El gobierno estatal impone criterios a directivos de medios con los que mantiene convenios a modo para posicionar un discurso único que acalle las críticas y para definir contrincantes desde el poder
Raúl López Téllez
Un control pleno a través de la imposición de criterios pretende sobre medios informativos la Coordinación General de Comunicación Social (CGCS) del gobierno michoacano.
La dinámica intenta imponerse a partir de las críticas en redes -sobre todo- a la actuación del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla en materia de inseguridad, con una visión de rechazo a las mismas y para promover eventos de carácter masivo como los conciertos, que aparentemente buscan atemperar los cuestionamientos y proyectar la idea de que el morenista tiene una base social de respaldo.
Pero no fue así. Fue a partir de los conciertos bajo el rubro de Jalofest, organizados a finales del año pasado y principios de 2024 en medio de una incidencia de homicidios dolosos. Los comentarios en contra del funcionario arreciaron, con el calificativo en alguna publicación de Facebook como “pendejo” en su propia cuenta.
A ello se sumó la aparición de Raúl Morón Orozco en el escenario electoral, en búsqueda de una candidatura por el Senado. La pretensión del excandidato a gobernador hacia la Cámara Alta no cayó muy bien a la administración.
Cabe recordar que a partir del freno impuesto a Morón Orozco por parte del Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que le negaron el prerregistro al no reportar gastos de precampaña, Ramírez Bedolla se “coló” al proceso interno en Morena para definir otro candidato a la gubernatura.
Ramírez Bedolla, habrá que recordar, trató de imponer a como diera lugar en la candidatura al Senado a su secretario de Gobierno, el experredista Carlos Torres Piña, y a Giuliana Bugarini, también experredista, como parte de la fórmula, además de promover al secretario de Finanzas, Luis Navarro, como aspirante a la alcaldía de Morelia.
Hoy, como se sabe, Morón Orozco es candidato a la Cámara Alta de la segunda fórmula, junto con Celeste Ascencio en la primera, en tanto que Torres Piña no tuvo de otra que aceptar el encargo de Ramírez Bedolla para enfrentar al candidato más fuerte, el alcalde Alfonso Martínez Alcázar, quien busca con la reelección su tercer mandato.
Fue a finales del 2023 que la política de Comunicación Social endureció los intentos por controlar la información respecto a Morón al suspender los llamados “convenios” entre medios y el gobierno, a través de promover abiertamente no manejar ninguna información o rueda de prensa de aquel, no obstante que el exalcalde y exdirigente de la CNTE actuara como promotor de los comités de apoyo a Claudia Sheinbaum Pardo como aspirante presidencial de Morena.
Claro, la idea era posicionar un discurso único que viniera de Torres Piña o Bugarini o de Luis Navarro, secretario de Finanzas y Administración que se perfilaba desde gobierno para candidato a presidente municipal.
En la continuidad de esas primeras intenciones, la coordinación de Comunicación Social que encabeza su titular Zayin Villavicencio -quien en conjunto con Gustavo Aguado maneja la política de comunicación y se encuentra en el directorio de la polémica agencia de información Neurona-, plantea una serie de requisitos para quieran mantener los favores económicos del gobierno morenista, incluso a sabiendas de que este año, por ser electoral y restrictivo en materia de difusión de obra y discurso oficiales, les “saldrá barato” al aplicarse la veda que impide la difusión de programas sociales federales y estatales, como es el caso de Michoacán, al estar en marcha el proceso electoral para elegir diputados locales y cabildos, además de los cargos en el ámbito federal, presidencia de la República y la renovación del Congreso de la Unión.
Los “criterios”
En una reunión a principios del año con los responsables de comunicación social de las dependencias que integran el gobierno estatal, se dictaron las directrices a los medios, no sólo planteadas o dictadas por Villavicencio, sino en las que además intervienen el secretario de Gobierno, Elías Ibarra Torres, y el director de Comunicación, Noel García.
