Si bien controlar el órgano fiscalizador ya estaba en la ruta de Alfredo Ramírez Bedolla, el que la Auditoría detectara ya irregularidades financieras en su administración aceleró el proceso
Patricia Monreal
El Poder Ejecutivo del Estado, echó a andar la maquinaria oficial para hacerse del control de la Auditoría Superior de Michoacán en una estrategia instrumentada al fast trak, en el Congreso del Estado, violentando los procedimientos legales.
Si bien tomar el control del órgano fiscalizador ya estaba en la ruta del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla y su equipo, el que la Auditoría Superior de Michoacán entrara a la revisión de las cuentas del bedollismo aceleró el proceso debido a las irregularidades que la fiscalización de recursos empezó a detectar en la administración estatal.
La titularidad de la Auditoría Superior es un espacio de interés para Alfredo Ramírez, que querría ese espacio para un amigo de infancia y a quien siendo gobernador electo logró colar como auditor Especial de Normatividad: Marco Antonio Bravo Pantoja.
El Gobierno del Estado venía explorando diversas rutas en contra del auditor Superior, Miguel Ángel Aguirre Abellaneda, a través de filtración de informaciones con todo tipo de señalamientos.
En diciembre de 2021 se difundió que estaba involucrado en la adquisición de un software espía en los tiempos del silvanismo en que laboró como delegado administrativo de la Secretaría de Administración y Finanzas.
Para marzo de 2022 informaciones difundidas apuntaban que Aguirre Abellaneda no había cumplido con el pago de la fianza a que está obligado al ocupar el cargo de auditor, lo que fue desmentido por el funcionario al hacer pública la documentación correspondiente.
Buscando presionar su renuncia al cargo, en diciembre de 2023, se operaría en el Congreso del Estado suprimir la autonomía financiera para que la Cámara retomara el control de los recursos a ejercer por la Auditoría Superior de Michoacán, sin importar que el estado se convirtiera en el primero en asestar un golpe de este tipo a un máximo órgano de fiscalización local.
Un mes después se suscitaría uno de los capítulos más oscuros instrumentados por el Ejecutivo Estatal en su ruta por la destitución de Aguirre Abellaneda al difundirse que era propietario de un rancho en la localidad de “Las Joyitas” en donde –se dijo- había bóvedas llenas de dinero. El montaje quedaría al descubierto y Aguirre informó ser dueño de un predio rustico a 844.05 metros de distancia del rancho señalado.
En abril pasado se exploraría una nueva ruta a través de los alcaldes afines a la 4T, argumentando que la Auditoría Superior de Michoacán invadía competencias de la Auditoría Superior de la Federación al fiscalizar recursos de origen federal. Fue el propio Alfredo Ramírez Bedolla quien en rueda de prensa dio a conocer el asunto.
El 22 de mayo por la tarde, una nueva filtración se hizo a los medios de comunicación adelantando que la Secretaría de la Contraloría del Estado había promovido juicio político contra Aguirre Abellaneda, con la imagen de la portada del documento.
Al día siguiente la contralora estatal Azucena Marín Correa dio una rueda de prensa para hablar del asunto sin precisar los motivos, acompañada de una gráfica con la presunta red de corrupción del auditor.
Cooptación
Para la destitución del auditor, desde las oficinas gubernamentales se operó un desaseado proceso en donde la cooptación de diputados y medios de comunicación fue la ruta.
En el caso de la prensa la Coordinación de Comunicación Social de Gobierno puso en marcha la estrategia del “embute” o “chayote”, ofertando sobornos a periodistas por diez mil pesos mensuales a cambio de informaciones favorables a la causa del gobernador, o bien simplemente para anular aquellas que pudieran dar cuenta de la postura de Aguirre Abellaneda.
También se operó para silenciar las notas periodísticas relacionadas con la rueda de prensa ofrecida por el auditor el martes 23 de mayo para posicionarse sobre el juicio político promovido en su contra.
Los 200 millones de pesos que el Gobierno del Estado habría invertido en 2022 para la contratación de una consultoría de comunicación, verían frutos en el posicionamiento mediático de las informaciones operadas desde las oficinas gubernamentales.
