Bajo la premura y sin considerar las posturas de académicos y sindicalizados, el Congreso del Estado anticipa Ley Orgánica a modo de Rectoría
Raúl López Téllez
Basada en un solo proyecto, en unas cuantas horas más se espera que sea concretada de manera formal y legal la reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), proceso que llega a su tramo final en medio de peticiones de destitución de la rectora Yarabí Ávila González, señalada de imponer un proyecto al margen de la comunidad universitaria, bajo la opacidad y sin ninguna consulta previa, abierta, libre e informada que señalan como obligada la Constitución y la Ley General de Educación Superior.
Considerado como académicos y sindicalistas como “un albazo”, el pleno de la LXXVI Legislatura del Congreso local, está citado a una sesión este viernes 7 de marzo a las 20:00 horas, donde el primer punto plantea con dispensa de segunda lectura “discusión y votación del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley orgánica de la Benemérita y Centenaria Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, elaborado por la Comisión de Gobernación”.
El dictamen que trascendió este jueves por la tarde noche alude, sin embargo, a un solo proyecto, el de la Rectoría, sin considerar la iniciativa ciudadana que desde temprana hora habían entregado académicos y sindicalistas y que, según versiones de estos últimos, el diputado del Partido del Trabajo, Reyes Galindo, “hizo propia”.
Desde el pasado miércoles empezaron a cabildear en el espacio legislativo los líderes de los sindicatos de Profesores y Único de Empleados (SPUM y SUEUM respectivamente), quienes reiteraron su rechazo a la reforma en los artículos 28 y 29 relativos al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, para dejar en las afores el destino del sistema de retiro universitario.
Este jueves se apersonó de igual manera la rectora acompañada de su equipo para hacer llegar a los diputados su proyecto, aprobado por el Consejo Universitario el pasado 27 de febrero, tras una “consulta” cuestionada por su brevedad -sólo cinco días, del 20 al 24 de febrero-, y calificada como “simulada” por expresiones sindicales, de escasa participación, más de ocho mil personas de una comunidad integrada por más de 60 mil.
Académicos y trabajadores administrativos se manifestaron por la mañana frente a la sede legislativa y entregaron a los diputados un proyecto a ser considerado iniciativa ciudadana, al que se le dio entrada para ser analizado por el pleno al igual que el de la Rectoría.
La llamada “iniciativa ciudadana”, está formulada a partir de los acuerdos emanados del IX Congreso General de Representantes Extraordinarios del SPUM, realizado los días 5, 6 y 7 de febrero, los que no se integraron en la reforma aprobada aún y cuando fueron del conocimiento de la rectora y del Consejo Universitario.
En términos generales, los gremios reclaman que no se modifique el articulado correspondiente a pensiones y jubilaciones. Discrepan también del sistema que propone la reforma en la elección de autoridades en Rectoría.
“Albazo” y protesta
Conocida la orden del día de la sesión legislativa, académicos señalaron como un “albazo” el que se pretenda sin más dilación aprobar el proyecto de reforma planteado por Rectoría.
Desde posibles amparos en contra de la norma, si se aprueba, hasta insistir en la renuncia de la exdiputada priista, han sido los señalamientos de los académicos y sindicalizados, quienes optan por el anonimato ante la hostilidad u hostigamiento de la Rectoría a los señalamientos críticos.
“El Congreso del Estado de Michoacán consumará un golpe brutal contra la Universidad Michoacana al aprobar, con prisa y opacidad, una reforma a nuestra Ley Orgánica plagada de grandes deficiencias conceptuales y hasta legales. Esta imposición, que se llevó a cabo sin una consulta real a la comunidad universitaria, no será sólo una muestra de ineptitud legislativa, sino una traición a los principios democráticos que deberían regir cualquier transformación institucional”, señaló uno de los consultados.
“Los diputados que la avalarán pertenecen mayoritariamente a un partido que, hasta el cansancio, se dice distinto del que, durante más de setenta años, instauró en el país la simulación, el autoritarismo y el desprecio por la voz de los ciudadanos, pero ya han dado muestras de que no solo han heredado esas prácticas, dado que tienen los mismos genes, sino que las reproducen con el mismo cinismo. Al aprobar ese bodrio no estarán legislando en favor de la universidad ni del pueblo michoacano, sino perpetuando los vicios de siempre, con el agravante de disfrazarlo de cambio”, refirió.
