El arribo de Norma Piña a la presidencia de la Corte hace un año, no sólo significó la primera mujer en el cargo, sino que trajo consigo una embestida sin precedentes contra el Poder Judicial Federal
Redacción
Cuando el dos de enero de 2023 Norma Lucia Piña Hernández fue electa presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, México no sólo vio por primera vez el arribo de una mujer a dicho cargo, sino también, una embestida sin precedentes contra el Poder Judicial Federal impulsada desde la propia titularidad del Ejecutivo Federal.
En una tercera ronda de votación Piña Hernández alcanzó seis votos a favor de los once ministros, lo que le permitió arrancar un periodo de tres años al frente de la Corte y el Consejo de la Judicatura Federal, sucediendo a Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Norma Piña no contaba con el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador quien, había operado políticamente a favor de la ministra Yasmín Esquivel, pero escándalo por plagio en la tesis de licenciatura de ésta, generó presión pública para cerrarle el paso.
En su haber como ministra, Norma Piña ha respaldado asuntos relacionados con igualdad de género, ha votado por la despenalización del aborto, los derechos de LGTBIQ+, así como del uso recreativo de la marihuana.
“Agradezco a las que siempre han creído, a las que no se han cansado de intentar cambios que poco a poco arrinconan nuestra cultura patriarcal, honro en este momento, a las que ya no están. Trabajaremos, nos esforzaremos todos los días por una sociedad más justa, más igualitaria, sin violencia contra las mujeres -ese un anhelo- que no les quepa duda”, apuntó la ministra tras asumir funciones como presidenta.
Dos semanas después, el presidente Andrés Manuel López Obrador enfiló la artillería contra la naciente gestión de Norma Piña, “ahora estamos notando que hay más actos que consideramos ilegales y de injusticias en contra del interés público”, refirió.
El cinco de febrero, durante el CVI Aniversario de la Constitución de 1919, al arribo de Andrés Manuel López Obrador al evento, mientras todos los asistentes se ponían de pie Norma Piña permaneció sentada, lo que desató un fuerte debate público al respecto.
Ese día la ministra en su mensaje exigió respeto al Poder Judicial: “es sano y necesario ponderar la actividad de los jueces en virtud de las resoluciones que emiten, y nunca perder de vista la independencia judicial —la de los juzgadores y la de uno de los poderes constitutivos de la República. Una judicatura independiente es pilar de nuestra democracia.
“La independencia judicial no es un privilegio de los jueces, es el principio que garantiza una adecuada impartición de justicia para hacer efectivas las libertades y la igualdad de las y los mexicanos. La independencia judicial es la principal garantía de imparcialidad del Poder Judicial, siempre, en beneficio de la sociedad”, refirió.
Pasaron tres días para que López Obrador asegurara que la ministra presidenta había llegado al cargo gracias a él, argumentando que no había metido las manos en la designación y eso le permitió arribar a la presidencia. Sin embargo, en el proceso de selección fue evidente la intervención sin éxito del Ejecutivo Federal.
En el evento del Día de la Bandera del 24 de febrero, Norma Piña optó por ausentarse del evento realizado por la presidencia de la República en el Campo Marte.
Ese día López Obrador acusó que la Suprema Corte había permitido descongelar las cuentas de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, y al iniciar marzo, acusó protección del Poder Judicial a “delincuentes de cuello blanco”, aludiendo a la cancelación de las órdenes de aprehensión contra Rosario Robles y Francisco Javier Cabeza de Baca.
Esto derivó que en redes sociales circularan amenazas de muerte contra Norma Piña, lo que devino en la exigencia de La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) a la Fiscalía General de la República para investigar el caso. Andrés Manuel López Obrador por su parte, desestimaría el asunto e incluso refirió que dichos mensajes podían ser fabricados.
El 18 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, en un evento encabezado por el mandatario a propósito de la Expropiación Petrolera, un grupo de personas golpeó y quemó una piñata con el rosto de la ministra mientras repetían: “es un honor estar con Obrador”.
El Poder Judicial se posicionaría al respecto a través de un comunicado: “Preocupa a este Poder de la Unión que el ejercicio de los pesos y contrapesos que exige nuestro orden constitucional redunde en una confrontación, no sólo institucional, sino entre los mexicanos. La violencia, de cualquier tipo, es un obstáculo para el cumplimiento de los objetivos que nos unen como mexicanas y mexicanos: la salvaguarda de los derechos humanos y del estado de derecho”.
Las resoluciones tomadas por la Corte en temas prioritarios para el lopezobradorismo ahondarían la tensión. El 18 de abril la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó inconstitucional que la Guardia Nacional esté adscrita al Ejército, ya que el artículo 21 de la Constitución General de la República establece claramente su carácter civil.
Tres días después en su conferencia de prensa “mañanera”, el presidente informó que había dado la orden a sus funcionarios de no contestar el teléfono cuando les marcaran los ministros, argumentando que Norma Piña había intentado negociar el plazo para que la Guardia Nacional pase a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
En mayo la Asociación Internacional de Juezas (IAWJ por sus siglas en inglés) otorgó, durante la Bienal en Marruecos, el premio Derechos humanos 2023 a Norma Piña, mientras las críticas del presidente de la República arreciaban acusándola de dar “manga ancha” a los jueces para liberar a criminales.
Durante la celebración del Congreso Mundial de Derecho, en Nueva York -en julio- Norma Piña alertó que “persiste la intención de que los tribunales constitucionales se reduzcan a replicar las ideas de un solo hombre”.
Y agregó: “Lamentablemente la experiencia de la región en relación con la merma de la independencia judicial como una de las vías para debilitar la división de poderes en nuestras democracias constitucionales nos enciende focos rojos”.
En tanto Morena, promovería una denuncia de juicio político a los ministros de la Corte “por no apegarse a los principios de austeridad republicana del gobierno” lopezobradorista, luego que la Secretaría de Gobernación requiriera al Poder Judicial conocer de cuánto ganan los ministros.
Para la conformación del paquete económico federal 2024 el presupuesto turnado en agosto por el Poder Judicial, arreciaría las tensiones entre Ejecutivo, Legislativo y Judicial por este tema.
López Obrador acusó de cinismo a Norma Piña por el alza del cuatro por ciento prevista por el Poder Judicial a su presupuesto, “es mucho cinismo de los ministros de la Corte, no quiero generalizar pero de la mayoría y en este caso de la presidenta”.
De paso el mandatario acusó a la ministra de contratar a “uno de los brazos derechos” del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Corte a su vez, daría otro revés al lopezobradorismo al determinar el 23 de septiembre que el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), podía sesionar con cuatro comisionados hasta en tanto el Senado de la República designa a los restantes.
La tensión continuó al mes siguiente, en septiembre, cuando el Grupo Parlamentario de Morena presentó una iniciativa para extinguir 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación, que finalmente fue aprobada en octubre, no sin generar movilizaciones en todo el territorio nacional de trabajadores que se verían afectados con la medida.
Los amparos contra la reforma no se hicieron esperar, 761 trabajadores y jubilados del Poder Judicial promovieron uno colectivo contra la desaparición de los fideicomisos. Para diciembre la Corte emitiría una medida cautelar para dejar sin efectos la reforma hasta en tanto el asunto sea resuelto de fondo.
Para el primer informe de Norma Piña como presidenta del Poder Judicial el 14 de diciembre, López Obrador optó por el desaire y determinó no acudir al evento. Fue la primera vez que un presidente no hizo acto de presencia en un acto de esta naturaleza.
