Insistirán en la consulta a la comunidad de la Universidad Michoacana como lo señalan marcos legales y entregarán un documento a diputados este miércoles
Raúl López Téllez
Académicos en activo y jubilados de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), buscarán este miércoles entrevistarse con diputados de la LXXVI Legislatura local para exponer sus puntos de vista sobre la iniciativa de reforma a la Ley Orgánica presentada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla.
Los docentes, integrados en el Movimiento por la Legalidad y la Democracia en la UMSNH y en el Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana (SPUM), plantean reunirse con los legisladores integrantes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Educación, además de la Junta de Coordinación Política, a quienes entregarían un documento con las posturas de contemplar la consulta a la comunidad tal y como lo señala el artículo tercero constitucional y el tercero de la Ley General de Educación Superior.
De acuerdo con académicos, el proceso de reforma en la institución se ha desarrollado bajo la opacidad y sin difusión alguna a los sectores universitarios, además de que por la intención del gobernador y de la rectora Yarabí Ávila González, parece haber un presunto acuerdo para imponer una norma a modo, sin el establecimiento de una ruta clara y en donde se recojan las opiniones de directivos, docentes, trabajadores y estudiantes.
No obstante que en sesión realizada el pasado viernes en el Consejo Universitario, Ávila González adujo que habría un periodo a principios del 2025 para recoger propuestas una vez que directores y consejeros se convirtieran en difusores de la iniciativa a sus comunidades y estas establecieran las modalidades (foros, asambleas) para el presunto análisis del documento, este lunes 11 de noviembre Ramírez Bedolla firmó la iniciativa ante la rectora y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso, Juan Antonio Magaña de la Mora.
De acuerdo con la visión de Ramírez Bedolla, sin establecer en ningún momento -al igual que la rectora- que se abriría el periodo de consulta, la reforma abordará los cuatro ejes planteados en su llamado “Plan Morelos”: otorgar autonomía desde la Constitución local al “reformar el artículo 143 de la Constitución del Estado de Michoacán”; la presunta “democratización” de la elección de rectora o rector con la participación de la comunidad; un presupuesto anual suficiente que saque a la institución del recurrente déficit financiero, “con un ingreso pleno de por lo menos 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado”, y establecer una nueva modalidad en el régimen de Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores universitarios.
Según el morenista, “con un ingreso pleno de por lo menos 4.5 por ciento del presupuesto de egresos del Gobierno del Estado y en ningún caso puede ser menor al presupuesto ejercido en el año inmediato anterior (…) se incrementarían 700 millones más para el próximo año, con lo cual, pasaría de 3 mil 706 millones de pesos en 2024 a 4 mil 406 millones en 2025”. En su discurso de ayer lunes, también refirió que en 2016 “hubo una reducción drástica en el presupuesto universitario cuando pasó de 2 mil 946 millones de pesos a 2 mil 555 millones”, año en el que Ramírez Bedolla formaba parte de la LXXIV Legislatura y guardó silencio.
De los puntos planteados, los docentes impugnan los propósitos gubernamentales. En el caso de la elección de autoridades, cuestionan que la iniciativa plantee mantener una Comisión de Rectoría que ha sido la vía para que los gobernantes en turno impongan a la autoridad máxima en la UMSNH. En el caso de jubilaciones y pensiones, señalan que no hay información suficiente para garantizar que se vayan a respetar los derechos laborales de los académicos y trabajadores manuales y administrativos.
Sobre la asignación presupuestal, señalan que llama la atención que Ramírez Bedolla argumente que sea a través de la vía constitucional, ya que desde el 2019 en el régimen de Pascual Ortiz Rubio, se estableció que el presupuesto estará cubierto por el erario estatal, de ahí que sea un precepto establecido en la Ley Orgánica y que a su juicio ahí debe permanecer en función del principio de progresividad, es decir, que ningún presupuesto puede ser inferior al ejercido en el año anterior.
Los académicos, quienes solicitan el anonimato ante posibles represalias laborales, señalan además que la intención de asumir el tema financiero desde la Constitución podría deberse de un presunto desvío de recursos institucionales hacia las campañas de candidatos morenistas en el pasado proceso electoral y donde se habrían usado recursos de la UMSNH como la “caja chica” del gobierno que encabeza Ramírez Bedolla.
Agregan que “cómo es posible que la rectora desviara recursos para comprar una franquicia para el equipo de futbol universitario”, para cuyos partidos obligó a los directores a que les impusieran a los alumnos tanto compras de playeras del equipo como de boletos para asistir a sus partidos.
