En México el actuar del Ejército camina en sentido contrario al del respeto a los derechos humanos. Detenciones arbitrarias, tortura y ejecuciones extrajudiciales son parte del legado de las fuerzas armadas en el lopezobradorismo.
Patricia Monreal
Era de mañana en el municipio de Ecuandureo ese 23 de enero de 2022 en que ella escuchó camionetas que se acercaban. Sus tres hijos menores de edad tuvieron miedo y buscó tranquilizarlos cuando distinguió que se trataba de elementos del Ejército, esos que el gobierno dice que son “los buenos”.
Sin que mediara otro hecho, ella escuchó a los uniformados gritar: “ya te cargó la verga pinche vieja pendeja, orita (sic) vas a conocer lo que es un hombre de verdad”. El miedo se hizo presente vestido de verde olivo y el tímido intento de ella para defenderse -grabando los hechos con su celular- no valió, fue llevada junto con sus tres hijos a un camino de terracería.
Dos soldados le levantaron la blusa y comenzaron a tocarla frente a los menores, ella se resistió y la amenaza se dejó oír: “ah con que muy bravita hija de tu puta madre […] dame el teléfono si no orita (sic) vamos a agarrar a tu hija y la vamos a violar frente a ti”. Ella entregó el aparato cuando vio a los uniformados empezar a tocar a la niña.
Durante 15 minutos sintió el aliento de sus agresores recorrerla mientras le decían: “ora (sic) sí vas aflojando, ¿qué te cuesta? […] ponte flojita y cooperando”. La escena se vio interrumpida cuando los uniformados recibieron una llamada y tuvieron que abandonar el lugar.
Los hechos quedaron asentados en la recomendación 18/2023 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
La ubicación del teléfono que los uniformados le quitaron a su víctima, se detectó en el Chaparraco las Huertas de la Beatilla Zamora, Michoacán, lugar donde se encuentra instalado el Batallón 17/o de Sedena. Asimismo, se localizó el número de Registro 1, perteneciente a una de las camionetas de Sedena que estuvieron presentes el día de la agresión.
La violación a los derechos humanos es práctica frecuente de elementos del Ejército en nuestro país. El incremento del poder que se ha dado a las fuerzas armadas durante el lopezobradorismo ha perpetuado en sus filas acciones contrarias a la legalidad.
Cada día durante este sexenio, es promovida al menos una queja contra el Ejército ante la CNDH, pocas son las que terminan en recomendación, generalmente aquellas de mayor gravedad.
Pese a ello, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostiene que “no se han registrado recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos, muy pocas, creo que dos a todas las Fuerzas Armadas desde que estamos en el gobierno y, desde luego, que se están acatando, cumpliendo”. Así lo señaló en su conferencia de prensa del seis de septiembre de 2022, año en que más recomendaciones se emitieron a la Sedena.
Los datos
Michoacán es el cuarto estado de la República con más recomendaciones de la CNDH a la Sedena por violaciones a los derechos humanos durante este sexenio, sólo por debajo de Baja California, Tamaulipas y Chihuahua.
Entre 2019 y 2023 son 22 las recomendaciones emitidas al Ejército por la CNDH: cinco en 2023; 12 en 2022; una en 2021; dos en 2020; y dos en 2019. Conforme a los datos de la propia Comisión y de la Sedena.
De esas recomendaciones cuatro corresponden a hechos ocurridos en Baja California, y otros cuatro en Tamaulipas; tres fueron en Chihuahua; dos en Michoacán; y con un caso respectivamente están Durango, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México, Veracruz, Tabasco y Chiapas.
Además están las recomendaciones 30VG-2019 y 98VG-2023, la primera relacionada a los casos de violaciones graves a los derechos humanos durante la llamada Guerra Sucia, y la segunda sobre durante “el período de violencia política del Estado” entre las décadas de los sesenta a noventa en México.
El número de quejas que logran traducirse en una recomendación de la CNDH es bajo: una de cada 83 en este sexenio.
Los datos de la propia Sedena son reveladores. En una presentación fechada el 15 de febrero de 2024, para ejemplificar que el número de quejas ha disminuido en este sexenio en relación con los dos anteriores, evidencia la frecuencia en que las personas acuden a denunciar violaciones a sus derechos por parte de los elementos castrenses.
