Persiste la exigencia de familiares a las fiscalías para que den resultados; la alta conflictividad en la zona ha generado cuatro mil desplazados
Redacción
La desaparición de los defensores del territorio Antonio Díaz Valencia y de Ricardo Lagunes Gasca en los límites de Colima y Aquila, en Michoacán, se desarrolla en un contexto de disputa y alta conflictividad en la zona por la presencia de empresas como Ternium que explotan yacimientos mineros y la presencia de intereses de control del crimen organizado, ante la indolencia de autoridades pasadas y presentes del estado, señalaron el Colectivo MAPAS y Alianza Américas sobre los hechos ocurridos el pasado 15 de enero
Para la familia del dirigente comunitario y del abogado defensor de derechos humanos, la situación es desesperante. “Nos arrancaron los miembros, la cabeza. Cada día que pasa no es vida… lo único que pedimos es que regresen a Ricardo”, narra en una emisión virtual Antonio Lagunes, hermano de Ricardo, quien dice con precisión que desde aquel día 15 a la fecha, han transcurrido “dos semanas, dos días y dos horas”.
No obstante que la familia del abogado, para reclamar su aparición junto con la de Antonio Díaz Valencia, dice Antoine a todas luces conmovido y conmocionado, se ha reunido con “funcionarios de alto nivel del gobierno mexicano, no hay resultados”, lamenta ante un escenario ante el que ya cuestiona con dureza: “o quien se los llevó son unas mentes criminales maestras, o las autoridades son cómplices de estas mafias que actúan con plena impunidad”.
Rita Robles, conductora del encuentro virtual por parte de Alianza Americas, señaló que en la zona entre Coahuayana y Aquila hay más de 6 mil desaparecidos por conflictos por los yacimientos mineros y la defensa de los recursos. Sin citar fuentes, señala que hay 58 ambientalistas asesinados en el país y sumó la presencia de la minera Ternium en la Costa Nahua, punto que compartió con Sofía Blanco, del Colectivo MAPAS, quien destacó que la presencia de la empresa ha generado al lado de otros puntos de conflicto, el crimen organizado, el desplazamiento de 4 mil personas.
Pese a que la situación de conflicto ha sido persistente desde hace años en la región, señala, los gobiernos estatales pasados y el actual, han sido omisos, sin intervenir para exigir a la misma empresa que cumpla acuerdos comunitarios y que también son un punto de tensión en la zona.
“Hay un agravio a los pueblos de esta región, donde se complejiza la defensa del territorio y los recursos”, apuntó Blanco, quien demandó a las fiscalías de Michoacán y Colima resultados para la aparición con vida de ambos líderes, y aludió a la falta de responsabilidad de los gobiernos federal y estatal en hacer cumplir el acuerdo 169 de la Organización Internacional del Trabajo, respecto al derecho de los pueblos comunitarios como un ejercicio de su autonomía, la defensa de sus recursos naturales como derechos colectivos y en defensa contra una empresa extranjera.
Robles destacó que la resonancia que ha alcanzado a nivel mundial la desaparición de los dos defensores, ha sido por la participación activa de Ricardo como defensor de sobrevivientes de Acteal, en Chiapas, además de la defensa de territorios en reservas naturales como los Montes Azules en aquel estado del sureste mexicano en una trayectoria que lo ubica también al lado de habitantes de Atenco en contra del Aeropuerto Internacional en tiempos de Vicente Fox y su asesoría en movimientos comunitarios en los estados de México, Hidalgo y Michoacán.
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Caso Aquila, la revictimización