“Si el Congreso del Estado aprueba el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad Michoacán tal como fue avalado y enviado por el Consejo Universitario, sin escuchar a los diferentes, la institución contará con una normatividad que, lejos de reflejar las aspiraciones de su comunidad, será un fiel e inmejorable retrato de quienes la redactaron, promovieron y simularon su consenso: un documento intelectualmente pobre, éticamente vacío y académicamente miope, que parece escrito más con la intención de satisfacer intereses particulares y de ´atender´ la problemática financiera con sus ´geniales´ ocurrencias, que de fortalecer la vida universitaria”, dijo otro de los consultados.
“Con una redacción que da vía libre a la discrecionalidad y que ignora las prácticas democráticas más básicas, esta reforma no solo ningunea el quehacer académico, sino que también atenta contra derechos históricamente conquistados, haciendo retroceder a la Universidad en su misión de respetarlos y garantizarlos. En resumen, si lo que se buscaba era plasmar en un texto legal, la mediocridad, la opacidad y el autoritarismo de quienes hoy gobiernan la institución, hay que reconocer que el resultado es, al menos, coherente con sus intenciones. Una verdadera obra maestra”, señaló otra versión.
La posibilidad de ampararse, también fue planteada “por la inconstitucionalidad al regular derechos humanos como la jubilación, que no le compete regular ni al Congreso ni al gobernador, además de ser regresiva en materia de jubilaciones y pensiones”.
También, añadió la fuente, se incurre en “violación al derecho de votar y ser votado; elegir a nuestras autoridades, derechos humanos también reconocidos en la constitución y tratados internacionales, pero que se viola al dejar viva a la Comisión de Rectoría con otro nombre. Cero derechos a los estudiantes, además”, indica en alusión al sector estudiantil, al que menos se atendió en el proceso.
Cabe señalar que el SPUM llamó a sus agremiados a que asistan desde las 08:00 horas al Congreso estatal, con la finalidad de manifestar su oposición a lo que algunos docentes consideraron un “albazo”.
“Intereses personales”, dice rectora
Por su parte, la rectora Yarabí Ávila González divulgó un video en las redes universitarias para aludir al documento del SPUM que presentó ante la Comisión de Rectoría para demandar su destitución. Planteó que al momento la decisión “se encuentra en el Congreso del Estado”. En su versión, “todos los universitarios” se enteraron del proyecto de reforma y participaron en “foros, paneles, plenarias”.
Sobre la petición de renuncia, señala que “ese documento a mí no me ha llegado”, pero advierte: “Haré valer mi derecho ante la Comisión de Rectoría. No hemos realizado ninguna actividad que trasgreda o que violente a la universidad en ninguno de sus sectores (…) Hemos trabajado con un gran compromiso en actividades académicas, deportivas y culturales”.
Criticó que la Comisión de Rectoría esté integrada por “exrectores, solamente por hombres, que desaparece en esta Ley Orgánica. En esta nueva propuesta que se discutió en el Consejo Universitario, un Consejo Universitario cumplido, preocupado por su comunidad, responsable”, en contraposición, planteó, de “una Comisión que ha elaborado un documento que nadie conoce, elaborado por ellos mismos”, para decir que el tema de las pensiones y jubilaciones son “la cortina de humo” y que “el verdadero asunto que nos ocupa” es que los intereses de la Comisión de Rectoría pretenden imponerse. “Eso es perder el poder de decidir de una manera importante que está por venir en el 2027 con la elección del siguiente rector o rectora”.
Afirmó : “Soy el verdadero instrumento para que sigamos trabajando en armonía, como lo hemos hecho enalteciendo a nuestra Universidad con actividades académicas, culturales y deportivas, donde la política y la grilla se queden en otra parte, donde los maestros y las maestras no se dejen engañar por intereses personales”.
Puntos en pugna
Los puntos cuestionables del proyecto de Rectoría de parte de sindicalizados y académicos se centran en los ya citados artículos sobre pensiones y jubilaciones, además de la elección de autoridades en Rectoría, la cual plantea la creación de una comisión integrada por los tres últimos exrectores, con una representación de un director, un docente y un alumno.
En la visión de la iniciativa ciudadana, se deberá desaparecer a la Comisión de Rectoría y que sea el pleno del Consejo Universitario el que se haga cargo del proceso de elección con la participación de los sectores que integran la comunidad universitaria, como se propuso originalmente en la redacción del proyecto de reforma de 1986 bajo el rectorado de Cuauhtémoc Olmedo Ortiz.
