Miguel Ángel Alvarado quien formó parte de la CoVAJ, revela que se les dio la orden en 2019 que “no se podía tocar al Ejército”; mejor se marchó, pero AMLO la acató a cabalidad
Berlín, Alemania.- Desde el arranque del gobierno de López Obrador ya había una instrucción muy clara para los integrantes de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ) de «no tocar al Ejército» en las indagatorias sobre la desaparición de los 43 normalistas, las cuales a principios del 2019 ni siquiera iniciaban aunque la línea de impunidad para el Ejército ya estaba marcada.
El periodista y escritor Miguel Ángel Alvarado lo sabe porque formó parte de la CoVAJ, tras su integración por acuerdo presidencial el 3 de diciembre del 2018.
Asegura que desde entonces ya había recibido “malas señales” en sus interlocuciones con quienes lo invitarían más tarde a integrarse a la CoVAJ en el sentido de que no podrían procesar a militares, sin embargo en su primer día de trabajo –y único- en el organismo, la indicación fue explícita y directa. “No podemos tocarlos”.
“Ese día que llegue a presentarme y recibir las primeras indicaciones sobre cómo nos organizaríamos para arrancar la investigación, se me dijo que a los militares no se les iba a tocar”, reveló.
Aseguró que incluso los dos o tres funcionarios con quienes tuvo reuniones de trabajo parecía que “lo daban por sentado” y también se hacía alusión a ella –la instrucción- en los encuentros o charlas que sostuvo “sin cuestionar nada”, remata.
Tras esa orden para garantizar la impunidad de los mandos militares y tropa desplegada en Iguala la noche del 26 de septiembre del 2014 incluso antes de que arrancaran de manera formal los trabajos, Alvarado simplemente decidió marcharse y no volvió más. “Solo deje que pasaran las horas, que se agotara el tiempo”, rememora.
“Por ética y porque era imposible no involucrar al Ejército decidí no regresar, dure en el cargo un día; mi oficina era enorme, como del tamaño de una cuadra justo ahí en Bucareli en el centro de ciudad de México; todo estaba vacío y apenas iba a ver cuáles iban a ser mis responsabilidades, se supone que sería un enlace entre la comisión y la presidencia o algo así”, recuerda.
Por entonces Alvarado ya había hecho buena parte de su propia investigación del caso, había recorrido pueblos y localizado fuentes vivas pero ocultas o desplazadas de Guerrero, rescatado documentos o gestionándolos, por lo cual sabía que era simplemente imposible desvincular al Ejército en la masacre.
También ya había rastreado declaraciones ministeriales tanto de sobrevivientes, como de vecinos de diversos pueblos; y consultado otras de sicarios, policías, Ministerios Público y jefes narcos que fue posible conocer en los primeros años tras la masacre.
En esa investigación que le llevó cerca de cinco años y que es poco conocida debido a que se publicó a través de una editorial independiente del Estado de México, reconstruye las últimas horas de los estudiantes hasta su desaparición y los sitios a donde posiblemente fueron ultimados.
En “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa”, el fugaz exintegrante de la CoVAJ ubica a militares trasladando y entregando a grupos de estudiantes a los sicarios de Guerreros Unidos, esto mediante las declaraciones de los propios sicarios y policías, algunos de los cuales posteriormente quedaron en libertad.
Así, al igual que otros periodistas que contribuyeron con sus investigaciones a conocer la magnitud de ese crimen de “lesa humanidad” –como Anabel Hernández o periodistas de Reforma, Proceso y la Jornada-, Alvarado ubica a “los verdes” cazando normalistas la noche del 26 de septiembre del 2014 en diversos puntos de Iguala y en una actuación coordinada con sicarios, policías municipales y federales, para la posterior desaparición de los estudiantes.
Las diversas pistas que logró rastrear Alvarado son por otra parte coincidentes con los informes oficiales que presentó la CoVAJ en 2020 y particularmente la del 2022, ya que les entregó sus hallazgos, pero su libro se publicó al menos un año antes del último reporte de Alejandro Encinas –de septiembre del 2022-, cuando declaró el caso Ayotzinapa como “un crimen de Estado”.
Dicho informe revela en sus páginas 56, 69, 74, 76, 79 y 91 testimonios de sicarios que identifican a soldados en diversas escenas violentas en la persecución, captura y asesinato de estudiantes. (1)
Por eso el autor de “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa” no esconde su indignación ante los afanes del presidente López Obrador durante los últimos dos años para desacreditar fuentes, periodistas, investigaciones independientes y hasta a sus colaboradores, para “convencernos” de que el Ejercito Mexicano es inocente…
-Debería ahorrárselo- dice irónico. Todos sabemos que fue el ejército, señala Alvarado en medio de la conmoción nacional con la que llegó el décimo aniversario de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y la nueva capa de impunidad que deja López Obrador sobre el caso, pero en este caso, para blindar a fuerzas armadas.
