían los recursos asignados.
Ni las comisiones de Presupuesto y Hacienda encargadas de dictaminar el tema, ni el resto de los diputados durante la aprobación realizada por el Pleno del Congreso, solicitaron información acerca del porcentaje de pago que se tenía de los nueve mil millones de pesos autorizados para 2023 de obras multianuales.
Cabe apuntar que ha sido práctica de las administraciones estatales vía reestructura, convertir compromisos financieros de corto a largo plazo, lo que frente al monto total de 11 mil 560 millones asumido por el bedollismo para las obras multianuales se vislumbra como una posibilidad.
“Adelantos”
Un nuevo capítulo de financiamientos a los que se evita llamar deuda, fue escrito este mes por el gobierno bedollista, con una solicitud de más compromisos económicos a los que se optó por aludir como “adelanto de aportaciones federales”.
En vísperas que la LXXV Legislatura cerrara su segundo periodo ordinario de sesiones de su último año legislativo, al fast track –en una semana- el Ejecutivo presentó una nueva solicitud de financiamiento, la Mesa Directiva del Congreso la turnó a comisiones, éstas se reunieron con funcionarios, la dictaminaron, y el Pleno la aprobó.
Los secretarios de Finanzas y Obras Públicas, así como con el titular de la Comisión Estatal de Agua y Gestión Cuencas, Luis Navarro, Rogelio Zarazúa y Roberto Arias respectivamente, se reunirían el martes nueve de julio con las comisiones dictaminadoras para informarles sobre los pormenores de la solicitud.
El viernes 12 de julio los diputados realizaron su última sesión de trabajo en el Pleno, pues aún y cuando la LXXV Legislatura concluye hasta el 14 de septiembre, los legisladores decidieron concluir antes sus labores y sólo acudir a Pleno en un par de sesiones solemnes que restan, no más.
De ahí, la premura del Ejecutivo para que su solicitud fuera aprobada antes de que concluyeran labores los legisladores.
Fueron tres iniciativas las que el Ejecutivo turnó al Congreso, una por mil 700 millones de pesos para el Gobierno del Estado, con cargo al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) como fuente de pago; las otras dos eran para los municipios, una con cargo al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) por dos mil 602 millones 367 mil 76.60 pesos, y la otra, una Línea Global de Financiamiento a Municipios para proyectos Medioambientales por mil 934 millones 824 mil 961.89 pesos.
La iniciativa de la Línea Global a municipios fue enviada un día después que las otras, debido a ello y por los tiempos, se determinó no incluirla para su dictaminación y evitar así entorpecer el otro par.
Sobre la solicitud de 1.7 mil millones de pesos para más financiamiento al Gobierno del Estado, se comprometió hasta el 25 por ciento de los recursos del FAFEF como fuente de pago.
El destino de los recursos fue incluido dentro del decreto -que finalmente fue aprobado- con generalidades, incluyendo todo y nada a la vez, pues no enlistó de manera específica cuanto y a qué se destinará el dinero.
Conforme al dictamen los recursos “deberán ser destinados a financiar, incluido en su caso el IVA, la Inversión Pública Productiva destinada a la construcción, reconstrucción, ampliación y conservación de infraestructura física o, en su caso, inversión para la adquisición de bienes cuyo objeto sea el equipamiento de dicha infraestructura física, en cualquiera de los rubros de inversión siguientes: 5000 ‘Bienes muebles, inmuebles e intangibles’; 5300 ‘Equipo e instrumental médico y de laboratorio’, en las partidas genéricas 531 ‘Equipo médico y de laboratorio’ y 532 ‘Instrumental médico y de laboratorio’; 5600 ‘Maquinaria, otros equipos y herramientas’ en las partidas genéricas 563 ‘Maquinaria y equipo de construcción’, 566 ‘Equipos de generación eléctrica, aparatos y accesorios eléctricos’, 5800 ‘Bienes inmuebles’, en las partidas genéricas 581 ‘Terrenos’ y 583 ‘Edificios no residenciales’, así como en el rubro 6000 ‘Inversión pública’; 6100 ‘Obra pública en bienes de dominio público’, en las partidas genéricas 612 ‘Edificación no habitacional’, 613 ‘Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones’, 615 ‘Construcción de vías de comunicación’, 616 ‘Otras construcciones de ingeniería civil u obra pesada’ 617 ‘Instalaciones y equipamiento en construcciones’, 619 ‘Trabajos de acabados en edificaciones y otros trabajos especializados’, según se describen dichos conceptos en el Clasificador por Objeto del Gasto emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; en el entendido de que deberán estar comprendidas en la definición de Inversión pública productiva en términos del artículo 2, fracción XXV, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios”.
El jueves 11 de julio, la aprobación del dictamen por parte de las comisiones se dio bajo sospecha. De inicio los diputados de oposición mostraron rechazo a la propuesta, postura que cambió diametralmente luego que abandonaron el salón en que sostenían la reunión de trabajo para tener un encuentro privado -solo entre legisladores integrantes de las comisiones- del que salieron para aprobar y firmar la autorización sin mayor problema.
En la sesión de Pleno la postura no fue diferente, la autorización sólo tuvo dos votos en contra –de las priistas Adriana Hernández y Guillermina Ríos- y 28 a favor del resto de diputados presentes.
Las versiones acerca de la cooptación del voto de diputados no se hicieron esperar tal como ha ocurrido en el resto de financiamientos, reestructuras y endeudamientos aprobados para ésta y administraciones estatales anteriores, aunque ahora, el monto que trascendió fue muy menor al de otras ocasiones, apenas de 300 mil pesos por diputado, lo que implicaría una devaluación en su cotización pues antaño para este tipo de casos, los montos trascendidos oscilaban entre el millón y los dos millones de pesos, dependiendo del legislador.
Imagen portada: Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador de Michoacán | Fotografía: Gobierno del Estado
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