En la justificación de motivos que presenta el Congreso dentro del proyecto de decreto, reitera las razones que expuso la iniciativa del Ejecutivo estatal sobre los alcances de la reforma constitucional aprobada en noviembre del 2024, relativos a estos dos temas:
“Con esta Ley la Universidad Michoacana contará con un sistema propio de pensiones y jubilaciones para el personal docente y administrativo.
“La elección del cargo de Rectora o de Rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, se realizará de forma democrática, a través del voto libre y secreto por la comunidad universitaria”.
Sobre el sistema de retiro, cuestionan los sindicalizados, no se planteó ningún “sistema propio”, sino que quedaría en la inercia de las administradoras de fondos (afores), en una situación de inestabilidad como tributario al no contar con más aportaciones a su favor, dado que tanto la Universidad como los gobiernos estatal o federal no integrarían un fondo o fideicomiso con las correspondientes cuotas de aportación.
La iniciativa ciudadana excluida, al menos en estos preámbulos, contiene en su generalidad la estructura de la aún vigente Ley Orgánica, aprobada hace 38 años y que en su momento significó, entre otros cambios, la desaparición de la Junta de Gobierno pero dejó, por iniciativa de los diputados, la Comisión de Rectoría, una herencia que hasta la actualidad ha sido la puerta para que el gobierno estatal determine quien sea el rector o rectora, como ocurrió con Ávila González, impuesta por Ramírez Bedolla.
«Consolida estructuras de poder»
Un posicionamiento de la seccional del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM) en la Facultad de Filosofía destaca que el proyecto impulsado por Rectoría “lejos de proponer una transformación profunda que fortalezca sus funciones sustantivas -docencia, investigación y difusión de la cultura-, el proyecto de reforma se reduce a unos cuantos ajustes que, más que actualizar, centralizan el poder en la figura de la rectoría, limitan la participación de la comunidad universitaria, perpetúan el vetusto y rancio mecanismo para nombrar al rector y, sobre todo, intentan modificar el régimen de jubilaciones y pensiones hasta ahora vigente”.
El documento indica que la postura no parte de la ingenuidad, sino “como un acto de autonomía y dignidad: porque no podíamos callar ante un proyecto que, bajo la apariencia de modernización, consolida estructuras de poder verticales, limita la participación democrática y amenaza derechos laborales históricos”.El proceso de reforma para la Universidad Michoacana fue propuesto dentro del llamado por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla “Plan Morelos”. Contempló inicialmente la reforma constitucional al artículo 143, aprobado por el Congreso del Estado en noviembre pasado, para pasar al proceso para la reforma a la Ley Orgánica.
A partir de entonces, un proceso que se ha caracterizado por el desdén de la autoridad universitaria al no sujetarlo a la consulta obligada, previa, libre e informada que plantea el artículo segundo de la Ley General de Educación Superior y el artículo tercero constitucional. Tanto los llamados “foros” como la “consulta” de solo cinco días, se realizaron desde la virtualidad y con la discrecionalidad hacia quienes participaban, con la exclusión para algunos docentes con posturas críticas y aún después de concluidos, con rechazo a señalamientos de los pocos consejeros que cuestionaron la falta de metodología y de transparencia.
En un amplio desglose de los capítulos y artículos aprobados por el Consejo Universitario el 27 de febrero tras una “consulta” calificada como una “simulación” por académicos y expresiones al interior de la Universidad, la seccional de Filosofía plantea que el considerado máximo órgano de gobierno en la institución optó por “por consolidar estructuras de poder anacrónicas que poco contribuyen a enfrentar los retos de nuestra región y de nuestro tiempo. El aspecto académico, que debería ser central en el proyecto de reforma, ha sido totalmente dejado de lado.”
Con serias deficiencias en su redacción y en sus visiones conceptuales en general, señala la postura, el Consejo avaló un documento con “una serie de lugares comunes, frases largas, vacías, carentes de sustento e inconexas que revelan el escaso rigor intelectual con el que fue elaborado. La ausencia de un análisis profundo sobre los desafíos actuales de la educación superior evidencian la poca importancia que se ha dado a la formulación de los fines de la institución”, refiere respecto al artículo 5 del proyecto aprobado, referente a los fines de la Universidad Michoacana.