En un documento al que tuvo acceso Regla de Tres, tales directrices serían las siguientes, mismas que tendrán que ser acatadas por los medios, entre las que destacan algunas relativas al financiamiento del propio medio a la difusión oficial, como condición para mantener el llamado «convenio»:
- Pautar de manera privilegiada las notas relativas a Ramírez Bedolla. En las redes y portales, al momento de estar efectuándose sus eventos y en noticieros “en caso de que se tengan”, señala el documento.
- Las notas de gobierno pautadas en Facebook, serán pagadas por los medios (esto permite evadir los mecanismos de transparencia de esta plataforma, que avisa al usuario cuando una publicación es pagada y muestra quién la está pagando).
- En radio y televisión, los directivos deberán generar espacios para que Gobierno del Estado los emplee como quiera.
- Ponderar filtraciones como elementos de información, sobre todo para contrarrestar noticias en contra de funcionarios o rivales políticos, como ya ocurre con Alfonso Martínez Alcázar y sus intentos de reelección en la alcaldía de Morelia.
- Divulgar las columnas de los columnistas “comprados” por el gobierno estatal y las que genere la propia Coordinación de Comunicación Social.
- Incluir además las cápsulas informativas relativas a las acciones de la administración o bien posturas que se quieran imponer del gobernador.
Al respecto de este último punto, para destacar el valor o influencia que pondera la administración estatal a estos recursos, trascendió que en una de sus últimas reuniones con los enlaces de prensa, Zayin Villavicencio comentó que una nota sobre una jirafa del zoológico “ayudó” al gobierno a superar la crisis causada a la administración morenista por el asesinato de Hipólito Mora, el exdirigente del movimiento de autodefensas en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, evento sobre el que Ramírez Bedolla fue duramente criticado incluso en medios de la capital del país ante su desdén y casi burla a lo ocurrido con el también productor citrícola, quien varias veces denunció el abandono total de la administración estatal en La Ruana ante los embates del crimen organizado.
Entre otras particularidades de estos “criterios”, se plantea que en redes sociales y portales se manejen mínimo la publicación al momento de notas del gobernador con fotografía y/o video, “al menos dos”, sugiere el documento; publicación “puntual” de “notas con obras y acciones de gobierno”; videos, estados o TikToks, e-cards y banners.
En la cobertura informativa, los “criterios” serán privilegiar la cobertura de Ramírez Bedolla, con notas firmadas y menciones en columnas, generar un reportaje mensual sobre acciones de gobierno, además de atender información estratégica y encuestas.
Parte de los “criterios” impuestos, contemplan que los directores o gerentes de los medios, reporten a la Coordinación de Comunicación Social -mediante formatos facilitados por la CGCS-, el número de publicaciones mensuales dedicadas al gobierno estatal, con, además, el registro de su alcance (cuántas personas lo vieron); impresiones (“las veces que la gente vio ese contenido”); tasa de interacción (“suma del total de las interacciones de los contenidos”); reproducciones de video (cuántas veces se reprodujo su contenido) y tasa de finalización del video (cuántas personas lo vieron completo o el tiempo que le dedicaron).
Pero la obligatoriedad no solo va para los directivos de medios, sino que el mismo personal que labora en las áreas de comunicación de las dependencias, está obligado a difundir en sus propias redes el material oficial, mismas que a su vez se advierte, serán monitoreadas por la CGCS, como lo plantean las siguientes indicaciones:
- Las y los oficiales del Registro Civil deberán conectarse a todas las conferencias de prensa, interactuar y compartir en sus redes y grupos de WhatsApp de la estructura de confianza de sus dependencias
- Las y los oficiales tienen la responsabilidad de conectarse y bajar la instrucción de que las y los trabajadores de confianza compartan en redes
- Las conferencias de prensa se deberán compartir en redes personales
- Todas y todos tienen la responsabilidad de compartir campañas y contenido que informe de manera puntual el quehacer gubernamental
- En el caso de las publicaciones del gobernador, las y los oficiales deben reaccionar e interactuar, así como compartir lo relevante en los grupos de WhatsApp de estructura y sus redes sociales
- Todas y todos deben deben enviar la evidencia de captura de pantalla desde su perfil personal de las publicaciones.
