Atrás de las principales figuras que mediáticamente representaron al movimiento, hombres y mujeres pagaron injustamente por el anonimato
Rogelio Josue Ramos Torres
Primera parte
Los detonantes
En aquel junio de 2014, cuando lo apresaron, Marco tenía 22 años, nació en Otlán, Jalisco, pero desde los 5 vivía con su madre en Coalcomán, Michoacán. Las cosas con la inseguridad habían comenzado a complicarse años antes, pero en 2013 de plano se fue todo al carajo, al menos para él y para su familia. Ya antes habían matado a su tío José, pero la larga zarpa templaria les habría de caer todavía con más brutalidad encima el 2 de diciembre de ese mismo año. Sucedió cuando su hermano, de 18 años, y su tía, de 25, viajaban juntos con rumbo a Colima. Un grupo de hombres armados los interceptó cuando pasaban por una ranchería. A ella la bajaron primero del carro, a jalones, ante los gritos impotentes del muchacho. Ahí mismo le arrancaron la ropa, la violaron entre tres y la golpearon hasta que cayó inconsciente. Luego, uno de los sicarios se acercó al joven y sin más lo mató de un disparo, le clavaron un cuchillo con una cartulina en un costado y arrojaron su cuerpo inerte sobre la muchacha. “Eso les pasa por soplones”, escribieron.
Sobre la familia pesaban varias amenazas, todas sin fundamento, pretextos que los templarios buscaron para condenarlos por el hecho de haberse negado a pagar las cuotas exigidas. Los criminales la emprendieron entonces contra un primo de Marco que recién había regresado de los Estados Unidos, también se negó. No tardaron en perpetrar la represalia, y fue despiadada, demencial. Al primo lo levantaron. Cuando la familia de Marco encontró su cuerpo, este no tenía los testículos, tampoco el ojo derecho, ni la lengua, ni una oreja, ni ninguno de los dedos de las manos. El torso estaba marcado por diversos cortes de arma punzocortante y siete heridas de bala. Tenía, además, varias partes carbonizadas.
Jorge tenía 19 años cuando le pusieron las esposas y lo llevaron a empujones a una camioneta de la policía en ese verano de 2014. Nació en Chucutitán, un rancho como a unos 30 kilómetros del puerto de Lázaro Cárdenas. Era albañil y le tocó vivir en carne propia el acoso templario. Una tarde vio cómo la gente que mandaba “El Bigote” le ponía a su abuelo una pistola en la sien, obligándolo a arrodillarse. Querían que les entregara una camioneta que había comprado recientemente. Era el año 2010, y, gracias a la intervención de un conocido pudo negociar el asunto. Los delincuentes, sin embargo, compensaron lo perdido con lo que pudieron sacarle a un tío de Jorge, que vendía muebles en La Mira y a quien obligaron a pagar una cuota bajo la amenaza de matarlo a él y a sus hijos. Más tarde le pidieron un millón de pesos, que el señor se negó a pagar. Estaba consciente de lo que eso implicaba, y se preparó para las consecuencias. El día que llegaron por él los recibió a balazos, pero traían más armas y no pudo con todos, ahí lo mataron. Le dieron un tiro de gracia en la frente y aventaron su cadáver en una laguna cerca de Playa Azul. Apareció flotando cuatro días después.
Ricardo tenía 26 años cuando le cayeron encima los federales en aquel sexto mes de 2014. Entonces vivía en Caleta de Campos, trabajaba como campesino. Un día, un grupo de hombres armados liderados por “El Chabelo”, el jefe templario del pueblo, se presentó en la casa donde vivía junto a sus padres y otros hermanos. El delincuente les dijo que una hermana de ellos, emigrada desde hace algunos años a Estados Unidos, le debía 15 mil dólares. Le respondieron que, si aquello era cierto, ellos no podían pagarlo. Días después levantaron a uno de sus hermanos en el tramo Caleta-Chuquiapan. Luego de algunos días de buscarlo, un campesino de una localidad cercana les dijo haber visto que en una brecha torturaron a alguien. Fue un 23 de marzo cuando junto a cuatro policías federales encontraron su cuerpo, estaba quemado y parcialmente enterrado. Lo reconocieron gracias a lo que quedó de una credencial para votar. Después sabrían que tenía también decenas de huesos rotos.
El contexto
Entre la policromática lista de causales de los grupos de autodefensas que surgieron en Michoacán entre los años 2013 y 2014, hay innumerables historias como estas, que remiten a un hartazgo legítimo frente a un acoso criminal que germinó y se agigantó gracias a complicidades políticas e institucionales que, salvo irrisorias excepciones, nunca fueron penalizadas. En esta historia, los seudónimos de los capos mafiosos más temidos, el Chabelo, el Gori, el Bigote, el Quinientos, etc., están inevitablemente ligados a nombres y apellidos de políticos de viejo y nuevo cuño, pero también de empresarios sin cuyos medios y canales comerciales la explosión de la delincuencia no puede sencillamente entenderse. Crimen organizado, Estado y empresarios, la trilogía que en Michoacán alimenta y aceita la máquina del desarrollo, un conglomerado omnímodo y fáctico de fuerzas cuyas tensiones, en los años posteriores al calderonismo, derivaron en un temporal crítico que sacudió a un estado históricamente habituado a convivir con niveles de violencia por encima de la media nacional.
