En la disputa por el recurso se pondera la “lógica empresarial” antes que la social, advierte investigadora de la UNAM, quien señala que solo la organización podrá romper esta dinámica
Raúl López Téllez
Atrás de la crisis hídrica que vive el país y el estado, se encuentra una historia de desigualdad en el acceso al líquido al ponderarse más las necesidades de sectores con poder económico, fraccionadores y productores y exportadores agrícolas que de comunidades enteras que carecen del agua incluso aún cuando cuentan con redes de abastecimiento propias.
Romper ese ciclo depende de la organización para defender el uso del recurso, una salida que ya se empieza a ver en la entidad para enfrentar este fenómeno, señaló la investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Adriana Sandoval Moreno, quien destacó que la disputa por el agua es una realidad en áreas urbanas y rurales del estado.
El actual fenómeno de sequía que vive el país, destacó la investigadora en una conferencia en el Centro Cultural UNAM, no vino sino a recrudecer condiciones de desabasto de agua para la población, ya que antes de la actual temporada de estiaje que se vive ya se consideraba que hasta un 10 por ciento de la población en México no tenían acceso al agua potable, al igual que un 33 por ciento de las familias no tenían disponibilidad a diario del líquido incluso conectada a una red de abastecimiento.
El agua se ha convertido en un problema en México y el mundo, por las condiciones de acceso a la misma, de su calidad u disponibilidad, que conforman “un panorama de crisis”.
En el 2023, señaló, llovió 63 por ciento o menos en relación a los últimos 20 años. “Si lo llevamos a un plano familiar, si tenemos 10 botes de agua, ahora para realizar actividades de aseo, de preparación de alimentos, riego de plantas o consumo directo, sólo contaríamos con cuatro, eso ya nos habla de una condición, de una problemática”.
En la región noroccidente del estado, refirió, “los campesinos señalan que la primera caída de lluvia era el 15 de mayo; después se movió al 25 de mayo, y ahora el 15 de junio, ya no se sabe”, destacó al señalar la influencia del cambio climático en el ciclo natural de las precipitaciones pluviales y donde juegan un papel importante en Michoacán la ocurrencia de incendios forestales. “Las presas de almacenamiento se han quedado en menos del 50 por ciento, alrededor del 43 por ciento, y si de ahí pasamos a que el agua de esas presas va al riego de alimentos, al ganado, por ejemplo en el lago de Chapala, abastece 60 por ciento de la zona metropolitana y esto se ha reducido, pone en un plano preocupante a la población”, ejemplificó.
En zonas urbanas y rurales, “se ha recurrido a bloquear carreteras, quitar bombas, cortar o romper tuberías, eso también nos está planteando que la situación ya ha tocado a un gran número de personas, familias, en sus necesidades básicas”.
Actualmente, señala, aparte del racionamiento que se vive en algunas zonas, hay que invertir dinero para tener agua, ya sea embotellada o a través del servicio que ofrecen los “piperos”, un sector que se encuentra para la especialista en la lista de quienes depredan el recurso, ya que extraen el líquido con una mínima compensación económica a las comunidades -si acaso 50 o 100 pesos por unidad-, o en algunos casos ni siquiera aportan.
Al actual estado de cosas, ha contribuido el que bajo una planeación urbana equivocada, los ríos que cruzaban las ciudades se entubaron, quedaron convertidos en alcantarillas, en drenaje, lo que además de desviar o alterar las cuencas, impide el tratamiento y aprovechamiento de sus aguas como ocurrió con el río Jiquilpan que cruzaba aquella ciudad.
Sobre la calidad del agua, destacó el papel que podrían jugar las plantas tratadoras, pero sin embargo un 70 por ciento del agua en el país “no es tratada, esto significa que va a caer directamente a los cuerpos de agua y finalmente al mar”, es decir, en su mayoría no se aprovecha.
La “lógica empresarial”
Con la irrupción de las agroexportadoras, tanto de aguacates como de berries, se incrementaron los impactos negativos para la disponibilidad de agua y sin que interese a las empresas contribuir al mantenimiento o a establecer medidas de mitigación contra la depredación del recurso. Citó el caso de Zamora con el río Duero, donde en el 2008 se propuso establecer un impuesto a las empresas para sanear las aguas del afluente y sin embargo no se cumplió.
Señaló que el hecho de que algunas comunidades cuenten con cuerpos de agua en las mismas, no significa que tengan acceso al recurso. “A quienes se han otorgado esos derechos de agua son quienes tienen la disposición de agua”.
