Con un cuestionamiento al arbitro laboral, dirigencias y expresiones sindicales hacen un recuento de daños luego del proceso para legitimar la revisión contractual 2022
Raúl López Téllez
Las consultas para legitimar los contratos colectivos de trabajo (CCT) en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH) exhibieron una discrecionalidad no exenta de anomalías respecto a la aplicación de la norma por parte de la instancia reguladora, la Comisión Federal de Conciliación y Registro Laboral.
Como la parte ruda del trámite marcado por la naciente reforma laboral para los gremios en el país, la consulta dirigida a los integrantes Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) sobre la revisión contractual 2022 contó con un padrón a todas luces irregular avalado por la CFCyRL, que incluía a docentes fallecidos y otros que ya ni están en la plantilla laboral universitaria, a la par de exclusiones y “cachirules” en secciones, alertas que emitieron antes de la realización del proceso varios agremiados sin que la instancia laboral emitiera alguna postura o reconviniera a los actores.
En cambio, para la legitimación de los agremiados al Sindicato Único de Empleados (SUEUM), la Comisión fue estricta en solicitar a la Rectoría -como la parte patronal-, el registro minucioso de los afiliados, además de contar con un periodo previo de difusión de la consulta por parte de los dirigentes gremiales al ser quienes detentan el CCT, en disputa con el Sindicato de Trabajadores de la Universidad Michoacana (Stumich).
Realizada los pasados días 20 al 23, el ejercicio en el SPUM exhibió las divisiones imperantes en el gremio de los académicos universitarios, donde a través de las expresiones sindicales unos llamaron a votar y otros a no asistir.
¿Dónde está el arbitro?
Por la parte técnica, aunque dividida, algunas expresiones internas del SPUM llamaron a votar por el Sí a la legitimación y en defensa del CCT y no por considerar que se avalaría a la actual dirigencia cuestionada del SPUM, en tanto que otra parte llamó a no acudir a las mesas de votación pero sí demandó que el proceso se sujetara a los ordenamientos de la reforma laboral y en rechazo al Comité Ejecutivo General 2018-2021.
La Expresión Sindical Oro, apeló a que votaran los académicos, en tanto que el colectivo Trabajadores Académicos Nicolaitas Insurgentes (TANI) al igual que la dirigencia interina del SPUM, consideraron que acudir y votar por el Sí, legitimaría no sólo al CCT sino a una dirigencia cuestionada y desconocida por una fracción de agremiados desde el año 2021.
Tras la realización de la consulta y “aún con las mutilaciones hechas por el CEG 18-21”, la Expresión Sindical Oro consideró como una muestra de “conciencia y visión positiva de los agremiados” el que hayan acudido a votar para legitimar el Contrato Colectivo de Trabajo, en el marco de la consulta planteada por la reforma laboral.
Con mesas instaladas en la Preparatoria “Lázaro Cárdenas” de Uruapan, y en Morelia en las facultades de Medicina y Economía -esta última para considerar la representación sindical que en su mayoría se desempeña en Ciudad Universitaria-, los datos arrojados al final de la contienda le dieron al Sí un total de 2,118 votos, 68 en contra y 6 nulos, de acuerdo a los números que validaron comisionados federales y de acuerdo a las actas levantadas, algunas de ellas no exentas de errores en el registro de votos, aunque oficialmente no hay una cifra dada.
Varios académicos han cuestionado que en el proceso ya se registraban ciertos indicios de irregularidad, tanto del cuestionado Comité Ejecutivo General del SPUM encabezado por Jorge Luis Ávila Rojas, como de las autoridades encargadas de observar y legitimar la consulta, la CFCyRL, sin una difusión previa y abierta de la consulta y mucho menos la difusión del padrón que regularía la asistencia a votar en las secciones sindicales, que de acuerdo con la norma federal debe entregar la parte patronal, en este caso la Rectoría, y con la responsabilidad del CEG de su difusión.
El señalamiento más grave es que a horas de iniciar la consulta, agremiados denunciaron que en los listados entregados a las secciones sindicales se incluía a docentes fallecidos o bien ya no prestaban sus servicios en la institución, al igual que en el presunto padrón de un total de 3 mil 290 maestros, se excluyó a docentes que mantienen una actitud abiertamente crítica contra el grupo de Ávila Rojas, desconocido al igual que los miembros del CEG por su actitud parcial a favor de la administración que encabezó Raúl Cárdenas Navarro, al negociar unilateralmente y al margen de los órganos superiores de dirección gremial, los CCT de los años 2019-2022 y ahora con la actual rectora, Yarabí Ávila González, el correspondiente a la actual revisión.
Recuento de los daños
A través de la dirigencia interina en el SPUM surgida tras revocarse el mandato al CEG de Ávila Rojas, los daños evaluados después de la consulta son significativos y presuntamente ya fueron objeto de denuncias ante la CFCyRL.
María Luisa Sáenz Gallegos, quien funge como secretaria general interina del SPUM, fue excluida del padrón al igual que otros dirigentes de su corriente, además de los casi 30 docentes que fueron suspendidos de sus derechos por Ávila Rojas.
En un recuento hecho por el Comité Ejecutivo General Interino, se alude a irregularidades más allá del padrón simulado.
