Silvano Aureoles Conejo y el fiscal Adrián López Solís, fueron los ejecutores de la intervención policiaca que dejó en la comunidad cuatro ejecuciones
Raúl López Téllez
Sin justicia alguna y en un caso que ya transita entre una administración y otra, los comuneros de Arantepacua mantienen su demanda de reparación del daño por la “masacre” ocurrida en el 2017 en aquella comunidad del municipio de Nahuatzen.
Con el señalamiento a un funcionario de la era silvanista que se mantiene en la estructura de gobierno y el rechazo a una disculpa pública que ofreció el actual gobernador, Alfredo Ramírez Bedolla, los comuneros señalan en la lista de agravios a la postura de la Fiscalía General de la República que rechazó atraer el caso.
En el 2017, autoridades policiacas arribaron a la comunidad tirando puertas y apuntando a mujeres y niños, además de efectuar varias detenciones. Los hechos se derivaron de un conflicto entre Arantepacua y Capacuaro, del municipio de Uruapan, cuyos comuneros retenían vehículos para presionar a las autoridades estatales y agrarias a una solución.
El 5 de abril, se instrumentó un operativo con más de 400 elementos policiacos para intentar la liberación de los vehículos y se suscitó un tiroteo.
El saldo fue de cuatro “ejecuciones extrajudiciales”, 10 torturados, 38 casos de “tratos crueles e inhumanos”, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas, según el veredicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 42PG2020.
El 10 de marzo del año pasado, la Fiscalía General de la República rechazó atraer el caso, “dejando sin respuesta la exigencia de justicia de una comunidad entera”, señaló en el 2022 el Concejo Comunal Indígena.
El 19 de marzo del 2022, se plantaron en un evento público en esta capital, para protestar en contra del fiscal Adrián López Solís -secretario de Gobierno con Silvano Aureoles Conejo cuando ocurrieron los hechos-, a quien responsabilizan como el ejecutor de la acción en la comunidad y donde entre las víctimas fuera abatido un joven estudiante del bachillerato.
“La masacre de Arantepacua continúa impune tras 5 años de exigir justicia, porque el genocidio que inicio hace más de 500 años, se mantiene hasta nuestros días”, planteó en un manifiesto del Concejo Comunal Indígena.
El Concejo señala que “nos desaparecen y asesinan para hacerle paso a la maquinaria de muerte del Estado, el narcotráfico y las empresas. Los responsables de la masacre en Arantepacua tienen nombre y apellido, fueron Silvano Aureoles Conejo quien era gobernador de Michoacán en 2017 y el fiscal del estado Adrián López Solís, ambos son quienes dieron la orden para ejecutar la masacre. Nuestras muertes, nuestro exterminio son necesarios para que el capital siga creciendo. En Michoacán el capital crece a través de la violencia y el extractivismo, como con la expansión del monocultivo de aguacate que ha causado la deforestación de miles de hectáreas de bosques”.
De acuerdo con el documento que difundieron integrantes del Concejo Comunal Indígena de Arantepacua, el 10 de marzo del 2022, la FGR determinó no ejercer el caso aduciendo que son los propios afectados quienes han impedido la investigación, situación que a su juicio “nos revictimiza al culparnos de la impunidad” de las autoridades.
De acuerdo con los comuneros, según la FGR determinó no ejercer la atracción con el argumento de que los hechos no tienen trascendencia política y social, no obstante que el gobierno estatal que encabezó Silvano Aureoles Conejo atacó a la comunidad.
La competencia de la FGR, cuestionaron, la establece el artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece cuáles son los delitos en los que interviene la federación así como sus excepciones y donde para la atracción de casos, deberá considerar las características específicas de que se trate, la importancia y la trascendencia del mismo, como evidentemente ocurrió con los hechos registrados en abril del 2017.
En la versión de la FGR, narraron los comuneros, los afectados no han permitido presuntamente que las autoridades locales se realicen las licencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, versión ante la que señalaron que rechazan “la complicidad de la FGR con los agresores de nuestra comunidad”, y que evidencia a su juicio que la dependencia “se niega a resolver el crimen de Estado” y pretende que el actual fiscal del estado, Adrián López Solís -quien durante los sucesos ocupaba la Secretaría de Gobierno en la administración de Aureoles Conejo-, “se investigue a sí mismo”.
“La masacre de Arantepacua continúa impune tras 5 años de exigir justicia, porque el genocidio que inicio hace más de 500 años, se mantiene hasta nuestros días”, indica un manifiesto del Concejo Comunal Indígena, cuyos integrantes se hicieron presente el pasado — de marzo para protestar y exigir el fincar responsabilidades a López Solís.