- Se hará una lista de las y los oficiales que interactúan a fin de generar un reporte de quienes sí y no se suman a la estrategia digital.
Además, advirtieron a los enlaces “que dependencia o gente de estructura que no apoye en redes, no la apoyarán con pautas de publicidad.”
Otra estrategia de la Coordinación de Comunicación Social ha sido la de incrustar personal afín en medios de comunicación que no comparten del todo la visión oficial.
Ya sea como editores o reporteros, con su inclusión se busca que se posicionen temas publicitarios del gobierno estatal como si fueran información, a quienes desde temprana hora se les indican los temas a destacar, incluso con el envío de información aún antes de que se realicen los eventos o las “mañaneras” que realiza a su modo Ramírez Bedolla.
“Baja esa nota”
-Échanos la mano, baja esa nota.
La petición al teléfono es de Jaime Márquez, director de Información del gobierno estatal, a este reportero.
La llamada ocurre el 10 de octubre del 2023. La petición parte de una información que tenía alrededor de dos horas publicada en el portal digital de Cambio de Michoacán, donde el autor de esta nota se desempeña como editor y reportero.
La nota objeto de la petición, bajo la firma de América Juárez Navarro, refiere el rechazo de la Comunidad Judía en Michoacán a las declaraciones de Alfredo Ramírez Bedolla, quien días antes en referencia a la situación que vive Michoacán, señaló que la entidad era más segura que Israel, donde días antes habían iniciado los enfrentamientos en contra de palestinos en la Franja de Gaza.
Según Márquez, el documento en el que se basaba la nota era “apócrifo”.
-¿Porqué no hace un desmentido oficial el gobierno estatal?-, se le cuestiona a Márquez ante la afirmación.
-Nos tardaríamos, échanos la mano, baja la nota-, insistió, a lo que este reportero le indicó que no bajaría la información.
De acuerdo con colegas de otros medios, quienes piden el anonimato, la práctica de solicitar el “baja esa nota” es recurrente también en este gobierno, en una continuidad de actitudes similares a las del gobierno de Silvano Aureoles Conejo, con Julieta López como coordinadora de Comunicación.
Ocurrió igual, dicen, cuando un grupo de feministas de la colectiva Incendiarias interpeló directamente a Ramírez Bedolla en un acto en el Centro Cultural Clavijero, días después de los eventos del 8 de marzo del año 2022, también por una declaración desafortunada del morenista, previa a las movilizaciones por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, quien aludió a la colectiva en particular para señalar que eran violentas como los aficionados del futbol que días previos habían protagonizado una trifulca en el estadio Corregidora de Querétaro.
-Aquí estamos, ¿o se te hace chiquito?-, le gritaron las feministas a escasos metros del funcionario, quien optó por retirarse del lugar.
Más tarde, su equipo de comunicación -entonces a cargo de Carlos Márquez, quien laboró en el área de prensa del gobierno silvanista-, solicitó a los medios según las versiones, que se “bajara” tal información, lo que así ocurrió en la mayoría.
En las semanas recientes, el gobernador se ha mantenido en la línea de confrontar con sus respuestas, en otro intento de emular quizá a su ideal, el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Cuando el Tribunal Electoral del Estado, en febrero de este año, le señaló la irregularidad de promover fuera de tiempo su informe de gobierno, Ramírez Bedolla le reviró aludiendo al tema de la presunta corrupción en los organismos impartidores de justicia, a tono con AMLO en su lucha contra el Poder Judicial.
“Los tribunales electorales desafortunadamente han caído o han regresado a la época de la Inquisición, por eso viene una gran reforma judicial en ese sentido; deberían estar más preocupados por meter a los delincuentes a la cárcel y juzgarlos, que por andar en el chisme político”, señaló.
