Familiares y colectivos denuncian exclusión, opacidad y omisiones en la norma que Morena presume como logro, mientras niega la crisis humanitaria por desapariciones
Patricia Monreal
Con más de ocho mil personas desaparecidas en Michoacán, la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas del Estado que alista el Congreso del Estado arrastra omisiones de fondo: excluye la justicia, la verdad y la reparación del daño; no transparenta qué propuestas de familias y colectivos incorporó, ni reconoce plenamente a las comunidades indígenas como víctimas colectivas como han planteado. Mientras tanto, Morena busca adjudicarse la norma como logro mientras niega la crisis humanitaria que prevalece en México por este fenómeno.
Enfocada a la búsqueda, la Ley no aborda aspectos como la justicia y la verdad, por lo que mantiene sin tocar el problema de fondo de la desaparición de personas en territorio michoacano.
En las consideraciones del dictamen se reconoce que Michoacán enfrenta un problema estructural, en lo que a desaparición de personas se refiere, “derivado de la conjunción de corrupción, impunidad, violencia, inseguridad y colusión de diversas personas servidoras públicas con la delincuencia organizada, que se agudiza con las condiciones de desigualdad y pobreza extrema que impiden un desarrollo social en el país”.
Aunado a lo anterior, refiere, los escasos resultados obtenidos por las instituciones de prevención y procuración de justicia, tanto en la búsqueda y localización de las víctimas directas como en el conocimiento de la verdad de los hechos que originaron la desaparición y en la identificación de quienes estuvieron involucrados en la misma para sujetarlos a la acción de la justicia, ocasionan, entre otras cosas, la proliferación de esta conducta.
Consigna además que Michoacán el tercer Estado con más personas desaparecidas en el país, situación que “se agrava por el hecho de que no existen cifras oficiales precisas y confiables de personas desaparecidas, ni tampoco una base de datos sólida en funcionamiento en la que se concentre el registro de todas las personas que se encuentran en esta situación en México”.
En el dictamen no se alude a la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), que consigna 8 mil 19 personas desaparecidas y no localizadas en Michoacán entre 1952 y 2026. De ese total el 46.58 por ciento corresponde al periodo de gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla.
La nueva legislación establecerá la búsqueda inmediata de personas desaparecidas bajo el principio de presunción de vida, sin esperar 72 horas. Incorpora la Plataforma Única de Identidad, así como disposiciones para fichas de búsqueda e intercambio de información institucional; también regula la Declaración Especial de Ausencia, con un procedimiento gratuito de máximo seis meses, y ordena digitalizar registros de panteones, fosas comunes y crematorios para facilitar la identificación humana.
El dictamen elaborado y firmado por la Comisión de Justicia, se observa en su redacción copia de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, solamente adaptada para Michoacán, sin reflejar los planteamientos que han formulado en lo local familiares y organizaciones de personas desaparecidas.
La iniciativa promovida por la diputada de Morena, Belinda Iturbide Díaz, fue presentada ante el pleno el 11 de marzo último. En ella no se consignan dentro de la exposición de motivos, las propuestas de las organizaciones y los familiares de personas desaparecidas recabadas durante los ocho foros de consulta realizados en 2025 en Zamora, Jiquilpan, Uruapan, Pátzcuaro, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Maravatío y Morelia.
Dichos foros, denominados “Voces que buscan, ecos que movilizan”, fueron concebidos, conforme a la referida exposición de motivos, como espacios de escucha para “fortalecer el marco normativo más eficaz” y como “un acto de reconocimiento a su lucha por la verdad”. Sin embargo, en el documento no se establece cómo fueron procesadas las propuestas ni cuáles de ellas fueron incorporadas al documento final.
El dictamen elaborado por la Comisión de Justicia, fue firmado cinco días después que, el Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán concediera la suspensión solicitada en el juicio de amparo 931/2026, promovido por la exdiputada local, Margarita López Pérez, del Colectivo Buscando Cuerpos y los abogados Carlos Escobedo y Dayra Hernández.
