Mientras el registro nacional de personas desaparecidas reduce sus cifras a medida que incorpora las localizaciones obtenidas mediante la estrategia nacional de búsqueda, persiste la preocupación por la opacidad del proceso
Del proyecto A dónde van los desaparecidos
Más de 50,000 personas han desaparecido en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Así lo reportó el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) el pasado 14 de mayo. Once días después de ese registro, la cifra había disminuido a 48,870 víctimas.
En esta administración ha desaparecido, en promedio, una persona cada hora en el país. En el gobierno de Felipe Calderón, cuando inició la militarización de la seguridad pública, ocurrieron 0.49 desapariciones por hora, y en el de su sucesor, Enrique Peña Nieto, fueron 0.64. Actualmente, el RNPDNO registra 114,184 personas desaparecidas, es decir, este sexenio acumula el 44 % del total.
Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU, recordó que antes de la fallida estrategia de seguridad de Calderón no se hablaba de desaparecidos en México.
“Hablar de 50,000 personas desaparecidas es una cosa espantosa, incluso para un país de 130 millones de habitantes; es una crisis humanitaria espeluznante”, sentenció. “Por desgracia no hay una solución inmediata, de la noche a la mañana no van a bajar las cifras de homicidios dolosos y desapariciones, pero se tiene que empezar a hacer un cambio radical, paulatino pero consistente, de civilizar la seguridad pública, es decir, el abandono paulatino del modelo militarizado”.
Fue en junio de 2023 cuando el Gobierno federal anunció un nuevo censo que permitiría la actualización de la cifra de personas desaparecidas, con el propósito de desmentir que este es el sexenio con mayor número de víctimas; en diciembre fue presentado con el nombre de Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada.
Durante meses, el censo generó numerosas quejas de familiares de víctimas, pues en las visitas casa por casa y en las llamadas telefónicas se preguntaba sobre el regreso de personas que continuaban desaparecidas, un procedimiento que fue calificado como revictimizante, recibió críticas de organizaciones de derechos humanos e hizo temer un “rasuramiento” del registro nacional.
Desde el pasado 19 de mayo, un mensaje advierte en el sitio del RNPDNO que las instituciones están en proceso de actualizar las cifras tras formalizarse las localizaciones obtenidas con la estrategia nacional, pero esto no implica, se aclara, la eliminación de ningún registro.
El Gobierno federal informó que, hasta el 16 de marzo, se habían localizado 20,193 personas inscritas como desaparecidas, más de la mitad a través de información de las fiscalías locales, y el resto en visitas casa por casa y por actas de defunción. Una mínima parte, 191, fueron ubicadas en centros penitenciarios.
Esto no afectó los datos del RNPDNO; el conteo siguió hasta rebasar las 50,000 desapariciones en este sexenio, aunque después el número disminuyó a 48,870.
Para Gabriella Citroni, integrante del Grupo de Trabajo de la ONU sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias (WGEID, por sus siglas en inglés), la reducción de las cifras en el RNPDNO al incorporar las localizaciones resulta preocupante por la falta de transparencia con que se realiza el proceso y el impacto que podría tener en las familias de las víctimas.
Citroni recordó que fue el presidente López Obrador quien cuestionó el número de desapariciones que su propio gobierno generó, y que el WGEID ya había enviado a México una carta en la que expresaba su preocupación por el nuevo censo.
A dónde van los desaparecidos ha informado sobre la clasificación errónea de decenas de casos, desde víctimas de la “guerra sucia” hasta sucesos recientes, así como de personas que figuran con el estatus de localizadas cuando en realidad siguen desaparecidas.
“México ha respondido a la carta de alegaciones diciendo que en general todo estuvo muy bien; en realidad, seguimos recibiendo información que nos preocupa. No tenemos objeción con que se recalcule el número [de desapariciones] si en efecto hay un problema, pero sigue siendo poco transparente cómo se está haciendo y hay varios testimonios de episodios que han sido retraumatizantes para las familias”, señaló en entrevista. “La información que ha llegado a la ONU pone en tela de juicio cómo se ha recalculado y cómo se ha intentado disminuir”.
Desde Italia, Citroni remarcó la importancia del censo, pues a partir de este se derivan todas las obligaciones del Estado.
“Si alguien no está registrado como desaparecido no se le va a buscar, no se van a reconocer los derechos de la familia; entonces, ese mismo número lo tendríamos que multiplicar por todo el universo alrededor de las personas desaparecidas”, dijo.
Citroni reconoció que México cuenta, a nivel mundial, con el mejor andamiaje jurídico e institucional en materia de desaparición de personas, pero si no se implementa ni se hace un diagnóstico del porqué siguen ocurriendo las desapariciones, sería como “intentar tapar el sol con un dedo”.
Crisis de violencia
Las 50,278 desapariciones del actual sexenio son casi el doble de las 26,121 ocurridas en el periodo de Felipe Calderón, según el dato que en febrero de 2013 dio a conocer el recién llegado gobierno de Enrique Peña Nieto. La Secretaría de Gobernación informó entonces que la lista sería depurada y exfuncionarios de la administración de Calderón descalificaron la cifra, una historia que se repetiría en los sexenios siguientes.
“En tanto no esté cien por ciento validada, soportada en averiguaciones previas, no es información que se pueda tomar en cuenta para tomar decisiones”, declaró entonces a Milenio Óscar Vega Marín, quien fue secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en el gobierno del panista.