“Sólo de la Facultad de Químico Farmacobiología se reportó que se excluyeron a diez agremiados, Ávila Ramirez Jorge Octavio, Bartolomé Camacho María Carmen, Campos Cabrera Virginia, Chávez Esquivel Arturo, Chávez Ledezma J. Gabriel, Lopez Aguirre Jorge Daniel, Estrada Cervantes Francisco Javier, Martinez Molina Ricardo José Guadalupe, Medina Heredia Leticia Ma. Eglantina y Naranjo Ureña Ignacio Rafael, únicamente el primero de ellos increpó a quienes se encontraban a cargo de la casilla del Edificio “T” de Ciudad Universitaria, pero se desconoce si emitió su queja ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral a los correos inconformidades@centrolaboral.gob.mx y quejascondicioneslaborales@centrolaboral.gob.mx.”
Se añade en los señalamientos que se introdujeron “cachirules” en los padrones de algunas secciones sindicales en las que no se encontraban afiliados, “como a la hermana de Ernesto Núñez Aguilar y ex Directora de la Facultad de Arquitectura y funcionaria de Control Escolar, Judith Núñez Aguilar que apareció en el padrón de la Sección de Historia (ANEXO 1), donde seguramente fue agregada por intercesión de Guadalupe Cedeño, Secretaria de Educación del Comité revocado 2018-2021, así como al maestro Miguel Ángeles Arispe, quien apareció en el padrón de la sección de Educación Física (ANEXO 2), Silvia Hernández Capi, quien se encontraba impedida reincorporarse en la sección sindical de la Facultad de Medicina por las denuncias que tiene ante las Comisiones Autónomas de Vigilancia y Honor y Justicia (ANEXO 3), mientras que se excluyeron a muchos profesores de distintas dependencias que sí se encuentran regularmente afiliados.”
Eduardo Nava, de la Facultad de Economía, “denunció que indebidamente se estableció un mecanismo de control y pase de lista, que a los votantes se les daba una contraseña que debían que entregar en otra mesa, donde además firmaban una lista para tener el control de quién votó y quién no. Asimismo, identificó a uno de los encargados de los centros de votación, adscrito a la Facultad de Economía, que estuvo haciendo llamados a participar. Ninguno de los mencionados ´mecanismos´ es parte del procedimiento establecido en las normas para la legitimación, por lo tanto fue ilegal, nadie debió estar obligado a firmar una lista después de depositar su boleta en la urna.”
Demandas y desconfianzas
Otra es la visión en cambio para la dirigencia del SUEUM, cuya consulta se llevó a cabo en dos días en el Auditorio de Usos Múltiples de Ciudad Universitaria, los días 5 y 6 de julio, donde al parecer única irregularidad fue que los visitadores de la CFCyRL, no reportaron actas de votación el primer día.
De acuerdo con Eduardo Tena Flores, dirigente de los empleados manuales y administrativos de la Casa de Hidalgo, quienes acudieron a la consulta bajo un padrón que señala 3 mil 057 afiliados, no se fue con toda la confianza hacia la nueva reforma laboral.
De acuerdo con las actas del Centro Federal, un total de mil 916 empleados acudieron a votar, de los que mil 892 votaron a favor, y sólo 18 en contra, con seis votos nulos.
“El SUEUM es fuerte”, dijo al considerar que su gremio saldría fortalecido del proceso y en el que participó obligado por tener la titularidad del CCT. “Seguiremos igual, estamos viendo que mucha gente se regresa al SUEUM pero esto no se debe a la consulta sino que se ha venido desde meses anteriores”, dijo en relación con la disputa por la membresía que mantiene con el Stumich, fundado por sueumistas expulsados hace casi diez años.
-¿Le daría toda la confianza a esta reforma laboral?
“No, hay una clara violación a los derechos constitucionales; van en contra del (artículo) 123 constitucional, el apartado B, sobre todo de nosotros, y el A, que nosotros los universitarios establecimos. Me parece que hay mucha intromisión en los sindicatos, de automotrices, de petroleros”, dice, y refiere que en años anteriores ya se había rechazado una reforma como la llamada “Ley Abascal”, que, dijo, contó con el rechazo de cuatro millones de trabajadores en el país.
Ahora, dice, “fuimos sorprendidos por esta reforma, inclusive ya hay un grupo de diputados de Morena que representan a trabajadores, que recientemente recibieron a un grupo importante de sindicatos y les van a dar su apoyo” ante las presuntas violaciones.
Tena se refiere al posicionamiento surgido en varios gremios tras las consultas de legitimación, entre ellos representaciones de la UNAM, donde se alude a violaciones a tratados de la Organización Internacional del Trabajo suscritos por México.
Tena confía en que se organizará una embestida sindical en el país para enfrentar las dinámicas detectadas en contra de los gremios. “Estamos organizándonos”, dice en alusión al Frente Nacional de Sindicatos Universitarios, en donde se ubica el SUEUM.
Por parte del SPUM, se presume que hay varias denuncias interpuestas formalmente ante la CFCyRL por el uso de un padrón irregular y el no haber integrado a la totalidad de los afiliados, mismas que deberán tener una respuesta en los próximos días y que a juicio de Sáenz Gallegos podrían incluso cuestionar ahora sí al CEG de Ávila Rojas, al no haberse plegado a lo que señala el artículo 390 Ter de la Ley Federal del Trabajo, respecto a la legitimidad del padrón que debe regir el que un 50 por ciento más uno de los agremiados avaló la legitimidad contractual.
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