“Tenía realmente la esperanza de que un día se hiciera justicia, por eso todo lo que investigaba se los pasaba –a la CoVAJ-”, sostiene Miguel Ángel Alvarado al considerar que los narcos en México podrían ya estar actuando como un “brazo paramilitar” junto al Ejército, pero a la vez advierte que “la protección del Estado a las fuerzas armadas en el gobierno de López Obrador, lo convierte en un cómplice”.
-¿Crees que realmente López Obrador no pudo resolver el caso o la realidad es que no quiso?, le preguntamos a quien también es director general del portal Viceversa, uno de los escasos medios críticos que existen en la capital del Estado de México.
“Por supuesto que resolvieron el caso. Ese caso ya está resuelto; el tema es la judicialización de los expedientes, ya que eso implicaría detener altos mandos militares y políticos lo cual no va a hacer”.
Y no lo va a hacer, advierte, “porque López Obrador le debe todo al Ejército, pero no es que le hayan dicho que si no se alineaba con la milicia podría darse un golpe de Estado… es que en realidad hizo una alianza con el Ejército, hizo un pacto”, sostiene.
También asegura que el caso Ayotzinapa y su irresolución en este sexenio, muestra un claro retroceso en materia de justicia y Derechos Humanos, hasta un punto que nos coloca en la década de los 70´s.
-¿Crees que admitir que el Ejército estuvo involucrado en la desaparición de estudiantes sería como admitir que México es un narcoestado?
“Si, totalmente, pero además de eso queda claro que México es un ‘Estado fallido’, totalmente”, pero también recuerda que López Obrador evito ir contra Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos –a quien rescató de ser procesado en Estados Unidos por narcotráfico-, y otros altos mandos del Ejército y del gobierno de su antecesor, como por ejemplo Miguel Ángel Osorio Chong.
Alvarado recuerda que la noche de Iguala se montó un “monstruoso operativo” contra los estudiantes en el que habrían participado unas mil 500 personas, entre sicarios de varias células pertenecientes a Guerreros Unidos, policías de seis municipios, un batallón del Ejército, agentes de protección civil, policías estatales, policías federales y hasta bomberos…
Fue tan enorme que esa noche no solo desaparecieron 43 estudiantes, sino que asesinaron a otros tres y uno se mantenía en estado vegetativo. En total 47 estudiantes de la Rural de Ayotzinapa tuvieron un destino fatal el 26 y 27 de septiembre del 2014, pero a la fecha todo sigue impune.
Asegura también tras la masacre, se instrumentó un segundo operativo para controlar los escenarios, los testigos y las evidencias de la masacre de Iguala, un dispositivo que se mantiene hasta nuestros días para asegurar el ocultamiento o desaparición de cualquier prueba disponible sobre los implicados.
“Hay registrados entre 26 y 36 muertos colaterales y más de mil ejecutados desde entonces”, asegura el periodista y considera que amigos, familiares y gente cercana tanto de las víctimas como de los victimarios, han sido acallados, amenazados, asesinados o muchos han huido.
Respecto a los sitios donde habrían quedado los jóvenes, Alvarado refiere en su obra “Los Infiltrados, el secreto de Ayotzinapa”, varios de los que da cuentan el CoVAJ, pero advierte que se dejaron fuera otros puntos rastreados para su propia investigación, pero a los cuales las autoridades ya no dieron seguimiento.
También a partir de testimonios desconocidos hasta el 2021, reconstruye escenas de la violenta detención por grupos; la forma en que los estudiantes fueron levantados por policías o militares, y luego entregados a jefes de sicarios, quienes luego de transportarlos bajo torturas los asesinaron –algunos a tiros en la cabeza y otros a golpes-, luego desmembrados y algunos lanzados a trituradoras –presumiblemente- y otros calcinados, hasta hacerlos polvo.
En su libro publicado incluso antes que los informes concluyentes de Encinas, el periodista recoge otros hallazgos de investigadores como Temóris Grecko y Anabel Hernández –fustigada por López Obrador- para interrelacionar los datos junto con otros provenientes de medios como La Jornada, Proceso y Reforma entre 2014 y 2021, a fin de exponer con detalle la responsabilidad –y no solo por omisión como ha pretendido el presidente- de los militares esa noche.
El propio Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), en su último informe del 2023, concluyó que el Ejército Mexicano “participó activamente en la desaparición de los Normalistas”.
