A pesar de la violencia contra el gremio periodístico, que incluye la desaparición, tratos crueles y amenazas, el gobierno estatal ha implementado instancias de protección de manera forzada y sin continuidad
Patricia Monreal / América Juárez
En Michoacán, la exigencia del gremio periodístico es el motor que ha forzado el accionar de las autoridades estatales para la atención de las violencias que enfrenta en el ejercicio de su labor.
De no existir la presión gremial frente a los casos de personas periodistas asesinadas, desaparecidas o agredidas, la postura de los Poderes del Estado tendría como común denominador la omisión y el silencio.
Las cifras revelan la condición de permanente riesgo que entraña el ejercicio periodístico en Michoacán: de 2006 a 2023, han asesinado a 14 periodistas y desaparecido a cuatro, como fue el caso -el 9 de noviembre de 2009- de María Esther Aguilar Cansimbe, conforme a los datos del Colectivo NiUnoMás Michoacán; por otra parte, entre 2012 y 2023, 32 periodistas han requerido protección gubernamental según cifras del Gobierno estatal; y de enero a octubre de 2023, cinco quejas de periodistas fueron promovidas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Además, de acuerdo con un registro de CIMAC, de 2018 a 2023, el estado ocupa el cuarto lugar en más agresiones a mujeres periodistas, con 56 casos documentados; 29 de los cuales se consideran violencia institucional, por provenir de funcionarios públicos de diferentes niveles. Tal es el caso de la periodista Mitzi Yanet Torres Quintero, quien en 2019 fue objeto de detención arbitraria, así como tratos crueles, inhumanos y degradantes por elementos de la Policía Municipal de Morelia, después de solicitar ayuda tras ser víctima de una agresión sexual.
El riesgo para el ejercicio periodístico se ha acentuado con la penetración de la delincuencia organizada en las estructuras del poder público. En septiembre de 2021, doce días después que 112 alcaldes asumieron funciones en Michoacán, la Secretaría de la Defensa Nacional elaboró un informe en donde consignó que 29 de ellos tenían vínculos con la delincuencia organizada: 18 con el Cártel Jalisco Nueva Generación, nueve con La Familia Michoacana, y dos con Cárteles Unidos. El informe forma parte de los documentos hackeados por el colectivo Guacamaya que fueron difundidos por diversos medios de comunicación, uno de ellos, Ríodoce.
En promedio cada año desde 2006, al menos una persona periodista ha sido asesinada o desaparecida en Michoacán. La impunidad es la característica en la mayoría de los casos.
Sólo en el homicidio de Abraham Mendoza Mendoza se ha logrado sentencia para los responsables, mientras que en el de Armando Linares López, uno de los presuntos perpetradores de su muerte fue vinculado a proceso el 28 de agosto de 2023.
A la violencia que enfrentan periodistas en Michoacán se suma el proceder de las empresas mediáticas al carecer de protocolos de seguridad, no pagar salarios justos e incumplir con sus responsabilidades patronales.
En un diagnóstico elaborado por mujeres periodistas y activistas del estado, contenido en una iniciativa de reforma a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado de Michoacán, que presentaron al Congreso local en julio de 2022 y fue aprobada en junio de 2023, se consigna que el 94.9% de las periodistas han experimentado algún episodio de violencia durante su vida laboral y/o por su actividad profesional; el 11.5% ha sufrido violencia sexual; 52.6% labora en más de un lugar; y 30.8% padece alguna enfermedad producto de su ejercicio periodístico. Los datos fueron elaborados a partir de un formulario respondido por 89 comunicadoras michoacanas.
“Aunque puede existir una mayor visibilización sobre la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, lo cierto es que ésta persiste, los casos de acoso sexual, violación, discriminación y abuso laboral siguen ocurriendo”, apunta Brenda Barajas Márquez, codirectora del portal informativo Indicio.
Brenda formó parte del grupo de mujeres periodistas que promovieron reformas a la legislación local para que se focalicen y atiendan las violencias a comunicadoras en el estado,
“Aún y cuando la presencia de mujeres periodistas es mayor por lo que podemos observar en las coberturas, los hombres siguen contando con mayores ingresos por su labor y ocupando los espacios de dirección”, y reconoce que en la agenda de los gobiernos no están las mujeres periodistas pese a ser éstos también protagonistas de las violencias que ellas enfrentan.