“Se enuncian muy pocos fines, de manera apresurada, como propuestas truncas, sin distinguir, enfatizar ni relacionarlos entre sí, lo que hace que la redacción sea confusa y mal estructurada. Así, por ejemplo, se habla de “la generación del conocimiento, la ciencia, la tecnología, el deporte, el arte, la cultura” (como si esta última fuera algo del todo distinto a lo anterior), pero se omite toda referencia a la vinculación con sectores estratégicos, la colaboración con otras instituciones y el compromiso con la educación continua y la formación de ciudadanos críticos en un mundo en transformación.
“Se establece que la Universidad debe ‘servir al pueblo’, pero no se define qué significa esto en términos concretos. Una institución de educación superior no es un ente asistencialista, sino un espacio para la producción y transmisión del conocimiento. Esta visión puede desdibujar el papel de la Universidad como un espacio de autonomía intelectual”, indican los académicos sindicalizados sobre el mismo artículo.
Un Consejo Universitario que no sanciona al rector o rectora
Cuestiona que en el artículo 13, sobre atribuciones del Consejo Universitario, se le otorguen facultades para designar y retirar directores pero no para participar en la elección del rector o rectora. “Este vacío normativo genera un desequilibrio en el sistema de pesos y contrapesos dentro del gobierno universitario, ya que si el Consejo Universitario es el órgano de máxima autoridad, debería tener la capacidad de destituir al rector en casos de mal desempeño, corrupción u otras causas justificadas. Este punto es un claro botón de muestra de las intenciones de quienes lo elaboraron. En la legislación vigente no existe un procedimiento para remover de su cargo a un director y sí una alusión a la del rector por parte de la Comisión de Rectoría. En el proyecto de reforma ya no hay alusión alguna a la remoción del rector pero sí se da al Consejo la facultad para remover a los titulares de las dependencias. Sin duda, esto hará que los directores sucumban con mayor facilidad a presiones de la rectoría para sesgar sus decisiones.”
Ante la cada vez más cuestionada actuación del Consejo Universitario, el documento plantea que con la reforma propuesta “no se fortalece la autonomía del Consejo como órgano de decisión, ya que muchas de sus funciones dependen de la intervención previa y directa del rector, lo que debilita su independencia. Es claro que así ha funcionado hasta ahora, pero esta era una gran oportunidad para hacer que el Consejo se constituyera realmente como la máxima autoridad de la Universidad que debería ser. Es claro que esto no sucederá”.
Sobre la forma para elegir a su rector o rectora y que se festinó por parte del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, como un “proceso democrático”, el análisis de los académicos de Filosofía plantea que “uno de los aspectos más cuestionables del proyecto radica en su flagrante incoherencia: mientras se proclama la intención de ´democratizar la institución, se mantiene prácticamente intacto el anacrónico y opaco mecanismo para elegir al rector o rectora, aunque ya no se le llame ‘Comisión de Rectoría’ sino ‘Comisión Especial para la Elección de la Rectora o Rector’. Este proceso, lejos de ser transparente y participativo, seguirá siendo depositado en manos de un grupo de notables compuesto ahora por tres exrectores —-cuya trayectoria, en muchos casos, ha sido más que cuestionable-, una profesora, un profesor, una directora, un director, una alumna y un alumno.”
Estos vacíos posibilitarán que esta comisión “muy probablemente seguirá operando sin reglamento alguno, sin dejar constancia documental de sus deliberaciones y, por supuesto, sin ningún contacto directo con la comunidad universitaria. El único cambio, presentado con una pátina de supuesta ´democratización´, es que ahora el Consejo Universitario les propondrá cuatro candidatos -dos hombres y dos mujeres-, como si la equidad de género pudiera reducirse a un mero formalismo numérico.”
Esta “reforma cosmética no solo desnuda la falta de voluntad para democratizar verdaderamente la institución, sino que también revela una profunda desconexión con las demandas de transparencia, participación y justicia que exige la comunidad universitaria en pleno siglo XXI. No hay innovación ni avance en la equidad de género cuando el esquema sigue siendo el mismo: un cónclave que, sin control ni vigilancia, se reserva el derecho de definir el futuro de la Universidad sin la participación efectiva de quienes la sostienen día a día”.