El denominador común de los tres testimonios antes referidos es que sus autores estaban entre los 82 hombres que fueron apresados junto a José Manuel Mireles, el 27 de junio de 2014, en La Mira, Michoacán. La mayoría eran costeños, residentes de pueblos como Caleta de Campos, Chuquiapan, Las Peñas y La Manzanilla. Mireles, se sabe, estuvo rodeado de perfiles tan variopintos como lo es el propio crisol social de la Tierra Caliente y de la Sierra-Costa michoacanas. Regiones donde, así como le sucedía al malhadado Jesús Pérez Gaona del entrañable José Rubén Romero, la muerte y las personas se hablan de tú desde hace un buen rato, donde su presencia sirve también para escapar de los peligros y las lógicas de blancos y negros se quedan muy cortas para explicar la realidad.
Los de ese encarcelamiento eran en su mayoría hombres de trabajo, personas sencillas para las que el yugo templario era ya insostenible, familias con hijas violadas, con hermanos muertos, con padres torturados, con sobrinos desaparecidos, con madres amenazadas, con casas arrebatadas, con bienes expoliados, a quienes la desesperación, y una añeja imposibilidad de acceso a los canales institucionales, no dejó otro camino para tratar al menos de contener un drama de dolor y sangre que para entonces se repetía por cientos en esas regiones.
El fenómeno no era en absoluto aleatorio, el desinterés oficial saltaba a la vista exhibiendo las falacias de un sistema supuestamente democrático, en el que la inclusión política es propiedad exclusiva de unos cuantos, generalmente congraciados con los intereses del gran capital. De eso hablaba el desdén de las autoridades, del sesgo policial característico de los Estados que transitan a las fases más rapaces del neoliberalismo, en los que las funciones de seguridad se centran en custodiar capitales y no personas, funciones que, en lugares como Michoacán, se comparten desde hace mucho con los lugartenientes criminales. Un esquema lógico considerando que, como apunta Salvador Maldonado (2014), el narcotráfico es la cristalización de la misma organización económica, política y social de las poblaciones y sus mercados. El problema fue que la grotesca ocurrencia calderonista de 2006 rompió los equilibrios de esa gobernanza político-criminal, provocando el brote de múltiples fuerzas delincuenciales que terminaron por hacer metástasis en el tejido social, y los anticuerpos de este, a su vez, por reaccionar.
Frente a las autodefensas, el gobierno federal adoptó una actitud errática, que un gobierno estatal representado por Fausto Vallejo, un político de pacotilla, con distintos matices, replicó. Las posturas de políticos y funcionarios del régimen oscilaban entre el silencio, la simpatía y la condena. Finalmente, la ambivalencia y el pragmatismo se impusieron como la constante que guio el proceder de las autoridades (Guerra Manzo, 2015), y, así, el gobierno se reservó el derecho de clasificar a buenos y malos de acuerdo con sus propios intereses. Hipólito Mora y José Manuel Mireles, los líderes más radicales y reacios a la negociación, fueron entonces separados del resto y colocados bajo una etiqueta distinta, una marca que, a la postre, habría de decidir sus destinos.
Esos liderazgos ostentaron desde el inicio una capacidad de aglutinamiento de la indignación social que cundió velozmente en el territorio estatal, y que, por lo tanto, amenazaba los intereses de la plutocracia en el gobierno, cuya vocación capitalista no se distanciaba, en esencia, de aquella criminal. Por eso, la estrategia para el apaciguamiento fue en buena medida la de reordenar la relación Estado-grupos criminales, orientada a calmar la superficie de las cosas, y a inhibir el incendio social que se extendía por todo Michoacán.
Como corolario, vendría el manotazo estatal, el castigo ejemplar a los rebeldes que se negaron a plegarse a las decisiones de la administración peñanietista. Al gobierno no le preocupaban las causas del problema, sino, como señaló en su momento Martha Olivia Arias (2014), su interés estaba en montar la ilusión de la “vuelta a la normalidad”. Un prerrequisito obligado ante la amenaza que el brote de las autodefensas significaba para un Estado en franco despliegue neoliberal, que se aprestaba, mediante una serie de reformas estructurales, a rematar el patrimonio nacional. No fue casualidad que, tras haber recorrido una buena cantidad de poblaciones, el arresto de Mireles ocurriera precisamente en la zona costera donde se concentran las hegemonías industrial y política que controlan históricamente el desarrollo de la región, y, en no menor medida, del estado.