“Como ejemplo está la represión a manifestantes y periodistas del 8 de marzo de 2022, en donde más de una veintena de compañeras resultaron afectadas por agresiones directas de elementos de seguridad. No hubo ni siquiera una disculpa pública”.
“Este es uno de los estados más complejos para el ejercicio periodístico”, considera por su parte la periodista Verónica García Magaña, integrante del Colectivo NiUnoMás Michoacán quien, para ejemplificar, alude al caso de Maynor Ramón Ramírez Arroyo, comunicador en Apatzingán agredido a balazos el 28 de noviembre de 2023, “lo que ahí pasó, aunque no se ha logrado definir cuál es el origen, da cuenta de la facilidad con que un periodista es víctima de un atentado, de una agresión con arma de fuego”.
La también codirectora del portal informativo PostData sostiene que a los gobiernos -sin importar su origen- no les interesa generar condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico, “se cree que si un periodista requiere protección es un asunto personal, y no, el periodista es alguien que tutela un derecho de la sociedad, que es el derecho a la información y su protección tendría que ser prioritaria”.
Alzar la voz
Era de noche el lunes 5 de julio de 2010 cuando Hugo Olivera Cartas salió de las instalaciones de la Agencia ADN en Apatzingán. Tras despedirse de su esposa, trepó a su camioneta sin decir a dónde se dirigía; horas después su cuerpo baleado fue encontrado en la carretera Apatzingán-Buenavista.
Ese mismo año –el 6 de abril- Ramón Ángeles Zalpa fue desaparecido en Paracho, y cinco meses antes -el 9 de noviembre de 2009- en Zamora, había corrido la misma suerte María Esther Aguilar Cansimbe.
El gremio periodístico en Michoacán salió a las calles para demandar justicia y condiciones de seguridad para el ejercicio de su profesión. Frente a la exigencia, el entonces gobernador Leonel Godoy Rangel tuvo que sentarse a dialogar con las y los periodistas, escuchar sus exigencias y asumir algunos compromisos; era la primera vez que en el estado se daba un encuentro de esa naturaleza.
El único compromiso cumplido entonces, fue la presentación de un informe por la Procuraduría General del Estado sobre el estatus que guardaban las investigaciones de personas periodistas asesinadas y desaparecidas en Michoacán. De los ocho casos informados, todos permanecían abiertos, en la impunidad.
Pasaron tres años para que acciones institucionales se concretaran: en enero de 2014 el Congreso reformó el Código Penal del Estado, incluyendo entre otros temas un Capítulo de “Delitos contra los periodistas en el ejercicio de su labor”.
Pero la reforma tuvo vigencia menos de 12 meses, ya que en diciembre de ese mismo año los diputados aprobaron un nuevo Código Penal, en el que excluyeron todo lo relacionado a delitos contra periodistas.
Fue en 2014 cuando el gobierno del estado, encabezado entonces por Fausto Vallejo Figueroa, implementó el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Dicha implementación se conoció en noviembre de 2014, por un documento con el que el Ejecutivo respondió a un acuerdo aprobado por el Congreso del Estado -en junio de 2013- donde se le requería informar de las acciones implementadas para la protección a periodistas en la entidad.
Se dio respuesta mediante el oficio SELAR/549/2014 sin dar detalles de fechas, recursos asignados y número de periodistas que habían recibido atención. Ahí la Secretaría de Gobierno reportó: “El Convenio (con la Federación para la instrumentación del Mecanismo) de mérito se encuentra vigente y ya se ha implementado el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas a favor de diversos solicitantes del Estado de Michoacán. De igual manera, se informó por parte la Procuraduría General de Justicia del Estado a esta Secretaría, mediante oficio número DGJC/NOR-757/ 2014 el pasado 27 de junio de la presente anualidad: «…Que dicha Institución se encuentra en vías de reestructura y que la Dirección Jurídica Consultiva estudia la posibilidad jurídica de creación de una área para la atención de los delitos cometidos contra la libertad de expresión y el ejercicio periodístico»”.