Otra crítica del seccional se refiere al Tribunal Universitario como lo plantea el proyecto de Rectoría en su artículo 37. “La pretensión de transformar el Tribunal Universitario en un organismo autónomo, integrado exclusivamente por profesores de derecho con experiencia en litigio y judicatura, como aparecía en el proyecto inicial de reforma, parece más bien un intento de juridificar la vida universitaria hasta sus últimas consecuencias. Si bien es cierto que la impartición de justicia requiere de conocimientos especializados, reducirla, junto con el mantenimiento del orden universitario, a un asunto puramente jurídico es, cuando menos, simplista y descontextualizado. ¿Acaso las faltas a la disciplina y a la normatividad universitaria son solo cuestiones de códigos y sentencias?”, cuestiona.
“Parece olvidarse que la Universidad es, ante todo, un espacio académico y comunitario, donde las dinámicas sociales, pedagógicas y éticas juegan un papel fundamental. Confiar la resolución de conflictos únicamente a juristas, por más experimentados que sean, no solo excluye a otros saberes y perspectivas, sino que también corre el riesgo de convertir el Tribunal Universitario en una instancia fría y distante, más preocupada por los formalismos legales que por la construcción de una convivencia universitaria justa y equitativa. Y, por si fuera poco, la propuesta de que el rector o rectora nombre a los integrantes del Tribunal -con la anuencia del Consejo Universitario-, lejos de garantizar autonomía, refuerza el control vertical y discrecional sobre un órgano que debería ser, precisamente, independiente y plural.”
Y destaca dos puntos que considera graves por sus omisiones respecto al Tribunal:
“Omisión en la integración del Tribunal. No se establece quiénes lo conformarán, cuántos serán, qué requisitos deberán cumplir ni cuál ser la duración de sus funciones. En un órgano encargado de impartir justicia dentro de la Universidad, estos aspectos son cruciales para asegurar imparcialidad y legitimidad en sus resoluciones.
“Inexistencia de un marco procedimental. El artículo otorga al Tribunal la facultad de ´conocer y resolver acusaciones´ sin definir cómo lo hará. No se menciona si habrá audiencias, derecho a la defensa, criterios de evaluación de pruebas ni mecanismos para garantizar la imparcialidad. Tampoco se especifican los tipos de sanciones que podrá imponer ni los procedimientos para su ejecución.”
Abrir la puerta a la precarización
Sobre la supresión de los artículos 28 y 29 que la actual Ley Orgánica refiere al Régimen de Pensiones y Jubilaciones, los docentes destacan que con el modelo que busca imponer la Rectoría, con los artículos 42 y 43, “introduce una serie de condicionamientos que abren la puerta a la precarización. Se abandona el principio de jubilación con salario integrado y aumentos acumulables, sustituyéndolo por un régimen incierto que depende de ´las disposiciones aplicables en materia de seguridad social´ y de ´las aportaciones correspondientes conforme a la legislación aplicable´, eufemismos que sugieren una sujeción total a los modelos de retiro privatizados y a la incertidumbre financiera.
“La distinción entre trabajadores según su fecha de ingreso no es más que un artificio para fraccionar la base laboral y evitar una resistencia unificada. A los contratados antes de 2020 se les promete un ´modelo de transición´ cuya solidez es cuestionable, mientras que los nuevos trabajadores quedan relegados a un sistema de pensiones y jubilaciones que dependerá de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, es decir, a la lógica de cuentas individuales y fondos de pensión privados.”
El documento refiere que “es lamentable que, a lo largo de los años, ni los comités ejecutivos de los sindicatos ni la rectoría hayan logrado establecer un diálogo genuino y transparente con la comunidad de trabajadores académicos y administrativos. Como sección sindical, nunca hemos sostenido una postura inamovible respecto a la redacción del artículo 29 de la Ley Orgánica vigente, particularmente en lo relativo a los años de servicio. No obstante, tampoco aceptaremos una modificación unilateral impuesta sin un debate serio sobre alternativas viables que, sin duda, pueden ser formuladas”.
Si hubiese existido de parte de la Rectoría que encabeza la exdiputada priista Yarabí Ávila González, la voluntad por un proceso realmente democrático, señalan los académicos en sus conclusiones, “debieron haber garantizado, por ejemplo, que las asambleas y foros de discusión no se redujeran a ser meros trámites protocolarios, sino espacios reales de diálogo donde las voces críticas no fueran silenciadas, sino escuchadas con la misma atención que las adulaciones. Una verdadera democratización habría implicado, además, que las comisiones de trabajo formadas para elaborar el proyecto y procesar las propuestas que se presenten no hubieran estado integradas sólo por personas cercanas a la rectoría, sino por representantes plurales y legítimos de todos los sectores universitarios”.
