Educación indígena puerta al lucro

El fallo de la Corte invalidando en Michoacán artículos de la Ley de Educación, abrió la puerta para el lucro de diputados bajo el pretexto de consultar a indígenas y personas con discapacidad

Patricia Monreal

“En el tiempo que estuve en el Congreso como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas, recuerdo que en una ocasión el dirigente del PT, Reginaldo (Sandoval Flores), nos citó y nos dijo que gestionáramos un recurso para pagar a asesores externos y que ya tenía la persona que iba a hacer ese trabajo, que él se iba a encargar de todo”, recuerda Gabriela Cázares Blanco.

El trabajo aludido, era para que el Congreso del Estado de Michoacán diera cumplimiento a un mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de educación indígena, inclusiva y especial.

Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022, Gabriela Cázares se desempeñó como diputada local suplente en funciones de la LXXV Legislatura del Congreso de Michoacán luego que la titular Brenda Fraga Gutiérrez, fuera invitada a formar parte del gabinete estatal de Alfredo Ramírez Bedolla como secretaria del Migrante.

Su tiempo como diputada local coincidió con el fallo emitido en mayo de 2022 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la acción de inconstitucionalidad 168/2020 y su acumulada 177/2020 promovidas respectivamente por las comisiones Nacional y Estatal de Derechos Humanos en contra de diversos artículos de la Ley de Educación del Estado.

La determinación de la Corte evidenciaría no sólo ilegalidad en el actuar del Congreso michoacano al momento de legislar, sino también, abrió una puerta al lucro y la corrupción en la Cámara bajo el pretexto de cumplir con el mandato judicial, en donde, el derecho a la educación de las personas indígenas y con discapacidad, es rehén de intereses económicos de diputados y actores políticos.

Hoy día están a la orden del día las presiones para que el Congreso del Estado firme un contrato por 3.5 millones de pesos con una firma de contadores, ello para realizar trabajos que no se relacionan con temas financieros sino jurídicos, y que además, involucran el derecho a la consulta que tienen indígenas y personas con discapacidad cuando se legisla sobre temas que los involucran.

La aprobación

El 15 de mayo de 2020, la LXXIV Legislatura local aprobó una nueva Ley de Educación del Estado, que –se dijo- homologaba la legislación local con la federal.

Como un objetivo personal, el entonces diputado Antonio Madriz se impuso sacar adelante una nueva Ley de Educación sin importar que ésta tuviera de origen cuestionamientos, principalmente del sector indígena. Según argumentó el morenista el día que fue aprobada la norma, “fue producto de la lucha magisterial para lograr un nuevo acuerdo educativo para Michoacán”.

Los diputados habían presumido como un avance en la norma la incorporación de capítulos específicos en materia de educación indígena, inclusiva y especial.

Horas antes de aprobada la Ley, el Consejo Supremo Indígena de Michoacán emitió un posicionamiento en el que denunciaba que ésta no había sido “consultada con los pueblos y comunidades originarias de la entidad, violando los derechos internacionales y constitucionales de los pueblos indígenas”.

Se reprochaba que los foros organizados por el Congreso hubieran sido “unilaterales, impuestos y no vinculatorios, por lo que de ninguna manera representan un proceso de consulta a las comunidades, toda vez que de conformidad con los tratados internacionales, son los propios pueblos quienes deben de decidir y consensar los procedimientos de consulta”.

Del foro en materia indígena para la elaboración de la Ley, el Consejo reprochó que sólo duró un día, en donde la convocatoria, las sedes, el programa, la agenda y los asistentes “fueron establecidos arbitrariamente, sin dar oportunidad a las comunidades indígenas de que decidieran sus propias oportunidades educativas”.

El Sector IX de Educación Indígena de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifestó en Palacio Legislativo el día en que la Ley fue aprobada, exigiendo entre otras cosas, el reconocimiento de las secundarias y las preparatorias indígenas.

Pese a todo el dictamen fue aprobado por mayoría, con 21 votos a favor.