Más allá de ese documento, no existió para entonces alguna otra información pública sobre acciones del Gobierno del Estado para la protección de comunicadores.
Ese 2014 un grupo de periodistas encabezados por Andrés Resillas, arrancaron los esfuerzos para impulsar la aprobación de una ley específica para la protección de periodistas en el estado, para lo que efectuaron foros de consulta en los municipios de Morelia, Uruapan, Lázaro Cárdenas, Zamora y Zitácuaro.
Andrés narra cómo en el dictamen que se elaboró se suprimieron partes medulares de la propuesta elaborada por periodistas: “básicamente se fueron con la copia de la Ley Federal que establecía solamente el Mecanismo de Protección, a pesar de que yo les dije que no, que la ley no era solamente eso, que en otros estados ya se había legislado y se habían reconocido derechos como la capacitación, la cláusula de conciencia, el secreto profesional, y que esos derechos deberían de prevalecer también en Michoacán”.
Integrante de la Asociación Michoacana de Periodistas (AMIPAC), Andrés recuerda que al final los legisladores presentaron lo que quisieron, y debido a que había dos iniciativas más promovidas por diputados, el tema se empantanó y no prosperó.
En junio de 2015, el dictamen de la iniciativa de Ley de Protección Integral al Ejercicio del Periodismo en Michoacán estaba listo, sin embargo nunca arribó al Pleno del Congreso para su aprobación. Tuvieron que pasar tres años y la presión gremial por el asesinato de otro periodista, para que la Cámara finalmente legislara en la materia.
Unidad y Ley
Por Salvador López Adame llegaron seis hombres armados la tarde del 18 de mayo de 2017 a la purificadora en la que ocasionalmente laboraba en el municipio de Múgica. Hacía cinco meses que había cerrado su canal, el 6TV, debido a que no podía seguir costeando el pago de la señal por telecable, por lo que sus informaciones las difundía a través de su perfil de Facebook.
Cinco semanas después, el 26 de junio de 2017, la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, informó que los restos calcinados de Salvador habían sido encontrados en un lugar conocido como la “Barranca del Diablo”, sobre la carretera que conduce de Nueva Italia a Lombardía. Un hueso largo, otro curvo, y una serie de fragmentos óseos localizados en un altar a la Santa Muerte fue lo que la familia del comunicador enterró tres meses después, el 22 de septiembre.
Salvador estaba acogido al Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, luego que el 5 de abril de 2016 junto con su esposa Frida Urtiz, sufrieran un intento de desaparición forzada por órdenes del alcalde de Múgica, Salvador Ruiz Ruiz, durante una cobertura periodística.
En 2017, tras la desaparición de Salvador, el gremio periodístico salió -el 23 de mayo- a manifestarse en Morelia para exigir su localización. Ese día se conformó el Colectivo NiUnoMás Michoacán.
A la mañana siguiente, el gobernador Silvano Aureoles Conejo en reunión con periodistas de la Región de Tierra Caliente –en la que laboraba Salvador-, buscó atemperar la presión ofreciendo seis cosas: impulsar una Ley de Protección a Periodistas; crear una Fiscalía Especializada en atención de delitos contra periodistas y defensores de derechos humanos; construir un mecanismo para el acceso a periodistas a los servicios de salud y explorar el acceso a jubilaciones; generar un programa de vivienda con créditos accesibles; crear un fondo de crédito para préstamos; y fortalecer el diálogo “franco y abierto” en reuniones regionales continuas con el gremio.
En tanto, periodistas ya aglutinados en el Colectivo NiUnoMás continuaron con el activismo para exigir la localización de Salvador. El 31 de mayo de 2017 presentaron una denuncia colectiva por la desaparición del comunicador, solicitando ser reconocidos como víctimas indirectas al amparo de los artículos 108 y 109, del Código Nacional de Procedimientos Penales.
La querella fue promovida por 88 comunicadores. Tras tomar declaraciones y realizar los exámenes físicos y psicológicos a los promoventes, la Procuraduría General del Estado consumió tiempo en verificar si eran o no periodistas rastreando quiénes tenían cédula profesional. La denuncia permanece congelada hasta hoy día.