El 5 de abril, señalan los comuneros, “policías estatales, municipales y federales atacaron al pueblo indígena de Arantepacua en Michoacán, ejecutaron una masacre donde hubo 4 ejecuciones extrajudiciales, 10 casos de tortura, 38 casos de tratos crueles e inhumanos, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas directas del ataque. El 10 de marzo de este año la Fiscalía General de la República desestimó el caso, dejando sin respuesta la exigencia de justicia de una comunidad entera”.
López Solís, durante la presentación del Plan de Apoyo para Michoacán el 19 de marzo y a quien los indígenas de Arantepacua responsabilizan de dirigir la intervención policiaca que dejó cuatro muertos. | Agencia Comunicación Gráfica
Respecto a los presuntos responsables, el Concejo señala que “nos desaparecen y asesinan para hacerle paso a la maquinaria de muerte del Estado, el narcotráfico y las empresas. Los responsables de la masacre en Arantepacua tienen nombre y apellido, fueron Silvano Aureoles Conejo quien era gobernador de Michoacán en 2017 y el fiscal del estado Adrián López Solís, ambos son quienes dieron la orden para ejecutar la masacre. Nuestras muertes, nuestro exterminio son necesarios para que el capital siga creciendo. En Michoacán el capital crece a través de la violencia y el extractivismo, como con la expansión del monocultivo de aguacate que ha causado la deforestación de miles de hectáreas de bosques”.
La movilización partirá el 5 de abril de la Casa de Gobierno hacia el Centro Histórico de Morelia, donde se prevé un mitin frente al Palacio de Gobierno, sin descartar que otras acciones como el bloqueo de carreteras acompañen la protesta.
Desde la plaza de la comunidad indígena de Arantepacua, pobladores impugnaron la negativa de la Fiscalía General de la República de atraer el caso por la intervención armada de policías michoacanos que los días 4 y 5 de abril del 2017 dejaron cuatro muertos, torturados y detenciones arbitrarias.
De acuerdo con el documento que leyeron varios integrantes del Concejo Comunal Indígena de Arantepacua, el pasado 10 de marzo la FGR determinó no ejercer el caso, aduciendo que son los propios afectados quienes han impedido la investigación, situación que a su juicio “nos revictimiza al culparnos de la impunidad” de las autoridades.
En la fecha, autoridades policiacas arribaron a la comunidad tirando puertas y apuntando a mujeres y niños, además de efectuar varias detenciones. Los hechos se derivaron de un conflicto con Capacuaro, del municipio de Uruapan, con Arantepacua, cuyos comuneros retenían vehículos para presionar a las autoridades estatales y agrarias a una solución. El 5 de abril, se instrumentó un operativo con más de 400 elementos policiacos para intentar la liberación de los vehículos y se suscitó un tiroteo con cuatro víctimas mortales, uno de ellos un joven estudiante de bachillerato.
El saldo fue de cuatro “ejecuciones extrajudiciales”, 10 torturados, 38 casos de “tratos crueles e inhumanos”, 48 detenciones arbitrarias y más de mil víctimas, según el veredicto de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en su recomendación 42PG2020.
De acuerdo con los comuneros, según la FGR determinó no ejercer la atracción con el argumento de que los hechos no tienen trascendencia política y social, no obstante que el gobierno estatal que encabezó Silvano Aureoles Conejo atacó a la comunidad.
La competencia de la FGR, cuestionaron, la establece el artículo 50 de la Lewy Orgánica del Poder Judicial de la Federación, donde se establece cuáles son los delitos en los que interviene la federación así como sus excepciones y donde para la atracción de casos, deberá considerar las características específicas de que se trate, la importancia y la trascendencia del mismo, como evidentemente ocurrió con los hechos registrados en abril del 2017.
En la versión de la FGR, narraron los comuneros, los afectados no han permitido presuntamente que las autoridades locales se realicen las licencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos, versión ante la que señalaron que rechazan “la complicidad de la FGR con los agresores de nuestra comunidad”, y que evidencia a su juicio que la dependencia “se niega a resolver el crimen de Estado” y pretende que el actual fiscal del estado, Adrián López Solís -quien durante los sucesos ocupaba la Secretaría de Gobierno en la administración de Aureoles Conejo-, “se investigue a sí mismo”.
La Fiscalía General de la República, sostuvieron, “nos revictimiza al culparnos de la impunidad”, por lo que advirtieron que recurrirán “a nuestro legítimo derecho a la protesta social” y acudir a los cauces legales, sin dejar de lado las movilizaciones.