Para poder concretar la destitución del auditor se precisa de la intervención del Congreso del Estado por la vía del juicio político, sin embargo, como esta ruta implicaría más tiempo del previsto, se optó por la promoción de una solicitud de remoción firmada por 24 diputados.
La recolección de firmas implicó una erogación de recursos públicos importante para el bedollismo, en donde inicialmente la oferta por diputado fue de un millón de pesos y para coordinadores parlamentarios cinco millones, según confirmaron legisladores “fuera de grabación”, posteriormente el monto se incrementó a tres millones por diputado y seis por coordinador.
Desde la sesión del 17 de mayo el coordinador de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre Chávez, se dio a la tarea de iniciar con la recopilación de firmas entre diputados, lo que fue del conocimiento de la prensa cuando colérico reclamó –frente a comunicadores- a una empleada del Congreso por verse sorprendido en tal operación política.
La solicitud de remoción
En la sesión del Pleno del Congreso del Estado del 24 de mayo se dio lectura a la solicitud de remoción del auditor promovida por los diputados de Morena Anabet Franco, Víctor Zurita, Seyra Alemán, María Fernanda Álvarez, María de la Luz Núñez, Roberto Reyes, Juan Carlos Barragán, Julieta García, Fidel Calderón; de los del PT, Baltazar Gaona, Mayela Salas, Reyes Galindo, Brenda Fraga y Belinda Hurtado, de los del PVEM, Ernesto Núñez y Margarita López; de la Representación Parlamentaria, Marco Polo Aguirre, Fanny Arreola y Eréndira Isauro; así como de los priistas Felipe Contreras y Daniela de los Santos; del panista César Palafox, y de la perredista Mónica Valdez.
El documento fue turnado a la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior de Michoacán que preside la priista Guillermina Ríos Torres, a quien en la solicitud de juicio político promovido por la Secretaría de la Contraloría se le acusaba de conflicto de interés por tener un hijo laborando en la Auditoría, por lo que se solicitaba su recusación de conocer del asunto.
Bajo ese argumento, los diputados Seyra Alemán, Roberto Reyes y César Palafox que forman parte de la Comisión Inspectora, se saltarían a Guillermina Ríos para convocar el mismo miércoles a reunión de comisión para dictaminar el asunto.
De manera previa Guillermina Ríos turnó un oficio a la Auditoría solicitando información sobre los diputados integrantes de la Comisión que tienen procedimientos abiertos y por tanto pesaría conflicto de interés en sus acciones.
Los oficios de respuesta del órgano fiscalizador consignaron que tanto Seyra Alemán, Roberto Reyes y César Palafox tienen procedimientos abiertos por cargos públicos que han desempeñado en el pasado y sobre los que aún deben rendir cuentas.
Debido a que tales documentos fueron de conocimiento público, Seyra Alemán presentó denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción en contra de Guillermina Ríos y Aguirre Abellaneda, asegurando que la información dada a conocer es falsa, y que se trataba de un intento de intimidación en su contra.
Bajo la premisa establecida por la Secretaría de la Contraloría de conflicto de interés de Guillermina Ríos, también tendrían que haberse excusado del asunto el diputado Marco Polo Aguirre Chávez debido a que su suegro Arturo Zepeda Marín cobra como auditor dentro de la ASM con un sueldo base quincenal de seis mil 220.74 pesos según su recibo de nómina; así como el diputado Baltazar Gaona García, pues si hijo Baltazar Gaona Razo cobra como auditor en la institución con un sueldo quincenal de ocho mil 60 pesos.
Con un documento elaborado desde las oficinas de Gobierno en menos de tres horas Seyra Alemán, Roberto Reyes y César Palafox aprobaron el dictamen para la destitución del Auditor Superior, incluyendo una convocatoria para la designación de su sucesor.
A partir de este documento es que se convocó a Sesión de Pleno para las 20:00 horas del 25 de mayo.
En el caso de la solicitud de juicio político, ésta fue turnada a las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales para que determinen si procede o no, y en caso de proceder turna el asunto a la Comisión Jurisdiccional para que ahí se desarrolle el juicio.
Consulta:
La guerra sucia del bedollismo