La exigencia en el caso de Salvador iba en ascenso, integrantes de NiUnoMás ya habían viajado a la ciudad de México para requerir la intervención de ambas cámaras del Congreso de la Unión, así como de la entonces Procuraduría General de la República, y habían sostenido encuentros con Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, y Renato Sales Heredia, Comisionado Nacional de Seguridad Pública, para abordar el asunto.
Es así como, tras la localización de los restos de Salvador y siete días antes de realizarse el sepelio, el gobierno de Silvano Aureoles Conejo publicó en el Periódico Oficial del Estado el Protocolo para la Organización y Operación de la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado.
La creación de protocolos había sido previamente acordada por los gobernadores y el presidente Enrique Peña Nieto el 17 de mayo de 2017 -un día antes de la desaparición de Salvador-, y en agosto de ese año se aprobó por la Conferencia Nacional de Gobernadores el Protocolo de Coordinación para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Poco después, el 5 de diciembre de 2017, Silvano Aureoles turnó al Congreso local la iniciativa de Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos en el Estado, la cual fue dictaminada y aprobada al año siguiente por el Poder Legislativo.
Protección inoperante
La Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el Estado nació sectorizada a la Secretaría de Gobierno, pero su vida fue corta, pues la actual administración estatal al iniciar funciones en 2021, no la encontró operando, tampoco se detectaron “evidencias documentales que sustentaran su existencia conforme a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”, según da cuenta la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobierno.
Lo anterior, conforme al oficio SG/SUBSDflP/473/2023 del 16 de noviembre de 2023 -emitido en respuesta a una solicitud de información formulada para este reportaje-, en donde se consigna que “en los antecedentes normativos y registros entregados en la materia, se encontró que, en la estructura orgánica de la otrora Unidad de Derechos Humanos de la Subsecretaría de Enlace Legislativo y Asuntos Registrales de la Secretaría de Gobierno, existía el Departamento de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, a través del cual se brindaba atención y seguimiento a los casos en la materia y su titular fungía como enlace con el Mecanismo Federal de Protección”.
En el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla, dentro de la Secretaría de Gobierno se creó la Subsecretaría de Derechos Humanos y Población, la cual funge como enlace oficial con el Mecanismo de Protección de la Federación.
“Cuando se hace la entrega-recepción eran muy pocas personas las que estaban incorporadas al Mecanismo y la mayor parte del trabajo se hacía con la Federación, es decir, llegaba un periodista o una persona defensora y básicamente era como oficina de trámite, nada más se mandaba la petición y era como quedaba el registro”, explica Elvia Higuera Pérez, subsecretaria de Derechos Humanos del Gobierno del Estado.
Asegura que la Unidad tenía poca operatividad, e incluso, muchos expedientes no fueron entregados a la actual administración.
Los datos proporcionados por la Secretaría de Gobierno a las solicitudes de información 161284323000274 y 161284323000276 formuladas para este reportaje, revelan que entre 2012 y noviembre de 2023, el Gobierno del Estado dio atención a 32 periodistas: seis mujeres y 26 hombres.
La mayor parte de las medidas de protección otorgadas a periodistas son risibles: consiste en darles un directorio con números de emergencia.
De un total de 23 medidas otorgadas de 2013 a 2022 (con excepción de 2015 y 2021 sobre los que no se consignan datos), 12 medidas (52.17%) consistieron en otorgar números de emergencia; una decena fueron rondines (43.48%); y sólo una fue de acompañamiento (4.35%).
El Departamento de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, en un oficio fechado el 8 de mayo de 2023 con atención a Elvia Higuera, reporta 29 cursos de capacitación a periodistas de octubre a diciembre de 2022, y 19 de enero a marzo de 2023.
Los cursos de capacitación que el gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla ha organizado para periodistas, los realiza en coordinación con la cadena de tiendas de alimentos Merza a través de su fundación.
