Regla de Tres

Aves de muerte en Michoacán

Los drones con cargas explosivas son los artefactos más recientes incorporados por los cárteles de la droga en su guerra territorial en México


Ivonne Monreal

Los drones con cargas explosivas son los artefactos más recientes incorporados por los carteles de la droga en su guerra territorial en México, pero es la Tierra Caliente de Michoacán la única considerada zona de alto riesgo, desde que hace cerca de dos años el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) lanzó sus primeros ataques de este tipo.

Han sido blanco de la acometida de esos drones -equipados de manera artesanal en un inicio pero cada vez más sofisticados- localidades como El Bejuco y La Romera, en el municipio de Tepalcatepec, donde el 12 de enero del 2022 el CJNG arrojó explosivos C4 contra integrantes de las llamadas autodefensas.

Pero el primer objetivo de los atentados con drones explosivos fue Aguililla, el municipio natal del líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes. La comunidad de El Aguaje fue el blanco de una emboscada contra policías allá por el 19 de abril de 2021, a dos años de que ese cártel logró posicionarse en Michoacán como parte de la disputa que sostiene contra Cárteles Unidos.

Otro objetivo donde el CJNG ensayó ataques con drones fue la presidencia municipal de Villa Victoria, cabecera municipal de Chinicuila el 9 de diciembre de 2021. También soltó explosivos encima de camionetas que llevaban a presuntos miembros de la Policía Comunitaria el 25 de mayo de 2022, de nueva cuenta en zonas rurales de Tepalcatepec.

Y aún cuando el Gobierno Federal, encabezado por Andrés Manuel López Obrador, rechaza la idea de catalogar como terroristas las acciones de los cárteles, tácticas de guerra como lanzar explosivos C4 desde vehículos aéreos no tripulados son clasificados como actos terroristas por agencias de seguridad internacionales.

El creciente uso de explosivos en México es uno de los temas que formaron parte de la Primera Sesión Ordinaria 2022 del Comité Especializado de Alto Nivel en materia de Desarme, Terrorismo y Seguridad Internacionales (Candesti), acorde a los archivos hackeados por Guacamaya Leaks, publicados por la revista Contralinea.

El documento del Candesti, organismo intersecretarial del Gobierno Federal presidido por la Secretaría de Gobernación, enumera en 6 las zonas de alto riesgo -en todo México- en el uso de explosivos lanzados desde drones: Aguililla, Aquila, Chinicuila, Coalcomán y Tepalcatepec, todos en la Tierra Caliente de Michoacán.

Uso de explosivos

Fue en 2020 cuando en México se reportó por primera vez el uso de drones para atacar objetivos con cargas explosivas y es Michoacán con las incursiones del CJNG el que lleva la batuta, no solo con este método de detonación sino con granadas de mano de fabricación casera, contenedores metálicos o cajas de herramientas que se activan vía remota con ondas de radio o vía inalámbrica por teléfono celular.

La aplicación de esos sistemas de detonación de largo alcance y de otros dispositivos de tipo mina antipersonal (colocadas debajo de la superficie terrestre), son descritos también en el informe Artefactos explosivos improvisados utilizados por la delincuencia organizada en México de la Subsección de Contraterrorismo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Divulgado por medios como Contralínea y El Financiero de los archivos que hackeo Guacamaya Leaks, el informe señala que en el transcurso de una década 19 de las 32 entidades federativas del país han sido afectadas por ese tipo de tácticas explosivas.

Si bien el uso de ese tipo de ataques se propagó a partir de 2012, fue en el 2020 que se recrudeció su práctica y es Michoacán el estado a la cabeza de la lista, seguido de Guanajuato, Jalisco y Chiapas, entre un total de 377 “eventos” en los que los cárteles han utilizado mil 765 artefactos explosivos improvisados.

El 45 por ciento de los “eventos” han acontecido en Michoacán (170 según el informe citado) y la misma porcentual aplica para los artefactos explosivos que se emplearon en esos sucesos en la misma entidad (un total de 801).

El 33 por ciento de los ataques se registraron en Guanajuato donde fueron empleados el 28 por ciento del total de los explosivos (126 “eventos” con 497 artefactos) citados en el informe; en tanto en Jalisco y Chiapas se registraron menos de 100 eventos con 227 y 118 explosivos, de modo respectivo.

En los documentos filtrados se destaca el peligro de la proliferación de estos artefactos ya que la delincuencia organizada puede comprar componentes en línea y capacitarse por ese mismo canal para su fabricación y uso; aunado a ello se puede deducir además el hecho de que utilizarlos evita las bajas humanas en sus filas.


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