La detención
El arresto fue una puñalada a traición para quienes, con todo y sus contraluces, se habían encargado de hacer lo que el gobierno no hacía, proveer seguridad y defender a la población frente al embate criminal. A Mireles, según se dijo, lo había convocado la gente de La Mira y de Acalpican para que les ayudara a constituir su consejo de autodefensa. De ahí se lanzarían sobre el puerto de Lázaro Cárdenas y, si todo salía bien, enderezarían después baterías rumbo a la capital. Fue el propio Mireles quien invitó a ese mismo acto a los grupos de autodefensa de los pueblos vecinos. Algunos aceptaron con recelo, el mes anterior, una patrulla militar había intentado llevarse a los pobladores de Caleta de Campos que hacían guardia en su barricada. La población salió a defenderlos y frustró el intento. Pero en La Mira las cosas iban a ser distintas.
Dicen que eran como 600 entre militares, federales, marinos y ministeriales los que rodearon aquella tarde el pueblo. Dicen que fue el sobrevuelo de un helicóptero merodeando a pocos metros del suelo el primer mal augurio. Dicen que, habiendo caído el doctor, sonaron balazos y hubo persecuciones en algunos barrios y en los alrededores de la localidad. Dicen que no fue la falta de valor sino la sorpresa y la confusión lo que neutralizó la reacción de los cientos de jóvenes y hombres ahí presentes convocados por la carismática figura de Mireles. Lo que, en todo caso, a los 82 hombres detenidos ese día no se les olvida, es el calor costeño haciendo hervir el fierro de las cajas de las camionetas a donde fueron arrojados, con las manos atadas, con la cara pegada a la lámina, unos sobre otros, como pacas apretujándose en montones. Ahí, expuestos deliberadamente a padecer un sol lacerante, quedaron muchachos y hombres adultos con el cuerpo machacado a patadas y cachazos, con los músculos punzantes, con huesos rotos, con pómulos tumefactos. Ahí quedaron las heridas aun abiertas a merced de la sal que brotaba de la piel, ahí, la ropa del compañero de estiba secó los hilos de sangre. Ahí, empezó la tortura, ahí, el castigo estatal comenzó a destilar, lenta y contundentemente, sus efectos.
Luego de un par de horas los vehículos se pusieron en movimiento. La primera parada fue en el Ministerio Público de Lázaro Cárdenas. Los que antes habían podido esconder entre los calzoncillos el dinero que traían, ahí lo perdieron a manos de policías y funcionarios sátrapas que se los arrebataron sin dejar, claramente, constancia de su existencia en documento alguno. Para varios de los detenidos, como Martín, proveniente de La Coralilla, aquel fue un golpe duro, ese mismo día había vendido su cosecha de mango y los ministeriales le robaron los 30 mil pesos del pago que llevaba en los bolsillos de su pantalón. Los obligaron a hacer una fila. Quienes aún conservaban su teléfono celular ahí lo perdieron también. Los tuvieron parados por horas, les tomaron los datos, y con la noche ya entrada los volvieron a subir a las camionetas, que partieron de inmediato, siempre esposados, siempre vigilados por un fuerte operativo. Por si no bastara con la inquina policial, una lluvia nutrida los acompañó buena parte del camino, como machacándoles su mala estrella. Varios tendrían complicaciones de salud los días siguientes. Se dirigían a Morelia. Llegaron de madrugada. En la Procuraduría había algunos reporteros, esperaban a Mireles, pero entre los detenidos nadie sabía de él ni de sus escoltas. Para la mayoría, aquella tarde fue la última vez en verlo. Los metieron al edificio, esta vez los separaron en pequeñas celdas. Comenzaban la rendición de declaraciones. La naturaleza carroñera de los coyotes de la Procuraduría se puso entonces en acto, funcionarios de grados menores, sin identificación, comenzaron a rondar a los detenidos que aguardaban su turno, “¡ey tú!, 50 mil pesos para que te toque arma corta”. A la mirada extrañada de los interpelados, el oferente alargaba un poco la explicación: “es que si te toca arma larga no alcanzas fianza. Por eso, con 50 mil lo arreglas, pero me tienes que dar ahorita la mitad. Si me dices que sí, ahorita pido para que te dejen hacer una llamada, pero tiene que ser ya.” Al momento de declarar quedaba todo más claro: las acusaciones que el gobierno les imputaba incluían los delitos de portación de armas y explosivos de uso exclusivo del ejército. El parte policial hablaba del hallazgo de armas largas e, incluso, drogas en los vehículos decomisados, un burdo montaje plagado de infundios, orquestado desde las oficinas del impresentable Comisionado para la pacificación de Michoacán, Alfredo Castillo Cervantes.
Ilustración: Patricia Monreal