“A nosotros el Gobierno del Estado quiere darnos atole con el dedo, dice que hace pero en realidad no hace, simula, y no tiene interés alguno por asumir su responsabilidad para la protección del ejercicio periodístico”, subraya Benjamín Álvarez Mendoza, integrante de NiUnoMás Michoacán, quien abunda: “hoy vivimos una situación de profunda intolerancia del gobierno de Alfredo Ramírez que hace eco de lo que sucede a nivel federal con la postura que tiene el presidente Andrés Manuel López Obrador hacia los periodistas”.
Benjamín apunta que la administración estatal ha optado por ser reactiva en los casos de violencia a periodistas, ya que no ha accionado para prevenir que las agresiones proliferen, además ha dejado trunca la agenda de trabajo trazada con NiUnoMás en 2022, tras el asesinato de Armando Linares, ello debido a la negativa del gobernador para sentarse a dialogar. “Incluso ha contribuido a las violencias al instrumentar una política clara de censura que ejerce a través de los convenios publicitarios con los medios de comunicación, en donde los periodistas son silenciados sobre temas que las autoridades están interesadas que no se sepan”, refiere.
Estire y afloje
“Ya desde hace algunos meses habíamos estado sufriendo amenazas, a raíz de que empezamos a publicar algunas cosas sobre el excandidato a la gubernatura de Michoacán, Carlos Herrera Tello”, señaló Armando Linares, director de Monitor Michoacán la tarde del 31 de enero de 2022, poco después de que su compañero Roberto Toledo fuera asesinado en el municipio de Zitácuaro.
Pasaron tres semanas para que Armando corriera la misma suerte que Roberto. Era la tarde del martes 15 de agosto de 2022 cuando a su casa arribaron sujetos armados para dispararle a quemarropa, frente a su familia.
Al día siguiente el gremio periodístico se movilizó por la avenida principal de Morelia. Los comunicadores arribaron al Congreso del Estado en donde sesionaba el Pleno, irrumpieron hasta la tribuna legislativa para repudiar el asesinato de Armando y exigir a los diputados medidas legislativas para blindar el ejercicio periodístico.
En los días subsecuentes sostuvieron reuniones con el Secretario de Gobierno y el de Seguridad Pública, así como con el Fiscal General del Estado, en las que exigieron una investigación puntual sobre el asesinato de Armando y su no revictimización; se establecieron rutas de trabajo para la generación de protocolos de actuación de servidores públicos -incluidas las corporaciones de seguridad- en su relación con periodistas, trabajar en reformas legales, y analizar de manera conjunta la operación en Michoacán del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
La intención de las y los periodistas era reunirse con el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla; se acordó trabajar previamente con la Secretaría de Gobierno un documento de compromisos específicos que fueran signados por el mandatario. El encuentro nunca se realizó.
El cuatro de mayo de 2022, en una reunión previamente acordada con el Fiscal General, Adrián López Solís, se presentó un nuevo informe sobre el estatus de las investigaciones por los homicidios y desapariciones de periodistas en el estado.
Lo reportado fue desalentador, no sólo porque se carecía de avance en prácticamente la totalidad de los casos, sino también, por la precariedad de la información en relación a los datos informados al gremio en 2010. En los casos de la desaparición de María Esther Aguilar Cansimbe y Antonio García Apac, así como de los asesinatos de José Antonio Aguilar Mota y Arturo Barajas López, ni siquiera se tenían localizadas las carpetas de investigación.
El Ejecutivo del Estado, a través de la Secretaría de Gobierno, entregó el 22 de marzo de 2022 a NiUnoMás un proyecto de “Agenda conjunta por la libertad de expresión”, en la que proponía la firma de diez compromisos.
En la propuesta destacaba el dar seguimiento a la implementación de la Ley de Protección a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos; promover las reformas necesarias para adecuar el marco legislativo a la realidad que viven en el presente las y los periodistas en Michoacán; avanzar en la instalación del Sistema Estatal de Protección a Periodistas; la colaboración permanente interinstitucional para el esclarecimiento de las desapariciones y agresiones en razón del ejercicio periodístico; integrar un diagnóstico por municipios que permitiera identificar situaciones de riesgo para la labor periodística; y aplicar protocolos para garantizar la cobertura informativa, así como para la protección de periodistas y comunicadores/as.