La querella

A través de acciones de inconstitucionalidad, las comisiones de Derechos Humanos Nacional (CNDH) y del Estado (CEDH) controvirtieron la Ley de Educación expedida mediante el decreto 330, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 29 de mayo de 2020.

Los organismos argumentaron el criterio de la Corte acerca de que el Legislativo no goza de una facultad discrecional soberana, sino que su marco de atribuciones está limitado por el respeto al principio de autodeterminación de los pueblos de origen, por lo que previo a emitir cualquier norma, debe realizarse una consulta para determinar si se está o no de acuerdo con la nueva disposición normativa.

Para la CNDH y CEDH, el decreto impugnado impactaba directamente en la forma y términos en que se planeará, desarrollará, ejecutará, evaluará e impartirá la educación en el Estado, lo que incidirá en la organización y atribuciones –derecho a la propia cultura en su vertiente indígena- de regiones enteras en donde se asientan pueblos originarios.

En el caso de la Educación Inclusiva y Especial, la inconformidad versó en que ésta quedaba condicionada a la disponibilidad presupuestal, lo que a juicio de la CNDH y CEDH supeditaba el derecho a la posibilidad económica del Estado, “lo cual no es factible jurídica, social ni humanamente, pues con tal proceder se desnaturaliza dicho derecho, incumpliéndose con sus objetivos”.

Los ministros determinaron sobre el apartado de Educación Indígena, que el derecho a la consulta, ha sido criterio reiterado de la Corte: “el hecho de que las medidas legislativas que incidan directamente en los derechos de los pueblos y comunidades indígenas o afromexicanas de una entidad federativa, puedan resultar benéficas para esos grupos, no es justificación para omitir consultarles previamente a la toma de decisiones”.

Sobre las personas con discapacidad, la Corte ha establecido que la consulta previa sobre sus derechos es una formalidad esencial del procedimiento legislativo, cuya exigibilidad se actualiza cuando las acciones estatales objeto de la propuesta incidan en los intereses y/o derechos esos grupos.

Es así que la Corte determinó que la Ley de Educación vulneraba en forma directa los artículos sexto del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales y 4.3 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.

En su fallo emitido el 31 de mayo de 2022, los ministros consideraron prudente determinar que la invalidez de las porciones de Ley controvertidas se postergara por doce meses, con la idea de darle tiempo al Congreso para efectuar las consultas y volver a legislar conforme a lo mandatado por la Corte. 

Desacato y lucro

De inicio, el fallo de la Corte no generó preocupación alguna en los diputados para su cumplimiento. Empezaron a explorar acercamientos con comunidades indígenas para analizar la ruta, pero de fondo, no se concretó nada.

Incluso el Instituto Electoral de Michoacán (IEM) -que ha acumulado amplia experiencia en procesos consultivos indígenas- se manifestó dispuesto a coadyuvar con el Congreso, pero su ofrecimiento fue ignorado por los diputados.

Gabriela Cázares apunta que como presidenta de la Comisión de Derechos Indígenas del Congreso, trazó una ruta para dar cumplimiento al fallo de la Corte en los términos en que deben realizarse las consultas indígenas.

“Sin embargo hubo ahí diferentes situaciones que, por desgracia, enturbiaron el tema por aspectos económicos. De todos es sabido que se buscó generar un recurso en el presupuesto anual del Congreso con este fin”, recuerda.

En el presupuesto del Congreso para el 2023, se etiquetó un monto por diez millones de pesos para el desarrollo del proceso consultivo a las comunidades indígenas y de personas con discapacidad. El recurso fue solicitado por la petista Belinda Hurtado Marín, presidenta de la Comisión de Educación .

Aunque la Cámara autorizó el recurso, no se hizo nada durante todo el 2023, ya que los esfuerzos de los diputados se enfocaron en el dinero, no en cumplir el mandato de la Corte.

El Partido del Trabajo fue el más interesado en el recurso, ya que al presidir las comisiones de Educación y de Derechos Indígenas, consideró que tenía mano sobre ese dinero.

