“La mayoría de los asesinatos se cometen en pueblos originarios y la impunidad es casi absoluta debido a que los gobiernos no dan seguimiento; en muchos casos hay colusión entre quienes gobiernan y los despojadores, sean empresas mineras, agrícolas, o el llamado crimen organizado.”
Leopoldo Chassin Ramírez
Palabras y Utopías
El asesinato de quienes defienden la vida y la justicia se ha recrudecido en nuestro país. Los guerreros defensores de la Madre Tierra en este mundo desquiciado, han sido las principales víctimas de los insaciables “inversionistas” que han crecido en poderío ante la mirada cómplice del Estado. Sólo basta ver el aumento de la riqueza de multimillonarios y banqueros.
Diversos organismos nacionales e internacionales, dan cuenta de los asesinados y desaparecidos. Las víctimas principalmente fueron defensores de los derechos humanos, de su territorios y ambientalistas. También hay periodistas que por el heroico hecho de pensar y escribir en aras de sus sueños, han sido asesinados. Por el poder.
La estrategia que siguen los poderosos “inversionistas” comienzan generalmente con la cooptación, le siguen los sobornos, chantajes, amenazas, golpizas, secuestros, tortura, asesinatos y desapariciones. ¿Y dónde o con quién están los sistemas de inteligencia de las múltiples corporaciones procuradoras de justicia?
La impunidad conforma parte del contubernio entre los poderosos y las diversas policías, Ejército, Guardia Nacional, los ministeriales, jueces, … que se supone deberían protegernos contra el delito y la impunidad.
Algunas de las fuentes han sido y siguen siendo hostigadas desde el Estado cómplice. Algunas de ellas:
Los periodistas asesinados del 2000 al 2024 son 164.
Los nombres de los 72 activistas asesinados en 2022. La mayoría de comunidades indígenas.
El Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez A.C. (Centro Prodh), que recientemente ha cumplido 30 años, ha acompañando Ayotzinapa, Tlatlaya, Mujeres de Atenco y a las víctimas del los caciques, que asesinan y desaparecen defensores de la Madre Tierra.
Los informes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dan cuenta de muchos de los asesinatos.
De los periodistas y ambientalistas asesinados. (Defensores de la tierra, Acuerdos)
La impunidad es el punto medular del asunto, pues menos del cinco por ciento de los delitos son perseguidos y mucho menos con sentencias ejemplares. La impunidad campea en México. ¿Se propician los crímenes? ¿Por quién(es)?
Algunos detalles de los enlaces citados
“54 personas ambientalistas desaparecieron o fueron asesinadas en México durante 2021. El país encabezó las listas por primera vez desde que comenzó el registro en 2012, con el número más alto de asesinatos registrados en 2021, lo que además representó un aumento de casos por tercer año consecutivo.” // México lideró el ranking de asesinatos contra periodistas en 2022, con 11 homicidios.
Tanto ambientalistas, personas defensoras de su territorio, así como periodistas comparten el desprecio y ataques desde el gobierno que los ve como enemigos del progreso.
La mayoría de los homicidios registrados en 2022 (el 88%) se produjeron en América Latina. En esa región, otros países con una elevada tasa de ataques mortales el año pasado fueron Brasil, con 34 asesinatos; México, con 31; y Honduras, con 14. En Filipinas murieron un total de 11 personas defensoras
La mayoría de los asesinatos se cometen en pueblos originarios y la impunidad es casi absoluta debido a que los gobiernos no dan seguimiento; en muchos casos hay colusión entre quienes gobiernan y los despojadores, sean empresas mineras, agrícolas, o el llamado crimen organizado.
En la determinación y el compromiso de defender la tierra, las comunidades siempre están en guerra desigual en contra de los perpetradores.
Pese a la ola imparable de impunidad criminal los guerreros defensores de la Pachamama continúan en pie de lucha. La lucha por la vida.
Tratados internacionales incumplidos
México ha firmado acuerdos internacionales como el “Convenio 169 de las Naciones Unidas sobre derechos de los Pueblos Indígenas y Tribales” que constantemente es y ha sido violado por los gobiernos en turno desde su firma en septiembre de 1991. Es decir, todos los partidos y la clase política que es la misma desde entonces, han sido cómplices de su incumplimiento.
Recordemos que los zapatistas chiapanecos junto con muchos pueblos firmaron los Acuerdos de San Andrés Larrainzar en febrero de 1996 en los que se establecía su derecho a ejercer su libre determinación. A 30 años del ¡Ya Basta! del Ejército Zapatista de Liberación Nacional el gobierno sigue siendo omiso a la pactado en el convenio 169 de la OIT-ONU. ¿Estado de derecho? ¿Justicia?
Otro de los acuerdos es el de Escazú, del que México es firmante en marzo de 2018, que establece el compromiso del “acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales”.
Ambos tratados, el 169 de la OIT-ONU y el de Escazú, el gobierno actual, los ha pisoteado en los megaproyectos, arguyendo que son de seguridad nacional. ¿Será? ¿Dónde están la Semarnat, Proam? ¿Y que hay de la especulación de los negocios inmobiliarios, de las concesiones de transporte, manejo del agua, etc? ¿Los poderosos están incluidos en eso que llaman interés nacional?
La raíz
Como casi en la mayoría de los casos de injusticias, el individualismo, la codicia, el poder, son las causas de los males que padecemos con la Madre Tierra. Todos, todos, los que la habitamos, agua, tierra, bosques, ríos, lagos, lagunas, aire, animalitos y nosotros los homo ¿sapiens?, los cómplices, los depredadores.
El dolor sigue estando en las familias de quienes han sido desaparecidos, asesinados, torturados y el que la Madre Tierra nos recuerda a cada día con sus lamentos.
