“A pesar de representar casi dos tercios del océano mundial, sólo el 1 por ciento de estas aguas están protegidas en la actualidad, lo que plantea grandes retos y oportunidades.”
Leonor Solís
Se requirieron dos décadas de negociaciones para aprobar el consenso del “Tratado Global de los Océanos”, firmado el pasado 4 de marzo en la ONU en Nueva York. El tratado representa un marco jurídicamente vinculante para proteger la vida marina en alta mar. La mitad del planeta consta de zonas oceánicas más allá de las aguas territoriales, que hasta ahora carecían de regulación.
El Tratado BBNJ (Biodiversity Beyond National Jurisdiction) —que hace referencia a la biodiversidad fuera de las jurisdicciones nacionales— crea un marco para la conservación y el uso sostenible de la vida marina en alta mar. Dicho tratado, permitirá crear zonas de protección marina en aguas internacionales y es clave para poder cumplir el objetivo de restaurar y conservar el 30% de las «zonas terrestres, aguas continentales y costeras y marinas», fijado en la cumbre sobre biodiversidad celebrada en Montreal a finales del año pasado (la COP15).
Alta mar, también conocida como aguas internacionales es hábitat de especies y ecosistemas únicos que son un bien común para los habitantes de todo el planeta. Estas regiones además absorben grandes cantidades de gases de efecto invernadero, algo muy importante para el fenómeno del cambio climático global. Desafortunadamente estas regiones marinas son vulnerables a las actividades humanas tales como la pesca industrial y la minería de aguas profundas. Al ser un territorio común para la humanidad, muchas de estas actividades carecen de una regulación.
El secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, ha destacado que gracias a este acuerdo se podrán contrarrestar los daños causados a los océanos ahora y para las generaciones del futuro. “Es crucial para abordar la triple crisis planetaria del cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación”.
La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) destacó que es un enorme paso para proteger legalmente con santuarios oceánicos la vida marina y adaptar la gobernanza de la altamar al siglo XXI. “Proteger la naturaleza y las personas puede triunfar sobre la geopolítica”, ha declarado Pilar Marcos, responsable de Océanos en la delegación de Greenpeace en Naciones Unidas. Marcos también ha remarcado que el tratado permitirá “aumentar nuestra resiliencia al cambio climático y salvaguardar las vidas y los medios de subsistencia de miles de millones de personas”.
Uno de los resultados más significativos del nuevo tratado es que permitirá a los países establecer nuevas áreas marinas protegidas (AMP) en alta mar. A pesar de representar casi dos tercios del océano mundial, sólo el 1 por ciento de estas aguas están protegidas en la actualidad, lo que plantea grandes retos y oportunidades.
Los países tendrán que presentar sus propuestas de nuevas AMP para que sean consideradas por todas las partes del acuerdo, y luego se someterán a votación entre ellas. Las decisiones se tomarán por consenso, pero si éste no puede alcanzarse, se considerará suficiente una mayoría de tres cuartos. Dar a los Estados la capacidad de crear AMP en alta mar, incluso sin consenso, es “una de las grandes victorias del acuerdo”, afirmó Andrew Deutz, director de Política Global, Instituciones y Financiación de The Nature Conservancy.
El acuerdo BBNJ también pide a los Estados que lleven a cabo evaluaciones de impacto ambiental (EIA) cuando una actividad prevista en alta mar pueda tener más que un efecto menor o temporal en el medio marino, o los efectos de la actividad sean desconocidos o poco conocidos.
Sin embargo, algunos aspectos de las disposiciones del texto sobre las EIA han preocupado a observadores. Los organismos que ya se encargan de regular las actividades potencialmente nocivas, como la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (ISA, por su nombre en inglés) sobre la explotación minera de los fondos marinos, seguirán haciéndolo sin tener que atenerse a las normas de EIA establecidas en el nuevo tratado
Uno de los puntos conflictivos, que causó divisiones entre los países en desarrollo y los desarrollados, fue cómo repartir de manera equitativa los recursos genéticos marinos situados en alta mar y sus potenciales beneficios. Para solucionarlo, los países acordaron crear un mecanismo financiero que distribuya equitativamente cualquier beneficio monetario derivado del uso de estos recursos, un fondo que se debatirá con más profundidad en una futura conferencia de las partes.
Aunque quedan pendientes algunos detalles y cuestiones sobre su aplicación, el acuerdo ha sido recibido de manera positiva en general.
Acorde a una nota publicada por Diálogo Chino, la asesora sobre alta mar de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, Kristina Gjerde, y un grupo de expertos marinos escribieron el año pasado en la revista Nature que, además de poner en vigor el acuerdo, los países deben crear capacidad para garantizar una amplia participación y una aplicación eficaz.
“Las crecientes repercusiones del cambio climático y de las actividades humanas sobre el océano mundial exigen medidas urgentes, por lo que debemos empezar a trabajar en la aplicación del acuerdo BBNJ lo antes posible para garantizar la salud de los océanos en beneficio de las generaciones presentes y futuras”, escribieron.
Ilustración portada: Reco
