Alfredo Castillo Cervantes es una de las polémicas figuras encumbradas en el peñismo; su paso por Michoacán lejos de pacificar el estado, ahondó la inestabilidad política y social
Ivonne Monreal
Con la misión de retirarles las armas a los grupos de autodefensas que habían surgido en municipios y comunidades de Michoacán, que vivían bajo el terror impuesto por cárteles como el de Los Caballeros Templarios, hace nueve años arribó Alfredo Castillo Cervantes, un funcionario con una tan efímera como controvertida trayectoria.
Este personaje salió del fondo de las bambalinas cuando como subprocurador de Justicia del Estado de México colaboró en la incongruente salida que se le dio al caso de la muerte de Paulette Gebara Farah, una niña de 4 años con discapacidad motora y del lenguaje que a 9 días de su supuesta desaparición en su propio domicilio, reapareció sin vida y en estado de descomposición a los pies de su cama.
Tras el cuestionable caso de Paulette -sucedido en 2010-, Alfredo Castillo ascendió sorpresivamente a procurador de Justicia del Estado de México por orden del entonces gobernador Enrique Peña Nieto quien, una vez ungido con la banda presidencial le asignó empleo primero en la ahora Fiscalía, luego como titular de la Procuraduría Federal del Consumidor, para el 15 de enero de 2014 nombrarlo comisionado especial de seguridad en Michoacán.
Divide y vencerás
Cuando el gobierno de Enrique Peña Nieto decidió crear la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral para el Estado de Michoacán, buscaba desarticular a los grupos de autodefensas que cobraron fuerza entre la sociedad civil porque donde el Estado fallaba en procurar seguridad y justicia, ellos intentaban poner frenos al avance, en particular, del cartel de Los Caballeros Templarios.
El 24 de febrero del 2013 surgieron las autodefensas con la toma de los municipios de Tepalcatepec y Buenavista Tomatlán y a un año de su creación el entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong las llamaba a deponer las armas y retornar a sus comunidades de origen; la propuesta fue rechazada ya que los ciudadanos armados argumentaban que quedarían a merced de la venganza de Los Caballeros Templarios.
La estrategia del gobierno de Peña Nieto se tradujo en el nombramiento de Alfredo Castillo como comisionado especial el 15 de enero de 2014 y, con la promesa de dar caza al líder del cártel de los Templarios, Servando Gómez Martínez alias “La Tuta”, llamaron a los autodefensas a entregar sus armas y a continuar labores de vigilancia a través de dos órganos creados por el Estado, la Fuerza Rural y la Fuerza Ciudadana.
La medida dividió a las autodefensas. Hubo quienes cedieron de inmediato, otros se alinearon poco a poco y estuvieron aquellos que se mantuvieron firmes porque no creían más en las promesas de un Estado que no daba resultados. Fue el caso de José Manuel Mireles Valverde, uno de sus líderes más notorios y principal vocero, quien rechazó la propuesta y en respuesta fue detenido en junio de 2014 junto a 82 autodefensas. Fue el
único encarcelado durante tres años acusado de portar armas de uso exclusivo del ejército y absuelto en 2018.
Entre los autodefensas se cuestionaba la cercanía entre Castillo Cervantes y Luis Antonio Torres González, alias “Simón El Americano”, a quien se consideraba un infiltrado de Los Caballeros Templarios en los grupos de autodefensas. El comisionado lo incorporó como comandante de sus Fuerzas Rurales, hasta que se filtró un video donde se le veía con “La Tuta” y tuvo que dejar su puesto para ser sujeto a una investigación.
La fractura entre las autodefensas, conversas ya a Fuerza Rural, escaló al punto de que el 16 de diciembre de 2014 en La Ruana, comunidad de Buenavista Tomatlán, se enfrentaron el grupo de “Simón El Americano” y el de Hipólito Mora -quien junto a Manuel Mireles fundaron las autodefensas-, muriendo su hijo Manuel Mora Moreno y 10 personas más.
Pero la gota que desbordó el cúmulo de cuestionables maniobras del comisionado, fue la masacre de Apatzingán donde en dos hechos acontecidos el 6 de enero de 2015 perdieron la vida 16 civiles y fueron detenidas 44 personas. Policías federales dispararon en esa ocasión contra miembros del G-250, grupo creado por Alfredo Castillo ocho meses atrás para darle la caza a “La Tuta”; no habían logrado su objetivo y el comisionado quería desarmarlos.
A dos semanas de la masacre, Alfredo Castillo fue destituido del cargo aunque al siguiente año Enrique Peña Nieto le brindó un nuevo empleo, como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE), en donde permaneció de abril del 2015 a noviembre de 2018. Ahí también fue cuestionado por su desempeño.
Durante 2 años no hubo noticias suyas hasta que en enero de 2021 la Secretaría de la Función Pública (SFP) lo inhabilitó por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público dado que omitió declarar 18 millones 300 mil pesos en seis cuentas bancarias a su nombre y de su esposa. Omisión que se verificó entre 2014 y 2016, periodo que abarca su paso como comisionado en Michoacán.