El amparo reclamaba a diputados locales en lo individual y al Congreso, la omisión de ejercer sus facultades y atribuciones para someter a consideración y votación del Pleno, el proyecto de Decreto por el cual se expide la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Michoacán. La determinación del juez, obligaba a los legisladores informar al respecto.
Ni la iniciativa de Belinda Iturbide, ni el dictamen de la Comisión de Justicia, dan cuenta de la ruta histórica de familiares y colectivos en Michoacán para concretar una ley en la materia. Tampoco hay alusión alguna a los esfuerzos legislativos que a través de diversas iniciativas buscaron cristalizar sin éxito una norma en la materia.
La aprobación de la Ley de búsqueda ha pretendido posicionarse como una medida promovida y lograda por la 4T. En rueda de prensa la bancada de Morena, buscó atribuirse como propia la acción, pero su postura sobre el tema quedó evidenciada por la diputada Melba Albavera Padilla, quien rechazó que en México haya una crisis humanitaria por desapariciones, y se dijo “harta” de escuchar esa “trampa discursiva”, que atribuyó a “la oposición”.
“La trampa discursiva que vemos todos los días de la derecha es justamente lo que pretende: generar la idea de que, curiosamente, los gobiernos que se han dedicado de manera humanista a reivindicar los derechos y la dignidad de los desaparecidos ahora resulta que son los señalados con la crisis humanitaria”, afirmó Albavera.
En tanto que el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, en un comunicado de prensa incorporó al Gobierno del Estado en el tema, aludiendo a los contenidos de la norma.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos a su vez, estuvo operando la asistencia de familiares de personas desaparecidas, integrantes de colectivos y organizaciones a la sesión del Congreso, para mostrar que hay respaldo a la medida, ello pese a que el contenido del dictamen final no fue socializado para que conocieran de manera previa los términos en que quedó.
Simulación
Evangelina Contreras Ceja, integrante del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (DECOFEM), acusa simulación en la elaboración de la Ley, al señalar que los colectivos nunca conocieron el dictamen que los legisladores presentaron como consensuado con las organizaciones.
Pese a solicitarlo en varias ocasiones, las familias no recibieron el documento de la iniciativa para analizarlo antes de su discusión en el Congreso, tampoco les hicieron llegar el dictamen final para conocerlo, “realmente no sabemos qué hicieron, no sabemos qué tenga, no nos la pasaron.
“Ha simulación, y no nada más eso, estaba viendo un video donde una diputada (Melba Albavera) dice que no hay crisis humanitaria por las desapariciones, que son los de la derecha quienes hablan de esa crisis, y no, los que lo hemos dicho somos nosotros porque lo estamos viendo y viviendo. Los diputados dicen que gracias a Morena se han creado todas estas leyes, que están apoyando a las madres buscadoras al cien por ciento y es mentira”.
Cuestiona que Morena pretenda atribuirse los avances legislativos sin reconocer las aportaciones de las víctimas: “¿Dónde quedaron las familias? ¿Dónde está lo que han aportado las familias?”.
“Nos hablaron de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para que fuéramos a las 12:00 al Congreso a la sesión en donde se va a leer y aprobar la Ley, pero ¿a qué vamos?, no nos vamos a prestar a que digan que eso fue un trabajo en conjunto las víctimas cuando no es cierto, no vamos a estarnos prestando a ese juego sucio de ellos y dije, ‘no, pues no vamos’.”
La falta de consulta a familiares de víctimas y la exclusión de temas como la justicia y la verdad marcan la Ley de Búsqueda que se alista en Michoacán. Así lo considera Abdallán Guzmán, integrante de la familia Guzmán Cruz de la que cuatro de sus miembros fueron desaparecidos durante la llamada Guerra Sucia en México, su caso se encuentra en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pese a ello, la experiencia que se ha acumulado en el camino por la justicia, no fue motivo de interés para los legisladores en la elaboración de la norma.
“No nos buscaron, no nos pidieron opinión”, afirma, al señalar que desconoce el contenido del dictamen, aunque advierte que lo que se conoce se enfoca a la búsqueda, sin atender otras exigencias fundamentales de las víctimas de desaparición forzada como la justicia y la verdad.