Lo narrado por Gabriela Cázares sobre las instrucciones dadas en una reunión petista por Reginaldo Sandoval Flores a sus diputados, corroboran los señalamientos al interior del Congreso: el interés de ese partido por allegarse para sí el recurso.

“Como Comisión tuvimos varias reuniones con diferentes comunidades, porque la idea era ir creando un protocolo con ellas, porque esa es la otra, no es consultar como a nosotros se nos ocurriera, lo primero era ver que las mismas comunidades dijeran cómo consultarlas para que fuera culturalmente pertinente”, recuerda Gabriela.

Agrega: “Yo les dije que si no construíamos el proceso de la mano de las comunidades no iba a servir de nada, otra vez la Corte nos lo iba a regresar y además nos podían sancionar por hacer una cochinada y violentar reiteradamente el derecho de las comunidades”.

Gabriela Cázares dejó de ejercer como diputada suplente en diciembre de 2022, luego de denunciar públicamente actos de corrupción por parte de la titular de la diputación, Brenda Fraga Gutiérrez, quien como secretaria del Migrante habría seguido devengando recursos del Poder Legislativo.

Para el cumplimiento del fallo de la Corte, el plazo estaba por cumplirse y Belinda Hurtado Marín insistía públicamente en llamados para destrabar el asunto. Como presidenta de la Comisión de Educación temía incurrir en responsabilidad por desacato.

Al retornar como diputada, Brenda Fraga asumió la ruta petista para la contratación de consultores externos que realizaran un protocolo de consulta del Congreso y apoyaran con el proceso para el cumplimiento del fallo de la Corte.

El primero de mayo de 2023, Fraga adelantó que se solicitaría una ampliación del plazo para el cumplimiento de la sentencia. Dijo que la solicitud sería para seis meses más.

El Pleno del Congreso aprobó el 31 de mayo la solicitud de prórroga, lo hizo incurriendo en desacato, ya que el plazo había vencido el día previo. La aprobación fue una mera formalidad, pues la entonces presidenta de la Mesa Directiva, Julieta García Zepeda había turnado días antes el oficio.

Desde el 30 de mayo de 2023, en Michoacán quedaron sin efectos los capítulos destinados a Educación Indígena y al de Educación Inclusiva y la Educación Especial de la Ley de Educación del Estado.

El tema se empantanó durante todo el año por los jaloneos económicos, los petistas siguieron presionando por la liberación de los diez millones de pesos. El coordinador parlamentario, Reyes Galindo Pedraza, aseguraba en declaraciones a la prensa que el dinero no era para el PT sino para las consultas, e insistía sobre la contratación de “un equipo de expertos o asesores”.

Sin claridad sobre el destino de los diez millones de pesos aprobados para 2023, en diciembre pasado el Congreso incluyó dentro de su presupuesto para 2024, otros siete millones de pesos para dar cumplimiento al fallo de la Corte.

Los “especialistas”

A propuesta petista existe ya una consultoría prevista para realizar los trabajos que le permitan al Congreso cumplir con la Corte. Incluso, ha sido elaborado ya el contrato y su firma depende sólo del visto bueno de la Junta de Coordinación Política.

El pasado 15 de enero la Junta tocó el tema, pero determinó se le provea mayor información antes de tomar una decisión.

“Desconozco cómo haya sido la reunión, hasta el momento mi coordinador no me ha informado, aunque sabemos que él está muy pendiente de las reuniones. Yo en la sesión del presupuesto insistí que si no se ejecutaba en ese momento el recurso mínimo de tres millones, no para Belinda, no para el PT, sino para la consultoría y los gastos de la consulta, no se iba a hacer. La secretaría de Finanzas del Congreso le hecha la bolita al Comité de Administración, luego a la Junta”, señala Belinda Hurtado Marín.

La consultoría a la que alude la legisladora es de contadores, no de abogados, esto pese a que el asunto es de índole jurídica y no contable. El contrato que se pretende firmar es por 3.5 millones de pesos.

Casvi Contadores Públicos y Asociados S.C. es la firma que el PT busca sea contratada. Cuenta con un perfil de Facebook y entre sus publicaciones aparece la dirección de su portal web que es inexistente.