Esta última situación la refirió como un ejemplo del poder de las empresas donde “la lógica económica supera a la social”, ya que el concesionamiento por parte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) las prioriza en demerito de ejidatarios o pequeños productores “que tienen años” gestionando un pozo y a las empresas se les resuelve “en caliente”. Refirió otro ejemplo, sin dar la ubicación exacta, donde nueve familias, todas relacionadas, son las receptoras de la mayoría del líquido que se utiliza para regar sus cultivos, en demerito de la comunidad misma.
Consideró que el fenómeno se torna más grave ya que el ciclo del agua se ha modificado y se piensa que se tienen las soluciones, “pero no, no se puede solucionar solo con estudios técnicos”, dijo, se requiere de un esfuerzo interdisciplinario e interinstitucional que no se está llevando a cabo, ni en el país ni en Michoacán.
A este escenario de desigualdad, agregó el determinado por condiciones climáticas para regiones del país, ya que un 9 por ciento de agua de lluvia cae en el norte del país y un 60 a 70 por ciento en el sureste, en tanto que en el resto del territorio nacional prevalecen otras condiciones, más graves, para la disposición y distribución del agua.
Sobre los riesgos de que la carencia del recurso desemboque en una disputa abierta por el mismo, refirió que a nivel mundial se registran 4 mil 119 conflictos ambientales en el mundo, de los que mil 142 casos se relacionan con el agua y de estos, 288 casos corresponden a México, donde desde el año 2021 hay más de 500 conflictos ambientales, aunque advirtió en que no existe aún mucha consistencia en la información sobre estas problemáticas en el país.
La investigadora insistió en que se debe contemplar una mayor participación ciudadana en la toma de decisiones respecto al agua, no que solo sea competencia de organismos oficiales. Tras reiterar que en estos momentos es muy importante la información como la organización para tomar decisiones, señaló que en el caso de las comunidades originarias se practican esquemas colaborativos en los cargos del comité comunitario a cargo del agua, ya que los representantes son electos por asamblea y se les obliga a rendir cuentas ante la misma comunidad, una figura que debería incluirse en los organismos operadores.
Esta organización social, señaló, debe integrar no nada más canales de comunicación sino de interacción, como parte de una estructura de “gobernanza territorial” para no quedarse solo en la denuncia o en las mesas de negociación o atención con autoridades, sino que tenga un seguimiento y solución correspondientes.
Señaló que en los anuncios que ha hecho el gobierno estatal u otras instancias, se denota una “fragmentación de iniciativas”, tanto para instaurar medidas de mitigación o remediación, como para enfrentar focos latentes de conflicto ante el despojo del recurso por partes de áreas urbanas a las rurales o bien las de las cadenas agroexportadoras que ya dejan sin agua a comunidades que incluso no se benefician directamente de su operatividad.
Destacó que la crisis del agua en cuanto a su acceso no es una condición que se pueda solucionar vía tecnología aplicada como perforar más pozos. “No es una realidad que se pueda solucionar desde las disciplinas técnicas o ingenieriles, que es lo que hemos visto prácticamente como decisiones de política pública todo el año pasado, viendo nada más el aspecto técnico”, sino incorporando la perspectiva social para entender la problemática del agua, dado que “no es a cualquier grupo social quienes tienen acceso al agua únicamente contaminada o no es a cualquier grupo social, quienes tienen baja disponibilidad de agua o incluso no la tienen. Pensemos en las industrias, en las zonas habitacionales con posición económica alta, pensemos en los campos de golf, en zonas donde las condiciones de escasez no existen”.
Impactos como el del narcotráfico, señala, son una realidad latente en el estado como depredador del agua y otros recursos al intervenir como productores, lo que lleva al saqueo de agua en lagos, manantiales y ríos a través de bombas y mangueras que operan clandestinamente para proveer a sus huertas, otro escenario en el que consideró que hay poca acción o efectividad de las autoridades michoacanas.
Sobre la situación de acuíferos y cuencas en el estado respecto a un estado de emergencia en su capacidad de almacenamiento, señaló que de los 24 existentes, nueve de estos se encuentran en una condición de sobre explotación “desde hace años”.
Cuestionada sobre los escenarios previsibles en el corto plazo, señaló que en un panorama negativo podría pensarse que se incrementarán las dificultades para acceder al agua y con calidad; en positivo, que se generen acciones colectivas de comunidades en defensa del recurso, en su saneamiento y en su conservación.
Fotografía de portada: Luca Bravo | Unsplash