Al término del mandato de Peña Nieto, las desapariciones habían aumentado a 40,180. Esto significa que se sumaron 14,059 víctimas en su periodo, según reveló Roberto Cabrera en enero de 2019 al renunciar a la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB). Sin embargo, el RNPDNO, consultado el 25 de mayo, reportaba 33,783 desapariciones en la administración del priista.
Para Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, las 50,000 personas desaparecidas reflejan una tragedia de enorme magnitud que requiere de medidas extraordinarias, aunque advirtió que hablar solo de números puede llevar a debates estériles de qué administración es peor o mejor sin atender las causas.
“Pese a los intentos abiertos de controlar las cifras, incluso aceptando que esta de 50,000 todavía tenga que revisarse, sin duda vamos a finalizar este sexenio en un escenario con varias decenas de miles de personas desaparecidas, muy similar al que tuvimos en el sexenio de Peña Nieto, muy similar al que tuvimos en el sexenio de Felipe Calderón”, señaló.
“Eso es lo principal que hay que subrayar, la realidad de que el fenómeno no está contenido, no están disminuyendo los casos de desaparecidos en el país. Y creo que el actual gobierno no ha querido lidiar cabalmente con esta realidad porque no acaba de tener una comprensión cabal del fenómeno”.
Argumentó que López Obrador ha respondido a los cuestionamientos con la afirmación de que su gobierno no ordena desaparecer personas, cuando lo que muestran las cifras es que hay una crisis de “violencia incontenible”.
Localizaciones cuestionables
De acuerdo con personal de la CNB que participó en las visitas casa por casa como parte de la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, el levantamiento del censo careció de protocolos y capacitación.
Este medio entrevistó en febrero a cuatro exfuncionarios del organismo que, junto con integrantes de la Secretaría de Bienestar (SB), realizaron visitas domiciliarias principalmente en la zona del Pacífico y en el noroeste del país. Por temor a represalias que les impidan conseguir trabajo, los entrevistados pidieron omitir sus nombres y los estados a los que estaban adscritos.
“Era un estire y afloje entre la Comisión [Nacional] de Búsqueda y la Secretaría de Bienestar, porque ellos [la SB] traían la instrucción de hacer ese trabajo, pero no tenían el conocimiento, las técnicas ni el modo de cómo ir a preguntar, para no caer en una victimización secundaria”, explicó una de las personas consultadas.
“También [estaba] el tema de seguridad, porque obviamente buscamos personas que no conocemos el motivo de por qué están desaparecidas, pero sabemos que son de colonias conflictivas, donde el tema de la inseguridad es muy elevado y riesgoso para los servidores públicos”.
Los relatos coincidieron en que hubo poca previsión respecto a su seguridad. Narraron que, en ocasiones, al entrar a ciertas comunidades, se daban cuenta de que los seguían sujetos armados a bordo de motocicletas.
Uno de los exfuncionarios confesó que trabajaba como administrativo en la CNB, y a pesar de no tener experiencia en el trato con víctimas, le ordenaron ir al noroeste del país para incorporarse a las búsquedas casa por casa, sin una capacitación previa.
En un estado del Pacífico se integraron seis equipos con el objetivo de realizar 40 visitas por día, entre las ocho de la mañana y las cinco de la tarde, pero en realidad solo se concretaron de 18 a 30 visitas por jornada.
Explicaron que las búsquedas se realizaban con base en cuatro listas que llevaba el personal de la SB, en las que supuestamente figuraba la persona desaparecida. Puesto que la metodología consistía en cruzar los nombres del RNPDNO con registros administrativos para encontrar indicios de vida posteriores a la fecha de desaparición, estas listas eran de programas sociales como Sembrando Vida, Pensión para Adultos Mayores, Diconsa y Jóvenes Construyendo el Futuro. Los funcionarios acudían a la dirección que estaba en las listas, no a la de quien reportó la desaparición.
“Había personas homónimas. Ando buscando a José Pérez, la información que me daban era una tabla en el celular con toda la información: nombre completo, posible fecha de nacimiento, posible fecha de desaparición, una posible CURP que podía coincidir. Pero José Pérez había 500 en todo México, y si yo estaba en tal estado, en ese municipio y en la colonia fulana, y aparecían cuatro José Pérez, tenía que ir a tocar a los cuatro domicilios”.
El problema era también que, en ocasiones, integrantes de la SB realizaban la búsqueda sin funcionarios de la CNB y daban por localizadas a personas que evidentemente no eran las desaparecidas.
“Desde que miraba el registro decía: estamos buscando a José Pérez que nació en el 90, tiene 34 años, pero en la base de datos a mí me aparece una información de José Pérez que recibió el programa Pensión para Adultos Mayores; entonces, desde ese momento yo decía ‘no es’, cómo voy a buscar a una persona [que está] en el programa del adulto mayor si tiene 30 años”, detalló un exfuncionario.
“Entonces, a los del Bienestar no sé, no les bajaban bien la información de cómo hacer la actividad, porque ellos decían: ‘Yo detecté a José Pérez de 34 años con el programa del adulto mayor y aquí está la foto, y ya lo localizamos’”. De acuerdo con el entrevistado, en un estado del Pacífico había una lista de 4,000 personas supuestamente localizadas mediante las listas de programas sociales. “[Pero nosotros] no llegábamos ni al 10 % de [localizaciones de] las personas que decíamos que sí eran la persona [desaparecida], que por equis motivo ya estaba en casa, pero no la habían dado de baja en la plataforma”.
Imagen portada: El 10 de mayo de 2024, un grupo de jóvenes realizó una performance sobre las desapariciones en el Zócalo capitalino. Según el RNPDNO, en México han desaparecido más de 114,000 personas | Fotografía: Lucía Flores/ObturadorMX
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