En la web no hay información de la firma que permita conocer su experiencia en materia de consultas indígenas o para personas con discapacidad, o bien a qué instituciones ha prestado sus servicios en la materia.

La consultoría radica en Oaxaca, en la Avenida Circuito 1 Norte número 235, en la primera etapa del FOVISSSTE El Rosario, en San Sebastián Tula.

Al rastrear en Google Maps la dirección consignada en el contrato, ésta resulta distinta al inmueble que Casvi muestra en su cuenta de Facebook. En el primer caso, la búsqueda muestra una casa con una tienda de abarrotes, y en el segundo, una casa de interés social.

En el contrato aparece Francisco Castro Villarreal como representante legal de Casvi, de quien se puede conocer a través de la web que estudio en el CBTis No. 123 de Oaxaca y gusta de deporte, nada más.

En lo estipulado en el contrato está que Casvi preste sus servicios para que el Congreso pueda dar cumplimiento “a la Sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, esto mediante etapas previstas en un anexo técnico. Ahí se establecen tiempos y el compromiso de la consultoría de contadores “a elaborar un diagnóstico social, económico, político, jurídico y cultural para poder establecer la ruta y posibilidades de ambos procedimientos de consulta”.

Además “deberá obtener información básica de carácter técnico de ambas consultas; hacer un primer acercamiento al carácter de la población para determinar necesidades (como intérpretes y herramientas); caracterizar a los principales actores de la consulta; identificar nudos problemáticos y conflictos sociales, a fin de promover acuerdos y consensos; identificar conflictividad con las diversas entidades; entregar una relación pormenorizada de las localidades, comunidades, o pueblos indígenas que serían impactados con la legislación, de ser posible con indicación de sus formas de organización y autoridades representativas; identificación de las autoridades representativas, además de los estudios especializados, puede realizarse inicialmente con la asistencia de los centros coordinadores, en esta etapa es deseable esta información como insumo informativo, pero tomando en cuenta que la designación de representantes la realizan las propias comunidades”.

Deberán entregar también convocatorias, así como el Protocolo Base para la Implementación de la Consulta, un proyecto de presupuesto para el proceso consultivo, y proyectos de reforma de Ley.

Comunidades excluidas

Una vez más, las comunidades indígenas permanecen excluidas del proceso legislativo, lo que avizora mayores reveses legales para la Cámara.

Los diputados optaron por no echar mano de la experiencia del Instituto Electoral de Michoacán en materia de consultas indígenas. El IEM, ahora inmerso en el proceso electoral, no estaría en condiciones de enfocar esfuerzos a temas externos a su tarea primigenia.

Pavel Guzmán, vocero del Concejo Supremo Indígena de Michoacán, considera que este asunto terminará nuevamente en manos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“No se ha informado nada de los planes que tiene el Congreso del Estado para consultar a las comunidades por mandato de la Suprema Corte, no conocemos, no sabemos si se va a hacer a través de una empresa privada, a través del Congreso o a través de alguna institución”.

De acuerdo con Pavel Guzmán, siguen a la espera de un acercamiento con los legisladores pues “las comunidades deben de ser el eje, y tomadas en cuenta para todo el proceso.

“Hasta este momento los tiempos no han sido consensuados con ninguna comunidad, entonces lo que nosotros vamos a exigirle al Congreso es que tome en consideración nuestro derecho, la consulta debe ser con consentimiento de las comunidades indígenas, y para que se pueda llevar a cabo debe haber la aprobación en todas sus fases, desde la informativa, hasta la propia consultiva. Mientras no haya consenso con nosotros, vamos a rechazar y a impugnar esa consulta”.

Pavel Guzmán cuestiona la pretensión de que una consultoría de contadores sea la responsable del desarrollo de los trabajos: “tienen que ser personas que sepan de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, no pueden ser particulares o contadores o personas que no conozcan los derechos, eso es absurdo, el tema es serio y para eso se requieren especialistas que conozcan de los derechos colectivos y que tengan experiencia, sobre todo en las consultas”.

Fotografía portada: Unicef