Los cuestionamientos a la fallida estrategia contra la inseguridad imperante en el estado, han sido otros de los temas donde cada semana el tono oficial insiste en la presunta reducción de índices de homicidios dolosos y extorsión. Ante voces no sólo de actores políticos sino del clero, como ocurrió el pasado mes de enero, cuando obispos celebraron una ceremonia por la paz en la entidad cuestionando la eficacia de las acciones del gobierno morenista.
En esa ocasión, el arzobispo de Apatzingán, Cristóbal Ascencio García, señaló que la estrategia implementada por Andrés Manuel López Obrador de abrazos, no balazos, “no ha funcionado y hay que revisar esa política si es que en verdad se ama a México porque hay que hacer algo diferente escuchando la voz del pueblo.” En la versión que difundió la agencia Quadratin, el religioso señaló que los grupos de violencia y de presión han generado un gran número de desplazados al menos en la mitad de los municipios que abarca la diócesis a su cargo, Tumbiscatío, Tepalcatepec, Chinicuila, Coalcomán y Apatzingán.
Como réplica, Ramírez Bedolla señaló que la estrategia de seguridad funciona y citó el crecimiento de las Brigadas Operativas Interinstitucionales.
También Ramírez Bedolla liga a sectores como el de los empresarios con “el pasado” o gobiernos anteriores como el de Silvano Aureoles -quien pasea campante como candidato a la diputación federal por el Distrito de Zitácuaro-, cuya sola relación le parece al funcionario ligada a presunta corrupción o favoritismo, no demostrados hasta el momento, pues no existe una demanda formal.
Estas son sus declaraciones del pasado 11 de marzo, cuando empresarios hoteleros le cuestionaron la falta de transparencia en el proceso de adjudicación directa para concesionar el hotel Best Western, el cual en el sexenio anterior le fue entregado al “Grupo H” y generó un presunto desfalco: “No podemos concesionar el Ceconexpo, porque nos está generando, está en un superávit, luego no lo vayan a llevar a la quiebra(…) Ya no tiene las dádivas ni canonjías que tenía en el gobierno anterior”, señaló al descalificar a los empresarios encabezados por Agustín Arriaga Díez.
La andanada se ha venido replicando en contra del empresario a través de Evangelio News, un medio digital impulsado directamente por la Coordinación de Comunicación Social del gobierno estatal, dedicado tras la fachada de medio informativo a golpear a objetivos específicos que la administración morenista enfoca en el ya citado Morón, así como al alcalde y candidato por la reelección Alfonso Martínez Alcázar.
Hasta la fecha, el ataque contra el hotelero se mantiene en el medio citado, pese al reclamo de la Asociación de Hoteles de Morelia, el 3 de abril, al pedir a través de su presidenta Zyanya Guzmán, que cesen los ataques del gobierno estatal en contra del empresario.
En los últimos días, el tema de moda y blanco de ataques desde Comunicación Social es el alcalde moreliano, en campaña por la reelección en el cargo donde compite contra el delfín de Ramírez Bedolla, Carlos Torres Piña.
La presunta acción del gobierno de Morelia, acusa el gobierno estatal, ha derivado en la contaminación de aguas que abrevan en el Zoológico de Morelia -de competencia estatal-, tema en el que desde hace semanas se mantiene un golpeteo entre ambas partes pero con mayor énfasis desde el gobierno morenista, que día con día destaca en al menos dos comunicados diarios los “daños” generados por el vertido y que en la versión municipal obedece a negligencia de directivos del parque y sobre los que ha interpuesto varias demandas ante instancias ambientales estatales y de la federación, aunque hasta el momento no se ha concluido con la responsabilidad definitiva.
De hecho, ni siquiera se han dado a conocer los análisis de las aguas vertidas y que desde el gobierno de Ramírez Bedolla, se dice que contienen contaminantes que incluso han derivado en la muerte de un jaguar -que se mantuvo 15 días habitando una jaula inundada, de acuerdo con los propios dichos de los funcionarios estatales- y enfermar a otras especies confinadas.