A su vez, NiUnoMás presentó una contrapropuesta en la que además de plantear la promoción de reformas legales específicas, proponía que el Gobierno Estatal se comprometiera a la no revictimización de periodistas víctimas de delito; actuar de manera diligente y expedita en la protección de periodistas en riesgo; a contribuir en el esclarecimiento y la consecución de la justicia en los casos de periodistas asesinados o desaparecidos; a generar acciones para el acompañamiento jurídico y psicosocial de periodistas víctimas de delito; y a instrumentar de manera inmediata las acciones conducentes para la operación efectiva de la Unidad Estatal de Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
También se proponía transparentar y hacer públicos los recursos y partidas presupuestales destinadas a la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, y en caso de no existir, establecerlas; propiciar la puesta en marcha del Consejo Consultivo previsto en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; no ejercer acciones de presión ante las empresas mediáticas y/o a periodistas que pretendieran inhibir el ejercicio periodístico y la labor informativa; y establecer una política de comunicación social que no obstaculizara la labor informativa.
La ruta se estableció y los trabajos para afinar el documento y la elaboración de protocolos empezaron a caminar.
El 12 de abril de 2022 el Gobierno del Estado agendó la instalación de la Junta de Gobierno del Mecanismo Estatal para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, esto pese a que los trabajos con el gremio periodístico sobre su integración aún estaban en proceso.
En un posicionamiento emitido por NiUNoMás, se calificó la acción como un albazo: “no fue por comunicación formal -en el marco de los trabajos coordinados- que tuvimos conocimiento, sino vía invitación a medios de comunicación para la cobertura de un evento.
“Sobre la conformación de la Junta de Gobierno, NiUnoMás Michoacán ha formulado propuestas específicas tanto al Poder Ejecutivo como al Poder Legislativo para que periodistas formen parte de ésta con derecho a voz y voto, pues actualmente los términos de Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado no prevén claramente nuestra participación. A las y los periodistas no nos interesa ser partícipes de sus fotografías de ornamento para publicitar lo que por Ley están obligados a hacer”, abundaba el posicionamiento.
El Colectivo determinó suspender los trabajos emprendidos con el Gobierno del Estado hasta en tanto no se concretara una reunión con el gobernador para que, desde la titularidad del Ejecutivo Estatal, existiera un compromiso claro y serio con el gremio. Pero Alfredo Ramírez jamás respondió al llamado.
Así, el Gobierno del Estado empezó a operar para cooptar periodistas, ofreciéndoles en lo particular espacios en el Consejo Consultivo y poder así instalarlo. Sin embargo la postura fue de rechazo.
Andrés Resillas fue uno de ellos: “Me llamaron de la Secretaría de Gobierno para proponerme que fuera consejero, ellos querían hacer una estructura a su modo; me dijeron, lo vamos a armar pero queremos que estés tú, y les dije, no, a mí no me tienen que designar ustedes, me tienen que designar los compañeros”.
En respuesta fechada el 4 de noviembre de 2023 a la solicitud de información 161284323000275, la Secretaría de Gobierno consigna que en la entidad, actualmente “no se cuenta con las estructuras orgánicas operativas establecidas en la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas del Estado, para el funcionamiento del Sistema Estatal de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
Agrega que actualmente se realizan las acciones necesarias para la instalación de la primera Junta de Gobierno, “encontrándose dichos trabajos en la etapa de conformación del primer Consejo Consultivo a fin de que dos de sus miembros se incorporen a la Junta de Gobierno y sea posible su establecimiento de forma definitiva”.
Eco legislativo a cuenta gotas
El 29 de marzo de 2023, la diputada Anabet Franco Carrizales, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, se acercó a la periodista Guadalupe Martínez Ocampo para increparla. La legisladora estaba molesta porque durante una sesión legislativa previa, comunicadoras habían cuestionado la falta de pulcritud en los procesos legislativos.
Ante el reclamo, Guadalupe preguntó a la diputada si la estaba amenazando, “¡tómalo como quieras!”, fue la respuesta.