Agregan a este último punto sobre presuntos desvíos, el hecho de que para la cena baile realizada a finales de octubre para conmemorar el aniversario de fundación de la UMSNH, se les haya obligado a los directores por parte de la Rectoría a comprar diez boletos con un costo de mil 400 pesos cada uno, con un destino incierto además de estos recursos.
El consejero rebelde y la tímida comisión
Cabe señalar que a la par del proceso sin transparencia sobre la reforma entre el gobierno estatal y la Rectoría, se suma la apatía y el desinterés de los sectores universitarios, ya que públicamente no han expresado crítica alguna, más allá de algunos posicionamientos que de manera anónima han circulado en redes sociales y grupos de docentes y sindicalizados.
En la sesión del Consejo Universitario el pasado viernes en el edificio de Rectoría, se presentó una tímida comisión del SPUM encabezado por el cuestionado dirigente Jorge Luis Ávila Rojas -con una dirigencia irregular, ya que su periodo debió haber terminado en el 2021-, cuyos integrantes en ningún momento se manifestaron más allá de sus pancartas, callados y sin emitir ninguna consigna. El único consejero que manifestó su inconformidad fue el representante del Instituto de Investigaciones Económicas y Empresariales (Ininee), Félix Chamú Nicanor, quien demandó abrir el proceso a la consulta de los sectores, con la demanda de que “la Ley Orgánica vele en todo momento por la garantía de libertad de expresión de la comunidad universitaria, el respeto a la organización interna de las dependencias y sobre todo la vocación democrática y humanista de la universidad”.
Cuestionó que el “artículo 19 sobre la integración del Tribunal Universitario es un atentado a la autonomía del H Consejo Universitario, ya que otorga poderes absolutos a la Rectoría en turno, afectando gravemente el sano equilibrio de poderes al interior de nuestra universidad, convirtiendo este órgano en un poder coercitivo más, junto al abogado general y la Contraloría, con los cuales se podrá establecer medidas punitivas y sancionadoras a la libertad de expresión y de manifestación confiriendo poderes exógenos y autoritarios a la Rectoría”.
También cuestionó que, “en su artículo 29 relativo al sensible tema de las pensiones y jubilaciones pretende eliminar (…) un derecho conferido a los trabajadores universitarios, haciendo referencia además a un reglamento inexistente (…) por lo anterior la comunidad del Instituto De Investigaciones Económicas y Empresariales hace un enérgico llamado a los miembros del Consejo Universitario para que asuman su responsabilidad histórica con madurez y conciencia, para que rechacen la Reforma a la Ley Orgánica 2024 en estos términos, lo que traerá graves consecuencias a las comunidades que representan, reduciendo los derechos universitarios de libertad de expresión, manifestación y pensamiento, otorgando poderes a la Rectoría en turno y eliminando de tajo los derechos laborales otorgados a los trabajadores”
El discurso de Chamú que incluyó una crítica a los integrantes del Consejo al considerarlos a modo de la Rectoría “complacientes y acríticos”, incomodó a la rectora -y a un consejero, quien desde un extremo del salón de sesiones pidió una moción de orden al aducir que “yo no soy desos”-, quien interrumpió la lectura del representante de una dependencia que, cabe decir, se ha opuesto al intento de destitución de sus autoridades por la Rectoría.
Yarabí pide “arropo”
Este martes, de acuerdo con un comunicado del área de prensa de la UMSNH, se indica que la rectora se reunió con directivos de las dependencias universitarias, donde “abordaron los alcances que tiene la iniciativa de reforma constitucional para la casa de estudios, que firmó el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla”.
Según el comunicado, Ávila González expresó: “Me parece muy importante señalar que lo menos que podríamos o querríamos hacer es afectar a la Universidad Michoacana. Me queda claro que quien decide es la comunidad universitaria, a mí únicamente me toca salir adelante con la toma de decisión, pero yo no puedo hacerlo sola sino obviamente con el arropo de todas ustedes y de todos ustedes.
“En este sentido, Yarabí Ávila enfatizó que es importante para la administración central que la comunidad conozca a detalle la iniciativa, tras referir que la Universidad Michoacana requiere de una transformación”, aunque para los docentes que reclaman la consulta a la que está obligada convocar la Rectoría, “nadie conoce la iniciativa, no hay ningún aviso, convocatoria” que dé cuenta de tal propósito, como se puede comprobar en las dependencias universitarias.
Fotografía portada: Integrantes del SPUM se manifiestan en Rectoría el viernes 8 de noviembre
