El cerco policiaco que se ha visto en los últimos días en el primer cuadro de Morelia es reflejo de la intolerancia de los gobiernos estatal y municipal
Regla de Tres
Desde hace casi un mes, para sorpresa de los ciudadanos que habitamos la capital estatal, un cerco policiaco apoyado temporalmente por unidades del Ejército y la Marina, decide el uso de los espacios públicos en el Centro Histórico moreliano.
Por consigna de autoridades del gobierno estatal y municipal, vigilan que nadie, ninguna manifestación y organización popular, se atreva siquiera a pisar las calles o plazas circundantes en torno al primer cuadro moreliano.
La presencia policiaca llega a límites de escándalo, ya que cuando en varios polos de Morelia y del estado padecen inseguridad que seguramente requieren mucha dedicación de las corporaciones policiacas o militares, por centenares y con todo y patrullas y camionetas, incluso algunas ambulancias, sus elementos matan el tiempo entre bostezos, con miradas eternas a sus celulares y una cara de pocos amigos a quienes se acerquen a sus malencaradas presencias.
El objetivo desde la óptica oficial, es “limpiar” el Centro Histórico de manifestantes, de protestas, aparentar ante los visitantes de los meses finales del año, inmersos en festivales de talla internacional y los que presuntamente hacen “brillar” a la capital estatal, que tanto Morelia como el estado se encuentran “en paz”, “en tranquilidad”, aunque justamente el ostentoso, restrictivo de la movilidad ciudadana e inútil aparato de seguridad implementado, den una visión contraria: la de un estado policiaco militar que solo mediante la represión contiene las inconformidades que en una democracia como tal, igual que cualquier diferencia, se resuelve con diálogo, no con la cerrazón al mismo, acompañada de mano dura, escudos y toletes y hasta gases lacrimógenos contra manifestantes, como ha ocurrido con organizaciones de comerciantes y artesanos, militantes de colectivos y estudiantes normalistas que en las últimas semanas han insistido en alcanzar la avenida Madero frente a Palacio de Gobierno o el Congreso del Estado.
Se podrá estar a favor o no de los reclamos y las dinámicas de las organizaciones sociales que mantienen como destino y fin de sus movilizaciones el Centro Histórico, en concreto la plaza Melchor Ocampo, pero igual los operativos que hemos visto en estos días laceran los derechos de todos los ciudadanos por igual, al impedir el tránsito seguro y el pleno disfrute de los espacios públicos, solo porque desde la miope visión oficial “baste” el cierre arbitrario de los mismos, desde un discurso excluyente y racista, donde se privilegian los intereses de familias como los Ramírez en el Festival Internacional de Cine o los Bernal en el de Música. ¿Qué imagen se llevarán los participantes europeos de sus días en Morelia, cuando también en sus respectivas naciones arde la protesta en las calles y se reprime con mayor intensidad a sus ciudadanos?
Podrá no ser extraño incluso el proceder de funcionarios como Alfredo Ramírez Bedolla, gobernador del estado, quien desde el inicio de su administración ha mantenido una política de no diálogo con grupos sociales, madres buscadoras, maestros, universitarios, transportistas y colectivos, en una gestión donde la tolerancia no existe y donde en el discurso oficial ante cualquier problemática que surge cae en la clasificación del “se está atendiendo”, como dictan los boletines oficiales del momento.
O el de Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de la capital estatal que, busca la candidatura a la gubernatura, para quien con su lema, “que brille Morelia”, lo que no reluzca o deslumbre con los reflectores del interés económico, no es digno de atender, como si el hecho de haber nacido en Morelia o desarrollarse en la misma tuviera que estar sujeto a la complacencia de sus torpes visiones, al interrumpir o retrasar las actividades ciudadanas, del transporte público o el comercio, al enfrentar un cerco de 12 calles donde participa la Policía de Morelia.
La sociedad, sus organizaciones, al igual que los gobernantes y ciudadanos, tienen una tarea compartida, la de construir y promover espacios en armonía y con vigencia de derechos. Pero no se ha optado por el diálogo y la negociación inteligente; ante conflictos sociales se acuerdan salidas de momento, que al paso de los años se convierten en usos y costumbres de una subcultura política muy ajena a la democracia como tal y donde se asientan acuerdos en lo oscuro, en los pasillos e intereses del poder, pero no en normas u cauces seguros para una convivencia y una ciudad a la que todos tenemos derecho.