Al día siguiente el gremio periodístico se movilizó en el Congreso local, las y los comunicadores tomaron la tribuna durante la sesión, repudiaron el proceder de Anabet y exigieron a las y los legisladores dictaminar las iniciativas ya presentadas para proteger la labor periodística y a quienes la ejercen.
El tema era mayor no sólo por la amenaza –grave en sí misma-, sino también, porque la Comisión de Justicia del Congreso es presidida por Anabet Franco, y en ella están pendientes de dictaminar diversas reformas al Código Penal del Estado para tipificar violencias contra periodistas y suprimir delitos que son usados para criminalizarles, entre ellos los previstos contra el honor.
El gremio condenó que una agresora de periodistas fuera la encargada de legislar para combatir la violencia en su contra.
Las y los legisladores habían sostenido ya reuniones de trabajo con integrantes de NiUnoMás tras el asesinato de Armando Linares, por lo que reformas a diversos ordenamientos fueron promovidas por diputados de las distintas bancadas parlamentarias, algunas de ellas incorporando las propuestas presentadas por el gremio.
El eco para dictaminar algunos temas provino de la comisión legislativa de Derechos Humanos, lo que permitió fueran aprobados por el Pleno. Aquellos turnados directamente a la Comisión de Justicia siguen congelados.
El 21 de junio de 2023 se aprobaron reformas a las Ley para la Protección de Personas Defensoras de los Derechos Humanos y Periodistas del Estado, y a la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en el Estado, promovidas por un grupo de mujeres periodistas y activistas.
En ellas se precisa que el otorgamiento de las Medidas de Protección Extraordinarias que otorgue el estado sea inmediatas y persistan hasta que la persona peticionaria deje de estar expuesta al riesgo o hasta que el mecanismo federal pueda acogerla bajo su protección; las medidas deben atender criterios para eliminación de la violencia por razón de género, y garantizar en todo momento la privacidad.
Se establece además, una intervención especializada con base en la perspectiva de género, con lineamientos específicos; se reconoce y define la violencia contra las mujeres periodistas y defensoras de derechos humanos; y se mandata la generación de mecanismos idóneos de prevención y atención de la violencia contra ellas.
También el 21 de junio de 2023 otro paquete de reformas promovidas por los legisladores fueron aprobadas, sin embargo, estas fueron observadas por el Ejecutivo del Estado conforme al proceso legislativo, y las retornó a la Cámara para una nueva revisión.
Las adecuaciones propuestas por el Ejecutivo fueron atendidas y el 7 de diciembre de 2023, el Congreso aprobó por unanimidad el dictamen final.
Tales reformas reconocen como periodistas a todas aquellas personas que aún sin título profesional en la materia, ejercen la labor de informar, analizar, transmitir, comentar, publicar, difundir, en medios digitales, impresos y de imagen, en el territorio del Estado.
Además precisan la manera en que deben realizarse las solicitudes de protección, e incluye que la atención en caso de riesgo sea de manera inmediata, ampliando también el alcance de las medidas de protección,
Benjamín Álvarez apunta: “en la agenda de temas que hemos venido construyendo desde NiUnoMás, sin duda las reformas al Código Penal son prioritarias, el problema es que no existe voluntad de quien preside la Comisión de Justicia en el Congreso”.
Para el comunicador, la falta de voluntad en los poderes Ejecutivo y Legislativo de Michoacán ha sido un dique en la agenda y ruta de trabajo establecidas, que permitan contrarrestar la violencia a la que se ven expuestos los periodistas en el estado.
“Sin duda como gremio y desde NiUnoMás, estamos conscientes que el protegernos depende de nosotros, y que la exigencia a las autoridades para que asuman la responsabilidad de velar por el derecho a la información de la población que se cristaliza a través de la tarea periodística, es una batalla que tenemos que dar en el día a día”, remata.
Imagen portada: Proyecto Comisiones de Papel
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Este reportaje fue elaborado para el proyecto Comisiones de Papel
Iniciativa implementada por Comunicación e Información de la Mujer A.C., el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C en Chihuahua. y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C. financiado por la Unión Europea en el proyecto Mujeres defensoras y periodistas incorporan el enfoque de derechos humanos de las mujeres en la política pública de protección integral en la materia.
Consulta:
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