Guzmán Cruz cuestiona que la norma no vaya más allá de lo inmediato y deje fuera medidas para esclarecer los hechos, reparar el daño y evitar que las desapariciones se repitan.
A su vez, Dora Gómez, integrante del Comité de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas en México (COFADDEM), acusa simulación y falta de transparencia en la elaboración de la Ley, al afirmar que los colectivos no fueron convocados ni recibieron el dictamen para conocer su contenido final.
“En ningún momento fuimos convocados”, sostiene, y señala que conoció el documento por los medios de comunicación. A su juicio, la propuesta reproduce la Ley General sin incorporar suficientemente el contexto estatal ni reflejar las aportaciones de las familias y organizaciones.
“Me parece una más de las simulaciones del Estado de Michoacán”, afirma al cuestionar que las autoridades aseguren haber realizado consultas sin transparentar cómo convocaron, qué propuestas recibieron y cuáles incorporaron al dictamen.
Considera que la premura legislativa responde a la presión judicial y mediática, tras años de omisión y advierte que aprobar la norma no garantiza resultados ni significa que el problema esté resuelto. “Las familias no necesitamos que el poder se declare satisfecho con haber legislado. Necesitamos que ahora sí cumpla con sus obligaciones y que ninguna persona desaparecida quede fuera de la búsqueda”.
“Puede significar un avance porque finalmente habrá una ley, pero el proceso deja mucho que desear, a mí me queda claro que no hubo suficiente claridad sobre la convocatoria, la consulta ni la participación. Tampoco creo que esto se convierta necesariamente en un logro que permita afirmar que ya se cumplió, porque se contradicen al negar la crisis humanitaria de las personas desaparecidas”, enfatiza.
La integrante de COFADDEM insiste en que la urgencia de legislar no justifica excluir a las familias ni sustituir su participación por un trámite institucional: “La presión pública o judicial no sustituye nuestra participación como familias”.
En el comunicado emitido por el secretario de Gobierno, Raúl Zepeda Villaseñor, sobre la norma, uno de los aspectos a los que alude es al indígena: “la propuesta también reconoce las particularidades sociales y territoriales de Michoacán, al incorporar expresamente a las comunidades indígenas con autogobierno dentro de los mecanismos de coordinación y las obligaciones institucionales en materia de búsqueda”, señala.
Cabe apuntar que el dictamen sólo alude en dos ocasiones a las comunidades indígenas, una dentro de la definición de lo que será el Banco Estatal de Datos Forenses como aquél que concentrará entre otras, las bases de datos de los municipios y comunidades indígenas con autogobierno.
La otra alusión es sobre quién presidirá el Sistema Estatal de Búsqueda, quien “podrá invitar” a las sesiones, a representantes de las comunidades indígenas con autogobierno, con voz pero sin votos. Eso es todo.
Pavel Guzmán Macario, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán (CSIM), denuncia que las comunidades indígenas fueron excluidas de la discusión y elaboración de la Ley, pues no fueron convocadas a los foros ni consultadas de manera libre, previa y culturalmente adecuada.
Advierte que la legislación podría dejar fuera el reconocimiento de los pueblos como víctimas colectivas de las desapariciones, así como medidas de reparación e indemnización. “Las desapariciones afectan no solamente a la familia, sino afectan a comunidades enteras”, sostiene.
“Seguramente no viene lo que hemos planteado para que las comunidades puedan recibir alguna medida de reparación o indemnización, y que les sea reconocido su carácter de sujetos de derecho, algo que tenga que ver con el carácter colectivo que tienen las comunidades”.
Guzmán Macario señala que el Consejo analizará la Ley y no descarta impugnarla cuando sea publicada, si considera que no contempla las necesidades de las comunidades indígenas.
También cuestiona que la norma se limite a medidas de búsqueda y omita garantías de no repetición, pues, afirma, eso impedirá atender el problema de fondo. “Si lo único que se hace es algunas medidas para la búsqueda, no se va a atacar de raíz el problema”, advierte.
Sostiene que la desaparición forzada constituye una deuda histórica y contemporánea, y adelanta que el Consejo emitirá un posicionamiento después de revisar una ley que, hasta ahora, asegura, ni siquiera conoce.