A su vez el informe de la CoVAJ del 2022, refiere puntualmente la responsabilidad del Ejército Mexicano en la desaparición de estudiantes, a partir de declaraciones ministeriales. En total logró identificar a 39 elementos del Ejército actuando esa noche.
Hay que recordar que Anabel Hernández en su libro “La Verdadera noche de Iguala”, da una de las revelaciones más trascedentes y fatales para los militares asesinos. Obtuvo las pruebas periciales que dan cuenta de 19 casquillos percutidos por soldados del Ejército, localizados en uno de los al menos tres escenarios de fuertes ataques contra estudiantes.
También en el libro la “La Guerra que nos Ocultan”, del que es coautor junto con Francisco Cruz y Félix Santana Ángeles –quien era el secretario técnico de la COVAJ-, indagó sobre el asesinato del normalista Julio César Mondragón Fontes, un militar-estudiante infiltrado en la Normal, asesinado y desollado esa noche.
Recuerda que las sábanas de registros telefónicos del celular de Mondragón Fontes, robado ese 26 de septiembre del 2014, revelaron que “estuvo activo después de su asesinato y que hubo registro de mensajes que se intercambiaron desde su equipo con personas ubicadas en el Campo Militar Uno”. Un dato replicado en diversos medios a partir de datos oficiales. (2)
Hay que recordar que López Obrador comenzó a descarrilar la investigación del caso Ayotzinapa hacia el segundo semestre del 2022. El 7 de septiembre de ese año la Fiscalía General de la República (FGR) solicitó cancelar 21 de 83 órdenes de aprehensión solicitadas, de las cuales 16 eran contra militares.
Ese movimiento motivó la renuncia de Omar Gómez Trejo, fiscal especial del caso Ayotzinapa, en tanto que Alejandro Encinas presentó el 27 de septiembre del 2022 su 2o Informe declarando el caso Ayotzinapa como un “crimen de Estado” con la participación del Ejército. También admitió estar bajo amenazas, aunque dijo que no se detendría. (3)
Más recientemente lanzó una campaña para rescatar al Ejército, con el que, de acuerdo con Alvarado, “habría pactado AMLO para sacar adelante su gobierno”.
Específicamente el 28 de julio del 2023, López Obrador declaró por primera vez que había una campaña “en contra del gobierno de México, es una campaña para debilitar las fuerzas armadas” dijo, y ya no paró.
Durante la noche de Iguala, a pesar de la represión del Estado, las intercomunicaciones fueron intensas, refiere el escritor Miguel Ángel Alvarado. Los estudiantes incluso atrapados ya o esperando turno para su final, alcanzaron a enviar videos de los lugares donde estaban secuestrados.
El escritor refiere a testigos que le describieron estos videos o tuvo acceso a ellos, también logró localizar a dos estudiantes que hicieron su propia búsqueda en los días inmediatos posteriores a la desaparición masiva de alumnos, y obtuvieron respuestas a detalle de uno de los jefes sicarios conocidos como “el Güero” de la ciudad de Chipalcingo, a quien le toco desaparecer un grupo de jóvenes.
Alvarado reconstruye este encuentro en “Los Infiltrados”, así como otros sitios –como una bodega de la comunidad de Mezcala- donde los estudiantes fueron retenidos y asesinados, al tiempo que refiere otros lugares con testimonios de testigos que los ubican como los sitios finales de desaparición, entre los cuales está el pueblo de Carrizalillo y la Mina de Los Filos, lugares que de inmediato se llenaron “de retenes algunos militares y otros de civiles armados que impedían el paso” (4).
En septiembre del 2022, Alejandro Encinas reveló que en la Noche de Iguala incluso se cambiaron los patrones de la desaparición en México y se descubrió que los restos de los estudiantes han sido movidos de lugar en varias ocasiones.
Miguel Álvarado reconoce que la orden que se dio a la CóVAJ para “no tocar a los militares”, la cumplió a cabalidad pero el propio López Obrador.
Fotografías: Cuenta Facebook Padres y Madres de Ayotzinapa
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(1) Infirme Comisión Ayotzinapa
(2) Caso Mondragón: la pista que va de Ayotzinapa al Campo Militar Número 1
(3) Segundo Informe. Presidencia de la Comisión Ayotzinapa
(4) Miguel Ángel Alvarado, El Secreto de Ayotzinapa. México VC Ediciones, 2021, pag. 274
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Consulta:
La ‘verdad histérica’: AMLO y Ayotzinapa
La urgencia del mapa de Ayotzinapa
“Nos ha mentido”: familiares de los 43 a AMLO