La exigencia indígena es por la liberación de la activista al considerar que las autoridades la usan como “chivo expiatorio” en un caso en el que no han dado resultados
Patricia Monreal
Al conmemorarse el Día Mundial del Medio Ambiente el pasado cinco de junio, María Cruz Paz Zamora, defensora de los bosques en la comunidad de indígena de Ocumicho, municipio de Charapan, fue detenida por elementos de la Fiscalía General del Estado acusada de ser responsable de la desaparición de dos personas.
Hoy la exigencia indígena es por la liberación de la activista al considerar que las autoridades la usan como “chivo expiatorio” en un caso en el que no han dado resultados: la desaparición de Israel Vargas Jerónimo y Oscar Vargas Campos de la comunidad indígena de Santa Cruz Tanaco, en el municipio de Cherán.
El Consejo Nacional Indígena (CNI) se pronunció el 11 de junio por la liberación de la defensora ambiental, al día siguiente haría lo propio el Consejo Supremo Indígena de Michoacán.
“Durante los últimos años, la compañera María Cruz Paz Zamora, como consejera de ecología y medio ambiente de Ocumicho, ha impulsado la reforestación masiva en su comunidad, ha creado brigadas para combatir los incendios forestales, ha defendido los bosques de los talamontes y el crimen organizado y ha luchado en contra de los monocultivos de aguacate. Su lucha constante ha sido por la vida”, consigna el CNI en su comunicado del pasado martes.
“Los niños están llorando porque no hay quien los consuele”, señala la madre de María Cruz aludiendo a los tres hijos de la activista que han quedado bajo su resguardo sin saber cuándo podrá retornar su madre a casa.
En compañía de autoridades comunales de Ocumicho y del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), en rueda de prensa la mujer exige la liberación de su hija: “ella nunca sale de noche, después de que trabaja como brigadista de los bosques llega a la casa, come, le da de comer a sus hijos y aquí está. Ella no tiene por qué pagar algo que no le corresponde”.
La madre de María Cruz habla en purépecha y el presidente del Concejo Comunal de Ocumicho, Esteban Cruz, es quien traduce. “Pido justicia para que ella sea liberada, porque está siendo incriminada injustamente de lo que no cometió, eso que dicen que hizo es falso, porque yo sé bien donde estaba ella, son delitos que le están fabricando”.
El dos de enero de 2024 desaparecieron los comuneros Israel Vargas y Oscar Vargas, originarios de Santa Cruz Tanaco, la última vez que se les vio fue a las dos de la mañana en Ocumicho, según su ficha de búsqueda.
La presencia de ambos en Ocumicho y el dicho de un testigo protegido, que de acuerdo con el CSIM es de los talamontes que María Cruz combatía, habrían bastado para que la Fiscalía determinara detener a la activista y vincularla a proceso.
“La Fiscalía la está acusando que participó en un crimen, pero no es cierto, a la hora que dicen que lo hizo ella estaba en Zamora, en el Hospital del Seguro Social de la población Romero de Torres, porque fue a auxiliar a uno de sus hermanos, Alejandro, que tuvo un accidente”, sostiene la madre de María Cruz. También asegura que la Fiscalía miente al señalar que la activista fue detenida en su casa, cuando en realidad sucedió en Carapan.
Para Esteban Cruz, presidente del Concejo Comunal de Ocumicho, frente al activismo que por años ha hecho la comunidad en defensa de sus recursos naturales, hoy las autoridades buscan con María Cruz un chivo expiatorio.
“Un testigo ‘protegido’, así entre comillas, que es un criminal porque es un talamontes, está acusando a la compañera de ser la autora intelectual del secuestro de los comuneros de Santa Cruz. Como en ese caso no ha tenido la capacidad el Gobierno del Estado de hacer las averiguaciones correspondientes, encontró como chivo expiatorio a la compañera”, apunta Esteban.
Y abunda: “Me pregunto yo ¿cómo un criminal va a tener más voz y voto que una persona activista?, ella ha estado al frente de 20 hombres que resguardan los bosques, que protegen, dando la lucha. No es justo que una compañera que ha estado defendiendo los bosques y que es de las impulsoras del Año Nuevo Purépecha, tenga que enfrentar una cosa así”.
Pavel Guzmán, vocero del CSIM subraya que la criminalización de esta guardiana de los bosques, sólo se entiende comprendiendo la historia y el contexto de la comunidad de Ocumicho, pueblo en resistencia que defiende su territorio ancestral, “y que en los últimos cuatro años ha venido sufriendo una serie de agresiones y actos violentos”.
En ese sentido refiere lo ocurrido el 31 de mayo de 2020 cuando hombres armados asesinaron al secretario de Bienes Comunales, Prudencio Ortiz Alonso, en un ataque que también dejó herido al representante de Bienes Comunales; el 28 de abril de 2022, el coordinador del Consejo de Gobierno Comunal, Esteban Cruz Rosas, fue desaparecido, pero gracias a la movilización de comunidades fue localizado con vida; el 11 de noviembre del 2022, la comunidad fue atacada por un comando armado; y el 10 de diciembre del mismo año, fue asesinado Pedro Pascual Cruz, coordinador de la Ronda Comunal.
“Todos estos casos han sido denunciados en tiempo y forma en la Fiscalía de Michoacán, sin embargo, en esta institución impera la paradoja de la impunidad, los culpables libres y los inocentes encarcelados”, señala Pavel Guzmán.
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