En el primer mes del lopezobradorismo (diciembre de 2018) fueron 15 quejas; en 2019, sumaron 421; para 2020 se registraron 276; en 2021 subieron a 383; durante 2022 sumaron 388; en 2023, 367; y en lo que va del 2024, son 34.
Conforme a los datos de la Sedena, en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador son mil 884 quejas las presentadas contra la institución; en el de Enrique Peña Nieto, tres mil 196; y en el de Felipe Calderón Hinojosa, siete mil 441.
Samuel Storr de la Universidad Iberoamericana, señala en su estudio “¿Han mejorado las prácticas del Ejército mexicano en materia de los Derechos Humanos?” que a pesar de la caída en las quejas, las Fuerzas Armadas siguen siendo las instituciones que vulneran más los derechos humanos de las personas en México, sobre todo en el caso de violaciones graves como son asesinato, tortura y violencia sexual.
“A pesar de la reducción en la frecuencia y los distintos modos de la violencia ejercida, el Ejército realiza detenciones de miles de personas cada año y 30 por ciento de ellas sufren alguna forma de violencia como golpes (con manos, objetos o contra la pared o el piso) y el 12 por ciento sufre asfixia o lesiones causadas por descargas eléctricas, quemaduras, cuchillos, armas de fuego o con violencia dirigida a sus genitales (personas detenidas entre diciembre 2018 y diciembre 2021)”.
Aberraciones
Las graves violaciones a los derechos humanos por parte del Ejército Mexicano, fueron evidenciadas de manera brutal el seis de junio de 2023, al difundirse el video de una ejecución extrajudicial perpetrada por soldados el 18 de mayo de ese año en Nuevo Laredo, Tamaulipas, contra cinco hombres, a quienes luego de colocarlos frente a un muro y asesinarlos, les fueron “sembradas” armas para sostener la versión de su abatimiento durante un enfrentamiento.
Al día siguiente de la difusión del video, Andrés Manuel López Obrador señaló: “al parecer sí hubo ajusticiamiento y eso no se puede permitir”. Tres días después, se informó que 16 militares habían sido detenidos y vinculados a proceso por su probable participación en los hechos.
En 2022 el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU instó al Estado Mexicano a abandonar el enfoque militarizado de seguridad pública, argumentando que la política pública de seguridad debe construirse en plena concordancia con los principios internacionales de derechos humanos y garantizar el carácter civil de las instituciones de seguridad, conforme al artículo 21 de la Constitución.
“El Comité reitera su recomendación de fortalecer a las fuerzas civiles del orden y requiere al Estado parte establecer un plan de retiro ordenado, inmediato y verificable de las fuerzas militares de las tareas de seguridad pública”.
Tres años antes, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ya había recomendado a México alejarse del enfoque militarizado de las fuerzas del orden y avanzar en el proceso de formación de la Guardia Nacional como institución civil y establecer un plan que garantice el retiro gradual y ordenado de las fuerzas armadas en las funciones de seguridad ciudadana.
El Comité pedía al Estado Mexicano asegurar que la intervención de las fuerzas armadas estuviera restricta a circunstancias excepcionales y con una duración limitada, conforme a protocolos claros y previamente establecidos, bajo mecanismos de control civiles y esquemas de rendición de cuentas.
Lejos de atender las recomendaciones internacionales, a lo largo de este sexenio se ha venido ampliando la participación del Ejército en tareas que le son ajenas. Ahora las fuerzas armadas son empresarias, constructoras, administradoras y un largo etcétera.
En estados como Michoacán las fuerzas armadas han participado en tareas que resultarían impensables, como la registrada el 16 de mayo de 2023 en la preparatoria 2 “Pascual Ortiz Rubio” de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a petición de la rectoría Yarabi Ávila González para un operativo de seguridad como “parte de la estrategia que llevan a cabo las fuerzas del orden para disuadir cualquier conducta que vaya en contra de la ley”.
Lo ocurrido fue simbólico en una Universidad que, la última vez que vio irrumpir en sus instalaciones a las fuerzas armadas, fue en la década de los sesenta, durante la represión a los movimientos estudiantiles por parte del Estado Mexicano.
