A tres décadas de la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo la verdad es la única ausente de una historia que el oficialismo buscó evaporar
Ivonne Monreal
A tres décadas de la ejecución del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo (1926-1993), la verdad es la única ausente de una historia que el oficialismo buscó evaporar, inculpando primero a la casualidad, luego a la confusión y de paso al occiso por encontrarse en el lugar y la hora equivocados o por “parecerse” al narcotraficante Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera y viajar en un vehículo, parecido, a uno de los que poseía el entonces aspirante a capo.
El 24 de mayo de 1993 los sicarios descargaron 14 tiros contra el prelado que murió en el acto junto con otras seis personas, entre ellas su chofer Pedro Pérez Hernández, con quien acudió al Aeropuerto Internacional de Guadalajara para recoger al nuncio apostólico Girolamo Prigione, con quien debía celebrar una liturgia dedicada a sacerdotes que murieron durante la Guerra Cristera.
La primera versión sostenía que al Cártel de Tijuana, de los hermanos Arellano Félix, se le había ocurrido tender una emboscada a “El Chapo” a plena luz del día (15:45 horas) y en un aeropuerto atestado de gente: el cardenal quedó atrapado en el fuego cruzado, acorde a las primeras voces de la entonces Procuraduría General de la República, comandada por Jorge Carpizo McGregor.
La otra versión oficial apuntaba a que, nuevamente a plena luz del día, a un metro de distancia de su objetivo, unos sicarios a sueldo de jefes que no perdonan (los Arellano Félix), se habrían confundido de presa, no obstante que el cardenal ya había abierto la puerta para descender del auto y que su complexión, su sotana y sus lentes no correspondían en nada a su presunto blanco, “El Chapo” Guzmán.
Pero mientras el oficialismo conciliaba sus hipótesis al calor de los acontecimientos, otras surgían que apuntaban a un complot y un crimen de Estado. Sucesor de Posadas Ocampo, el cardenal Juan Sandoval Íñiguez atribuyó el magnicidio a la visita que el occiso había hecho un mes antes a Los Pinos, donde habría notificado al entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, que la clase política mexicana estaba involucrada con los cárteles de la droga y la prostitución.
Sandoval Íñiguez sostuvo que alguien encomendó al entonces procurador de la República, Jorge Carpizo McGregor, para que el prelado fuera eliminado; tarea que éste habría delegado a quien fue director de la Policía Judicial Federal, Rodolfo León Aragón, quien poco después del asesinato fue movido de su cargo al de agregado de la procuraduría en Guatemala.
Seis años más tarde la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) reveló que León Aragón sirvió de enlace entre jefes del narco y Raúl Salinas de Gortari (hermano de Carlos Salinas), como informó el diario La Jornada en su edición del 27 de febrero de 1999, en el marco de la detención de dicho jefe policiaco por vínculos con el Cártel de Juárez.
Tras el crimen de Posadas Ocampo, los Arellano Félix se desmarcaron de los hechos enviando una carta al Papa Juan Pablo II para expresarle que, en tanto católicos, nunca atentarían contra un representante de la Iglesia. También se esparció el rumor -porque no hubo una fuente visible que la sostuviera- de que el cardenal asesinado tenía nexos con el narcotráfico.
Los Salinas siempre a la sombra
Esclarecer el crimen habría dado o daría luz a las repetidas menciones del dominio público o de investigaciones judiciales, que a lo largo de las últimas tres décadas han vinculado el apellido Salinas con el narcotráfico y el mundo criminal en casos como el homicidio de Luis Donaldo Colosio y José Francisco Ruiz Massieu, asesinados en 1994 a una distancia de seis meses, siendo el primero candidato a la presidencia por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y el segundo secretario general del mismo instituto.
Cinco meses después del asesinato de Ruiz Massieu, en febrero de 1995 fue detenido Raúl Salinas de Gortari (preso durante una década por el crimen y liberado en 2005) y, en noviembre de ese año, su esposa Paulina Castañón fue interceptada en un banco de Suiza con una caja de seguridad que contenía pasaportes falsos con diferentes alias de su marido; a raíz de ello, fueron detectadas 17 cuentas bancarias vinculadas con la familia Salinas. Raúl es acusado de enriquecimiento ilícito en 1996.
Las autoridades que se interpusieron en el camino de los Salinas fueron objeto de feroces campañas de descrédito, a las cuales no escapó ni siquiera la fiscal suiza Carla el Ponte, quien en 1998 ordenó bloquear 150 millones de francos suizos (lo que hoy equivale a poco más de 297 millones de pesos) de cuentas de Raúl Salinas en Ginebra y Suiza, ya que sostuvo tener pruebas de que se trataba de sobornos del narcotráfico.
Raúl Salinas argumentó que el dinero se lo dio su hermano Carlos Salinas de la partida secreta que manejó como presidente de México (de 1988 a 1994), no obstante en 2002 el juez suizo Paul Perraudin (quien afrontó importantes casos de corrupción como el de la extinta banca suiza Karfinco gestionada por el empresario italiano Pierfrancesco Pacini Battaglia), concluyó que las estructuras del Estado Mexicano protegían el tráfico de drogas.
Este personaje fue liberado por funcionarios del sistema judicial mexicano, tras pagar una fianza de más de 2.5 millones de dólares (alrededor de 45 millones de pesos mexicanos), más no exculpado en el extranjero sobre el origen de sus millones.
Fuentes: Aristegui Noticias; La Octava Noticias; La Jornada; El País; L’Espresso, revista italiana; SWI swissinfo.ch, portal de noticias suizo.
